sábado, julio 24, 2010

La lucha en Puerto Rico continúa

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 23/07/2010.- El estudiantado universitario de Puerto Rico acaba de obtener una victoria contundente contra los gobernantes de la colonia norteamericana que pretendían someter a la Universidad nacional de ese país a políticas neoliberales de recortes, producto de la crisis interna que experimenta la economía de EEUU. El triunfo estudiantil también tiene que verse en el contexto de las luchas por la independencia del pueblo borinquen. Desde fines del siglo XIX, Puerto Rico es una colonia de Washington que la ha sometido a la represión y militarización.

Sin este antecedente de lucha anticolonial no puede entenderse a cabalidad la trascendencia política y cultural de la victoria obtenida por el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la huelga de dos meses que acaba de concluir en defensa del derecho de los jóvenes a la educación pública. Los estudiantes conquistaron el apoyo de grandes sectores del pueblo castigados por las medidas neoliberales del gobernador anexionista Luis Fortuño. Los estudiantes consiguieron casi todo lo que exigía su pliego petitorio. En la primera asamblea nacional celebrada en la historia de la UPR, con la asistencia de representantes de los 11 centros regionales confirmaron los acuerdos a que llegó el Comité Nacional Negociador con la directiva de la casa de estudios.

Adicionalmente, la asamblea se pronunció por un voto preventivo en favor de decretar una nueva huelga general en caso de que se intente aumentar las matrículas que pagan los estudiantes. “El estudiantado se opone a que se aumenten los costos de estudio, sobre todo a la imposición de una cuota en enero de 2011… y dejamos claro que haremos todo lo necesario para detener esa cuota”. Según Angel Guerra, del periódico La Jornada, “la huelga estudiantil de Puerto Rico se distingue por la vibrante y la militancia creativa de sus protagonistas. Para la mayoría de los estudiantes ésta era su primera experiencia de participación política. El movimiento también se distinguió por su radicalismo democrático, ejemplo para las nuevas generaciones de América Latina, en especial en estos tiempos en que el sistema dominante intenta –y logra con frecuencia– enajenar a los jóvenes con el consumismo y alejarlos de la actividad política”.

En las luchas sociales y políticas de Puerto Rico, debido a su condición colonial, se manifiesta con particular énfasis –explícita o implícitamente– la resistencia frontal contra la dominación de Washington. Ello favorece la vinculación de las reivindicaciones nacionales con las sociales, el impulso de unas por otras, un ingrediente indispensable en las luchas de liberación de los países dependientes. Así, los estudiantes de la UPR –y los docentes que se les han sumado en número creciente– están luchando contra una directiva de la entidad calificadora de universidades de EEUU que urge a reducir drásticamente la contribución a la universidad del presupuesto del llamado Estado Libre Asociado.

A la vez, el movimiento estudiantil se enfrenta a una camarilla neoliberal entronizada en la administración universitaria que, a tono con las directivas imperiales, ha endeudado alegremente al alto centro docente mientras intenta descargar los costos sobre los estudiantes. El objetivo es privatizar la UPR, liquidando así un centro de educación pública que ha llegado a ser crucial en el fomento del pensamiento crítico, el desarrollo del arte y la investigación científica y, en suma, la preservación de la identidad y la conciencia nacionales de Puerto Rico.

Uno de los voceros estudiantiles dijo una frase lapidaria a propósito de la victoria lograda con la huelga: “Este movimiento no se queda aquí, continúa”. Los pueblos del continente latinoamericano han demostrado que la lucha por la universidad autónoma, nacional y pública es la lucha por un país independiente y un pueblo soberano.

