Una ley para fraccionar al país

Guido Proaño A.


Quienes reclaman urgentes procesos de descentralización son las “cúpulas económicas… que pretenden feudalizar el Estado para retornar a los viejos moldes del caciquismo o el ejercicio del poder en niveles casi prepolíticos por parte de los pomposamente autodenominados notables, cabezas visibles de redes de influencia, poder, corrupción y clientelismo en el ámbito local”. Así opinaba en abril de 2004 el alcalde de Quito, General Paco Moncayo, en un artículo escrito bajo el título “ECUADOR: El Reto de la Descentralización”, que se lo puede encontrar en la web de la Izquierda Democrática.

Al poco tiempo, y con seguridad fruto del maridaje de la ID con el PSC, Moncayo ha dado a luz un nuevo pensamiento al respecto; ahora, junto a Jaime Nebot y otros alcaldes y prefectos de esos partidos, es uno de los impulsadores de la Ley Orgánica del Sistema Autonómico, con la que se busca llevar a tope la descentralización.

La propuesta no solo tiene problemas de orden legal; también trae consigo trampas que provocarán el ahondamiento de problemas que, supuestamente, se propone resolverlos. Es el instrumento deseado por grupos locales para afirmar su poder político y económico en determinadas regiones.

Ni el artículo 228 de la Constitución, ni el artículo 238 de la misma Carta, que son invocados como base para expedir la ley, le otorgan sustento legal. El primero determina de manera expresa cuáles son los organismos autónomos (consejos provinciales, concejos municipales, juntas parroquiales); y, el segundo (que trata de los regímenes especiales) describe al régimen especial con referencia demográfica y ambiental. En ningún lado la Constitución establece un régimen especial autonómico, por lo que, para aprobar dicha ley, previamente habría que reformar aquella, amén de otras ilegalidades contenidas, como la que establece la subrogación de los organismos legislativos y el desconocimiento de los mecanismos jurisdiccionales para la solución de conflictos.

Promover el desarrollo económico y el bienestar social en todas las regiones del país ha sido expuesto como motivo central. El excesivo centralismo –se dice- habría sido la causa para el desigual desarrollo regional y la pobreza. Sin embargo, de aplicarse este régimen los resultados serían negativos.

Es innegable la existencia de dos polos de desarrollo (Pichincha y Guayas), que concentran, de manera porcentual y absoluta, recursos económicos, industrias, bancos, empresas comerciales, servicios, fuerza de trabajo en general y calificada; el 81,5% de las recaudaciones totales del país (2005) están en estas dos provincias, así como también son, junto a Los Ríos y Manabí, las que mayor colocación de inversiones reciben, todo lo cual las pone en condiciones ventajosas y únicas sobre el resto, para afirmar su desarrollo, lo que a su vez es premisa para profundizar el desigual crecimiento regional. Únicamente esas dos provincias garantizan su autosostenimiento, a partir de la recaudación de impuestos.

Estudios respecto de la pobreza en el país, concluyen que mientras más pequeño es el nivel de gobierno, mayor es el porcentaje de la pobreza; en otras palabras, en las grandes ciudades, porcentualmente hablando, la pobreza es menor. Y son esos pequeños cantones los que carecen de recursos materiales y económicos para atender las necesidades de su población, por lo que se los condena al atraso y miseria. La única vía para obtener recursos radica en el establecimiento de impuestos que, dadas las condiciones de vida de sus habitantes, no están en capacidad de cubrirlos, lo cual no implica que aboguemos por ese mecanismo para resolver las necesidades financieras de los gobiernos seccionales.

Eso mencionamos a propósito del requisito básico para obtener el estatuto autonómico que demanda un elemento mínimo poblacional de 200 mil habitantes, caso contrario deberá constituirse una mancomunidad que desembocará en el aumento del aparato burocrático en medio de tanta carencia económica. Mas, los proponentes dejan abierto el camino para el tráfico de influencias, cuando entregan a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) la capacidad de dar el visto bueno “respecto de la viabilidad técnica, económica y operativa para convertirse en Gobierno Autónomo” a los cantones o provincias que individualmente no cumplan con el requisito poblacional previsto. Sépase que solo siete cantones superan el mínimo de 200 mil habitantes.

