Frente a los acontecimientos suscitados el 8 de diciembre del 2009 en la Universidad Central, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) en forma responsable responde a las temerarias acusaciones vertidas por el Dr. Edgar Samaniego, rector de la universidad.
La FEUE, durante los ocho meses de la administración del Dr. Samaniego –al igual que lo hemos hecho en administraciones pasadas- ha presentado propuestas serias y argumentadas para mejorar al Alma Mater, a fin de alcanzar una educación de calidad, democrática, científica, vinculada a la investigación y a los intereses del país y de los pueblos del Ecuador.
No obstante ello, los puntos de vista de la juventud universitaria han sido desoídos y ocultados por un rector que, desde el inicio su gestión, ha dado muestras de autoritarismo, incompetencia, irrespeto a los principios democráticos y ha incurrido en actos de corrupción.
El rector Samaniego miente a la comunidad universitaria y al país respecto de lo que ocurre en la Universidad y, de manera particular, en torno a los acontecimientos del pasado ocho de diciembre.
Corrupción en la Universidad Central
Apenas posesionado en su cargo, el Dr. Samaniego arbitraria e ilegalmente procedió a crear diecisiete nuevos cargos administrativos para pagar favores a quienes apoyaron su campaña. Funciones que no están contempladas en el Estatuto Universitario y que le cuestan a la institución 500 mil dólares al año. Además decidió elevar sus gastos de representación, de manera que tiene un ingreso que llega a los ocho mil dólares mensuales, es decir más de lo que gana el Presidente de la República. Mientras eleva sus ingresos, el rector mantiene congelados los sueldos de docentes y trabajadores y eliminó el bono de incentivo por título de cuarto nivel a los profesores con nombramiento accidental. Así el Dr. Samaniego enfrenta un período de crisis económica que vive la Universidad Central.
Más de ciento veinte mil dólares ingresaron a tesorería de la universidad por reposición de la gratuidad de la educación para la carnetización de los estudiantes, no obstante esa credencial no ha sido entregada a ningún estudiante. Los estudiantes preguntamos al Sr. Rector ¿Qué se ha hecho con ese dinero?
Autoritarismo y violación a los principios democráticos
Cuando las actuales autoridades universitarias fueron elegidas, la FEUE y la comunidad universitaria en general democráticamente reconocieron su triunfo. Una conducta similar no se encuentra en el comportamiento del Dr. Samaniego. Algunos ejemplos:
a. En el mes de junio se realizaron las elecciones de la FEUE, en las que los candidatos del rector fueron mayoritariamente derrotados, ante lo cual, irrespetando la autonomía de los organismos estudiantiles Edgar Samaniego “desconoció” el proceso electoral y a los nuevos dirigentes estudiantiles y ha intentado dividir la FEUE convocando un nuevo proceso electoral. El desconocimiento de la FEUE ha traído consigo que los estudiantes carezcan de representación general en Consejo Universitario y demás instancias de cogobierno.
b. El 15 de noviembre, los docentes, estudiantes y empleados de la Facultad de Ciencias Agronómicas eligieron a sus nuevas autoridades; sin embargo, como los candidatos del rector fueron derrotados, esos resultados fueron “desconocidos” y desde el rectorado se impuso un nuevo decano.
c. Caso similar ocurrió en la Universidad Popular en el mismo mes de noviembre. Aplicando lo que establece la ley universitaria se eligió al nuevo Director, y una vez más el Dr. Samaniego desconoció ese proceso democrático e impuso una autoridad contrariando el pronunciamiento de los docentes y empleados de esa institución.
d. En la Universidad Central ahora es prohibido pensar de manera diferente al rector Samaniego; quienes así lo hacen son objeto de persecución y represión. Varios dirigentes estudiantiles actualmente son víctimas de informaciones sumarias, sanciones y amenazas de procesos legales. Cosa similar ocurre con docentes y empleados.
e. El Dr. Samaniego pretende aprobar un Estatuto Universitario ilegal y antidemocrático. Ilegal porque no está en correspondencia con lo que establece la actual Ley de Educación Superior y antidemocrático porque no toma en cuenta los puntos de vista de los estudiantes, docentes, empleados y trabajadores. La FEUE es partidaria de contar con un nuevo estatuto que garantice el cambio en la universidad, agilite su funcionamiento, contribuya al mejoramiento de la educación y garantice la participación democrática de los todos los estamentos en la vida universitaria.
f. Como retaliación política y no como resultado de un estudio técnico, administrativo y pedagógico se quiere trasladar la competencia que tiene la Facultad de Filosofía en los colegios universitarios Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez. Estas instituciones son centros de práctica docente y constituyen laboratorios pedagógicos de los futuros profesionales de la educación. A nadie se le ocurría que las haciendas en las que los estudiantes de agronomía o veterinaria hacen sus prácticas, las clínicas de Odontología o los laboratorios de Química, Farmacia o Ingeniería pasen a depender directamente del rectorado.
