Confrontemos el referendo reeleccionista

El referendo reeleccionista no resume la táctica de los seguidores de Uribe pero no se ahorran trampas y abusos para imponerlo. Ya sacaron tesis autoritarias como la del “Estado de Opinión”, complementaria del fascista proyecto de “Estado Comunitario”.. También empiezan a difundir y “ganar opinión” con la calificación del referendo como “norma superior de orden público”. Las fuerzas democráticas debemos incrementar la denuncia de estas arbitrariedades desde lo alto del gobierno y estar sobre aviso para asestar una derrota a la reelección del déspota Uribe Vélez.

El “Estado de Opinión” Uribe lo lanza hace pocos meses en discursos y declaraciones que a hurtadillas dicen que “4 millones de firmas por el referendo”, aunque son la octava parte de los ciudadanos (censo electoral), son “la opinión” que debe atender so pena de que el gobierno actúe antidemocráticamente . Igual se insinúa de “la popularidad” de las encuestas de opinión por encargo. Así, se anuncian fraudes electorales y atropellos como llamar "secuestradores" a los estudiantes que protestan, o insultar la Corte por no aceptar Fiscal de bolsillo, o no llevar al Congreso el tratado de bases militares. Uribe suplanta los débiles mecanismos democráticos de la Constitución para imponer la voluntad imperialista y de un puñado de ricos criollos.

De otra parte, cuando el ministro del interior califica el referendo como “norma superior de orden público”, trata de “ganar opinión” para salvar los insalvables obstáculos prácticos del referendo.

Uno de los apretones más grandes de Uribe y su gabinete, del Senado, la Cámara, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría es amañar el censo electoral porque los 7 millones de votos la reelección del 2006 han disminuido por los desengaños y bajas anti reeleccionistas de “Primero Colombia”, así digan que los votos de Uribe no son de los partidos que lo apoyan, si cuentan.

Pero si gana el referendo, asunto harto difícil, tendría Uribe el apretón de cómo dar manejo jurídico a normas electorales legales y constitucionales, que no modifica el referendo y no le dan tiempo para cumplirlas. Lo habilitan para el 2014 o ejecutan “la norma superior” pisoteando la legalidad electoral, porque Uribe desde diciembre sería candidato con presupuesto y botín burocrático a sus anchas, sin trabas legales, con una superior ventaja sobre los competidores.

En estas circunstancias observamos que Uribe y las fuerzas reaccionarias no se recuperan, cunde su mayor debilitamiento y desprestigio con situaciones contradictorias que irreparablemente afectan su cohesión y la candidatura de Uribe como lo muestra el escándalo de “agro ingreso seguro”, los choques entre agencias del Estado como la Presidencia y la Corte de Justicia, y entre esta y el Consejo de la Judicatura en materias tan graves como el castigo a crímenes de lesa humanidad como el paramilitarismo y los llamados “falsos positivos”, y a sus relaciones con la operación de la Corte Penal Internacional a partir de noviembre de 2009.

Los opositores al régimen debemos profundizar el trabajo unitario contra el referendo reeleccionista, sin darle el liderazgo al “uribismo sin Uribe” que avanza como táctica burguesa para dar continuidad a políticas opresora de "seguridad democrática" y a la miseria de "la confianza inversionista" y la "cohesión social" de Uribe. Preparemos la derrota electoral de la reelección explicando la táctica de ABSTENCIÓN ACTIVA en el referendo, táctica que nos dio la victoria sobre Uribe en el 2003. Esta acción política será más efectiva si intensificamos la movilización popular elevándole sus contenidos políticos y las demandas reivindicativas.

Movimiento por la Constituyente Popular , MCP-POLO

mcp_adelante@ yahoo.com

Las veleidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por: Percy Francisco Alvarado Godoy

Al evaluar el desenlace actual de los acontecimientos en Honduras, en que Estados Unidos logró capitalizar la solución a la crisis de manera tal que el principal perjudicado será el pueblo hondureño por un lado y, por otro, salen impunes totalmente los viejos resortes del golpismo, no me queda más remedio que recordar aquella frase expresada por Ernesto Guevara de la Serna en un discurso pronunciado en 1964, cuando expresó: "No se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantito así. Nada".

La verdad es que en el rejuego político desatado en busca de una solución diplomática a un hecho repudiado mundialmente: el golpe anticonstitucional del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya Rosales, las naciones latinoamericanas se dejaron meter en la trampa urdida por la ultraderecha tácitamente dominante en Estados Unidos, dejándole a la siempre veleidosa OEA, al genuflexo presidente de Costa Rica y a otros factores de dudoso compromiso con la restitución del orden democrático como los miembros demócratas y republicanos del Senado de EE UU, así como al propio Departamento de Estado norteamericano, el papel de facilitadores y coordinadores de los arreglos posibles.

Mientras el pueblo ha combatido en las calles por la restitución democrática y un ingenuo Zelaya se enredaba en reclamos de ayuda a la diplomacia pervertida de la OEA y a la doble cara de los Estados Unidos, las trampas fraguadas entre los golpistas y sus benefactores se estaban entretejiendo a espaldas de la opinión pública internacional.

¿De qué sirvieron, me pregunto, ?si realmente fueron sinceras?, las tibias condenas de la Casa Blanca contra Micheletti, que incluyeron solo vagas medidas para complacer a todos como la negación de visas a los usurpadores del poder, mientras el Departamento de Estado y otras agencias norteamericanas apoyaban a los militares golpistas? Nunca Estados Unidos se opuso con energía a la violación de la constitucionalidad en Honduras. Nunca los emisarios de la Casa Blanca presionaron con todos los medios de que dispone la gran potencia para que se restituyera a Zelaya.

¿De qué sirvieron las declaraciones ambiguas y las visitas de los representantes del Partido Demócrata a Honduras a favor de la restitución de Zelaya, si éstas se realizaron casi en los mismos momentos en que miembros del Partido Republicano como Jim DeMint, Ileana Ross Lehtinen y los hermanos Mario y Lincoln Díaz Balart, santificaban al golpismo y brindaban su apoyo en forma descarada al usurpador Micheletti? La verdad es que tanto Obama como los demócratas tuvieron claro que los republicanos tenían la sartén por el mango y les chantajearían dentro del Congreso, tanto para desbloquear el nombramiento de Arturo Valenzuela como Sub Secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental como para flexibilizar sus posiciones con respecto a las reformas que ha querido llevar a cabo el presidente con respecto a los asuntos domésticos y sobre la guerra en Afganistán e Irak, a cambio de santificar el continuismo golpista.

La verdad de Perogrullo es que si Estados Unidos hubiera querido sacar de su redil a Micheletti y comparsa, y hacer volver a los militares a sus cuarteles, podría haberlo logrado si ese hubiera sido su verdadero y legítimo deseo.

El golpe de estado contra Zelaya no fue solo, en realidad, la acción aislada de expulsarlo del palacio de gobierno. Fue una clara advertencia a las naciones latinoamericanas de que la Doctrina de la Seguridad Nacional todavía está vigente. Fue, sin lugar a dudas, un ataque contra el ALBA golpeando su eslabón más débil.

Lo peligroso de este proceso en Honduras es que resulta, en la práctica, una modelación para evaluar la capacidad de respuesta de los países de América Latina, de la Unión Europea ?que por cierto solo se quedó en un ruborizado estupor ante el golpe de estado y en tibias declaraciones de repudio?, y de las frágiles organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, en el escenario actual.

Los peligros que entraña la impunidad de los golpistas en Honduras para las naciones de América Latina, son todavía invaluables e inimaginables. Significa, en esencia, el retorno a los viejos tiempos del garrote, a las abominables prácticas de la impunidad hegemónica y a forzar la desaceleració n de los procesos revolucionarios en el continente.

