Calificado durante años como el más socialcristiano de los jueces, ahora defiende las decisiones del gobierno de Rafael Correa, incluida la restructuración judicial y el estado de excepción
Quienes caminan por años por los pasillos de la Corte de Justicia de Guayaquil comparan la emblemática figura de Ángel Rubio Game, ahora juez primero de Garantías Penales del Guayas, con la de un buen equilibrista en la carpa de un circo.
A Rubio siempre le ha acompañado "la buena estrella" de trabajar por casi 24 años en la Función Judicial y estar en el lado político ganador.
Ahora como presidente de la Federación de Asociaciones Judiciales del Ecuador, a donde llegó en octubre de 2010 en medio de conflictos con el dirigente Fidel Chiriboga, Rubio ha justificado el estado de excepción en la Función Judicial decretado por el mandatario Rafael Correa, lo que le ha valido una felicitación presidencial.
Dos años antes, en noviembre de 2009, sin embargo, aceptó una fianza de $500 para liberar a Giancarlo Zunino y Félix Pilco, de la Junta Cívica de Guayaquil, presos por colocar pancartas contra Correa.
Rubio fue el joven fiscal que en 1982, y a sus 28 años de edad, recogió la denuncia del entonces aspirante a la Presidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado León Febres Cordero (+), contra el gobernador del Guayas, Juan Pablo Moncagatta, de irregularidades en la venta de lotes de la isla Santay. Para Rubio, fue su mejor ingreso a los tribunales del Ecuador.
Su estrella decayó cuando en 1988 fue separado de la Justicia por disposición del presidente de la Corte de ese entonces, Luis Herrería. Retornó a la Función Judicial en 1993 en el gobierno de Durán Ballén.
Rubio se mantuvo en la línea de acoger denuncias del PSC. En 1995 como juez investigó en Guayaquil las cuentas del Banco del Pacífico, dentro del caso de gastos reservados que le costó la huida a Costa Rica al ex vicepresidente Alberto Dahik, enemigo declarado de Febres Cordero.
En las irregularidades encontradas en la Garita 3 de la terminal terrestre de Guayaquil no juzgó a dirigentes del PSC y más bien envió el caso a la justicia policial.
Esa postura de estar en el filo del equilibrio político hizo que se ganara críticas del alcalde Jaime Nebot, que en 2006 acusó a Rubio de otorgar libertad a delincuentes peligrosos.
Y como ocurre con los equilibristas, su contorsionismo político lo llevó a criticar a Nebot, por su manotazo dado al juez temporal undécimo de lo Civil, Wilson Luque.
Entre 2003 y 2004 el nombre del juez Rubio apareció en la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que penalizó al Estado ecuatoriano a pagar 393 120 euros de indemnización a favor del francés Daniel Tibi por detención arbitraria, tortura, violación al debido proceso e incautación de sus bienes por parte de la Policía.
En ese tiempo Rubio afirmó que ordenó la detención de Tibi basado en el informe policial que lo responsabilizó por su participación en la venta de alcaloides en Quito, donde fue detenido por la Policía.
En octubre de 2006 la Embajada de los Estados Unidos le revocó su visa. "Existen distintos criterios para aplicar esta sanción, uno de los cuales es la sospecha de actos de corrupción", dijo la Embajada.
Rubio fue quien ofició a la Policía para que allanara la casa y se capturara al periodista de El Universo, Peter Tavra Franco, sentenciado a seis meses de prisión y al pago de $3 mil por la Tercera Sala Penal del Guayas en 2010, dentro del juicio por injurias que le interpuso Mónica Carrera L.
En el juicio por contagio de sida en la clínica de Galo Garcés iniciado el 22 de octubre de 1996, Rubio cerró el sumario y tras el dictamen fiscal del 21 de octubre de 1998, llamó a juzgamiento a los acusados.
En 1989 en Miami, Rubio fue detenido al salir de la tienda Burdines, acusado de sustraerse una prenda, valorada en $36. (AM)
Tomado de diario Hoy