El propósito fundamental del proyecto es debilitar al Estado Nacional, a través de un proceso de distribución territorial del poder entre los grupos monopólicos, que buscan afirmar su control económico y político en las regiones en donde han alcanzado mayor desarrollo. Bien puede decirse que han llegado a un consenso para respetar sus zonas de influencia.

El establecimiento, en los hechos, de pequeños estados en manos de los caciques y grupos económicos y políticos locales, no solo será aprovechado para la acumulación capitalista de aquellos; el capital financiero imperialista es uno de los principales beneficiarios, al tener mejores condiciones de negociación frente a gobiernos pequeños y débiles.

La crítica al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico no implica la defensa del Estado actual, y no solo por su condición burocrática y las evidentes expresiones de un centralismo dañino, sino, sobre todo, por su condición de instrumento de explotación al servicio de las clases dominantes.

Urge introducir mecanismos descentralizadores y desconcentradores en la administración estatal, de manera que se agilite la atención de las necesidades de las provincias, cantones, parroquias y sus habitantes; para limpiar la maraña burocrática que impide encontrar las huellas de quienes cometen actos de corrupción. Medidas que no deben llegar a la delegación de funciones en temas como educación, salud, explotación de recursos naturales, entre otros.

Ya hay experiencias negativas en este campo. La Ley de Descentralización y Participación ciudadana (1997) sirvió de base legal para traspasar competencias a los municipios en el manejo de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Lo primero que hicieron fue concesionarlos a empresas privadas; proceso similar ocurrió en Guayaquil con el agua potable, en donde se descubrió la contaminación del líquido con heces fecales. Interagua no respondió por ello, mucho menos el alcalde del puerto.

La corrupción carcome al sistema

Editorial del semanario En Marcha, edición 1341.



Ahora muy pocos se alarman con lo que pasa con la Policía Nacional, los actos de corrupción en su interior o en los que están comprometidos sus integrantes son tan frecuentes que poco a poco se convierten en lugar común. La socorrida frase “se trata de un caso aislado”, a la que acuden los jefes policiales cuando salta un nuevo escándalo ya no convence. Las supuestas excepciones son la regla.

Los más recientes escándalos tienen que ver con la desaparición de tres cientos mil dólares que se encontraban bajo su custodia en Machala, de lo poco que se pudo recuperar del fraude propiciado por el desparecido notario José Cabrera. En aquel suceso ya se observó cómo oficiales y tropa de la Policía y el Ejército se apropiaban del dinero, mientras otros utilizaban aviones de la FFAA para recuperar sus “inversiones”.
Ahora se ha descubierto la participación de miembros de la Policía en el intento de liberar –vestido con uniforme policial- a un narcotraficante que cumple una pena de treinta y cinco años de cárcel en Quito. La participación de policías en bandas de traficantes de droga o de extorsionadores, o “simplemente” de uniformados que disparan a matar cuando un civil no accede a sus chantajes, son muchos de los otros casos de corrupción que evidencian la degeneración, la crisis de la Policía. Por supuesto, en la mayoría de estos sucesos, su cúpula encuentra chivos expiatorios para salvar su responsabilidad.

La podredumbre que se observa en dicha institución no es mayor ni menor a lo que ocurre en otras. Magistrados dedicados al chantaje o a negociar sentencias; diputados que reciben al hombre del maletín para aprobar leyes antipopulares; vocales en el TSE que reciben sumas millonarias para cambiar sus votos; ministros que obtienen jugosas utilidades en la suscripción de contratos con empresas extranjeras; curas pedófilos, atracadores de los fondo públicos, en fin… la lista es larga y demuestra que la corrupción está presente en toda la institucionalidad burguesa.