No cabe duda de que los principales protagonistas para evitar que se viole impunemente la constitucionalidad en Honduras son, en primer lugar, el pueblo hondureño y, en segundo lugar, el accionar internacional de las naciones latinoamericanas, pues hoy ha sido Honduras y mañana podrá ser alguna de ellas como lo anuncian los actuales planes desestabilizadores contra los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Nicaragua y El Salvador. El mundo tampoco puede hacerse cómplice con su silencio.

LAS TRAMPAS DE ESTADOS UNIDOS CONTRA LA CONSTITUCIONALIDAD EN HONDURAS.

? La primera de ellas es crear un estado de opinión desfavorable a Zelaya, declarándose "decepcionado" por la interrupción del proceso de diálogo y la necesidad de formar Gobierno de Unidad y Reconciliació n Nacional en Honduras, para dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo San José-Tegucigalpa, según declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, el día 6 de noviembre.

La negativa de Micheletti de restituir a Zelaya en la presidencia y su interés de mantenerse al mando del Gobierno de Unidad y Reconciliació n, bajo la bendición del Congreso, se ha constituido en una abusiva posición de fuerza, sabiéndose apoyado por Estados Unidos. La no aceptación del continuismo de Micheletti ha servido para que se tienda sobre Zelaya la culpa sobre el estancamiento de los acuerdos.

El senador republicano Jim DeMint dio un espaldarazo a las pretensiones continuistas de Micheletti al declarar que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, le prometió aceptar el resultado de las elecciones hondureñas del 29 de noviembre sea o no Zelaya restituido en la presidencia.

Hoy por hoy, todo parece indicar que Zelaya ha sido excluido definitivamente del sillón presidencial gracias a las maniobras dilatorias de Micheletti, en alianza con el Congreso, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo hondureños, y la sórdida complicidad norteamericana.

? La confirmación de Arturo Valenzuela por parte del Senado de Estados Unidos como Subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, a la que se oponían varios legisladores republicanos encabezados por Jim DeMint, parece haber sido el precio de un acuerdo negociado entre el ala republicana del Congreso y la administració n del presidente Obama.

Las tácticas de Estados Unidos están encaminadas de inculpar a Zelaya y avalar los comicios inconstitucionales venideros, desconociendo de hecho la posibilidad de que sea restituido a la presidencia. Con Micheletti a cargo del Gobierno de Unidad y Reconciliació n, Mel ha sido puesto a un lado por confiar en quienes no debía hacerlo. Al respecto, expresó el portavoz del Departamento de Estado para América Latina, Charles Luoma-Overstreet: "Nuestro compromiso de apoyar las elecciones hondureñas es producto de este acuerdo".

Mel Zelaya y el pueblo hondureño no pueden ser los únicos perdedores en este asunto. La administració n de Barack Obama, enredada hasta los tuétanos en la guerra genocida en Irak y Afganistán, comprometida a sacar al país de la acuciante crisis económica que padece y presionada a cumplimentar las reformas sociales que prometió al país, no ha evaluado el costo político que significó ceder ante la ultraderecha republicana con respecto a la solución hondureña.

La violación de la institucionalidad en Honduras y la actuación de Estados Unidos al bendecirla, lavándose las manos como Poncio Pilatos bajo el falso argumento de que la decisión final corresponde a los hondureños, deteriorarán sin lugar a dudas su imagen en América Latina.

No cabe la menor duda que Arturo Valenzuela será su carta de triunfo en el acercamiento hacia América Latina, dado el hecho que este diplomático y académico de origen chileno es un amplio conocedor de las características del continente. Un breve repaso a su currículo lo demuestra: Con un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ha sido un especialista en cuestiones latinoamericanas, tales como la consolidación de la democracia, sistemas electorales, partidos políticos, las relaciones militares-civiles y los lazos entre EE.UU. y América Latina. Es un experto en la política chilena, mexicana y sobre asuntos relacionados con América del Sur, así como asesor para las reformas políticas, electorales y constitucionales en Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia.

Su currículo se complementa con su labor docente como profesor sobre política gubernamental norteamericana y director del Centro para Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.

Su labor como diplomático alcanzó su cenit durante las dos administraciones de Bill Clinton, siendo de Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos en el primer mandato de Clinton (1993-1997) y Asistente Especial para Asuntos de de Seguridad Nacional y Director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional en el segundo mandato clintoniano, entre 1997 y el año 2000.

La labor de Valenzuela, dirigida a ganar el terreno perdido por Estados Unidos en América Latina será, sin lugar a dudas, sumamente escabrosa, si de lograr mayor cooperación entre ésta y Estados Unidos se refiere.

LA PALABRA DE LA RESISTENCIA.

Si el Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras ha encabezado la movilización contra los golpistas durante estas largas jornadas de lucha, convocando marchas de repudio ante cada maniobra de Micheletti, a él se han sumado diversos grupos inicialmente vinculados a la asonada, como es el caso de varios de los candidatos independientes y del Partido Unificación Democrática, de los sectores del Liberal e Innovación y Unidad Social Demócrata opuestos al golpe, quienes ya anunciaron su retiro de las elecciones amañadas de fines de mes.

El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe tiene claro que su papel actual es movilizar a cada hondureño para sabotear el amañado proceso eleccionario venidero, si Zelaya no es restituido en su cargo.

En este sentido, millares de opositores al golpe pidiendo la restitución de Zelaya ante el Congreso hondureño, el pasado seis de noviembre.

Mientras tanto, diversos hechos como el secuestro de Alfredo Jalil, padre del Vice Jefe del Ministerio de Defensa hondureño, el asesinato de Enzo Micheletti, sobrino del usurpador presidencial, y el asesinato del Coronel Concepción Jiménez, gerente de INDUMIL, hacen pensar que varios sectores de la resistencia pueden estar apostando por enfrentar a la represión con la violencia revolucionaria.

Está claro para todos que el futuro de Honduras está en juego y, con él, el futuro de América toda.

Amparo constitucional por decreto violatorio a los derechos humanos

FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES FUT (CEOSL, CEDOCUT, CTE) y la UGTE- ECUADOR

Compañeros todos:

Las cuatro centrales presentamos un amparo ante la Corte Constitucional ante la violación de los derechos humanos, por la expedición del decreto ejecutivo 1701, emitido por el presidente Rafael Correa, el mismo que desconoce y elimina la contratación colectiva en el Ecuador, convirtiéndose en un delito de lesa humanidad.

El amparo es firmado por los compañeros: Mesías Tatamuez, presidente Nacional de CEDOCUT, Eduardo Valdez, presidente de CEOSL, Santiago Yagual, presidente de CTE, y Nelson Erazo, presidente de UGTE.

Por lo anterior expuesto solicitamos la solidaridad de ustedes para demandar ante la Corte Constitucional la derogatoria del mencionado decreto ejecutivo.

Modelo de carta a consideración:

Señor economista

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Presente.-

Señor doctor

Patricio Pazmiño Freire

PRESIDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Presente.-

Respetado señor Presidente:

Con profunda preocupación e indignación, nos hemos enterado a través del movimiento sindical Ecuatoriano de la decisión por decreto, de su administración, de eliminar casi en su totalidad la contratación colectiva en el Ecuador, medidas practicadas por el neoliberalismo y los gobiernos de ultra derecha; aplicadas en el pasado, solo en dictaduras militares del cono sur y Centroamérica, que intentaron abolir la organización sindical.

