Las actuales acciones de los estudiantes chilenos tienen un antecedente indispensable de ser señalado y que es la acción del movimiento estudiantil secundario iniciada en 2006 con tomas de colegios por exigir condiciones mínimas para sus establecimientos, y que avanzara hasta el 2008. Muchos de esos jóvenes son los que hoy, habiendo o no ingresado a alguna universidad, ponen en cuestión ya no sólo la educación sino la democracia heredada de la dictadura pinochetista.
En la memoria de los ecuatorianos debe estar una serie de intentos por impulsar en nuestro país las recetas neoliberales, que siempre fueron presentadas como exitosas, teniendo el ejemplo chileno en la punta de la lengua. Pero son precisamente esas propuestas las que ahora son cuestionadas con gigantescas movilizaciones en Santiago y las demás ciudades chilenas.
Lo primero, desde 2006, fue cuestionar la municipalización de la educación. Ésta no significó una descentralización efectiva y mucho menos democratizadora, sino una simple delegación de algunas funciones de administración a los municipios de manera desfinanciada y, sobre todo, una disfrazada privatización de las escuelas. Sólo los 32 municipios más ricos de los 345 de Chile contaban con equipos técnicos especializados después de tantos años y una situación aún peor se presenta en los sostenedores privados que reciben subvenciones del Estado. La calidad de educación no era un tema de interés cuando no era necesaria para garantizar el lucro privado. Desde la propia oficina regional de Unesco, años atrás se señaló que “la municipalización es una forma perversa de privatización”. Esto hubiese acontecido en el Ecuador si la UNE, las federaciones estudiantiles y otras organizaciones populares y de izquierda no hubiesen tenido firmeza en sostener que siendo un derecho humano básico, la educación debía contar como responsable principal y directo al Estado central.
Ligado a esto está el cambio de sentido de la educación. En Chile la dictadura neoliberal y sus sucesores de la concertación rompieron el criterio de que la educación es un derecho humano básico y, por tanto, que debe ser garantizado por el Estado y gratuito para los poseedores de ese derecho que son todos los seres humanos, y la convirtieron en un simple servicio, el mismo que debe ser pagado. A nivel universitario, esto involucra sistemas de crédito que cada vez se convierten en más difíciles de cancelar y además, son un mecanismo de segregación que afecta a talentosos jóvenes hijos de trabajadores y habitantes de barrios pobres. Una vez más, vale recordar quiénes en el Ecuador defendieron el derecho a la educación y lograron que la gratuidad sea un mandato constitucional y quién desde el poder se opuso a esa conquista social, o los que analizan a la educación como servicio que, como tal, puede ser puesto bajo las normas del mercado.
Bajo los principios de libertad de empresa, que nada tienen que ver con el derecho a la educación, en Chile los requisitos para que un colegio tenga reconocimiento oficial se redujeron a la mayoría de edad del proponente y nada que tenga que ver con la “calidad del servicio” dentro de la misma lógica neolibedral. Los sostenedores privados, a pesar de recibir subvención estatal, están autorizados a la búsqueda de máximo lucro y, por tanto, utilizan mecanismos autorizados para seleccionar a los estudiantes, pues si consiguen estudiantes y con buenas condiciones de vida, podrán hacer propaganda del éxito de su plantel y ampliar su capacidad de lucro.
Acá en el Ecuador también se propuso la subvención a las escuelas, e incluso la forma más extremamente neoliberal que es la de las llamadas escuelas charter y la entrega de bonos estatales a los padres de familia para que éstos escojan el plantel que deseen, en un tramposo mecanismo de su subvención indirecta a las escuelas privadas. Esto se explica porque en el dogma neoliberal “se insiste en el erróneo y fracasado sistema de financiamiento (supuestamente la demanda) por asistencia y alumno, en lugar de un financiamiento al derecho a la educación” (OPECH, 2009).
Las movilizaciones de los secundarios y universitarios han ganado fuerte respaldo de sus familias, de los profesores y de la sociedad porque denuncian además los parámetros que permitían a algunos hablar de calidad, cuando en realidad estaban hablando de la eficiencia en el gasto; a las evaluaciones homogeneizadas con las que se juzgaba como iguales a colegios ricos para ricos frente a colegios pobres para pobres (algo que se practica también en el Ecuador); a la desigualdad general del modelo neoliberal, que hace que Chile sea el segundo país con mayor inequidad en la región.
