Como resultado de una mal intencionada campaña efectuada por el Ministerio de Educación, se ha creado en la opinión pública la equivocada idea de que el magisterio ecuatoriano se opone a un proceso de transformación y mejoramiento integral del sistema educativo y, dentro de él, a un mecanismo de evaluación a los maestros. Nada más falso y absurdo.
La preocupación de la Unión Nacional de Educadores por alcanzar una educación de calidad para nuestro pueblo se ha expresado en múltiples propuestas formuladas desde hace treinta años. Particularmente destacamos nuestra iniciativa contenida en la Ley de Educación con Participación Social, elaborada en 1999, en la que propugnamos instaurar un mecanismo de contraloría social para la rendición de cuentas desde la dirección hacia la base del sistema educativo, lo que deja en claro que por iniciativa de la UNE surgió el planteamiento de evaluar a todos los actores del sistema educativo. Definimos una Filosofía de la Reforma Educativa (1982); diseñamos el Marco Teórico del Movimiento Pedagógico Alternativo (1991); presentamos la propuesta de Transformación Educativa (1994); elaboramos los Lineamientos para Democratizar la Escuela Ecuatoriana (1998); delineamos la propuesta Educación para la Emancipación (2007). Todo ello en Conferencias y Congresos Pedagógicos, con la participación democrática de maestros, padres familia, estudiantes, facultades de filosofía, institutos pedagógicos y autoridades educativas. A su vez destacamos nuestra participación en las Conferencias Nacionales Educación siglo XXI. Queda en claro nuestro esfuerzo por mejorar la calidad de la educación.
Asumimos la evaluación del desempeño docente como una necesidad, pero restringir el diagnóstico educativo a los resultados obtenidos por los maestros en una prueba de ciento ochenta preguntas resulta peligroso y unilateral. Para transformar la educación es indispensable iniciar por el diagnóstico integral, serio y responsable de lo que ocurre en todo el sistema, para contar con los elementos necesarios y avanzar en el rediseño de la reforma educativa, el sistema de formación y actualización docente, el sistema nacional de evaluación y el mejoramiento de las condiciones de vida de docentes y estudiantes.
La evaluación debe ser conducida por el organismo que establece la Constitución en el art. 346 que señala: “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”. Este precepto constitucional no es cumplido por el Ministerio de Educación, motivo por el cual nos hemos acogido al derecho a la resistencia consagrado en el art. 98 de la Constitución vigente.
La inconstitucional y punitiva evaluación planteada por el Ministro Raúl Vallejo busca descargar la responsabilidad de la crisis educativa sobre los maestros y apela a las sanciones como supuesta fórmula para alcanzar la “excelencia”. Los maestros y maestras ecuatorianos (as), al igual que los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador somos víctimas del neoliberalismo que hizo todo lo posible por desarticular y desprestigiar a la escuela pública. En correspondencia con el discurso del Presidente Rafael Correa de poner fin a la larga noche neoliberal, el Ministerio de Educación debe entender que los cambios educativos se hacen con los profesores y no en contra de ellos. El magisterio no es responsable de la crisis de la educación.
Contradice el espíritu de un gobierno democrático el envío a la Asamblea Nacional de las Reformas a la Ley de Carrea Docente y la promulgación de los decretos ejecutivos 1724 y 1740 y el acuerdo ministerial 1025 que buscan amedrentar y sancionar a los docentes que no asistan a la inconstitucional evaluación. Ese marco jurídico violenta el artículo 349 de la Constitución que garantiza, entre otros aspectos, la estabilidad de los docentes ecuatorianos.
Convencidos de la necesidad de fortalecer el proceso de cambio que vive el país y como un nuevo mecanismo para incorporar a todos los actores del proceso educativo al mejoramiento del mismo, proponemos desarrollar un Diálogo Social por el Mejoramiento de la Educación Pública que trace los lineamientos de lo que debe ser una verdadera reforma educativa democrática.
Rechazamos las expresiones de corruptos, mediocres y aprovechadores formulados por el Presidente Correa en contra de la dirigencia de la UNE y de los maestros; nosotros no caeremos en ese discurso. Por sobre la intemperancia está nuestro compromiso con la Patria, la niñez, la juventud y los cambios por los que luchamos. Reconocemos la solidaridad brindada por los padres de familia y los estudiantes entendiendo que esa actitud responde también a la necesidad de defender la educación pública.
