Editorial del semanario En Marcha
El imparable aumento de la inseguridad en el país ha llevado al Presidente Correa a plantear la ejecución del denominado plan “No más impunidad” como el mecanismo que permitirá bajar los índices delictivos. La nada ingeniosa propuesta consiste en publicar en posters, medios de prensa escritos y televisivos las listas y rostros de los delincuentes más buscados para que la población los reconozca y reciba recompensas si colabora con información para su captura. Dice que se está luchando contra el crimen organizado y “ahí no sirven más patrulleros, más motos; ahí sirve inteligencia, información”.
Antes, altos funcionarios del gobierno -como el ahora asambleísta Fernando Bustamante- y el propio Correa sostenían que el tema de inseguridad no era un hecho real, sino simple “percepción”, es decir algo así como una alucinación de los ecuatorianos. Mas, como los muertos, las víctimas de los secuestros express y de los asaltos eran seres de carne y hueso, con bastante retraso Correa tuvo que reconocer que en realidad ese era un grave problema, pero que él no “tenía el suficiente conocimiento de cómo enfrentar este tema”. Por cierto, no solo eso desconoce: en el campo de la economía, de la salud, de la educación, de la política migratoria también ha mostrado insuficiencias.
Cuando se escucha al Presidente que el sustento del plan propuesto radica en que la población cumpla la función de informantes resulta imposible no recordar la Política de Defensa y Seguridad Democrática aplicada por Álvaro Uribe en Colombia, que entre otros mecanismos contemplaba la conversión de la población en soplones de los aparatos de seguridad del Estado. ¿Y por qué la preocupación? Porque el mismo Correa –al presentar la propuesta- advirtió que se la aplicaría para reconocer y sancionar a quienes actuaron en el levantamiento policial del 30 de septiembre. Es decir, se busca establecer un programa que bajo el membrete de enfrentar a la delincuencia se lo utilizará con claros fines políticos.
Tomando en consideración que el gobierno lleva en curso un proceso de criminalización de la protesta social, no sería raro que los luchadores populares sean víctimas de este mecanismo, bajo el argumento que se quiere precautelar la estabilidad democrática y combatir al terrorismo.