Exigimos señor Presidente, el respeto a la Constitución Nacional, al Código de Trabajo, y a los Convenios Internacionales de la OIT firmados por el Estado Ecuatoriano, hace más de 50 años, se derogue el Decreto de extinción de la Contratación Colectiva, y se respete los derechos laborales, especialmente el derecho al trabajo digno, que son garantizados por el convenio colectivo y además el respeto a las leyes laborales del Estado Ecuatoriano. Así mismo se respete el derecho de organización, contratación y convenio colectivo.

Nuestra (Federación) y sus organizaciones afiliadas, nos unimos a la solidaridad internacional con las Centrales Sindicales del Ecuador, continuaremos en estado de alerta y nos movilizaremos en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo Ecuatoriano, hasta ver coronadas con éxito sus justas reclamaciones soberanas.

Firma…

Las direcciones de correo son:

alexis.mera@presidencia.gov.ec,

comunicacion@mcpolitica.gov.ec ,

webmaster@mintrab.gov.ec,

webmaster@cce.gov.ec,

"Sin Restitución no hay reconocimiento"

Comunicado de la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores del Gobierno Legítimo de Manuel Zelaya

Por instrucciones del Presidente Constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales, y ante las distorsiones públicas realizadas por los miembros de la comisión negociadora que representaba al señor Micheletti en el acuerdo de Tegucigalpa/San José, al Pueblo hondureño y la Comunidad Internacional, COMUNICAMOS:

1.El Acuerdo Tegucigalpa/San José constituye el resultado de un diálogo que, dentro del espíritu del Plan Arias y bajo los auspicios de la Comunidad Internacional a través de la Comisión Especial de Cancilleres de países miembros de la Organización de Estados Americanos, surge con el fin de atender los mandatos incluidos en las Resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y de la OEA, para que a mas tardar el día jueves 5 de noviembre del año en curso, se logre revertir el Golpe de Estado Militar y restaurar el Orden Constitucional, situación que irrevocablemente pasa por la restitución del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, .

2.Que las Comisiones de Diálogo nombradas por el Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, y por el régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti Bain respectivamente, convinieron en remitir al Congreso Nacional el Acuerdo Tegucigalpa/San José contentivo de doce puntos, de los cuales el numeral 5 manda retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010, señalando taxativamente el procedimiento para revertir el Golpe de Estado Militar.

Por tanto, cualquier interpretación fuera de este contexto seria inaceptable, el Acuerdo habría fracasado y, constituyéndose en una nueva afrenta al Pueblo Hondureño y a la Comunidad Internacional, el Gobierno Constitucional junto a nuestros Compatriotas en Resistencia, continuaríamos en pie de lucha hasta lograr el triunfo de la democracia en nuestro país.

3.Que apegados al espíritu del Acuerdo Tegucigalpa/San José, el cargo del Presidente de la República que constitucionalmente eligió el pueblo hondureño para un mandato de 4 años no está en discusión, por lo que el Congreso Nacional debe actuar con responsabilidad y, lejos de mantener o agravar la crisis, debe derogar sin mas demora los decretos con los que ilegalmente pretendieron destituir al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, y en su lugar nombraron un mandatario de facto, hecho que ha sido condenado por todas las naciones del mundo.

4.Que ante el optimismo con que se ha recibido la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José, DECLARAMOS que el Acuerdo se debe cumplir en el plazo establecido, y RECHAZAMOS la utilización de estrategias dilatorias o cualquier otra estratagema que ponga en precario el prestigio y la credibilidad que nuestro país merece ante la Comunidad Internacional, la que con firmeza y convicción ha puesto al servicio de nuestro pueblo la buena fe de sus actos y su solidaridad.

5.En consecuencia, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a mantenerse en vigilia permanente hasta que, en cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San Jose, el Congreso Nacional proceda a la inmediata restitución del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales, única vía para el retorno al Orden Constitucional, el pleno respeto de los Derechos Humanos y de las Garantías Constitucionales, y el respeto irrestricto al Derecho Internacional.

Solo entonces podremos alcanzar la reincorporación de Honduras en el concierto de las Naciones, el levantamiento de las sanciones impuestas al régimen de facto, el reconocimiento al próximo proceso electoral y del gobierno que de él surgiera, el que deberá desarrollarse en un entorno de legalidad, legitimidad e igualdad de oportunidades.

NUESTRAS ARMAS SON LAS IDEAS, NUESTRA LUCHA ES PACIFICA

Tegucigalpa, M.D.C., el 2 de noviembre de 2009,

GOBIERNO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE HONDURAS

JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

Defender el proyecto

Por: Guido Proaño A.

El gobierno de Rafael Correa atraviesa por el peor momento de su gestión y de ello no duda ni el mismo Presidente. Se presentan hoy en el país fenómenos sociales y políticos que no se manifestaban con la misma intensidad hasta hace poco y que, de seguir la gestión gubernamental en los mismos términos, aquellos se agudizarán.

Uno de esos elementos es la tendencia a la baja en la popularidad y en el respaldo popular al gobierno. Importantes sectores de la población experimentan una transición del desencanto a la insatisfacción y a la protesta social, debido a que el gobierno no cubre con las expectativas planteadas y porque su gestión evidencia un proceso de derechización.

Las críticas formuladas por importantes organizaciones populares como la UNE, la CONAIE o la FEUE en el sentido de que en varias leyes, decretos y medidas se encuentran expresiones de neoliberalismo son ciertas, como se aprecia en la Ley de Minería, en la Ley de Agua o en el Código de Ordenamiento Territorial. Casos –no los únicos, por cierto- en los que el gobierno muestra inconsecuencia política con el proyecto de cambio, pero también alejamiento del contenido de la nueva Constitución, tan defendida y reivindica por Rafael Correa como obra suya, olvidando que su origen y vigencia se debe a toda una movilización social de varios años.

Junto a lo anterior está el perfil autoritario del Presidente Correa, asumido también por otros funcionarios de gobierno y asambleístas de PAIS que han demostrado que lo mejor que pueden hacer es proferir insultos. Es paradójico que en un gobierno que nació del movimiento social, con el apoyo de sectores organizados que jugaron el papel de punta de lanza en el combate al neoliberalismo y sus expositores, ahora la participación democrática y política de los trabajadores y los pueblos se la condene y reprima. El discurso articulado por el gobierno para desacreditar a las organizaciones populares y a los partidos y movimientos de izquierda solo es comparable al utilizado en la administración de León Febres Cordero, pero el actual lo supera en su cobertura por el tenaz uso de los medios de comunicación, con una publicidad que no podemos dejar de reconocerla como bien elaborada para los fines de quienes la promueven.

Y en ese aspecto Correa también contradice su discurso. La reivindicación de la ‘ciudadanía’ como factor medular de su ‘revolución’ implica –o al menos así lo sugieren sus ideólogos como el británico Thomas Marshall- que toda persona sea tratada como un miembro pleno de una sociedad de iguales, para lo cual se le debe otorgar la mayor cantidad de derechos civiles, políticos y sociales. Pero con decretos como el 1701 (que prácticamente elimina el derecho a la contratación colectiva en el sector público) o con las medidas adoptadas en contra de la UNE (supresión de las alícuotas de sus agremiados) y durante su paro (cancelaciones y reorganizaciones de establecimientos educativos) se violentan derechos reconocidos internacionalmente, como los de libre organización y el derecho al trabajo.

Todo eso justifica y explica las movilizaciones en los meses de septiembre y octubre y las que continúan desarrollando los estudiantes universitarios. El movimiento popular ecuatoriano tiene una tradición de lucha y no puede abandonarla en ninguna circunstancia; su movilización en las actuales condiciones, aunque afecte la imagen del gobierno, sobre todo fortalece a la tendencia democrática, progresista y de izquierda que es la base social y política para cualquier tipo de transformación democrática y progresista del país. Una base en la que Correa no ha sabido apoyarse para confrontar a la derecha neoliberal y a la que le ha llamado únicamente en los procesos electorales.

