CORRUPCIÓN EN EL RÉGIMEN DE CORREA O LA EXPLICACIÓN DEL PORQUÉ QUIERE METERLE MANO A LA JUSTICIA
Desde el 2007 al 2010, la Contraloría ha remitido a la Fiscalía informes contra más de medio centenar de entidades por sospecha de delitos en la administración pública. 205 son contra la Corporación Aduanera Ecuatoriana; 80 de la Comisión de Tránsito del Guayas; 28 de educación; 26 de entes de Bienestar Social, incluido el ministerio; más de 35 contra telefónicas, 19 en Salud, sumada esa cartera de Estado; y al menos 12 en entidades de deportes, entre otras.
Por otro lado, hasta la fecha, el Ejecutivo y las diversas dependencias del gobierno han decretado alrededor de 245 declaratorias de emergencia, al amparo de las cuales se han adquirido insumos para las áreas de salud, educación, vialidad y suscrito contratos para la ejecución de la obra pública en los que, al parecer, el dispendio y perjuicio a las arcas del Estado constituyen la norma. A continuación se hace un recuento de los principales actos de corrupción del presente régimen:
EL GRAN HERMANO
Los actos de corrupción en los que se vería involucrado Fabricio Correa y su Hermano Rafa podrían llegar a más de $607 millones, por lo que la Contraloría General del Estado ya ordenó auditar contratos de obra pública para determinar si fueron suscritos con empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República.
De acuerdo con un documento del ente de control los contratos examinados corresponden al proyecto Baba por $130 millones y otros entre Petrocomercial y Shi-Asia y Asociados/Monteverde, por $115 millones.
Además, la Contraloría lleva a delante el análisis de 8 contratos de Petroecuador por $195, 71, millones, que se encuentran en etapa de verificación preliminar, para luego determinar si procede aplicar una auditoría.
A ello se suman nueve exámenes especiales que la Contraloría realizó en 2009 a contratos suscritos por los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y de Transporte y Obras Públicas, Petroecuador, Predesur e Hidrolitoral con las empresas Cosurca, el Consorcio Amazónico y Megamaq S.A, de propiedad de Fabricio Correa.
Estos contratos suman $167,38 millones, en los que los equipos de auditores de la Contraloría determinaron responsabilidades administrativas y civiles culposas. Según el ente de control, por esta situación hubo destituciones, multas y glosas.
Además, en dos informes anteriores el ente de control determinó responsabilidades penales, que los remitió a la Fiscalía (en manos de Washo, el tìtere de Correa), organismo que aún no ha informado resultados de su investigación.
En suma, los contratos ya auditados por la Contraloría y los que están siendo verificados suman $607 millones, $100 millones menos que los detectados por la Veeduría Ciudadana, cuyos miembros además de ser descalificados, han sido amenazados con juicios penales por el presidente Correa, el secretario jurídico Alexis Mera, la ministra de la Política, Doris Soliz y Fabricio Correa.
MINISTERIO DEL DEPORTE.-
Desembozado y cínico fue el comportamiento de Raúl Carrión, ex Ministro de Deportes y su red mafiosa que operaba en ese ministerio y que al ser descubiertos, escandalizaron al intentar comerse los cheques de las evidencias del delito de enriquecimiento ilícito cometido. La protección y defensa a ultranza que le brindó Correa fue uno de los primeros indicadores de que algo andaba mal.
Así fue, pues casi de inmediato el presidente Rafael Correa mostró su respaldo al ex ministro, le expuso su apoyo en el transcurso de la investigación, cuando lo visitó en la cárcel y defendió cada vez que pudo. “Raúl sostiene que no supo de la actividad delictiva...”, comentó en su enlace del 23 de mayo del 2009. Además, dijo que con la Constitución, a Carrión le correspondían medidas cautelares, como el arresto domiciliario, lo cual sucedió enseguida, aunque luego fue suspendida y volvió a la cárcel.