Mejor ejemplo de esa realidad es el caso de la Universidad de Panamá. En esta casa de estudios superiores se formaron los jóvenes y los intelectuales que hicieron realidad la evacuación de las tropas de ocupación norteamericana de la Zona del Canal. La sociedad moderna se basa en la transformación de lo tradicional, en la constante lucha por el progreso. El progreso y el desarrollo requieren de condiciones que sólo el trabajo y la educación pueden ofrecer. El trabajo produce hombres y mujeres pensantes, pendientes de sus verdaderos intereses para lo cual se organizan. La educación moldea a las nuevas generaciones que son capaces de concebir ese mundo nuevo a la cual tiene derecho la humanidad. Las ideas de la juventud, basadas en la realidad concreta y en el legado de muchas generaciones, contagian a la nación que proyecta sus aspiraciones hacia el futuro.

La isla borinquen con una juventud progresista y trabajadora le está dando señales claras al mundo que pronto se sacudirá las cadenas coloniales.

viernes, julio 23, 2010

Los justicieros del déficit

Por Amy Goodman / Democracy Now

Salir de los números en rojo es la nueva tendencia y los halcones del déficit se han lanzado con todo sobre el presupuesto de Estados Unidos. Esta semana, atacaron a los subsidios de desempleo.

En última instancia, van tras el sistema de Seguridad Social y Medicare/Medicaid, los venerables programas de cobertura médica que en un momento fueron considerados intocables en la política estadounidense. Estos programas fueron reemplazados por un nuevo intocable: el presupuesto de defensa. Para realmente lidiar con el déficit anual y el aumento de la deuda nacional, entonces, vamos a tener que recortar el gasto militar.

Necesitamos a los justicieros del déficit.

En primer lugar, llamemos a las cosas por su nombre: estamos hablando del “presupuesto de guerra”. El gobierno creó el Departamento de Guerra en 1789, ministerio que recién en 1949 fue renombrado como Departamento de Defensa. El presupuesto de guerra que el Presidente Barack Obama acaba de enviar al Congreso para el año de ejercicio fiscal 2011 es de 548.900 millones de dólares, con 33 mil millones adicionales, que es el gasto suplementario de 2010 que está siendo actualmente debatido en el Congreso, y 159.300 millones más “para apoyar las actuales operaciones de contingencia en el extranjero, que incluyen fondos para ejecutar la nueva estrategia del Presidente en Afganistán y Pakistán”. Recuerden que “operaciones de contingencia en el extranjero” es el nuevo nombre que el gobierno de Obama le dio a la “guerra global contra el terrorismo”.

Estas cifras incluyen solo el presupuesto para la guerra disponible al público. También hay un “presupuesto en negro” para operaciones clandestinas, mantenido en secreto, que el ex Director de Inteligencia Nacional Dennis Blair reveló es de alrededor 75.000 millones de dólares. Como denunció el Washington Post esta semana, el aparato de seguridad del Estado post 11 de septiembre ha crecido y se ha transformado en una “empresa” gigantesca, inmanejable y ampliamente privatizada.

Más de 2.000 empresas con fines de lucro y más de 85.000 personas con acceso a información secreta están involucrados en actividades militares y de inteligencia, trabajando de manera directa para el gobierno de Estados Unidos, con muy poca o ningún tipo de supervisión.

El congresista Alan Grayson, demócrata de Florida, presentó el proyecto de ley H.R. 5353, denominado “La guerra nos está empobreciendo”. Grayson, con algunos republicanos y un número de co-promotores progresistas demócratas, quiere obligar al Comandante en Jefe Obama a llevar a cabo sus dos guerras con “tan solo” los 548.900 millones de dólares del presupuesto base. Los 159.300 millones de dólares ahorrados serían usados para desarrollar un programa de exenciones impositivas, haciendo que los primeros 35.000 dólares de ingreso personal estén libres de impuestos, y que cualquier sobrante sea destinado al pago de la deuda nacional. El proyecto de ley tiene que ser debatido ahora por el comité correspondiente y podría generar verdadero apoyo de miembros de ambos partidos. Grayson, al momento de presentar el proyecto de ley, destacó un hecho que vale la pena repetir: el presupuesto de guerra de Estados Unidos es mayor que el gasto militar de todas las naciones de la Tierra, tomadas en conjunto.

