Editorial del semanario En Marcha
Edición 1405 – 6 junio 2008
A medida que toma forma el contenido de la nueva Constitución, el temor de la oligarquía crece, pues, observa cómo en algunos aspectos sus concepciones y privilegios son afectados. No concibe -por ejemplo- que se prohíba la cesión de bases a ejércitos extranjeros, que se establezca la gratuidad de la educación en todos los niveles, que se elimine la intermediación laboral o que se entregue el derecho facultativo al voto para los miembros de las fuerzas armadas y para los jóvenes desde los 16 hasta 18 años de edad.
El articulado que fija en seis las formas de propiedad, y crea un fondo de tierras para la redistribución de ella entre quienes la necesitan, también ha provocado miedo en la burguesía y una violenta reacción anticomunista que “advierte” la intención de “eliminar la propiedad privada” y, concomitante, un proceso de socialización de aquella.
En los últimos años el Ecuador ha vivido un proceso de concentración y reconcentración de la tenencia de la tierra en pocas manos; grupos empresariales en los sectores agrícola, agroindustrial, financiero, inmobiliario son propietarios de grandes haciendas y extensiones de terrenos, muchos de los cuales son improductivos (porque están dedicados al “engorde”, es decir, a la especulación de sus precios), mientras miles de campesinos carecen de tierra, enfrentan la explotación, el desempleo y subempleo.
La propuesta que al respecto se discute en la Asamblea no propone la eliminación de la propiedad privada como pregona la burguesía, apenas plantea afectar aquella que no cumple una función social, es decir, la que no está siendo aprovechada para la producción o para resolver el problema de la vivienda. Sabido es que en el marco del sistema capitalista, y por medios jurídicos, es imposible poner fin a la propiedad privada sobre los medios de producción; en todo caso, lo que al respecto hace la Constituyente es positivo y merece nuestro respaldo.
Como acción complementaria a esta propuesta, el gobierno debe ejecutar un proceso de reforma agraria que permita el acceso de la tierra a miles de campesinos que no la poseen y golpee a los grandes grupos empresariales que especulan con ella, que por su condición de grandes propietarios y grandes productores imponen los precios de los productos agrícolas y pecuarios en el mercado, afectando las condiciones de vida de los millones de ecuatorianos, mientras su riquezas aumentan a diario.
