Editorial del Semanario En Marcha, edición 1351
12 de marzo 2007
No puede sorprender lo que ocurre en el país en estos días; era previsible que la derecha apele a todos los medios para impedir que la Asamblea Constituyente se realice, y así está actuando.
La crisis política en curso no tiene la connotación de una pugna de poderes como los medios de comunicación la presentan, formalmente así se la ve, pero en realidad manifiesta la agudización de las contradicciones entre el pueblo y la oligarquía, cada uno con su proyecto político diferente, inconciliable. Aunque parezca contradictorio, porque la burguesía durante todos estos años ha manejado un discurso invocando a la necesidad de encontrar mecanismos que garanticen la denominada “gobernabilidad” y la tranquilidad política y social, ahora tiene el interés de crear un ambiente diferente, de inestabilidad institucional, de “inseguridad jurídica” -como también la califican- para justificar acciones como las denuncias ante instituciones internacionales, y para futuras conductas, encaminadas a deslegitimar el proceso y el proyecto político que las fuerzas democráticas y progresistas del país están interesadas en llevar adelante, para poner fin a un largo período de dominio pleno de las fuerzas neoliberales.
El curso de la crisis dependerá en mucho de la fuerza del movimiento popular, para arrinconar a la derecha en sus pretensiones antidemocráticas y garantizar la realización de la consulta popular y de la misma Constituyente. Mal hace el gobierno en apelar la solución del actual conflicto a las “instancias jurídicas constitucionales”, es decir, dejarla en manos del Tribunal Constitucional, organismo controlado por la derecha, que podría adoptar una resolución que favorezca a los diputados destituidos. Si el propósito es llegar a esa instancia para justificar o esconder una “transacción” o un “acuerdo” como planteó el Vicepresidente del TSE, René Maugé, lo rechazamos porque sería una burla a la lucha y a la aspiración de las masas de golpear políticamente a la derecha anti constitucionalista.
La derecha busca la intromisión externa para justificar su conspiración interna. Ya ha logrado un primer pronunciamiento de Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que en el Ecuador “existe un estado de quiebra institucional”; son avales que elementos serviles al imperialismo presentan a la derecha para justificar futuras actividades.
Hay una resolución del TSE de destitución de 57 diputados por violar la Ley Orgánica de Elecciones y esa resolución debe respetarse en su totalidad. No hay lugar a la negociación.