La movilización popular que toma fuerza y amplitud expresa su disposición a jugar el papel de fuerza de contención al proceso de derechización del gobierno. No está en contra del proyecto, ni está en contra del gobierno per se. Busca rectificaciones, busca salvar los pasos dados en los primeros meses del gobierno, es un llamado de atención al Presidente para indicarle que así ese no es el cambio por el que nuestro pueblo ha luchado.

Existe, además, otro factor que abona a lo formulado al iniciar este artículo: la corrupción. Entre los cinco ejes de la ‘revolución ciudadana’ consta el combate sin cuartel a la corrupción. Pero hoy la gente se pregunta en qué se diferencia éste de los gobiernos anteriores, si la corrupción campea desde las más altas esferas. ¡No hay tal revolución ética! Y no nos referimos a las denuncias del hermano del Presidente, que las hace para limpiar su imagen. Ahí están los casos del Ministerio del Deporte, el negociado en DINSE, en el Ministerio de Educación y otros.

Un elemento final en este ámbito. No solo Correa está afectado en su imagen, ocurre una situación peor con la Asamblea Nacional. Apenas lleva tres meses de funciones y su descrédito es altísimo, mas, como la Asamblea no es una abstracción, el desprestigio embarga sobre todo a los asambleístas de PAIS que, en su gran mayoría, apenas si tienen como máximo esfuerzo aplastar un botón al momento de las votaciones.

Lo dicho muestra la implosión de una contradicción entre el movimiento popular y el gobierno de la ‘revolución ciudadana’, que a momentos puede amainarse y en otros agudizarse. Eso depende en buena medida de lo que el gobierno haga o deje de hacer o, para ser más exactos, depende de hacia dónde quiera ir: hacia un auténtico cambio o quedarse en la defensa de la institucionalidad actual.

El Presidente Correa dice que vivimos una ‘revolución ciudadana’ y que esta se enmarca en el proyecto del socialismo del siglo 21 lo que ha entusiasmado a unos, pero a otros deja en el limbo por lo vago de esas expresiones.

Hasta ahora, más allá del slogan, no se ha escuchado por boca del Presidente ni de otros funcionarios del gobierno un concepto claro y completo de lo que es la ‘revolución ciudadana’. Si con la aseveración de que es un proyecto equiparable al socialismo del siglo 21 se pretende clarificar la naturaleza y el contenido de la ‘revolución ciudadana’ el asunto se torna más grave, porque los promotores del SS21 en todo momento advierten que su proyecto está por ser inventado, que se carece de un material escrito que defina los parámetros de cómo construirlo. En consecuencia, estamos frente a una propuesta indefinida que va hacia un objetivo que no se sabe en qué consiste.

Como señalamos líneas arriba, los teóricos de la ciudadanía creen que la diferenciación social es posible eliminarla otorgando la mayor cantidad de derechos a la población; sin embargo, la diferenciación social no nace en el ámbito de la superestructura jurídica y política, está determinada por el lugar que los seres humanos ocupamos en la esfera de la producción. En el capitalismo, el ‘otorgamiento’ de los derechos en realidad depende de la fuerza del movimiento popular para alcanzarlos y tienen el límite de la aplicabilidad en relación directa a cómo afectan los intereses de los grupos dominantes.

La ‘revolución ciudadana’ no ha afectado en lo más mínimo las estructuras económicas del sistema actual, desarmó el andamiaje jurídico neoliberal estructurado por los gobiernos anteriores, pero eso es otra cosa. La institucionalidad ha sufrido ligeras modificaciones pero no ha dejado de reflejar la estructura capitalista que se encuentra en la base de la sociedad ecuatoriana. Cuando Correa y los asambleístas de PAIS se muestran enérgicos en la defensa de la institucionalidad, están preservando el sistema imperante y en eso coinciden con los sectores oligárquicos que tradicionalmente han mantenido el control gubernamental, pero que ahora se encuentran desplazados.

El discurso anti oligárquico que caracterizó los primeros momentos de la gestión gubernamental –que ahora está prácticamente ausente- no responde a una postura anticapitalista o una postura clasista anti burguesa, sino más bien a la confrontación inter burguesa que está en curso, entre una facción de la burguesía que ahora tiene el control del gobierno y que asume la necesidad de un manejo reformista y desarrollista del gobierno, frente a una burguesía que manejó el gobierno con el recetario neoliberal, y que pugna por recuperar espacios.

Ese fenómeno se ha tornado más claro en los últimos meses. En forma concreta puede decirse que el eje articulador de la acción gubernamental ahora es movido por una facción burguesa que tiene su propio proyecto con el que busca mayores niveles acumulación capitalista en base a política desarrollista, reformista y de corte socialdemócrata, que al mismo tiempo llevando adelante un proceso de renegociación de la dependencia extranjera, lo que se aprecia en los acuerdos financieros y comerciales suscritos por el país con algunos países, entre los que se encuentran China.

Al interior del gobierno, y por supuesto en PAIS, los sectores de derecha se han impuesto sobre los que profesan posiciones más progresistas y eso explica los cambios producidos en aquel. Su consolidación depende de si los sectores más avanzados lo permitan y tengan la suficiente fuerza para frenarlos; pero también depende de lo que el movimiento popular, desde fuera del gobierno, esté en capacidad de hacer para arrinconar y expulsar del gobierno a la derecha, lo que abona a favor de la necesidad de persistir en la movilización de las masas en contra de la derechización del gobierno y de quienes pretenden asaltar un proyecto que pertenece al pueblo.

Puerto Rico: Grito y rebeldía

Tomado de Argenpress

Varios estudiantes lesionados por choques con las fuerzas antidisturbios, así como la parálisis del Estado y de puntos estratégicos de la actividad económica fueron el saldo inmediato del paro nacional que se cumplió en protesta contra los despidos masivos y la privatización de servicios públicos.

El paro tuvo además el efecto de dejar prácticamente limpias de tránsito durante muchas horas las calles y avenidas principales de San Juan, por lo que virtualmente se detuvo la actividad de trabajo y comercio.

En el incidente más grave, los estudiantes universitarios le arrebataron a la Policía nacional el control de la Autopista Las Américas a su paso sobre la céntrica avenida Roosevelt luego de resistir un par de tandas de palos. Apoyados por sindicatos, los estudiantes se mantuvieron cortando el flujo de vehículos hasta entrada la tarde mientras la Fuerza de Choque fue reforzada con los policías a caballo de la Unidad Montada, detalles que eran difundidos por la estación radial Red 96.

Entretanto, el Gobernador Luis Fortuño continuó sus acercamientos con las centrales sindicales de Estados Unidos, cuyas jefaturas pautaron las reuniones sin que tuviesen conocimiento las uniones que tienen afiliadas en Puerto Rico. La reunión estaba pautada originalmente para el miércoles –víspera del paro nacional- pero fue pospuesta para el viernes debido a que no llegaron a tiempo al país Robert Madore y Gerald McEntee, ambos de la AFL-CIO.

En la reunión también participará Eliseo Medina, de la central Change to Win.

La reunión es para que las centrales de EEUU AFL-CIO y Change to Win propongan alternativas para ahorros de fondos públicos, pero no está claro si podrían conducir a un acuerdo que salve el diferendo sobre los despidos de empleados del Estado.

El secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, dijo que se ha tratado de “una reunión solicitada” por la jefatura de las centrales estadounidenses y que se reunirán con el Gobernador Fortuño. Pero, advirtió a preguntas de la prensa que “espacio para dialogar siempre lo va a haber, espacio para retractarse… es muy difícil”.

