El gobierno afina el Proyecto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, hace lobby con la Cámara de Comercio e industriales para explicarles sus bondades, luego de lo cual, lo remitirá a la Asamblea y, todo hace suponer que el proyecto tendrá el carácter de económico urgente. Pese a los términos ventajosos con los que se conciben los denominados “contratos de inversión”, a la garantía de seguridad jurídica que se oferta y a los incentivos tributarios, los empresarios quieren más, exigen generalizar los beneficios a la gran empresa agroindustrial, reformas al Código del Trabajo para una mayor flexibilización en la contratación de empleados, estrategias que agiliten tratados de libre comercio con la UE y EEUU. Con seguridad, en este entendimiento con los empresarios el gobierno no dudará en darles mayores satisfacciones.
Cabe señalar que entre los 300 artículos, 9 disposiciones generales, 19 transitorias y 7disposiciones reformatorias que contiene el Proyecto, destacan los referidos a los temas: Inversiones e Inventivos.
Respecto del primero, se define como inversión a la asignación de recursos para proyectos productivos nuevos o existentes. De acuerdo con este concepto, el capital nacional, pero, sobre todo el extranjero pueden realizar inversiones no solo en nuevas áreas productivas sino en negocios en marcha -petroleros, energéticos, comunicaciones-, es decir, sin la remota posibilidad de riesgo, con la certeza de lograr jugosas tasas de retorno. Las modalidades de inversión incluyen adquisición de participaciones, acciones, cuotas sociales, es decir aportes que garantizan derechos sobre el capital de una compañía. Tanto inversionistas nacionales como extranjeros tendrán iguales derechos y obligaciones. Se garantiza la propiedad del inversionista, asegurándole que bajo ninguna circunstancia se decretará ni ejecutará confiscaciones. Al capitalista extranjero se le autoriza la libre transferencia de valores a los que tenga derecho según sus inversiones. La estabilidad y garantía de las condiciones económicas y jurídicas durará hasta 15 años pudiendo prorrogarse si hay un mayor volumen de inversión.
El Estado podrá delegar a la iniciativa privada las inversiones en los sectores estratégicos, las mismas que estarán respaldadas por los denominados “contratos de inversión”; éstos incluirán una cláusula de estabilidad tributaria de 15 años, con una tarifa del 30% del impuesto a la renta; obtienen tratamiento especial por parte del SRI para determinar la depreciación acelerada de activos. De manera expresa y en artículo aparte de aclara que el Estado podrá delegar al sector privado la prestación del servicio de energía eléctrica en todas sus fases, lo cual no tiene otro nombre que privatización.
En cuanto al tema de los incentivos el gobierno de Correa es muy pródigo; establece el derecho a acogerse a un régimen tributario especial, con una tarifa del 30% de impuesto a la renta; exoneración total del impuesto a la salida de divisas si el financiamiento de la inversión es realizada por una entidad financiera internacional legalmente reconocida; exoneración del 100% del pago del IR que grava a los dividendos que perciban los accionistas de empresas de capital abierto (empresas inscritas en bolsas de valores legalmente reconocidas, integradas por lo menos por 100 accionistas, ninguno tenga el 50% de las acciones,...); exoneración total o parcial de tributos y gravámenes aplicados a actos societarios, de emisión, suscripción y transferencia de acciones o cuotas sociales; exoneración total o parcial de aranceles de aduanas a la importación de bienes de capital destinados al proyecto de inversión; deducción del impuesto a la renta el costo total que represente la creación de nuevas plazas de trabajo, sobre las que se aporte al IESS, por el tiempo de 5 años; es decir, el Estado se hace cargo del aporte patronal; entre otros.
Proyectos de ley con este tipo de prebendas para los empresarios traen a nuestra memoria los mejores tiempos del gobierno neoliberal de Mahuad y la aplanadora demopopular-socialcristiana, con sus leyes trole de ingrata recordación para los pueblos del Ecuador.