Mientras tanto, en la Conferencia Nacional por la Paz que se realizará en Albany, Nueva York, este fin de semana, la gente tendrá como blanco al presupuesto militar. Los estudiantes se están organizando en función de la vinculación entre el gasto destinado a la guerra y los recortes en el presupuesto educativo, generando protestas en las universidades de todo el país. Otra iniciativa, denominada “Traigan nuestros dólares aportados a la guerra de regreso al país”, promueve la acción a nivel de los gobiernos municipales y estatales, junto con campañas de base para presionar a los miembros del Congreso a detener el financiamiento para la guerra.

El costo de la guerra de Irak fue estimado por el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, junto con su colega Linda Bilmes, en 3 billones de dólares. En el cálculo se incluyen no solo los costos directos actuales, sino también el costo que significará para la sociedad asistir a los veteranos de guerra heridos, y los costos a largo plazo de tener tantas familias desestabilizadas por tener que cuidar a los seres queridos que fueron heridos, o por sufrir la pérdida del proveedor del sustento familiar, muerto en la guerra. Y eso solo en Irak. En mayo, el costo mensual de la guerra de Afganistán superó, por primera vez, el costo de la guerra en Irak.

Stiglitz fue uno de los muchos economistas que dijeron que el paquete de estímulo económico de 787.000 millones de dólares–impulsado por el gobierno de Obama en 2009 para reactivar la economía- era demasiado pequeño. Sostiene que el gasto deficitario, si es gastado en forma inteligente, genera ganancias a largo plazo para una economía.

En contraste, escribió recientemente: “Los déficit para financiar guerras o beneficiar al sector financiero...imponen una carga a las generaciones futuras”.

El economista Dean Baker, del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), dice que la Comisión de Déficit del Presidente Obama, formalmente la Comisión Nacional para la Responsabilidad y la Reforma Fiscales, es una de las principales causas de esta preocupación. Los co-presidentes de la comisión son el ex Senador republicano Alan Simpson y el demócrata Erskine Bowles, que forma parte del directorio de Morgan Stanley, una de las empresas rescatadas de Wall Street. Baker me dijo: “El Presidente Obama escogió a Alan Simpson, ex senador de Wyoming, que hizo su carrera en base a castigar a los ancianos – y cree que eso está bien. No sé si está desvariando o qué, pero habla de como los ancianos manejan sus Lexus en los barrios privados. Quizá sus amigos lo hacen. Pero tenemos la información, y muy pocos están en esa situación. Y luego el co-presidente demócrata Erskine Bowles, que es un hombre de Wall Street. Gana 300.000 dólares al año como director de Morgan Stanley, una empresa que debería ser conocida por todos, porque hubiera quebrado sin el apoyo de los contribuyentes. Y él, de la nada, dijo 'Bueno, vamos a tener que recortar la Seguridad Social'. Entonces, las dos principales personas designadas por el Presidente Obama, sus co-presidentes, ambos dicen que quieren recortar la Seguridad Social. Esto debería preocupar mucho a la gente. No es una comisión equilibrada”.

Recortar la Seguridad Social no es la solución, la solución es recortar el gasto de guerra y traer a los soldados de regreso. Esa es la tarea de los justicieros del déficit.

Prácticas corruptas se reeditan en la Asamblea

El gobierno y su bancada legislativa reeditan las prácticas del viejo Congreso, el chantaje, la manipulación, la compra de conciencias son los mecanismos para alcanzar los votos necesarios para aprobar leyes inconstitucionales, ilegales, pero sobre todo con tintes neoliberales.

Las viejas prácticas de la derecha se reeditan con gran facilidad en la Asamblea Nacional; la bancada del oficialismo de la llamada revolución ciudadana no ha tenido reparos para maniobrar e incluso poner al hombre del maletín a buscar los votos que le faltan para aprobar leyes como la de Educación Superior y la de Comunicación que, por su contenido de tinte neoliberal, levantan el rechazo y la oposición de sectores que ven en estos una clara amenaza a sus derechos.