Esto que está ocurriendo no es más que la expresión viva de la crisis del sistema capitalista, de un sistema que tiene en sus raíces la corrupción. No es casual que esta se presente en todo el mundo, y sean los altos funcionarios gubernamentales quienes se encuentren comprometidos con actos dolosos en todo lado, aprovechando sus funciones para beneficiar a sus empresas o para enriquecerse personalmente.

La burguesía siempre ha perseguido y perseguirá el enriquecimiento; no le importa su vía o mecanismos. Nuestro pueblo dice con sencillez y experiencia que “el que más tiene, más quiere”. Un ejemplo es Álvaro Noboa; no le son suficientes sus ciento diez empresas, ahora quiere comprar el país para aprovecharse de sus riquezas, para festinar los recursos naturales que pertenecen a todo el pueblo. Creer que porque es rico no va a robar no solo es una burda ilusión sino una gran mentira promovida desde los círculos del magnate bananero. Su riqueza está sustentada en la explotación, en la violencia ejercida sobre sus trabajadores, en el robo a uno de sus propios hermanos. Noboa es corrupto, como lo es la institucionalidad de este sistema.

No abandonar el discurso de la primera vuelta electoral

Editorial del semanario En Marcha, edición 1340

A escasos días de las elecciones del 26 de noviembre, se observan pocos cambios en la campaña de Álvaro Noboa, mientras que por el lado de Rafael Correa hay algunos que llaman la atención.
Noboa insiste en comprar la presidencia con ofrecimientos demagógicos, regalando camisetas y dinero por donde va y dando "circo" a quienes asisten a sus concentraciones, esperanzados en sacar algo de ellas. El candidato del PRIAN rebaja a sus electores a la condición de mendigos que corren desesperados tras las camionetas en busca de un pan o algo para vestir. Se trata de un espectáculo que han acostumbrado también hacerlo otros candidatos de la oligarquía como los del PSC o del PRE.
Aunque se han cuidado mucho en oficializar públicamente, los partidos de derecha como el Social Cristiano, Sociedad Patriótica, el PRE caminan con Noboa por la coincidencia ideológica y política y, en general, la más rancia oligarquía apuesta a esa candidatura, anhelando lograr su tan ansiada gobernabilidad, que no es otra cosa que un régimen que favorezca plenamente los intereses de las clases dominantes en medio de un control y represión al movimiento popular.
Por el lado de la candidatura de Rafael Correa, no está demás recordar que éste llegó a la segunda vuelta, fundamentalmente, por la acogida que tuvo el planteamiento de la Asamblea Constituyente, su oposición a la firma del TLC, así como el rechazo a la participación de Ecuador en el Plan Colombia y a la presencia de tropas yanquis en Manta. Con ese discurso ganó un electorado interesado en alcanzar un cambio social, en llevar adelante una reforma que golpee a los grupos políticos que se han turnado en el ejercicio del poder desde Carondelet. Sin embargo, en esta segunda ronda electoral Correa apunta mal, pues, erróneamente pretende competir en el terreno impuesto por el candidato del PRIAN. Si la oligarquía acude a la desesperación popular para conquistar su voto, ofreciendo casas, empleos y más cosas, sabiendo que no lo va cumplir, el candidato de Alianza País, no puede, no debe caer en lo mismo, buscando diferenciarse únicamente por el número de viviendas a construir o por el monto al que llegará un bono o un préstamo. Si Correa persiste en esa campaña va a borrarse el límite que diferencia a su candidatura que ha sido calificada como exponente de la izquierda, de la candidatura del derechista Álvaro Noboa.
Importantes sectores populares, de izquierdistas que no votaron por Correa en la primera vuelta, han decidido hacerlo justamente por que se presentó como una opción de cambio y como una oportunidad para frenar a la derecha; pero esos sectores no solo esperan que Correa mantenga su discurso de la primera fase electoral, sino inclusive que pueda radicalizare en algunos aspectos. El pueblo quiere cambios profundos; está cansado de ser objeto de burla y espera que Correa cumpla con su palabra.