Editorial del semanario En Marcha
Edición 1410
Edición 1410
Innumerables son las acciones y maniobras que la oligarquía desarrolla para desprestigiar e impedir el trabajo de la Asamblea Constituyente. Una de las últimas, la amenaza de los integrantes del bloque de minoría de abandonar en forma definitiva el recinto de Montecristi, para así decir que la nueva Constitución no ha sido democráticamente elaborada. Por cálculo político se quedaron, pues, vieron que su salida les traería más desprestigio y aumentaría la tendencia a favor del SÍ, que ya es mayoritaria.
Otra maniobra fracasada fue la marcha en pro de la seguridad ciudadana organizada en Guayaquil por la derecha socialcristiana, en la que Arroba Ditto apareció como dueño de la iniciativa. Con esa acción se buscó sobredimensionar el ambiente de inseguridad existente no solo en el puerto principal, sino en todo el país, responsabilizando de ello al gobierno central. En la misma línea juega la nueva ofensiva anticomunista iniciada por Antonio Ricaurte en los grandes medios, que lo pone en la condición de parlante del pensamiento de Bush y Uribe.
La acción especuladora en los precios de los víveres continúa, al igual que el “bota fuego” en prensa escrita, radios y cadenas nacionales de televisión.
La ofensiva de la burguesía y el imperialismo es agresiva y diversa. La derecha ya no tiene como principales exponentes a los jefes de sus partidos políticos; el desprestigio de ellos es tal que su comparencia pública equivale a contra-propaganda. Han principalizado su acción desde los medios, cámaras de producción, supuestos analistas independientes, algunos municipios. La excepción está en la labor de Lucio Gutiérrez, quien trabaja por convertirse en el principal exponente del pensamiento de la burguesía y el imperialismo, y procura posicionar a su partido, Sociedad Patriótica.
No debemos subestimar el efecto que la campaña de la derecha puede tener entre los sectores populares; la distorsión, las mentiras y la presentación de temas secundarios como principales (de gran sensibilidad social como lo relacionado a las creencias religiosas, el derecho de propiedad o la legalización del aborto, entre otros) puede confundir a importantes sectores, por lo que las organizaciones populares y políticas comprometidas con el proyecto de cambio en curso tienen la obligación de redoblar esfuerzos, para esclarecer el verdadero contenido que tiene la nueva Constitución y el avance que representa frente a la Constitución de 1998, elaborada en un recinto militar con mayoría absoluta de los socialcristianos, demócratas cristianos y la Izquierda Democrática.
Tal como al momento está la nueva Constitución representa un avance político; será un instrumento progresista y democrático, que en muchos aspectos contraría y afecta intereses económicos y políticos de sectores de la gran burguesía y del imperialismo. Los derechos políticos recogidos en la nueva Carta permitirán la recuperación y desarrollo del movimiento sindical y popular, particularmente en aquellos sectores que fueron duramente golpeados por la aplicación de las recetas neoliberales, como cuando se estableció la nefasta flexibilización laboral.
De hecho, gran parte del contenido de la nueva Constitución es desconocido por la mayoría de los trabajadores y pueblos del Ecuador; es responsabilidad nuestra abrir un debate en todo lado para que aquello sea conocido y comprendido, de manera que las masas se transformen en entusiastas defensoras del voto afirmativo en el referéndum venidero.
Hay escollos aún por salvar en Montecristi, como el relacionado a la estructura del Seguro Social Campesino o la insistencia de algunos sectores por entregar a los municipios la competencia del sector educativo. Las dubitaciones o incomprensiones políticas que en estos casos se presentan en algunos asambleístas de PAÍS solo podrán ser corregidas con la presión popular. La movilización social puede despertar a quienes todavía sueñan con cantos neoliberales.