La creciente movilización ha ejercido una fuerte presión al interior del Parlamento lo que, por un lado, ha significado un duro golpe a la política del gobierno que meses atrás, con la fuerza de los votos lograba aprobar las leyes tal cual las enviaban desde el SENPLADES; la agitación política no solo que ha debilitado a la mayoría oficialista sino que ha provocado en su interior serias fisuras debido a la principalización de intereses personales y de grupo; por otro, esta situación ha generado un escenario propicio para que los antes aliados del gobierno ADE, Socialistas y PRE le pongan precio a su voto, privilegien el reclamo de prebendas poniendo en evidencia que la mayoría que el oficialismo logró configurar algunos meses atrás, con las fuerzas antes señaladas, no fue en base a una propuesta programática, tal como lo señalamos en su momento.

Tras los reveses evidenciados es claro que PAIS no cuenta con los votos para aprobar, por lo menos la ley de Aguas, la de Educación Superior y la de Comunicación, frente a lo que ha recurrido a las viejas maniobras de la derecha, así el caso de la Ley de Aguas en la que vale recordar que el gobierno evitó el archivo al recurrir a la treta enviar el Proyecto de ley a consulta pre legislativa, con las mismas jugarretas se da tratamiento a la Ley de Comunicación para ganar tiempo y alcanzar los votos necesarios se solicita reiteradas prorrogas para la entrega del informe final , se engaña al país señalando el respeto del Acuerdo Ético y Político firmado por todas las bancadas de la Asamblea en diciembre del 2009, respecto al tema. En el trámite del Segundo Debate de la Ley Orgánica de Educación Superior la situación no es diferente, frente a la falta de votos para aprobarla, el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad, de forma desesperada solicita una prorroga de 30 minutos, que se convierten en varios días, tiempo en el que el gobierno buscará los votos mediante el chantaje y la componenda; ya se conoce los ofrecimientos de crear universidades en Sucumbíos y Orellana a cambio de que los legisladores de estas provincias voten favorablemente para dar paso a esa norma. La corrupción y la desesperación del gobierno es tal que no escatima esfuerzos para salir adelante con sus leyes, así reeditando las prácticas de la derecha, el oficialismo manipula la votación de los asambleístas ahora electrónicamente se cambia la votación, se hace constar abstenciones en lugar de votos a favor o en contra, de acuerdo a la conveniencia de PAIS. Así lo denunció el asambleísta del MPD Jorge Escala, al constatar que su votación fue cambiada en el caso de la Ley de Comunicación cuando se pedía el archivo de la misma.

Ecuador en promoción: incentivos para la inversión privada

El Estado podrá delegar a la iniciativa privada las inversiones en los sectores estratégicos, las mismas que estarán respaldadas por los denominados “contratos de inversión”; éstos incluirán una cláusula de estabilidad tributaria de 15 años, con una tarifa del 30% del impuesto a la renta.

El gobierno afina el Proyecto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, hace lobby con la Cámara de Comercio e industriales para explicarles sus bondades, luego de lo cual, lo remitirá a la Asamblea y, todo hace suponer que el proyecto tendrá el carácter de económico urgente. Pese a los términos ventajosos con los que se conciben los denominados “contratos de inversión”, a la garantía de seguridad jurídica que se oferta y a los incentivos tributarios, los empresarios quieren más, exigen generalizar los beneficios a la gran empresa agroindustrial, reformas al Código del Trabajo para una mayor flexibilización en la contratación de empleados, estrategias que agiliten tratados de libre comercio con la UE y EEUU. Con seguridad, en este entendimiento con los empresarios el gobierno no dudará en darles mayores satisfacciones.

Cabe señalar que entre los 300 artículos, 9 disposiciones generales, 19 transitorias y 7disposiciones reformatorias que contiene el Proyecto, destacan los referidos a los temas: Inversiones e Inventivos.

