La Unión Europea ha dado una nueva muestra de cuánto incide la xenofobia y el racismo en sus gobernantes, al aprobar la denominada Ley del Retorno que criminaliza y penaliza a los migrantes indocumentados. Indistintamente, durante los últimos años, los países de la UE han aprobado por separado leyes que han endurecido el control migratorio, poniendo a los extranjeros indocumentados en la condición de reos de la justicia. Ahora el Parlamento Europeo ha unificado un estatuto que muestra cómo la derecha gana y afirma posiciones entre los 27 estados miembros de ese bloque.
Semanas atrás, en la Cumbre CAN – UE realizada en Lima, los voceros de la Unión Europea manifestaban el interés de acordar políticas migratorias que protejan los derechos humanos de nuestros connacionales en el viejo continente: los hechos muestran el verdadero pensamiento que allí domina, pues, la legislación en mención fue acordada con anterioridad por los ministros del Interior de esos países.
De acuerdo a esta ley, de la que ni los niños se libran, se crearán centros especiales en los que se retendrán a los indocumentados hasta por un período de 18 meses, lo que trae a la mente los campos de concentración con los que los nazis envilecieron Europa.
No tener visado para entrar a un país no es un delito, es simplemente una ‘falta administrativa’, pero eso es criminalizado cuando se prohíbe por cinco años el ingreso a la UE a los inmigrantes que hayan sido repatriados.
La presencia de millones de migrantes en los Estados Unidos, Canadá o los países europeos ha contribuido al desarrollo y al crecimiento de esas economías. Precisamente como expresión del segregacionismo, los trabajadores migrantes han sido sometidos a jornadas de trabajo más largas, a salarios más bajos y al cumplimiento de actividades consideradas como no dignas en muchos de los casos. Todo ello ha significado para la burguesía el aprovechamiento y la obtención de niveles más altos de explotación y enriquecimiento.
Mientras esos países promueven la libre circulación de mercancías y capitales, ahora se oponen a la libre circulación de la mercancía fuerza de trabajo. La Unión Europea hoy está interesada en suscribir lo que denomina un Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina, que en el fondo busca que sus capitales y productos circulen con libertad en nuestro territorio; mientras no se derogue esa legislación xenófoba y racista las autoridades ecuatorianas no deben asistir a esa mesa de negociaciones. Más aún, no puede aprobarse nada que se parezca a un TLC, similar al que los Estados Unidos quiso implantar.