Violación a la Constitución y a la gratuidad de la educación
Una gran victoria de los pueblos del Ecuador fue alcanzar la gratuidad de la educación en todos los niveles. Esa ha sido una bandera levantada por la FEUE durante muchos años.
Sin embargo, por obra de actual rector, hoy la Universidad Central es la más cara de las instituciones públicas de educación superior. Los estudiantes pagamos aranceles como: servicio de internet inalámbrico que no existe; por el uso de laboratorios en facultades y escuelas que carecen de ellos; y, en algunas facultades se permite la venta obligatoria de libros y folletos como requisito para la matrícula.
Los sucesos del 8 de diciembre
Nuestro compromiso con la universidad llevó a que la FEUE y las asociaciones escuelas, al igual que las autoridades de los colegios Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez, las organizaciones de docentes y empleados discutamos propuestas para impulsar el cambio en la universidad, opiniones que las hemos transmitido a las actuales autoridades ya sea en los talleres y comisiones convocados para el efecto por Consejo Universitario, sin embargo esas propuestas nunca fueron tomadas en cuenta.
Un nuevo intento por hacer escuchar esos puntos de vista se produjo el día 8 de diciembre, para lo cual se movilizaron pacífica y masivamente estudiantes y padres de familia de los colegios universitarios y estudiantes de varias facultades. Sorprendentemente, no solo las puertas de Consejo Universitario estaban cerradas, sino que los corredores del edificio del rectorado estaban tomados por un grupo de asalariados y agentes policiales vestidos de civil que agredieron verbal y físicamente a niños, madres de familia y estudiantes universitarios. Al frente de ese grupo de provocadores al servicio del Dr. Samaniego se encontraban Fernando Morales (dirigente de Alianza Centralina), el Dr. José Rivera (profesor de farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas), Livinof Gonzales (ex trabajador universitario) y algunos estudiantes de Medicina que con engaños y ofrecimientos fueron llevados por José Rivera. Ese grupo actuó en acuerdo con la Policía Nacional que desde tempranas horas infiltró agentes de civil con mochilas (vieja práctica para desprestigiar al movimiento estudiantil) con el propósito de provocar y agredir a los universitarios.
La provocación del grupo de Fernando Morales, José Rivera y Livinof Gonzáles y la brutal represión de la Policía Nacional desataron la reacción de quienes democráticamente esperaban hacer escuchar su voz. El Dr. Edgar Samaniego es, en consecuencia, el único responsable de la inusitada violencia producida en ese día.
Las imágenes difundidas por algunos medios de comunicación muestran que el rector salió ileso de la sala de Consejo Universitario y las declaraciones de algunos decanos muestran que quienes ingresaron al salón les solicitaron que abandonen el local, pero por voluntad propia decidieron quedarse. No hay grabación o imagen que muestre que algún dirigente de la FEUE o del FRIU haya golpeado al Dr. Samaniego u otra autoridad o persona presente ese día en Consejo Universitario.
Por tanto, la FEUE exige que se realice una exhaustiva investigación de los sucesos, que se identifique al agresor del Dr. Samaniego y se incorpore en la investigación la responsabilidad de Fernando Morales, José Rivera y Livinof Gonzales en los hechos.
Rechazamos los calificativos de terroristas, asesinos y secuestradores con los que nos endosa el rector; los señores decanos y vicedecanos que se mantuvieron en el rectorado son testigos de que no fueron ni agredidos, ni secuestrados; el propio Sr. Decano de Comunicación Social que acudió en representación del Sr. Rector a la audiencia de cargos en la Fiscalía sostiene textualmente que “por nuestra propia voluntad cerramos herméticamente las puertas y al retirarse ninguno de nosotros fuimos agredidos”. Está claro que los dirigentes y el movimiento estudiantil desarrollaron una acción en legítima defensa frente a la agresión policial.
Llamamos a la unidad de todos los estamentos en defensa de la universidad, de su autonomía, por el respeto de la democracia, contra el autoritarismo y la prepotencia. El cambio que queremos en nuestra universidad será alcanzado con la participación, la movilización y lucha que caracteriza a la juventud universitaria.
Responsabilizamos de la integridad física de nuestros compañeros al Dr. Samaniego, al grupo de choque liderado por Fernando Morales, el Dr. José Rivera, a los principales dirigentes de Nueva Universidad (Napoleón Saltos, Manuel Salgado y Víctor Granda), que agredieron y amenazaron de muerte a los dirigentes estudiantiles y autoridades de la Facultad de Filosofía. Condenamos los actos de provocación desarrollados el 10 de diciembre por estos mismos personajes en la Facultad de Filosofía, actos que lamentablemente no han sido reportados por ningún medio de comunicación.
Nos solidarizamos y demandamos la inmediata libertad de los compañeros Marcelo Rivera, Luis Centeno y Fernando Aburto que al enjuiciarlos se pretende criminalizar el derecho a la expresión, a la lucha social y el derecho a reclamar.
