Por: Guido Proaño A.
El gobierno de Rafael Correa atraviesa por el peor momento de su gestión y de ello no duda ni el mismo Presidente. Se presentan hoy en el país fenómenos sociales y políticos que no se manifestaban con la misma intensidad hasta hace poco y que, de seguir la gestión gubernamental en los mismos términos, aquellos se agudizarán.
Uno de esos elementos es la tendencia a la baja en la popularidad y en el respaldo popular al gobierno. Importantes sectores de la población experimentan una transición del desencanto a la insatisfacción y a la protesta social, debido a que el gobierno no cubre con las expectativas planteadas y porque su gestión evidencia un proceso de derechización.
Las críticas formuladas por importantes organizaciones populares como la UNE, la CONAIE o la FEUE en el sentido de que en varias leyes, decretos y medidas se encuentran expresiones de neoliberalismo son ciertas, como se aprecia en la Ley de Minería, en la Ley de Agua o en el Código de Ordenamiento Territorial. Casos –no los únicos, por cierto- en los que el gobierno muestra inconsecuencia política con el proyecto de cambio, pero también alejamiento del contenido de la nueva Constitución, tan defendida y reivindica por Rafael Correa como obra suya, olvidando que su origen y vigencia se debe a toda una movilización social de varios años.
Junto a lo anterior está el perfil autoritario del Presidente Correa, asumido también por otros funcionarios de gobierno y asambleístas de PAIS que han demostrado que lo mejor que pueden hacer es proferir insultos. Es paradójico que en un gobierno que nació del movimiento social, con el apoyo de sectores organizados que jugaron el papel de punta de lanza en el combate al neoliberalismo y sus expositores, ahora la participación democrática y política de los trabajadores y los pueblos se la condene y reprima. El discurso articulado por el gobierno para desacreditar a las organizaciones populares y a los partidos y movimientos de izquierda solo es comparable al utilizado en la administración de León Febres Cordero, pero el actual lo supera en su cobertura por el tenaz uso de los medios de comunicación, con una publicidad que no podemos dejar de reconocerla como bien elaborada para los fines de quienes la promueven.
Y en ese aspecto Correa también contradice su discurso. La reivindicación de la ‘ciudadanía’ como factor medular de su ‘revolución’ implica –o al menos así lo sugieren sus ideólogos como el británico Thomas Marshall- que toda persona sea tratada como un miembro pleno de una sociedad de iguales, para lo cual se le debe otorgar la mayor cantidad de derechos civiles, políticos y sociales. Pero con decretos como el 1701 (que prácticamente elimina el derecho a la contratación colectiva en el sector público) o con las medidas adoptadas en contra de la UNE (supresión de las alícuotas de sus agremiados) y durante su paro (cancelaciones y reorganizaciones de establecimientos educativos) se violentan derechos reconocidos internacionalmente, como los de libre organización y el derecho al trabajo.
Todo eso justifica y explica las movilizaciones en los meses de septiembre y octubre y las que continúan desarrollando los estudiantes universitarios. El movimiento popular ecuatoriano tiene una tradición de lucha y no puede abandonarla en ninguna circunstancia; su movilización en las actuales condiciones, aunque afecte la imagen del gobierno, sobre todo fortalece a la tendencia democrática, progresista y de izquierda que es la base social y política para cualquier tipo de transformación democrática y progresista del país. Una base en la que Correa no ha sabido apoyarse para confrontar a la derecha neoliberal y a la que le ha llamado únicamente en los procesos electorales.
La movilización popular que toma fuerza y amplitud expresa su disposición a jugar el papel de fuerza de contención al proceso de derechización del gobierno. No está en contra del proyecto, ni está en contra del gobierno per se. Busca rectificaciones, busca salvar los pasos dados en los primeros meses del gobierno, es un llamado de atención al Presidente para indicarle que así ese no es el cambio por el que nuestro pueblo ha luchado.
Existe, además, otro factor que abona a lo formulado al iniciar este artículo: la corrupción. Entre los cinco ejes de la ‘revolución ciudadana’ consta el combate sin cuartel a la corrupción. Pero hoy la gente se pregunta en qué se diferencia éste de los gobiernos anteriores, si la corrupción campea desde las más altas esferas. ¡No hay tal revolución ética! Y no nos referimos a las denuncias del hermano del Presidente, que las hace para limpiar su imagen. Ahí están los casos del Ministerio del Deporte, el negociado en DINSE, en el Ministerio de Educación y otros.