Respecto del primero, se define como inversión a la asignación de recursos para proyectos productivos nuevos o existentes. De acuerdo con este concepto, el capital nacional, pero, sobre todo el extranjero pueden realizar inversiones no solo en nuevas áreas productivas sino en negocios en marcha -petroleros, energéticos, comunicaciones-, es decir, sin la remota posibilidad de riesgo, con la certeza de lograr jugosas tasas de retorno. Las modalidades de inversión incluyen adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, es decir aportes que garantizan derechos sobre el capital de una compañía. Tanto inversionistas nacionales como extranjeros tendrán iguales derechos y obligaciones. Se garantiza la propiedad del inversionista, asegurándole que bajo ninguna circunstancia se decretará ni ejecutará confiscaciones. Al capitalista extranjero se le autoriza la libre transferencia de valores a los que tenga derecho según sus inversiones. La estabilidad y garantía de las condiciones económicas y jurídicas durará hasta 15 años pudiendo prorrogarse si hay un mayor volumen de inversión.

El Estado podrá delegar a la iniciativa privada las inversiones en los sectores estratégicos, las mismas que estarán respaldadas por los denominados “contratos de inversión”; éstos incluirán una cláusula de estabilidad tributaria de 15 años, con una tarifa del 30% del impuesto a la renta; obtienen tratamiento especial por parte del SRI para determinar la depreciación acelerada de activos. De manera expresa y en artículo aparte de aclara que el Estado podrá delegar al sector privado la prestación del servicio de energía eléctrica en todas sus fases, lo cual no tiene otro nombre que privatización.

En cuanto al tema de los incentivos el gobierno de Correa es muy pródigo; establece el derecho a acogerse a un régimen tributario especial, con una tarifa del 30% de impuesto a la renta; exoneración total del impuesto a la salida de divisas si el financiamiento de la inversión es realizada por una entidad financiera internacional legalmente reconocida; exoneración del 100% del pago del IR que grava a los dividendos que perciban los accionistas de empresas de capital abierto (empresas inscritas en bolsas de valores legalmente reconocidas, integradas por lo menos por 100 accionistas, ninguno tenga el 50% de las acciones,...); exoneración total o parcial de tributos y gravámenes aplicados a actos societarios, de emisión, suscripción y transferencia de acciones o cuotas sociales; exoneración total o parcial de aranceles de aduanas a la importación de bienes de capital destinados al proyecto de inversión; deducción del impuesto a la renta el costo total que represente la creación de nuevas plazas de trabajo, sobre las que se aporte al IESS, por el tiempo de 5 años; es decir, el Estado se hace cargo del aporte patronal; entre otros.

Proyectos de ley con este tipo de prebendas para los empresarios traen a nuestra memoria los mejores tiempos del gobierno neoliberal de Mahuad y la aplanadora demopopular-socialcristiana, con sus leyes trole de ingrata recordación para los pueblos del Ecuador.

Nacionalizar el petróleo

Editorial del semanario En Marcha

El proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos propuesto por el gobierno habla por sí solo del viraje político hacia la derecha que en Correa se ha producido. Éste da pasos atrás comprometiendo, o mejor dicho afectando abiertamente los intereses soberanos y económicos del país.

Ya es historia el discurso que hablaba de mantener una actitud patriótica, de defensa de los recursos naturales en general y, de manera particular, los hidrocarburíferos. En Montecristi se aprobó una Constitución que habla de la competencia exclusiva del Estado sobre aquellos, pero al parecer a Correa y su grupo, como en muchos otros temas, eso poco les importa. El proyecto en mención permite la delegación a empresas privadas (nacionales o extranjeras) de todas las actividades hidrocarburíferas; a más de los campos petroleros serán concesionados las refinerías, transporte por oleoductos, poliductos, estaciones y terminales de combustible y depósitos de gas. Con esas medidas el gobierno se burla de años de lucha de los pueblos del Ecuador en defensa del petróleo y en contra de la voraz explotación hidrocarburífera efectuada por las transnacionales.