Un aspecto que se trajo al Ecuador y que bajo una falsa “meritocracia” se impulsa desde el gobierno actual, son los procedimientos de selección de alumnos que, en el caso chileno y otros, demuestran que siempre segregan a los más pobres; se pretende una supuesta “competencia entre iguales” desconociendo los determinantes sociales de los resultados educativos. Éste también es uno de los aspectos más cuestionados en Chile hoy, porque el resultado fue una fragmentación de distintos tipos de educación de acuerdo a las clases sociales de los estudiantes, incrementando la segregación social en lo que muchos docentes califican de “apartheid educativo”.
Cuando ahora se pide en Ecuador que los colegiales sean recibidos en orden de prioridad de acuerdo a su calificación, se olvida que un escolar con 15 puntos pero que por su situación familiar trabaja y ayuda a cuidar a sus hermanitos tiene más mérito que aquel que tiene 19 pero recibe todo el apoyo de una familia con formación académica. Lo que se hace, no es reconocer méritos sino segregar a los más pobres, lo que termina creando colegios de pobres.
Estos mecanismos hacen que la calidad esté al alcance sólo de quien pueda pagarla. Un requisito para eso es la destrucción intencionada de los sistemas educativos y la afectación a la calidad de la educación que reciben los sectores populares. En Chile se crearon cinco sistemas cerrados y excluyentes de administración y se debilitó la capacidad del Estado para regir sobre la educación del país, a más de hacer educaciones diferenciadas para cada clase social; mientras, en el Ecuador se desbarató el sistema educativo empleando proyectos de costosa deuda externa que construyeron islas e islotes de administración, lo que sumado a la desvalorización del trabajo docente y reducción del presupuesto educativo en los gobiernos neoliberales, buscó dañar a la educación fiscal para, de esa manera, justificar todos los mecanismos de privatización.
Un hecho final que vale la pena considerar es cómo la dictadura ilegalizó a las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios de Chile, muchos de cuyos dirigentes fueron detenidos y desaparecidos. Desde 1984 cuando se refunda a la Federación de Estudiantes de Chile (FECH – universitarios) y desde 1986 se re-articulan el movimiento estudiantil secundario (FESES, hoy ANES), organizaciones que con avances y retrocesos llegarían en los últimos años a demostrar altísimos niveles de representatividad que llega más allá de los establecimientos educativos y de los estudiantes. El protagonismo de estas organizaciones y su claridad política, hoy los lleva a ser uno de los principales proponentes de una asamblea constituyente que permita superar la constitución y las leyes dejadas por Pinochet.
A pesar de las diferencias de las leyes dictatoriales y de la presencia en Chile de un gobierno abiertamente derechista, no tuvo como práctica inicial la detención de los dirigentes estudiantiles ni se les ha puesto juicio bajo acusaciones de terrorismo, lo que sí ha sucedido en el caso ecuatoriano. Esto no quiere decir que en Chile no avance la represión que se miró en la expulsión de la estudiante de 14 años de Eliseo Darío Salas que el 14 julio 2008 le arrojara agua de un cargo a la ministra de educación, así como ahora en la presencia de tanquetas en las calles, la violencia oficial en las manifestaciones, el desalojo de universidades con gases lacrimógenos, el amedrentamiento a los estudiantes en los liceos tomados, las veladas amenazas de muerte a Camila Vallejo, presidenta de la FECH, entre otras. Los gobiernos alejados de sus pueblos siempre esperan amedrentarlos para poder gobernar, intento que se desbarata tarde o temprano.
La democracia puede medirse en gran medida en la capacidad de participación y de acción de los pueblos a través de sus organizaciones. Por ello, internacionalmente se saluda en Chile estas grandes acciones como una demostración de democracia desde abajo y un despertar de las nuevas generaciones chilenas. Muy distinto a lo que hace el gobierno ecuatoriano, que pretende reducir a “corporativismo” toda organización popular y someterla a los epítetos que el Presidente y sus funcionarios sean capaces de recordar. Ahora, quien valore la acción de los estudiantes chilenos, tiene la obligación de ser coherente y defender el derecho a la organización de los estudiantes ecuatorianos, reconocer el alto valor de sus análisis sobre la realidad educativa y nacional y comprender que la receta neoliberal en educación no puede traer más que daño a la educación y al futuro de un país. Hay quienes deberían pensar también sobre sus posiciones en el pasado respeto a temas como los planteados aquí. Permitamos que la vida nos enseñe.
6 de septiembre de 2011.
