Editorial del Semanario En Marcha
Un proyecto político que se propone reivindicar los derechos e intereses de los trabajadores y el pueblo tiene éxito únicamente cuando éstos apoyan de manera entusiasta las medidas para ello adoptadas y, por supuesto, a quienes se encuentran al frente de esa acción. En nuestro país se está produciendo un fenómeno de esta naturaleza, tras dos años de gobierno y de un período de aguda confrontación política entre las fuerzas que propugnan el cambio y las que aspiran mantener el statu quo, la mayoría de ecuatorianos ratificaron a Rafael Correa en la Presidencia de la República y votaron por candidatos que representan o enarbolan posiciones progresistas y de izquierda revolucionaria.
La defensa de la soberanía nacional ejecutada por el gobierno en temas como el de la invasión a Angostura, la expulsión del país de elementos desenmascarados como agentes de la CIA o el pedido de que la base gringa de Manta deje de funcionar producen adhesión popular, al igual que acciones como la entrega a los campesinos de haciendas confiscadas a banqueros corruptos, como ha sucedido en estos días. Por supuesto hay muchos más ejemplos de acciones positivas ejecutadas por el gobierno que alimentan la confianza de que sí es posible lograr el tan anhelado cambio económico, político y social.
Sin embargo, es evidente que a la par de lo dicho, el gobierno también asume medidas que resienten a diversos sectores populares y, consecuentemente, resquebrajan lo que debería ser una gran frente de apoyo popular al proyecto de cambio. Equivocado fue el tratamiento dado por el gobierno al tema minero al permitir la explotación a cielo abierto y a gran escala y abrir las puertas para que empresas extranjeras se beneficien de concesiones; también yerra ahora al llamar a un proceso de renegociación de la deuda externa, cuando el mismo Correa la calificó de ilegal, inmoral y por lo tanto no se la debe pagar.
Esos dos ejemplos, no los únicos, que han producido críticas y aún distanciamientos de algunos sectores que han apoyado al gobierno. A esos, ahora hay que sumar dos nuevas equivocaciones: las pruebas de evaluación al magisterio y la promulgación del decreto 1701 que han provocado la justa reacción de maestros y trabajadores.
Dejando a un lado lo que implica un proceso de evaluación integral el Ministerio de Educación, lejos de hacer un diagnóstico de en qué condiciones dejó treinta años de neoliberalismo al sistema educativo ecuatoriano, se propone “evaluar” a uno de los sectores que fue víctima de todas las políticas neoliberales. Por ello tiene razón la UNE al oponerse a ese tipo de evaluación, y ha sostenido la necesidad que se empiece por la evaluación diagnóstica de todo el sistema educativo, para culminar con una evaluación cuantitativa a los maestros.
En el caso del decreto 1701 el gobierno está afectando a miles de trabajadores del sector público al plantear generalizar la revisión de todos los contratos colectivos y dejar sin espacio el derecho a la contratación colectiva. El gobierno ha recogido, en el mismo decreto, la medida adoptada en gobiernos anteriores de reclasificar a los trabajadores y, a causa de ello, sacarlos del régimen del Código del Trabajo y hacerlos depender de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
El gobierno debe rectificar en este tipo de medidas, caso contrario está mellando los cimientos de su propio proyecto.