Por su parte, el Gobernador Fortuño explicó que “todavía nos quedan ahorros adicionales de $800 millones” que hay que hacer y no quiere decretar más despidos, por lo que en ese marco lo que tengan que proponer los jefes sindicales estadounidenses “todas las ideas serán consideradas”.

Sin embargo, en cuanto al anuncio sobre la presencia en Puerto Rico de un delegado observador del Presidente Barack Obama, el Secretario Rodríguez Ema dijo que recibió garantías de la encargada de temas de Puerto Rico en la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, y el portavoz presidencial para asuntos hispanos Luis Miranda de que el mandatario estadounidense no había enviado delegado alguno.

Las posibilidades de una salida negociada a la crisis no eran claras en un ambiente en el que el Gobierno y el oficialista Partido Nuevo Progresista insisten en su agenda de despido de sobre 20,000 trabajadores del Estado, la reorganización del Ejecutivo que implica la eliminación de 40 agencias y el uso de miles de millones de dólares del Tesoro para invertir en negocios de privatización de proyectos y servicios públicos. De igual forma, las perspectivas se complican porque el movimiento de protesta está dividido entre las uniones vinculadas a centrales de EEUU y los sindicatos puertorriqueños agrupados en el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASIL).

De hecho, fue el sector del FASIL el que logró que cerrara el distrito bancario conocido como “la milla de oro” y el centro comercial “Plaza las Américas”, con las consecuentes pérdidas millonarias para los sectores empresariales. También los estudiantes, que actúan en alianza con el FASIL, provocaron el cierre de todo el sistema universitario público nacional con una cadena de paros en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico.

En la marcha del FASIL, bajo el liderato indiscutible de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, participaron grupos como el Movimiento al Socialismo, el Frente Socialista y figuras como el ex preso nacionalista Rafael Cancel Miranda y Doña Elma Beatriz Rosado Barbosa, viuda del comandante del Ejército Popular Boricua-Macheteros Filiberto Ojeda.

En la otra cara, el sector de las centrales estadounidenses ha cultivado el apoyo del autonomista Partido Popular Democrático, principal de oposición, además de que gozan del prestigio que da el reconocimiento informal de los grandes medios de comunicación y las llamadas instituciones de la “sociedad civil”.

Por ejemplo, las diócesis católicas de San Juan, Caguas y Fajardo se unieron al paro y enviaron clérigos a la concentración impulsada por los sindicatos estadounidenses a través de la Coalición Todo Puerto Rico con Puerto Rico, liderada por el obispo metodista Juan Vera. De igual forma, los colegios católicos de San Juan y Caguas, así como la Universidad del Sagrado Corazón, se unieron al paro, que también provocó el cierre del sistema escolar público.

La Hermandad de Tronquistas, también afiliada de una central estadounidense, logró junto a otros sindicatos una baja tal en la actividad portuaria que en horas de la tarde no se movían las grúas ni se notaba salida de camiones.

El pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño participó en la concentración de la Coalición Todo Puerto Rico con Puerto Rico frente al estadio Hiram Bithorn, aunque hizo buena parte de la ruta con la marcha de los universitarios, que se dirigían a la actividad del FASIL al otro lado de Plaza las Américas.

La jornada también incluyó el trabajo de la policía de fotografiar a participantes en las manifestaciones y el jefe de la Policía nacional, José Figueroa Sancha, explicó que se trataba de un trabajo de “inteligencia criminal”. Esta ha sido la primera manifestación ostensible del anuncio hecho por Figueroa Sancha a principios de año de que la Policía nacional tenía planes de establecer unidades de inteligencia con más de 700 agentes para cubrir todo el país.

No se ha informado el uso que se dará a las fotografías.

Zelaya afirma que Micheletti boicotea diálogo, pero dice que esperará hasta el lunes

Tegucigalpa (AFP) - El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, afirmó este viernes que el gobernante de facto Roberto Micheletti boicotea el diálogo que busca una salida a la crisis política para "sostenerse arbitrariamente en el poder".

Zelaya rechazó por ser "absolutamente inaceptable" la propuesta de Micheletti de que sea la Corte Suprema en vez del Congreso la que decida su restitución en el poder, pero dio un nuevo plazo hasta el lunes para que el gobernante de facto reconsidere su posición.

En declaraciones a Radio Globo, que ahora solo transmite en internet tras ser silenciada por el régimen golpista, Zelaya pidió "que se tomen las medidas ante la burla y la bofetada que el señor Micheletti ha inferido hoy al pueblo hondureño y a la comunidad internacional boicoteando el diálogo y usándolo como método de dilación para sostenerse arbitriamente en el poder".

"Resolvemos convocar de manera inmediata a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos y a todo el sistema interamericano con el fin de aumentar las medidas comerciales y económicas que condenan al régimen de facto", expresó Zelaya.

El mandatario depuesto, quien permanece refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde que volvió al país hace 25 días, llamó a sus seguidores a mantener las movilizaciones contra el gobierno de facto, que asumió tras su derrocamiento en el golpe de Estado del 28 de junio.

Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado

COMUNICADO No. 29

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante los últimos acontecimientos ocurridos en la Mesa de Negociaciones entre la representación del Presidente Mel Zelaya y del usurpador Gorileti, comunicamos lo siguiente:

1. Que ningún acuerdo a que haya llegado de forma parcial la Comisión de
Dialogo, tendrá validez si no es aceptada por parte de los golpistas la restitución inmediata de Manuel Zelaya Rosales al cargo de Presidente Constitucional de la Republica.

2. Que observamos falta de voluntad política de parte de los golpistas para acordar el punto antes mencionado, al aplicar tácticas dilatorias pretendiendo que la restitución del Presidente Zelaya dependa de la decisión de otras entidades estatales como el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia.

3. Otra muestra de falta de voluntad política de la dictadura para resolver la crisis, es el hecho de que mantiene el Estado de Sitio al negarse a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto que derogaría esa inconstitucional medida, además de que mantiene una actitud represiva en contra de la Resistencia popular, ya que nos impide ejercer el derecho a la libre movilización, a la libertad de expresión y desata persecución política disfrazada de procesos judiciales en contra de dirigentes populares y funcionarios del presidente Mel Zelaya.

4. Las actitudes señaladas dejan claro que los golpistas que pretenden es quedarse en el poder utilizando la farsa electoral del 29 de noviembre como medio de legitimación de los candidatos y candidatas golpistas; estrategia que esta condenada al fracaso por que el pueblo hondureño en resistencia no lo va a permitir.

5. Por todo lo anterior, ratificamos el plazo que vence hoy jueves 15 de octubre a las 12 de la noche para que los golpistas devuelvan la Presidencia a su legitimo titular o, de lo contrario, a partir de mañana aplicaremos una estrategia de desconocimiento activo del proceso electoral.

6. Alertamos al Pueblo Hondureño a no dejarse sorprender por las maniobras de la dictadura para burlar la voluntad popular mediante campañas desinformativas y lo llamamos a incorporarse a las acciones de Resistencia en todo el país.

NO MAS DILATORIAS A LA RESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE ZELAYA
PUBLICACION INMEDIATA DEL DECRETO QUE DEROGA EL ESTADO DE SITIO.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de octubre de 2009

Más de 100 mil trabajadores mexicanos marcharán en contra de cierre de empresa eléctrica

TeleSUR 15/10/09

Los empleados afectados considerán que la decisión es ilegal y que no están de acuerdo con la liquidación que les ofrece el Gobierno mexicano. Por su parte, Calderón asegura ''tener la conciencia tranquila'' y que la acción de cierre es sólo ''administrativa, financiera y operativa'' y no atenta contra el sindicato de electricistas

La Unidad Nacional de Trabajadores de México marcharán este jueves en apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se ha declarado en estado de emergencia permanente tras el cierra de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Se prevé que durante la gran manifestación en toda ciudad de México asistan más de 100 mil personas, entre ellos un número importante de trabajadores moralenses del SME.

