Los banqueros se sienten contentos con la ley financiera aprobada hace poco en el Congreso; los mecanismos de control contemplados en la propuesta planteada por el Ejecutivo fueron desechados por una mayoría de diputados comprados por la banca corrupta, con lo que se ha legalizado el chulco y las millonarias utilidades de los banqueros.
Si el proyecto de Ley de Justicia Financiera buscaba poner fin al atraco del que son víctimas los usuarios de la banca, el propósito no se ha logrado, pues, las actuales tasas de interés, establecidas por el Banco Central del Ecuador, encubren las famosas comisiones que supuestamente fueron derogadas por el Congreso. Con una tasa de interés comercial del 22.5%, muy por encima del promedio existente en América del Sur (6%), está claro que los banqueros continúan disfrutando del paraíso, más aún si miramos la tasa fijada para el consumo (32%) o la del microcrédito que llega al 42%.
Bien ha valido a los banqueros gastar algunos millones de dólares en comprar diputados y desatar una ofensiva propagandística por todos los medios, para crear incertidumbre y miedo entre la población con el cuento de que el gobierno sería responsable de un nuevo feriado bancario, en el que los ahorros de millones de ecuatorianos se perderían, como ocurrió en 1999.
El cinismo es enorme, bien se conoce que los responsables y beneficiarios de la crisis bancaria del 99 fue la misma banca que trabajó desde antes para crear el marco jurídico y las instituciones necesarias que les garantice la restitución de sus capitales. Rafael Correa tiene razón al denunciar que -como hoy en el Congreso- en la Constituyente de 1998 la banca tenía sus peones que garantizaban sus intereses. En ese momento fueron los social cristianos y los demócratas cristianos, ahora los gutierristas, el PRIAN y otros acólitos.
Correa ha señalado que en 1998 se modificó la transitoria número 42 de la Constitución , en relación con la gestión del Banco Central, para incorporar un texto que aseguraba el financiamiento a los bancos con problemas y en liquidación, deduciéndose que sus propietarios no solo sabían lo que estaba por venir, sino que aseguraron la forma de hacer de la crisis bancaria un nuevo negocio, que a la larga fue financiado por los trabajadores y el pueblo. Cerca de ocho mil millones de dólares costó al Estado este enjuague de la burguesía.
En estas circunstancias, genera mucho interés conocer el contenido del informe de la comisión que analizó el atraco bancario, y que será presentado en los próximos días. Es de esperarse que se ponga al descubierto nombres, responsabilidades, beneficiarios y, en base a ello, se tomen las medidas necesarias para castigar a los responsables, de manera que la impunidad no se haga presente una vez más.
Los banqueros lograron imponerse en el Congreso, pero está en camino una nueva confrontación contra ellos, las elecciones por la Constituyente, en la que serán derrotados y el pueblo elegirá asambleístas dispuestos a parar el carro a la oligarquía y llevar adelante un proyecto de transformación democrática del país.