Tres días antes del feriado de Navidad del 2009, el ex ministro salió de prisión. Por el retraso en el trámite de dos procesos penales por peculado (malversación de fondos públicos) tanto en la Fiscalía como en la Corte de Justicia se aplicó la caducidad de la prisión preventiva con asombrosa celeridad. Al final, fue absuelto en dos procesos que enfrentó por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Luego Moreno y Montevideo, los traga cheques asesores también quedaron libres.
MINISTERIO DE LA SALUD.-
Otro foco de escándalos es el Ministerio de Salud que estuvo a cargo de Caroline Chang, una de las “mejosres ministras” según -su majestad-, sobre la que pesa un sinfín de acusaciones de adquisiciones con sobreprecios; como por ejemplo los pagos excesivos por el tamiflú, aprovechándose de la crisis de la gripe AH1N1, el negociado en la compra de camas hospitalarias y otros equipos médicos, y lo que más causó conmoción: la compra de 115 ambulancias que no eran más que simples furgonetas adaptadas.
Una última denuncia hace relación a un contrato suscrito bajo el sistema de adjudicación directa con Drager Medical Netherlands BV Zoetermeer, un consorcio holandés, cuya distribuidora en el país la hace la empresa Alem (en el 2005, el Comité Cívico Contra la Corrupción la incorporó en la lista negra de empresas, por negociar con sobreprecios), contrato en el que habría un presunto sobreprecio de 20 millones de dólares en la adquisición de equipos médicos para los hospitales públicos. Asimismo, se sabe de la compra de 28 ventiladores marca Evita en 77.135 dólares cada uno, mientras hay otras ofertas que cotizan el mismo producto en 37.000 dólares; la adquisición de 15 monitores desfibriladores marca Osatu de origen español en 22.154 dólares cada uno, mientras, el mismo producto marca Zoll (USA) se lo adquiere en 7.167 dólares; adicionalmente se recuerda que un contrato parecido con la misma empresa fue desechado en el IESS hace dos años, por los rumores de sobreprecio y corrupción que lo rondaban, pero en la “revolución ciudadana” no pasa nada.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Esta argolla de corrupción comenzó con el ex Ministro Jorge Marun, a quien se lo acusó de la entrega arbitraria de altos porcentajes de anticipos en contratos, los cuales llegan hasta el 75 por ciento, evadiendo cualquier tipo de control, así como la falta de sanciones a las contratistas por el retraso en el avance de obras, que ha sido evidente en un importante número de vías, a nivel nacional, por lo cual, las ilegalidades cometidas por el funcionario determinan que a más de ser enjuiciado políticamente, habría indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado, ya que incluso la Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la suscripción de varios contratos.
Marún y el actual Prefecto de Loja de PAIS, Rubén Bustamante, quien también fuera ministro (e) de Transporte y Obras Públicasfue fueron acusados además de irregularidades en el Plan Relámpago de Vialidad que tenía previsto construir 67 obras por $1 300 millones, pero dos años después la mayoría de las obras no están terminadas. Las denuncias siguieron en contra del ex ministro de esta cartera David Ortiz, denunciado por corrupción en la edificación del cuarto puente en Babahoyo.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
En el Ministerio de Educación existien grandes casos de corrupción que no se han resuelto, entre los cuales se destaca la denuncia presentada en la Fiscalía por el Asambleísta Jorge Escala del MPD contra los ex funcionarios del período en el cual Raúl Vallejo fuera Ministro de esta cartera de Estado, tales como Edisón Vallejo, Director Nacional de la DINSE, Julie Ordóñez, Directora de Asesoría Jurídica, Carmen Rocío Abarca Roa, Secretaria del Comité de Contratación y Manuel Humberto Buenaño, Director de Recursos Humanos, quienes constituyeron una mafia y al margen de la Ley de Contratación Pública, contribuyeron para que la entidad adjudique contrato a sus familiares por millones de dólares
Pero no solo eso, Vallejo también cometió peculado debido a que utilizó dineros públicos para promocionar una tamaña mentira, atentando contra la fe pública al realizar una falsa declaración de “Ecuador Patria Libre de Analfabetismo”; este ex Ministro también cometió actos de corrupción en la asignación del presupuesto para restaurar la infraestructura escolar a través de la DINSE; incumplió la entrega de los nombramientos y partidas docentes creadas en el 2007, y no repuso el desdoble de partidas dejadas por los docentes jubilados desde el año 2006..