La marcha convocada por los electricistas en la capital mexicana, será una demostración de fuerza de un movimiento que apenas comienza, como consecuencia de la medida tomada por el Gobierno de Felipe Calderón el pasado domingo de querer liquidar a la empresa.

El presidente Calderón declaró este miércoles tener la conciencia tranquila por su decisión de cerrar a Luz y Fuerza del Centro, donde se quedarán sin empleo alrededor de 44 mil trabajadores. Asimismo, negó estar aplicando una política atentatoria contra la vida sindical.

El mandatario mexicano, tras haber sido aplaudido por empresarios que se encontraban en la 51 Semana Nacional de la Radio y la Televisión, entre los que figuraba Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, por la decisión de extinguir a la empresa eléctrica, aseguró tener todas las razones de haber liquidado a LyFC y que las medidas son "sólo administrativas, financieras y operativas".

Asimismo, recalcó que respeta la autonomía sindical, pero criticó las supuestas distorsiones excesivas del contrato colectivo del SME, lo mismo que la presunta corrupción y las diversas fallas que había en el servicio.

En su intento por justificar el cierre de LyFC, señaló que las distorsiones excesivas que se imponían a la operación de la empresa en el contrato colectivo de trabajo obligaban a la misma a ponderar en sus decisiones administrativas, más que las necesidades de los usuarios, las exigencias de los líderes sindicales.

A pesar de los apagones que hubo en la ciudad de México y en zonas adyacentes, Calderón aseguró que el servicio eléctrico está funcionando con normalidad y que los usuarios pueden estar tranquilos de que "mejorará la calidad en su prestación".

Por su parte, los trabajadores movilizados se niegan a aceptar la atractiva liquidación, equivalente, en promedio, a más de dos años y medio de salarios, que les ofrecen las autoridades, que además han prometido recontratar a unos 10 mil empleados.

teleSUR-La Jornada/kg -PR

Carta abierta al presidente de la Asamblea Nacional

Quito, 14 de octubre del 2009

Oficio No. 042 – AN-MPD-LAL


Arquitecto

Fernando Cordero Acosta

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Presente


De nuestras consideraciones

Los Asambleístas del Movimiento Popular Democrático hacemos un llamado a usted, a fin de que la Asamblea Nacional recupere su papel protagónico de legislar y fiscalizar para los tiempos de una Patria Nueva.

Señor Presidente, la mayoría de la Asamblea Nacional prácticamente ha abandonado el proyecto de cambio progresista y patriótico marcado desde la Constituyente de Montecristi al aprobar varias leyes de carácter regresivo en cuanto al cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos como el caso de la Ley de Minería, Ley de Empresas Públicas y otras. Los actuales proyectos legislativos no han cumplido con las expectativas de los sectores populares del Ecuador, esta es la única razón, por la que la credibilidad de la Función Legislativa haya sufrido una baja impresionante en las últimas semanas.

El hecho de no cumplir con los plazos previstos para la aprobación de las Leyes dispuestas por la Transitoria Primera de la Constitución, es responsabilidad de la mayoría PAIS-PRE que hoy domina la Función Legislativa, por haber convertido a la Asamblea practicante en una dependencia sometida al poder ejecutivo, recordemos que los sectores populares en una muestra de responsabilidad con la Patria presentaron a tiempo varios proyectos de Ley en materia de Recursos Hídricos, Educación Superior, Comunicación, que a pesar de haberse entregado con el tiempo suficiente, fueron relegados a un segundo plano, mientras se esperaba la llegada de los proyectos del Ejecutivo con la venia del Señor Presidente de la República.

La mayoría oficialista ha mutilado la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, con una Ley de la Función Legislativa que en lugar de agilitar estos procedimientos los retarda y congestiona en demasía. Es así, que ante los hechos de corrupción que son denunciados diariamente en los diferentes medios de comunicación y constantemente al interior de la Asamblea, no se ha emprendido acciones de fiscalización serias y con resultados concretos; nada se ha dicho por ejemplo de los casos de Corrupción en la Dirección de Servicios Educativos DINSE, en la adjudicación de los contratos de los campos petroleros de SACHA, los sobreprecios en las compras de materiales para el Consejo Nacional de Tránsito, o los denunciados por el propio hermano del Presidente de la República.

Asimismo, la Asamblea Nacional no se pronunció y menos condenó los actos de represión cometidos por la Fuerza Pública en contra de indígenas, maestros, campesinos y estudiantes en las últimas semanas, tampoco se pronunció respecto a los hechos suscitados el 30 de septiembre en Sevilla Don Bosco, Provincia de Morona Santiago en donde centenares de policías reprimieron a manifestantes de la Comunidad Shuar dejando como resultado decenas de heridos y a un maestro indígena muerto, el Profesor Bosco Wisuma; los Asambleístas del MPD propusimos al Pleno de la Asamblea se traten estos temas y nuestra petición fue negada.

Señor Presidente, la Asamblea Nacional no puede permanecer callada frente a estos acontecimientos, es nuestra obligación demandar el esclarecimiento de estos hechos y asumir la función de fiscalización que el país nos exige, no hacerlo conllevaría a que la Asamblea sea cómplice de estos hechos que avergüenzan a la Patria a la que juramos defenderla.

Nuestra intención, señor Presidente es que la Asamblea Nacional no siga el mismo camino tan desprestigiado que en su momento tuvo el viejo Congreso Nacional por aquellas acciones inmorales, ilegales e inconstitucionales que los pueblos del Ecuador lo sepultaron en su memoria histórica.

Señor Presidente, las disculpas no son suficientes, sino se dan rectificaciones urgentes y concretas en la marcha de la Asamblea Nacional.

Por lo expuesto señor Presidente nos permitimos proponer a usted públicamente lo siguiente:

Abrir un debate real para la aprobación de los proyectos de Ley que es obligatorio aprobar por parte de la Asamblea Nacional, según lo dispone la Transitoria Primera de la Constitución; esto significa que se acoja las propuestas de los sectores populares que con la debida suficiencia de tiempo fueron presentadas.

Reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se facilite la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional.

Que la Asamblea Nacional lleve adelante verdaderos procesos de Fiscalización en temas como: los contratos del hermano del Presidente de la República con instituciones del Estado; los contratos petroleros; las presuntas irregularidades cometidas en la Dirección de Nacional de Servicios Educativos DINSE; entre otros; y, que se informe al país acerca de los avances y conclusiones de los mismos.

Que las sesiones del Pleno de la Asamblea sean transmitidas por señal abierta de televisión y/o radio difusoras del Estado.


Atentamente,

ASAMBLEISTAS DEL MPD


Prof. Jorge Escala Zambrano

Dr. Ramiro Terán Acosta

Dr. Linder Altafuya Loor

Arq. Francisco Ulloa

Dra. María Molina

Gobierno derrotado

Editorial del semanario En Marcha, edición 1461

La movilización social ha marcado el escenario político del país en estas últimas semanas; las masas populares irrumpieron en la lucha callejera como no había ocurrido en el transcurso de la gestión gubernamental de Rafael Correa. Este ciclo de lucha lo abrió la Unión Nacional de Ecuadores el 14 de septiembre, y también lo cerró con la suscripción de un acuerdo con el gobierno el 7 de octubre.

El desenlace de esta confrontación presenta a un gobierno derrotado y a un movimiento popular (especí­ficamente al magisterio y al movimiento indígena, con la UNE y Conaie como sus representantes) como fuerzas victoriosas. ¡Los maestros e indígenas le pararon el carro a Correa! es la lectura que tiene el pueblo ecuatoriano, no los esfuerzos de Correa por exponer lo contrario.