En el año 2008 Rafael Correa renegoció los contratos petroleros, ampliando sus períodos de duración y subiendo el precio base en un 60% a favor de las compañías, para el reparto de los excedentes del precio del petróleo, lo que produjo una pérdida de 800 millones de dólares al Estado. Ahora este proyecto plantea que de los ingresos provenientes de la producción el Estado tan solo se reserve el 25%, contrariamente a lo establecido en el Art 408 de la Constitución que textualmente dice: "El Estado participará en el beneficio del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota", es decir, el porcentaje mínimo debería ser el 50% para el Estado.

Con desvergüenza Correa sostiene que con estas reformas se obligará a las petroleras invertir en los actuales bloques de explotación o traer nuevas inversiones para elevar la producción, lo que resulta una cínica mentira puesto que esos son yacimientos viejos y con reservas casi inexistentes, por lo que nadie se atreverá a invertir en ellos.

El gobierno busca rifar las riquezas petroleras para conseguir recursos económicos y enfrentar los graves problemas financieros que tiene fruto de la crisis internacional del capitalismo y del desenfrenado gasto en su política asistencial.

La bandera que por años nuestro pueblo ha levantado cobra vigencia: defender nuestros recursos, nacionalizar el petróleo.

viernes, julio 16, 2010

Declaración Final del XIV Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina

Con la presencia de delegaciones de 13 países de América Latina, Europa y Asia culminó el día de hoy el XIV Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, reunido desde el día lunes 12 de julio en la ciudad de Quito, Ecuador.

En esta ocasión el evento, que reunió a más de cuarenta organizaciones internacionales y un número mayor de organizaciones nacionales versó su discusión respecto de: Frente a la crisis: ¿Revolución o Reformismo? Al concluir el seminario se aprobó la Declaración que transcribimos a continuación.


Declaración Final del XIV Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina


A pesar de los desesperados esfuerzos de la burguesía internacional para poner fin a la crisis del sistema capitalista y a despecho de los “optimistas” análisis de los economistas burgueses que desde meses atrás avizoraban el fin de la misma y el inicio de una recuperación económica, hoy somos testigos de un nuevo momento de mayor profundización de la crisis del sistema, continuación de la iniciada a fines de 2008 en los Estados Unidos que pronto atrapó a las más grandes economías del planeta y cuyos efectos se sintieron en todo el mundo. El curso de desarrollo de este fenómeno ha creado la impresión de que tuvo su origen en el sector financiero pero se trata de una crisis de sobreproducción relativa de bienes de consumo y, como lo señalamos en el seminario anterior, su causa radica en la contradicción existente entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de los bienes y riquezas producidas, que se presenta como la contradicción fundamental del sistema capitalista-imperialista reinante.

En países como los nuestros, por efecto de la crisis internacional, se ha acelerado un proceso de destrucción de las fuerzas productivas, de los capitales nativos, de las industrias nacionales y de fuentes de trabajo. Miles de compatriotas se ven obligados a abandonar sus hogares para vender su fuerza de trabajo en los países capitalistas más desarrollados en donde son víctimas de la super explotación y de políticas xenófobas y racistas.

Al igual que en el pasado, la burguesía internacional busca descargar sobre los hombros de los trabajadores y los pueblos los mecanismos para lograr la recuperación económica del sistema y de sus empresas. Vivo ejemplo de ello son las medidas de ajuste planteadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de la Unión Europea y los gobiernos de Grecia y España que golpean con dureza a los trabajadores de esos países.

Mas, los pueblos no concilian con esas medidas: las combaten. En estos días, de manera particular, en Europa la clase obrera juega un papel fundamental en la resistencia y se moviliza bajo la consiga “Que la crisis la paguen los capitalistas que son los responsables y no los trabajadores”. América, Asia y África también son escenario de combates populares en contra de la crisis y de sus beneficiarios.

