La pretensión de descabezar al TSE, mediante decisión arbitraria de la mayoría derechista del Congreso, provocó un rebote en su contra, con la destitución de los diputados que votaron por esta medida. La exigencia de consulta popular y Asamblea Constituyente se reafirma en los ecuatorianos.
Hechos inéditos marcan la magnitud de la crisis política que afecta a la institucionalidad del Estado burgués; por una lado, están las maniobras desesperadas de la derecha representada en el Congreso para impedir la consulta y la Asamblea Constituyente, la misma que recurrió a una más de sus acostumbradas prácticas arbitrarias al resolver la “sustitución”, sin fórmula de juicio, del Presidente del Tribunal Supremo Electoral, acusado de haber desobedecido la orden de su Partido Sociedad Patriótica, en el sentido de entorpecer y alargar el proceso de consulta popular; y, por otro, la respuesta que las fuerzas políticas pro-constituyente dentro del TSE, con el voto del Presidente supuestamente defenestrado, lograron articular para enfrentar esta nueva arremetida en contra de la convocatoria a consulta.
En efecto, una vez que el Ejecutivo remitió algunas modificaciones al Estatuto Electoral, la mayoría derechista del Congreso, encontró el pretexto para torpedear, una vez más, la consulta y la Asamblea. El mecanismo que adoptó fue orientar que el Tribunal Supremo Electoral remita la “pelotita” nuevamente al Congreso. No contó, desde luego, con que el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, desoyendo la orientación emanada de Lucio Gutiérrez, con el propósito de alargar al máximo el proceso, hasta desgastar al gobierno y garantizar réditos electorales a su favor, sume su voto para decidir la convocatoria a consulta popular para el 15 de abril próximo, considerando que no había ya ningún impedimento legal para ello.
Así las cosas, se desata la ira y represalia del Partido Sociedad Patriótica, el que, con el apoyo de sus socios del Prian, PSC y UDC, defenestra al titular del TSE, mediante una simple “resolución”, cuando el único procedimiento previsto para el caso es el juicio político. Sin embargo, esta acción arbitraria y preponte del bloque derechista se va al piso, cuando, en el TSE, el propio Acosta lidera la decisión de destituir a los 57 diputados que votaron por su “sustitución”, acogiéndose a la normativa constituyente y legal que otorga inmunidad a los miembros del TSE y los convierte en la máxima autoridad electoral cuando hay un proceso en curso. Esta medida tuvo el sustento de la fuerza pública, la misma que impidió el ingreso de los diputados destituidos a las instalaciones del Congreso
Esta correcta decisión sacó de quicio a la derecha acostumbrada a manejar el país como hacienda propia, interpretando a su gusto y antojo sus propias leyes, por ello, en concierto, surgen voces destempladas para “repudiar” la situación, para alertar sobre un supuesto régimen “totalitario” que se quiere imponer, para denunciar que atenta contra la “democracia” y, en algunos casos, llamar a la conciliación.
En la estrategia de reacción de la derecha está recurrir a otro de sus reductos de poder, el Tribunal Constitucional, cuando, en realidad, no tiene competencia para dirimir en el caso. La decisión está tomada, los diputados alternos deben posesionarse y no cabe la tesis conciliadora de aplicar el “borra y va de nuevo” de parte y parte. Sobre todo, ninguna jugada de la oligarquía podrá frenar la consulta y la Asamblea Constituyente.