Hasta antes de esta jornada de lucha, el gobierno trabajó por mostrarse invencible; pero quedaron al descubierto algunas de sus debilidades. Tiene un electorado que le ha permitido ganar algunas elecciones, pero carece de un movimiento organizado en sectores sociales que han sido protagonistas de procesos políticos trascendentes, como son los trabajadores, los educadores, la juventud, el movimiento indígena. No fue capaz de concretar el llamado a la concentración nacional que hizo inicialmente para el tres de octubre y luego para el día diez, a pesar de que puso en juego todo el aparato gubernamental para ello. Ciertamente el gobierno cuenta con un gran aparato publicitario capaz de torcer la verdad, manipulando acontecimientos y apelando a la reiteración de sus mensajes.

El gobierno se propuso, desde antes de estas luchas, asestar duros golpes al movimiento popular organizado, y de manera particular a las organizaciones en las que la izquierda revolucionaria tiene influencia. Está claro que Correa quiso doblegar a la UNE, pero ésta ha salido vigorizada y prestigiada; es, junto a la Conaie, referente de combatividad para otras organizaciones y sectores sociales.

Lo ocurrido en el país en estos días expresa la agudización de las contradicciones al interior de la tendencia democrática, progresista y de izquierda; entre quienes pugnan porque el proyecto político avance, se desarrolle, y las fuerzas que, desde el gobierno y con posturas derechistas, trabajan para revertir el proceso de cambio. La contradicción entre la izquierda revolucionaria y el reformismo burgués se ha puesto en evidencia y los revolucionarios actuamos en ella del lado de los intereses populares, combatiendo a la derecha que está en el gobierno y fuera de él.

Cambios indispensables

Por: Renán Proaño M. / Colibrí Insurgente

Las últimas semanas concurrimos a una escalada en la confrontación política del país. La Unión Nacional de Educadores (UNE) arrancó con la paralización de las actividades educativas en escuelas y colegios fiscales, con una plataforma de lucha más que justificada en la ignorancia de un gobierno que se ha convencido a sí mismo, que es capaz de resolver los problemas de la educación con un “cuestionario”, sin acompañarlo de una política seria e integral que parta de la capacitación de todos los actores del proceso; durante el conflicto, aspectos de carácter reivindicativo – salarial y de la carrera docente, sumaron las motivaciones del paro. Además, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de frente a los atropellos verbales de Correa y en el criterio de defender los recursos naturales, así como el derecho al agua y la permanencia de las juntas de riego, entre otras demandas, en una actitud digna y de resguardo a la unidad de sus organizaciones, llamó al levantamiento indígena que paralizó significativamente y con radicalidad: costa, sierra y oriente.

El gobierno fue obligado a dialogar por la presión popular. No se trata de dádivas del “todo poderoso” Correa; al contrario, la sucesión de marchas de maestros, estudiantes y profesores, levantamiento indígena, anuncio de huelga de hambre, solidaridad de organizaciones nacionales y locales, la movilización del seguro social campesino, de los comerciantes informales, además de un muerto, etc. no dieron otra alternativa que ir hacia la negociación, esto es, -aunque le cueste aceptar a sectores del gobierno- una victoria para los pueblos del Ecuador, que exige rectificaciones al modelo que se viene impulsando. Más allá del discurso del Presidente, en el que insiste en minimizar los hechos, existe una realidad que debe ser analizada, en conjunto con el ambiente que se vive en la región.

Primero. El discurso de cambio ha echado raíces en América latina; gobiernos nacionalistas, democráticos, antiimperialistas y hasta proclamados como revolucionarios, entablan una correlación de fuerzas distinta en el hemisferio. Nuevas relaciones comerciales y acuerdos de cooperación bilateral y multilateral entre estos regímenes –incluidos convenios militares-, abonan la circunstancia de tensión que se vive en torno al conflicto interno de Colombia (guerrilla – gobierno), que se ha convertido en un globo de ensayo y punta de lanza, para una eminente acción intervencionista por parte de EEUU, que ve minados sus intereses económicos, por ende políticos y estratégicos en la región.

Segundo. La maduración de los pueblos en su comprensión política, aunque es incipiente y con marcados desniveles, apunta a la radicalización de las conquistas hasta hoy alcanzadas; se llama a la institucionalización de formas de gobiernos, que viabilicen el tránsito a un Estado en beneficio de los trabajadores, es decir, donde se redistribuya la riqueza desde su raíz, dinamizando la producción por medio de la incorporación del concepto de propiedad social sobre los medios de producción.

Tercero. La diversidad en la comprensión de los alcances que tiene la corriente de cambio en América Latina, tanto en los gobiernos, como las organizaciones político – sociales y pueblos en general, da los matices que diferencian claramente y de forma grosera, los procesos que se viven fronteras adentro.

Cuarto. En nuestro caso, pesan más las limitaciones del gobierno –Correa a la cabeza- que los anhelos y propuestas de los sectores populares. Las propuestas que hicieron posible este gobierno, ya no alcanzan para satisfacer las demandas del Ecuador de estos días.

Quinto. Esas demandas van creciendo y toman forma en las organizaciones que concursan en el quehacer nacional, con propuestas y proyectos de leyes en torno a la división territorial, educación, seguridad, empleo, salud, etc; propuestas igual de válidas que las del gobierno y que, se hacen visibles por medio de la movilización popular.

Sexto. La movilización crece independientemente del consentimiento de Correa e incluso de los partidos políticos. Si estos últimos no logran ponerse a la cabeza, serán pasados por alto sin pena ni gloria y, en el caso del gobierno, de no resolver las aspiraciones inmediatas y de largo alcance que tenemos los ecuatorianos, será fugaz su pasó y quizás termine como los últimos tiranuelos, derrocado.

¿Qué resultó de estas semanas?

Como se dijo líneas arriba fue una victoria para el pueblo. Que el presidente haya tenido que escuchar, en sí ya es un triunfo –más aun conociendo el ego que se carga-. Siempre será un triunfo la participación de los obreros, indígenas, campesinos, maestros, etc, que no sean gobierno y que, con propuestas geniales aportan a los cambios requeridos. Es trascendente ver que la participación popular sigue como rectora de los gobiernos de turno. Hay que profundizar y apoyar el seguimiento que la comunidad hace al gobierno, a fin de que este responda a la propuesta por la que votamos y rectifique oportunamente.

La radicalización de los eventos y la velocidad con la que sucedieron ubican una disposición a enfrentar en nuevas condiciones al autoritarismo y a defender con fuerza –en incremento- conquistas, derechos y nuevos reclamos. Presenciamos un nuevo escenario en el tipo de conflicto social; a la supuesta paz de los últimos tres años, hay que mirarla como el silencio previo a la tormenta. Esa tormenta puede ser el levantamiento total de los ecuatorianos por un gobierno verdaderamente revolucionario.

Rectificar –para el gobierno- hoy tiene que ver con un cambio total que muestre un honesto deseo de gobernar para los trabajadores, esto es, romper con los sectores de la derecha tradicional –y camuflada- con los que viene trabajando y propender a que su propio gabinete refleje ese cambio. Deben ser los representantes de las organizaciones políticas y sociales quienes sean parte del equipo de gobierno, cualquier otra cosa es mantener el rumbo hacia la derecha.

