Guido Proaño A.
Quienes reclaman urgentes procesos de descentralización son las “cúpulas económicas… que pretenden feudalizar el Estado para retornar a los viejos moldes del caciquismo o el ejercicio del poder en niveles casi prepolíticos por parte de los pomposamente autodenominados notables, cabezas visibles de redes de influencia, poder, corrupción y clientelismo en el ámbito local”. Así opinaba en abril de 2004 el alcalde de Quito, General Paco Moncayo, en un artículo escrito bajo el título “ECUADOR: El Reto de la Descentralización”, que se lo puede encontrar en la web de la Izquierda Democrática.
Al poco tiempo, y con seguridad fruto del maridaje de la ID con el PSC, Moncayo ha dado a luz un nuevo pensamiento al respecto; ahora, junto a Jaime Nebot y otros alcaldes y prefectos de esos partidos, es uno de los impulsadores de la Ley Orgánica del Sistema Autonómico, con la que se busca llevar a tope la descentralización.
La propuesta no solo tiene problemas de orden legal; también trae consigo trampas que provocarán el ahondamiento de problemas que, supuestamente, se propone resolverlos. Es el instrumento deseado por grupos locales para afirmar su poder político y económico en determinadas regiones.
Ni el artículo 228 de la Constitución, ni el artículo 238 de la misma Carta, que son invocados como base para expedir la ley, le otorgan sustento legal. El primero determina de manera expresa cuáles son los organismos autónomos (consejos provinciales, concejos municipales, juntas parroquiales); y, el segundo (que trata de los regímenes especiales) describe al régimen especial con referencia demográfica y ambiental. En ningún lado la Constitución establece un régimen especial autonómico, por lo que, para aprobar dicha ley, previamente habría que reformar aquella, amén de otras ilegalidades contenidas, como la que establece la subrogación de los organismos legislativos y el desconocimiento de los mecanismos jurisdiccionales para la solución de conflictos.
Promover el desarrollo económico y el bienestar social en todas las regiones del país ha sido expuesto como motivo central. El excesivo centralismo –se dice- habría sido la causa para el desigual desarrollo regional y la pobreza. Sin embargo, de aplicarse este régimen los resultados serían negativos.
Es innegable la existencia de dos polos de desarrollo (Pichincha y Guayas), que concentran, de manera porcentual y absoluta, recursos económicos, industrias, bancos, empresas comerciales, servicios, fuerza de trabajo en general y calificada; el 81,5% de las recaudaciones totales del país (2005) están en estas dos provincias, así como también son, junto a Los Ríos y Manabí, las que mayor colocación de inversiones reciben, todo lo cual las pone en condiciones ventajosas y únicas sobre el resto, para afirmar su desarrollo, lo que a su vez es premisa para profundizar el desigual crecimiento regional. Únicamente esas dos provincias garantizan su autosostenimiento, a partir de la recaudación de impuestos.
Estudios respecto de la pobreza en el país, concluyen que mientras más pequeño es el nivel de gobierno, mayor es el porcentaje de la pobreza; en otras palabras, en las grandes ciudades, porcentualmente hablando, la pobreza es menor. Y son esos pequeños cantones los que carecen de recursos materiales y económicos para atender las necesidades de su población, por lo que se los condena al atraso y miseria. La única vía para obtener recursos radica en el establecimiento de impuestos que, dadas las condiciones de vida de sus habitantes, no están en capacidad de cubrirlos, lo cual no implica que aboguemos por ese mecanismo para resolver las necesidades financieras de los gobiernos seccionales.
Eso mencionamos a propósito del requisito básico para obtener el estatuto autonómico que demanda un elemento mínimo poblacional de 200 mil habitantes, caso contrario deberá constituirse una mancomunidad que desembocará en el aumento del aparato burocrático en medio de tanta carencia económica. Mas, los proponentes dejan abierto el camino para el tráfico de influencias, cuando entregan a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) la capacidad de dar el visto bueno “respecto de la viabilidad técnica, económica y operativa para convertirse en Gobierno Autónomo” a los cantones o provincias que individualmente no cumplan con el requisito poblacional previsto. Sépase que solo siete cantones superan el mínimo de 200 mil habitantes.
El propósito fundamental del proyecto es debilitar al Estado Nacional, a través de un proceso de distribución territorial del poder entre los grupos monopólicos, que buscan afirmar su control económico y político en las regiones en donde han alcanzado mayor desarrollo. Bien puede decirse que han llegado a un consenso para respetar sus zonas de influencia.
El establecimiento, en los hechos, de pequeños estados en manos de los caciques y grupos económicos y políticos locales, no solo será aprovechado para la acumulación capitalista de aquellos; el capital financiero imperialista es uno de los principales beneficiarios, al tener mejores condiciones de negociación frente a gobiernos pequeños y débiles.
La crítica al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico no implica la defensa del Estado actual, y no solo por su condición burocrática y las evidentes expresiones de un centralismo dañino, sino, sobre todo, por su condición de instrumento de explotación al servicio de las clases dominantes.
Urge introducir mecanismos descentralizadores y desconcentradores en la administración estatal, de manera que se agilite la atención de las necesidades de las provincias, cantones, parroquias y sus habitantes; para limpiar la maraña burocrática que impide encontrar las huellas de quienes cometen actos de corrupción. Medidas que no deben llegar a la delegación de funciones en temas como educación, salud, explotación de recursos naturales, entre otros.
Ya hay experiencias negativas en este campo. La Ley de Descentralización y Participación ciudadana (1997) sirvió de base legal para traspasar competencias a los municipios en el manejo de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Lo primero que hicieron fue concesionarlos a empresas privadas; proceso similar ocurrió en Guayaquil con el agua potable, en donde se descubrió la contaminación del líquido con heces fecales. Interagua no respondió por ello, mucho menos el alcalde del puerto.