Un elemento final en este ámbito. No solo Correa está afectado en su imagen, ocurre una situación peor con la Asamblea Nacional. Apenas lleva tres meses de funciones y su descrédito es altísimo, mas, como la Asamblea no es una abstracción, el desprestigio embarga sobre todo a los asambleístas de PAIS que, en su gran mayoría, apenas si tienen como máximo esfuerzo aplastar un botón al momento de las votaciones.
Lo dicho muestra la implosión de una contradicción entre el movimiento popular y el gobierno de la ‘revolución ciudadana’, que a momentos puede amainarse y en otros agudizarse. Eso depende en buena medida de lo que el gobierno haga o deje de hacer o, para ser más exactos, depende de hacia dónde quiera ir: hacia un auténtico cambio o quedarse en la defensa de la institucionalidad actual.
El Presidente Correa dice que vivimos una ‘revolución ciudadana’ y que esta se enmarca en el proyecto del socialismo del siglo 21 lo que ha entusiasmado a unos, pero a otros deja en el limbo por lo vago de esas expresiones.
Hasta ahora, más allá del slogan, no se ha escuchado por boca del Presidente ni de otros funcionarios del gobierno un concepto claro y completo de lo que es la ‘revolución ciudadana’. Si con la aseveración de que es un proyecto equiparable al socialismo del siglo 21 se pretende clarificar la naturaleza y el contenido de la ‘revolución ciudadana’ el asunto se torna más grave, porque los promotores del SS21 en todo momento advierten que su proyecto está por ser inventado, que se carece de un material escrito que defina los parámetros de cómo construirlo. En consecuencia, estamos frente a una propuesta indefinida que va hacia un objetivo que no se sabe en qué consiste.
Como señalamos líneas arriba, los teóricos de la ciudadanía creen que la diferenciación social es posible eliminarla otorgando la mayor cantidad de derechos a la población; sin embargo, la diferenciación social no nace en el ámbito de la superestructura jurídica y política, está determinada por el lugar que los seres humanos ocupamos en la esfera de la producción. En el capitalismo, el ‘otorgamiento’ de los derechos en realidad depende de la fuerza del movimiento popular para alcanzarlos y tienen el límite de la aplicabilidad en relación directa a cómo afectan los intereses de los grupos dominantes.
La ‘revolución ciudadana’ no ha afectado en lo más mínimo las estructuras económicas del sistema actual, desarmó el andamiaje jurídico neoliberal estructurado por los gobiernos anteriores, pero eso es otra cosa. La institucionalidad ha sufrido ligeras modificaciones pero no ha dejado de reflejar la estructura capitalista que se encuentra en la base de la sociedad ecuatoriana. Cuando Correa y los asambleístas de PAIS se muestran enérgicos en la defensa de la institucionalidad, están preservando el sistema imperante y en eso coinciden con los sectores oligárquicos que tradicionalmente han mantenido el control gubernamental, pero que ahora se encuentran desplazados.
El discurso anti oligárquico que caracterizó los primeros momentos de la gestión gubernamental –que ahora está prácticamente ausente- no responde a una postura anticapitalista o una postura clasista anti burguesa, sino más bien a la confrontación inter burguesa que está en curso, entre una facción de la burguesía que ahora tiene el control del gobierno y que asume la necesidad de un manejo reformista y desarrollista del gobierno, frente a una burguesía que manejó el gobierno con el recetario neoliberal, y que pugna por recuperar espacios.
Ese fenómeno se ha tornado más claro en los últimos meses. En forma concreta puede decirse que el eje articulador de la acción gubernamental ahora es movido por una facción burguesa que tiene su propio proyecto con el que busca mayores niveles acumulación capitalista en base a política desarrollista, reformista y de corte socialdemócrata, que al mismo tiempo llevando adelante un proceso de renegociación de la dependencia extranjera, lo que se aprecia en los acuerdos financieros y comerciales suscritos por el país con algunos países, entre los que se encuentran China.
Al interior del gobierno, y por supuesto en PAIS, los sectores de derecha se han impuesto sobre los que profesan posiciones más progresistas y eso explica los cambios producidos en aquel. Su consolidación depende de si los sectores más avanzados lo permitan y tengan la suficiente fuerza para frenarlos; pero también depende de lo que el movimiento popular, desde fuera del gobierno, esté en capacidad de hacer para arrinconar y expulsar del gobierno a la derecha, lo que abona a favor de la necesidad de persistir en la movilización de las masas en contra de la derechización del gobierno y de quienes pretenden asaltar un proyecto que pertenece al pueblo.