La lucha social conquista victorias y deja lecciones para los trabajadores y la izquierda revolucionaria

Ecuador ha sido escenario de una intensa movilización social en el transcurso de estas tres últimas semanas. El magisterio ecuatoriano culminó victorioso su paro nacional en defensa de la educación pública; el movimiento indígena frenó las pretensiones gubernamentales de aprobar una ley privatizadora del agua; las universidades, y de manera particular el movimiento estudiantil, persisten en su lucha por alcanzar una Ley de Educación Superior que permita el cambio y afirme conquistas democráticas; los trabajadores exigen el respeto de los derechos sindicales como la contratación colectiva; los pequeños comerciantes demandan la aprobación de una ley particular que garantice su derecho al trabajo y les permita acceder a la seguridad social.

Esta ha sido la respuesta de las organizaciones populares y de la izquierda revolucionaria frente a la inconsecuencia política del gobierno que se autoproclama de la “revolución ciudadana”, que en los últimos meses ha mostrado un perfil antidemocrático y autoritario y ha adoptado medidas, disposiciones, leyes contrarias a los intereses de los trabajadores y los pueblos, y en las que a su vez se observa el propósito de reinstaurar elementos neoliberales.

En el movimiento popular ecuatoriano la izquierda revolucionaria tiene vínculos de muchos años, forjados al calor del combate contra las políticas de la burguesía y el imperialismo. Esta acción conjunta se ha manifestado nuevamente en esta oportunidad, enfrentando a un gobierno que surgió de la tendencia democrática, progresista y de izquierda, pero que adolece de un cambio gradual hacia posiciones de derecha, con la implementación de políticas de corte neoliberal, con las que los sectores populares no están de acuerdo y por ello las combaten.

El descontento popular se ha desarrollado y ha tenido manifestaciones diversas: constantes movilizaciones prácticamente en todo el país, la toma de carreteras, la paralización nacional, al tiempo que se exigía abrir un diálogo social político para encontrar una solución integral a las reivindicaciones particulares de los sectores en lucha y a los problemas generales que aquejan al Ecuador.

Contrariando a la naturaleza de un gobierno que se proclama democrático, progresista y hasta revolucionario, éste ha respondido a la movilización popular con el insulto, la calumnia, la brutal represión que ha cobrado más de trescientos detenidos, algunas decenas de heridos, cancelaciones y destituciones, hasta la vida del maestro shuar Bosco Wisuma, asesinado el 30 de septiembre en el marco de las protestas del paro de la UNE y de la movilización nacional de la Conaie.

Al cabo de cerca de tres semanas de lucha intensa, los focos de mayor tensión política han concluido en esta etapa con importantes victorias políticas para el magisterio y el movimiento indígena. El gobierno se vio obligado a dialogar y atender las demandas populares mientras las acciones de lucha estaban en curso, a pesar de su reiterada amenaza de no atenderlos mientras las paralizaciones se mantengan.

Los resultados obtenidos por el movimiento popular ecuatoriano reafirman su condición de sujetos políticos del cambio, alimentan la comprensión de que los cambios sociales no pueden desarrollarse por encima de los intereses, la voluntad y la acción de las masas trabajadoras.

Estos combates librados no significa que nuestro pueblo haya tomado posición junto a la derecha y el imperialismo en contra del gobierno. Nuestro pueblo se afirma en el anhelo de cambio y demanda rectificaciones del gobierno, espera que éste retome el rumbo, pero implica también una advertencia de que los combates se mantendrán si se continúa afectando los intereses de los trabajadores y el pueblo y si su voz no es tomada en cuenta.

El gobierno de Rafael Corea tiene que comprender que no deben imponerse sus puntos de vista de manera autoritaria; nuestro pueblo delegó en él una responsabilidad para atender las aspiraciones de bienestar popular y de desarrollo del país, pero nunca le entregó un cheque en blanco para que haga lo que le da la gana, y menos en contra de los intereses populares y del Ecuador. Este es un proceso político que integra a todos los ecuatorianos y no únicamente a quienes se encuentran en el gobierno.

Correa tiene la posibilidad histórica de corregir y avanzar, enfrentar adecuadamente las contradicciones que se presentan en la sociedad ecuatoriana privilegiando los intereses de los trabajadores y los pueblos, afectando a las clases dominantes y combatiendo a las fuerzas de la derecha política.

En medio de estos combates, el proceso unitario de las organizaciones populares ha ganado terreno, ha avanzado, pero necesita tomar más fuerzas, articular una propuesta programática integral y por ello planteamos confluir todos en un Congreso de los Pueblos del Ecuador.

Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Octubre 8 de 2009

Solidarios con la lucha del pueblo Ecuatoriano

Frente Universitario Revolucionario Socialista

Desde el Frente Universitario Revolucionario Socialista y el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Venezuela queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros Estudiantes, profesores e indígenas que han sido golpeados, encarcelados y maltratados por el gobierno prepotente de Correa quien se niega al dialogo y coquetea aplicando viejas recetas de la derecha.

El movimiento estudiantil revolucionario de Venezuela rechaza enormemente la imposición de un proyecto de ley de educación que no responda a los intereses de la mayoría y que este cerrada al control del gobierno sin participación de los estudiantes, obreros, empleados y maestros, consideramos necesario el trabajo por una Ley de Educación de carácter democrático y progresista, que reconozca los derechos fundamentales de los estudiantes como el de la libre organización, expresión y movilización, el derecho a una evaluación justa para los profesores, el derecho al cogobierno en todos las instancias de los establecimientos educativos y esto solo se puede lograr con la participación y el dialogo con todos los sectores.

Enviamos nuestra solidaridad con el pueblo combativo del Ecuador quien lucha en las calles y expresa que sus anhelos de cambio no van a ser cerrados por ningún gobierno reformista, deseamos los mejores éxitos en la marcha nacional de este miércoles y entendemos que sólo la lucha y el combate garantizan la victoria.

¡Viva El Paro de la UNE!

¡Viva el movimiento estudiantil revolucionario del Ecuador!

¡Viva el Internacionalismo Proletario!

06/10/2009

"¿Quién fue el estúpido?", preguntó Correa; "Usted señor Presidente", respondió Santi

(De la reunión de la Conaie con el gobierno)

La reunión del Gobierno-Conaie comenzó tensa. Los sentimientos encontrados por las últimas protestas indígenas estaban a flor de piel. Era evidente que el presidente a ratos se mostraba molesto con la dirigencia indígena y varias radios amazónicas por la muerte del profesor shuar. Las recriminaciones se dieron de parte y parte.

El momento más tenso fue cuando el presidente de la Conaie, Marlon Santi, dijo: El minimizar al movimiento indígena, es decir en la nación que no existismos nacionalidades indígenas. El decir que somos el dos por ciento, es decir en la nación ecuatoriana no existen pueblos y nacionalidades indígenas, y es negar la plurinacionalidad".

Interrumpe el Mandatario y dice: "Si me permites. Dame una prerrogativa como Presidente de la República. Debemos ir puntualizando, porque escucho demasiado mentiras y mejor es corregirlas de paso".

En seguidilla Correa le dice a Santi: "Me puedes decir quién fue el estúpido que dijo que fue el dos por ciento.

A lo que Santi responde: "Usted señor Presidente". Correa le replica: "Tienes el video en donde yo digo eso".

"Usted ha dicho eso textualmente. Que para poner una agenda nacional debe ganar las elecciones", le expresó el dirigente de la Conaie."Por supuesto", le ripostó el Jefe de Estado.

En su intervención el presidente de la Ecuarunari, Humberto Cholango, pidió respeto al Gobierno, pues refiere que a los indígenas el Presidente de la República los ha calificado de "locos". A lo que Correa, le reprochó que diga el nombre de quién dijo eso para sacarlo del Gobierno. Cholango le respondió que en la cadena del 12 de septiembre él (Correa) los trató de locos.

Ver: http://www.ecuadorenvivo.com/2009100538491/politica/_-quien_fue_el_estupido_pregunto_correa_usted_senor_presidente_respondio_santi.html