No cumplió con el pago a cuarenta mil maestros del remanente del bono fronterizo para las provincias Amazónicas y Galápagos, de septiembre a diciembre del 2007 por más de 13 millones de dólares, violentó derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en la educación intercultural bilingüe; mantiene, en continuidad con la Ministra actual a más de 50 mil docentes contratados en condiciones de precariedad, es decir, sin garantizarles estabilidad laboral; Se mantienen más de 5 mil escuelas unidocentes sin hacer nada por cambiar esta realidad hasta la presente fecha y se incumple la obligación legal de afiliar al IESS a los educadores populares, quienes han ganado demandas judiciales, producto de lo cual existen glosas por más de 18 millones de dólares. Por si fuera poco se aumenta el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de 10 millones de dólares, pero contrario a ello, se disminuyen los centros educativos que reciben este beneficio y en muchos casos se entregan productos no aptos para el consumo humano, dejando entrever que la plata se esfumó en otras cosas menos en la alimentación de nuestra niñez y adolescencia.
MINISTERIO DE DEFENSA
El caso más sonado y que salió a la luz pública por el hermetismo con que se maneja esta cartera de Estado fue por la compra de 7 helicópteros Dhruv con un costo para el Estado de más de 42 millones de dólares a la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), luego de que en ocasiones anteriores habían fracasado cuatro procesos de compra de helicópteros a esta misma empresa por no cumplir con las normas técnicas requeridas, compra que finalmente se ejecutó sin que se cumplan las especificaciones técnicas determinadas en el artículo E de las bases del concurso establecidas por la FAE, recordaremos que incluso una de estas naves se accidentó el 27 de octubre de 2009 en Quito. El artículo 257 del Código Penal determina peculado si se adjudica un contrato sin cumplir con la normativa.
Por otro lado, este gobierno no solo ha dejado develada su imagen de corrupción, sino que además se ciernen muchas dudas al respecto del asesinato de Jorge Gabela Bueno, de 56 años, quien fue el primer comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en este régimen, el cual murió en la mañana del 29 de diciembre de 2010, tras diez días de agonía en un confuso indecente relacionado a un robo, pues solo 24 horas antes del deceso, Patricia Ochoa de Gabela, había ratificado ante el Fiscal de Samborondón, René Astudillo, que el ataque contra su esposo el pasado 19 de diciembre fue un atentado, por las denuncias que realizó respecto a la compra de siete helicópteros Dhruv que concretó la nueva cúpula que lo relevó en abril de 2008, de lo cual precisó que Gabela tenía más de una información..
OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN
· Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, acusado de hacer fortuna en sus empresas a costa de la publicidad oficial.
· Vinicio Alvarado, secretario de la Administración, por haber recibido 10.000 dólares mensuales, de acuerdo a una denuncia del gerente de Casinos INVERMUN.
· Ricardo Patiño, ex ministro coordinador de la Política, acusado de promover una red de espionaje desde Carondelet, con los famosos “pativideos”.
· El fiscal de la Nación, Washington Pesantes, también llevó su parte por no tramitar las denuncias de posible corrupción contra Karla Chávez, alcaldesa de Babahoyo, Luis Monge, jefe político del cantón Guayaquil, Mercedes Diminich, Gastón Gagliardo y Juan Carlos Cassinelli, asambleístas de Alianza PAIS.
· Un informe preliminar de la Contraloría detectó errores en la aplicación de contratos y ejecución de obras en al menos 29 contratos suscritos por el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda, el 12 de octubre de 2010.
- El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Aguiñaga, hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y los notarios Marcos Díaz y Julio Olvera fueron llamados a juicio con orden de prisión preventiva por el juez IV de Garantías Penales del Guayas, Jorge Mestanza, por supuesta falsificación de documentos de ciudadanos cubanos