Por su magnitud e intensidad ésta es la más grave en la historia del capitalismo, sin embargo no por ello el sistema se derrumbará por sí solo. La experiencia histórica nos muestra que tiene capacidad de recuperación, pero es evidente que los efectos negativos de la crisis provoca que la desconfianza de los pueblos en el capitalismo crezca y se generen mejores condiciones para el trabajo revolucionario, para que las masas entiendan que no hay salida en el marco de este sistema decadente y que el socialismo es la alternativa para el desarrollo y progreso de la humanidad. Sin duda, esta crisis es una oportunidad para que las fuerzas revolucionarias avancen.

A la par de estos acontecimientos, en América Latina hay un importante proceso de desarrollo de la conciencia política de los pueblos que, en diversos niveles, ha sabido identificar y aislar a los exponentes y defensores del rapaz neoliberalismo. Al calor de su combate se ha configurado una tendencia democrática, progresista y de izquierda que ha provocado un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas en la región. Los gobiernos democráticos y progresistas aquí existentes son resultado y expresión de ese nuevo escenario; sin embargo sus límites son evidentes, pues, más allá de su discurso, sus realizaciones, salvo alguna excepción, no hacen más que apuntalar al sistema imperante.

Las condiciones políticas en América Latina son favorables para la revolución, por ello no es casual que la burguesía busque diversos mecanismos para frenar la lucha de las masas o para descarrilarla de sus objetivos. Viejas teorías se remozan con ese propósito y desde el interior del movimiento popular como fuera de él (incluyendo a gobiernos considerados como progresistas) se pregona la necesidad urgente de alcanzar cambios sociales que deben hacerse por la vía de las reformas en el marco de la institucionalidad, respetando los mecanismos y canales democráticos. Por supuesto, de una institucionalidad y una democracia concebidas y manejadas por banqueros, grandes industriales, terratenientes, es decir, por las clases explotadoras.

El discurso constitucionalista, pacifista, que habla de la conciliación social y nacional busca que la conciencia de las masas no avance a niveles revolucionarios, procura que éstas apuesten a la reformas en el marco del capitalismo como vía para resolver sus males. Los revolucionarios entendemos que sin el poder en manos de los trabajadores las reformas no cumplen un papel revolucionario y no es posible acabar con la explotación del hombre por el hombre y, por ende, no es posible la liberación social. Luchamos por las reformas como reivindicaciones materiales y políticas de las masas, circunstancialmente necesarias para mejorar las condiciones de vida de los pueblos, pero de ninguna manera como solución definitiva a sus problemas. Limitarse a la lucha por las reformas equivale a confiar en el capitalismo, es hacer el juego a los detentadores del poder, es caer en el reformismo y en la política socialdemócrata instrumentos de las clases dominantes. Desde el punto de vista político luchamos por las reformas como un mecanismo para acumular fuerzas para la revolución.

Los trabajadores y los pueblos deben sobrepasar los cantos de sirena que nos hablan de revoluciones pacíficas, de revoluciones ciudadanas o de socialismo del siglo XXI que constituyen planteamientos políticos funcionales al capitalismo, pues, no toman medidas para afectar la piedra angular sobre la que se levanta este sistema: la propiedad privada sobre los medios de producción. Debemos poner fin, de manera revolucionaria, el poder de la burguesía y esto implica conquistar el poder. Para ello apelamos a todas las formas de lucha y trabajamos por incorporar a todas aquellas clases, capas y sectores sociales afectados por el capitalismo e interesados en la revolución social.