Comité Ejecutivo Nacional de la UNE
La preocupación de la Unión Nacional de Educadores por alcanzar una educación de calidad para nuestro pueblo se ha expresado en múltiples propuestas formuladas desde hace treinta años. Particularmente destacamos nuestra iniciativa contenida en la Ley de Educación con Participación Social, elaborada en 1999, en la que propugnamos instaurar un mecanismo de contraloría social para la rendición de cuentas desde la dirección hacia la base del sistema educativo, lo que deja en claro que por iniciativa de la UNE surgió el planteamiento de evaluar a todos los actores del sistema educativo. Definimos una Filosofía de la Reforma Educativa (1982); diseñamos el Marco Teórico del Movimiento Pedagógico Alternativo (1991); presentamos la propuesta de Transformación Educativa (1994); elaboramos los Lineamientos para Democratizar la Escuela Ecuatoriana (1998); delineamos la propuesta Educación para la Emancipación (2007). Todo ello en Conferencias y Congresos Pedagógicos, con la participación democrática de maestros, padres familia, estudiantes, facultades de filosofía, institutos pedagógicos y autoridades educativas. A su vez destacamos nuestra participación en las Conferencias Nacionales Educación siglo XXI. Queda en claro nuestro esfuerzo por mejorar la calidad de la educación.
Asumimos la evaluación del desempeño docente como una necesidad, pero restringir el diagnóstico educativo a los resultados obtenidos por los maestros en una prueba de ciento ochenta preguntas resulta peligroso y unilateral. Para transformar la educación es indispensable iniciar por el diagnóstico integral, serio y responsable de lo que ocurre en todo el sistema, para contar con los elementos necesarios y avanzar en el rediseño de la reforma educativa, el sistema de formación y actualización docente, el sistema nacional de evaluación y el mejoramiento de las condiciones de vida de docentes y estudiantes.
La evaluación debe ser conducida por el organismo que establece la Constitución en el art. 346 que señala: “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación”. Este precepto constitucional no es cumplido por el Ministerio de Educación, motivo por el cual nos hemos acogido al derecho a la resistencia consagrado en el art. 98 de la Constitución vigente.
La inconstitucional y punitiva evaluación planteada por el Ministro Raúl Vallejo busca descargar la responsabilidad de la crisis educativa sobre los maestros y apela a las sanciones como supuesta fórmula para alcanzar la “excelencia”. Los maestros y maestras ecuatorianos (as), al igual que los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador somos víctimas del neoliberalismo que hizo todo lo posible por desarticular y desprestigiar a la escuela pública. En correspondencia con el discurso del Presidente Rafael Correa de poner fin a la larga noche neoliberal, el Ministerio de Educación debe entender que los cambios educativos se hacen con los profesores y no en contra de ellos. El magisterio no es responsable de la crisis de la educación.
Contradice el espíritu de un gobierno democrático el envío a la Asamblea Nacional de las Reformas a la Ley de Carrea Docente y la promulgación de los decretos ejecutivos 1724 y 1740 y el acuerdo ministerial 1025 que buscan amedrentar y sancionar a los docentes que no asistan a la inconstitucional evaluación. Ese marco jurídico violenta el artículo 349 de la Constitución que garantiza, entre otros aspectos, la estabilidad de los docentes ecuatorianos.
Convencidos de la necesidad de fortalecer el proceso de cambio que vive el país y como un nuevo mecanismo para incorporar a todos los actores del proceso educativo al mejoramiento del mismo, proponemos desarrollar un Diálogo Social por el Mejoramiento de la Educación Pública que trace los lineamientos de lo que debe ser una verdadera reforma educativa democrática.
Rechazamos las expresiones de corruptos, mediocres y aprovechadores formulados por el Presidente Correa en contra de la dirigencia de la UNE y de los maestros; nosotros no caeremos en ese discurso. Por sobre la intemperancia está nuestro compromiso con la Patria, la niñez, la juventud y los cambios por los que luchamos. Reconocemos la solidaridad brindada por los padres de familia y los estudiantes entendiendo que esa actitud responde también a la necesidad de defender la educación pública.
Comité Ejecutivo Nacional de la UNE