El desarrollo de la lucha de las masas es una importante tendencia presente en la vida política de los países de América Latina. Los trabajadores, la juventud y los pueblos en general luchan por el cambio social, presionan a los gobiernos progresistas para que avancen y radicalicen sus programas, combaten la política intervencionista del imperialismo -principalmente estadounidense-, rechazan la presencia de bases militares yanquis e inglesas, objetan el saqueo de los recursos naturales por parte de monopolios extranjeros, demandan el reconocimiento de los derechos nacionales de los pueblos originarios, etc., acciones reprimidas con violencia por los distintos gobiernos. Advertimos que, como parte de la ofensiva anticomunista, se encuentra en curso la criminalización de la protesta popular y de los dirigentes políticos y sociales para atemorizar a las masas y frenar su lucha: Argentina, Chile, Ecuador, Perú viven ese proceso. En otros casos, las clases dominantes apelan a la acción de grupos y aparatos paramilitares que golpean y desaparecen a dirigentes y luchadores populares como ocurre en Colombia, Honduras, México, Brasil en nuestro continente, o en Filipinas y Rusia en otras latitudes.

La burguesía, socialdemócrata o neoliberal, sataniza al combate popular bajo la denominación de acciones terroristas, desestabilizadoras o de sabotaje; quien se levanta en contra del statu quo es motejado de terrorista; en nombre de la paz niega el derecho de los pueblos a la rebelión bajo el pretexto de rechazar la violencia, cuando en realidad la ejercen en todo momento en contra de los pueblos.

Las clases dominantes criollas y el imperialismo son las responsables del hambre, del desempleo, del atraso de los pueblos, de la dependencia extranjera, por eso son nuestros enemigos y blanco de ataque de la revolución. Para enfrentarlos y derrotarlos necesitamos de la más amplia unidad de los trabajadores y pueblos, de los demócratas e izquierdistas, de los revolucionarios y de todas las fuerzas sociales y políticas interesadas en la transformación social, en acabar con la dependencia. La lucha de liberación social y nacional que libramos requiere también de la unidad antiimperialista en un gran frente de los pueblos que, sobre todo, se manifieste en el combate en contra de toda forma de dominación extranjera en la defensa de los principios y derechos soberanos de nuestros países.

Los participantes en este XIV Seminario Internacional reiteramos nuestra vocación internacionalista, nos comprometemos a trabajar por la fraternidad y la solidaridad de los pueblos, a trabajar por llevar a la victoria el triunfo de la revolución en nuestros respectivos países como la mejor contribución a la revolución mundial.

Confluimos en este evento diversas fuerzas políticas que tuvimos la posibilidad de exponer y debatir de manera abierta y franca nuestros puntos de vista, ejercicio de mucho valor que debe reproducirse en nuestros respectivos países. Tenemos muchos puntos por debatir en el futuro, por ello nos convocamos al XV Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina a efectuarse en 2011 en este mismo territorio.

Quito, 16 de julio de 2010


Partido Comunista Revolucionario de Argentina

Partido Revolucionario (marxista leninista) (República Argentina)

Partido Comunista Revolucionario (Brasil)

Partido Comunista de Colombia (marxista leninista)

Umbrales TV Popular (Chile)

Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Movimiento Popular Democrático (Ecuador)

Juventud Revolucionaria del Ecuador

Unión General de Trabajadores del Ecuador

Confederación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio (Ecuador)

Frente Popular (Ecuador)

Frente Democrático Revolucionario Nacional de Filipinas

Comité Continental de Solidaridad con el Pueblo Haitiano

Frente Popular para la Liberación de Haití

Partido Comunista de México (marxista leninista)

Partido Popular Socialista de México

Frente Popular Revolucionario (México)

Partido Marxista Leninista del Perú

Partido Proletario del Perú

Unión de Mujeres Solidarias (Perú)

Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana

Movimiento Independencia Unidad y Cambio (República Dominicana)

Justicia Global (República Dominicana)

Coordinadora Patriótica (República Dominicana)

Partido Comunista (Bolchevique) de la Unión Soviética

Movimiento Manuelita Sáenz (Sucre - Venezuela)

Movimiento Gayones (Venezuela)

Asamblea de los Socialistas (Venezuela)

Organización de Mujeres Ana Soto (Venezuela)

Movimiento de Educación para la Emancipación (Venezuela)

Juventud del Consejo Político Obrero (Venezuela)

Centro de Formación e Investigación Prof. Franklin Giménez (Venezuela)

Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela