jueves, octubre 30, 2008

Leer a Marx, moda o necesidad

Un editor alemán que publica literatura comunista constató que las ventas de la obra “El Capital” se incrementan de manera sistemática y progresiva. “En 2005 vendí 500 ejemplares, en 2006 unos 800 y en 2007, 1.300. En los primeros nueve meses de 2008 vendí ya 1.500. Las cifras en valores absolutos no son impresionantes, pero el progreso, sí”, aseveró. En tanto que la venta del Manifiesto del Partido Comunista, entre mayo y octubre de 2008, se incrementó en un 900% comparado con el 2007. Esta realidad le lleva a concluir que “una sociedad que siente nuevamente la necesidad de leer a Marx es una sociedad que se siente mal” a la vez que constata que “los lectores provienen de una joven generación académica que se ha dado cuenta que las promesas neoliberales de felicidad se han demostrado falsas”

La crisis financiera y la recesión económica que sacude al sistema capitalista imperialista mundial es la causa a la que se atribuye el incremento de las ventas en Alemania del I Tomo de “El Capital” de Carlos Marx y del “Manifiesto del Partido Comunista”, emblemática obra escrita por Marx y Engels. En estos históricos documentos científicos se exponen los fundamentos de sus concepciones sobre la economía capitalista; el análisis crítico de la misma, al poner en evidencia la explotación del trabajo asalariado, el origen de la concentración y acumulación de la riqueza, así como, las inconciliables contradicciones sociales que generan; la teoría de la lucha de clases y el papel del proletariado; la sustentación de sus convicciones socialistas a la luz de la concepción materialista dialéctica para demostrar el curso del desarrollo social y la inevitable transición revolucionaria del capitalismo al socialismo y comunismo.

Los datos antes referidos han motivado que en diferentes medios de prensa se diga que “Marx está de moda”; sin embargo, el fenómeno no puede ser explicado de forma tan simplista. Estudiar y releer las clásicas obras del creador del marxismo demuestra la necesidad de comprender la naturaleza de la crisis que afecta al sistema capitalista, pero, sobre todo, buscar la salida definitiva a la misma y encontrar la perspectiva del desarrollo histórico de la sociedad. Es una expresión de la pérdida de terreno de la prédica de los ideólogos burgueses que, a raíz de la debacle de los países de Europa del Este, teorizaron sobre el neoliberalismo como la panacea para resolver los problemas sociales y difundieron la idea que el socialismo es una utopía en tanto que quienes lo defendían eran unos dinosaurios.

La avidez por leer a Marx demuestra la renovada vitalidad de la teoría científica del socialismo y el comunismo, a la luz de la crisis general del sistema capitalista mundial.

25 Verdades sobre las elecciones en el país que tanto predica la "democracia" Otros artículos


Jean-Guy Allard*

Tan antidemocrático resulta el actual proceso regido por el obsoleto sistema de los Grandes Electores que la Corte Suprema de Florida no se molestó al subrayar que "el ciudadano individual no tiene derecho federal constitucional a votar por electores del Presidente de los Estados Unidos", al ser su voto un "privilegio" otorgado por el Estado y no reconocido por la constitución.

La lentitud del débil proceso de reforma del sistema electoral -cuyas reglas fundamentales fueron establecidas en 1787-, la corrupción generalizada a través de las contribuciones millonarias a los fondos de campaña y la enajenación político-cultural hacen descartar toda esperanza de una elección presidencial realmente democrática en un futuro previsible.

Estados Unidos, el país que tanto pretende imponer su versión de la democracia en cada rincón del mundo, posee uno de los sistemas electorales más complejos, incomprensibles e incongruentes del planeta. Aquí se exponen 25 de las muchísimas verdades que pudieran enumerarse acerca de las elecciones presidenciales de esa nación.

Las 25 verdades

1.- Al contrario de la mayoría de los países donde el ciudadano es inscrito en listas electorales a través de un proceso asumido por el Estado o se encuentra empadronado automáticamente por ser ciudadano, para tener derecho a votar el ciudadano norteamericano debe empadronarse por sus propios medios, realizando trámites que varían según su lugar de residencia, a veces por intermedio de activistas de algún partido.

2.- Lo que en otros países sería considerado como una flagrante violación de la confidencialidad del voto, se sugiere al ciudadano declarar su preferencia electoral entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Esa información, si es expresada, quedará luego accesible públicamente y se usará incluso para la definición de las circunscripciones.

3.- Más de cuatro millones de norteamericanos no pueden votar por estar presos, bajo libertad vigilada o, simplemente, por tener un antecedente penal de un delito mayor. Algunos estados prohíben votar de por vida a los ex penitenciarios.

4.- En cada elección, miles de votantes, aunque formalmente inscritos, son luego excluidos de las listas electorales, mediante una serie de trucos como el "caging" que permite eliminar a un elector si no contesta a una solicitud hecha por correo a su dirección. Entre las víctimas se encuentran los soldados estacionados en el extranjero.

5.- En las elecciones del 2000, en la Florida, Jeb Bush contrató a una empresa llamada Database, para que "depurara" las listas electorales: decenas de miles de electores empadronados en la en ese Estado fueron eliminados de los padrones. Respetables ciudadanos no pudieron sufragar porque sus apellidos eran fonética o gráficamente parecidos a los de personas con antecedentes de delitos mayores.

6.- La gran mayoría de las víctimas de tales procesos de exclusión son negros, latinos o miembros de minorías raciales, un sector de la población más propenso a votar por los demócratas. Un ejemplo: en la Florida, más del 30% de los hombres negros no pueden votar por tener antecedentes penales. Sin embargo, el Washington Post calculó en más de seis millones, en todo el país, la cantidad de personas contabilizadas más de una vez.

7.- De acuerdo a las quejas expresadas al terminarse el escrutinio del 2004, las irregularidades el día de votación son innumerables: además de la supresión deliberada del voto en zonas cuyos electores apoyan a los demócratas, de las urnas electrónicas que cambian el voto, de la anulación arbitraria de sufragios, el cómputo del voto es deliberadamente manipulado en numerosos distritos. El voto por correo es constantemente objeto de fraude. En el condado miamense de Broward, en el 2002, se determinó que 104 000 votos fueron omitidos por las máquinas y hasta 55 000 boletas perdidas en el correo.

8.- Caso único en el mundo, cada estado o municipio determina el método de votación: papel con lápiz, cartón con bolígrafo, tarjeta perforada, aunque cada vez más se favorece el voto computarizado, manejado por empresas dominadas por intereses republicanos. Los sistemas de votación dependen de cada estado y, dentro de éste, de cada condado.

9.- El controvertido uso de puestos de votación electrónicos que no emite recibos al votante, resultados de voto obviamente sin relación con la clientela electoral, fallos técnicos y demás desviaciones de resultados son constantemente (e inútilmente) objetos de denuncias, en cada escrutinio, en el territorio entero. En el 2002, en la Florida, un sistema electrónico de votación registró una tasa de participación de 900% en un sector de voto.

10.- Cerca del 50% de los ciudadanos habilitados para votar no votan, y de una elección a la otra, la tendencia a la abstención es galopante. Según un sondeo de la Universidad de Harvard y del diario The Wahington Post, uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto dice estar disgustado con la política electoral.

11.- El ciudadano norteamericano no vota por su candidato preferido sino a favor de un partido que designará Grandes Electores cuyo Colegio Electoral luego elegirá al presidente, sin obligación alguna de respetar el deseo del elector o a dar la presidencia al candidato con más votos. En el 2000, Al Gore tuvo la mayoría de los votos y George Bush recibió la Casa Blanca por el número de votos en el Colegio Electoral. En el 2004, la victoria republicana en Ohio fue también atribuida al fraude en la recopilación de los votos.

12.- Cada estado tiene un número de votos electorales según su población más los senadores con que cuenta, más el número de representantes a la Cámara Baja. ¿Entendió? ¿No? Normal, la mayoría de los norteamericanos tampoco. En virtud de esta regla, California tiene 55 Grandes Electores, siete Estados solo tienen tres. El régimen constitucional concede igual número de senadores a cada Estado, por despoblado que sea, con el resultado de que los estados pequeños tienen una representación desproporcionada en el Colegio Electoral.

13.- Casi nadie conoce a los Grandes Electores, personajes designados por los propios candidatos -parece que a nadie tampoco le importa su identidad.

14.- La fórmula "winner take all" (el ganador se lleva todo) es aplicada a los resultados del escrutinio en 48 Estados: el partido que más votos recoge en un Estado adquiere todos los Grandes Electores de este Estado. Esta regla garantiza a uno de los dos grandes partidos la victoria absoluta en cada estado y hace virtualmente imposible el acceso a un tercer partido al poder. Resulta que este sistema anula el voto de la mayoría de los votantes. Un candidato sólo tiene que recibir más votos que cualquier otro para llevarse todo el estado; los demás efectivamente no cuentan. Sólo dos estados (Maine y Nebraska) usan el sistema proporcional.

15.- El diseño y el rediseño de las circunscripciones se hace periódicamente en función de los intereses de los elegidos, según la ubicación de su clientela electoral, de tal forma que la gran mayoría de los representantes a la Cámara Baja son reelegidos sistemáticamente.

16.- Las contribuciones electorales son la base de la sobrevivencia política de los congresistas y de los partidos. Proceden en su gran mayoría de las grandes corporaciones que garantizan así la disponibilidad absoluta de los políticos hacia sus intereses. Las contribuciones de empresas a través de llamados Comités de Acción Política o manejados por miles de lobbyistas, alcanzan sumas multimillonarias. Aunque algunas leyes pretenden limitar el valor de las donaciones individuales, es conocido que grandes contribuciones se realizan de todas formas a través del uso de distintas identidades de supuestos donantes.

17.- En quince estados las elecciones son regidas por un Secretario de Estado, nombrado por el Gobernador. En el 2004, en la Florida y en Ohio, los secretarios de Estado fueron a la vez copresidentes de las campañas de Bush en su área.

18.- En las elecciones del 2004, miles de votantes demócratas fueron recusados por el Partido Republicano objetando, sin motivo real, su derecho a votar. Esta técnica es utilizada por todos los partidos. Fiscales federales fueron despedidos por negarse a contribuir a este esquema fraudulento.

19.- Las presidenciales tienen lugar siempre un martes cuando la mayoría de los electores están en el trabajo. A pesar de las leyes, no se les permite a numerosos trabajadores ausentarse de su centro de trabajo ese día. Los horarios de apertura de los puntos de votación no dejan tiempo a mucha gente para llegar a su circunscripción a ejercer el voto.

20.- A menudo se provocan, a propósito, largas colas en determinados puestos de votación, con la consecuente espera, lo que impide a muchos ciudadanos expresar su voto. En el 2004, el promedio de espera fue de 12 minutos en los barrios blancos y de 58 en los barrios negros.

21.- Para ser reconocido nacionalmente para las presidenciales, un tercer partido tendría que reunir 73 000 firmas en Oklahoma; 165 000 en California; más de 100 000 en Carolina del Norte y en Florida, según las exigencias diferentes de cada Estado. El total para el país entero sería de más de un millón.

22.- Reglamentaciones locales impiden o restringen, en varios lugares, a candidatos de un tercer partido manifestarse en lugares públicos. La policía se encarga de aplicar rigurosamente las voluntades de los funcionarios y de los politiqueros locales. El Partido Demócrata gasta millones en abogados para impedir, mediante demandas de hostigamiento, que terceros candidatos logren estar en la balota de cada estado. Los dos partidos y los medios de comunicación no permiten que terceros candidatos participen en ningún debate, excluyendo hasta candidatos de sus propios partidos que se hayan desviado de la línea de su monopolio político.

23.- Los medios de comunicación, que viven de la publicidad comercial de los grandes consorcios y que se benefician de las campañas millonarias de los grandes partidos, ignoran sistemáticamente a los candidatos de los terceros partidos.

24.- Los candidatos a la presidencia de los grandes partidos concentran su campaña en una docena de Estados ("swing states"), los únicos cuya votación no es totalmente predecible y cuyo peso en términos de Grandes Electorales puede afectar el resultado final.

25.- Según sondeos, una gran mayoría de los electores desean elegir al presidente en sufragio universal. De manera evidente, a pocos políticos les conviene cambiar un sistema que les asegura, en muchos casos, reelecciones casi automáticas.

¿Hay esperanza de que los norteamericanos, algún día, tengan un sistema electoral que respete las normas universalmente reconocidas de voto?


*) Jean-Guy Allard, periodista canadiense que trabaja en Granma Internacional, Cuba.

lunes, octubre 27, 2008

Equivocada respuesta de Correa

Equivocada la reacción de Rafael Correa frente a la movilización de los estudiantes secundarios, como negativa es la actuación del Ministro de Educación, Raúl Vallejo, que deliberada y malintencionadamente ha retrazado la entrega de un carné estudiantil que él, personalmente, se comprometió hacerlo hace dos años.

El rechazo de los estudiantes secundarios a la pretensión de los monopolistas del transporte de elevar las tarifas y el reclamo para que se cumpla con la entrega del carné estudiantil son acciones por demás justas. Con esa actitud no hacen otra cosa que combatir a un sector (los monopolistas del transporte) que tradicionalmente se ha identificado con el socialcristianismo y ha mantenido posiciones antipopulares; al mismo tiempo luchan por precautelar la economía de los hogares populares, afectada por la escalada alcista en el costo de la vida que no ha podido ser controlada por el gobierno central.

En una conducta que expresa madurez política, los dirigentes de la FESE han sabido distinguir claramente los blancos de su lucha, sin ubicarse en el plano de una fuerza de oposición al gobierno, como ha sido la pretensión de la derecha que, a su vez, hace esfuerzos por mostrar un supuesto quebranto o ruptura al interior de la tendencia democrática y progresista que apoya al gobierno, de la que los dirigentes estudiantiles reivindican ser parte. Sin embargo, Correa no actúa en correspondencia con aquello y ha pedido la expulsión de 16 estudiantes, entre ellos dos dirigentes de la FESE. El Presidente equivoca al no distinguir el derecho que tiene cualquier sector popular a demandar la atención de sus reivindicaciones y necesidades, de la provocación que puede surgir desde la derecha o de otro sector que busque torpedear el proyecto político en curso. El movimiento estudiantil secundario no responde a la política de la derecha, es, por el contrario, una fuerza que combate por el cambio motivada por visiones progresistas y antioligárquicas.

No es incompatible la movilización popular con la presencia de un gobierno democrático; todo lo contrario, es una necesidad para recordar o afirmar en él su razón de ser y, en otros casos, indispensable para mostrar a los enemigos del pueblo en dónde radica la fuerza del proyecto. Tal como han señalado los dirigentes estudiantiles, Correa debe pedir cuentas al Ministro de Educación por su actitud negligente en el tema del carné estudiantil y no debería mostrar una faceta que, en este caso, no le diferencia de gobiernos anteriores. Más aún, ninguno de los precedentes se atrevió a solicitar expulsión de estudiantes, en una lucha que viene desde hace cinco años.

Así como los estudiantes secundarios demandan atención a sus reivindicaciones, lo hacen también los universitarios en el tema de la gratuidad de la educación superior, los obreros en relación a la aplicación plena de ley que pone fin a la intermediación laboral o los pequeños comerciantes respecto a su derecho al trabajo. Es evidente que el gobierno tiene mucho que hacer por mejorar las condiciones de vida del pueblo y éste tiene derecho a hacerlo notar, para lo cual debe que elevar su voz. Los estudiantes secundarios han sacado una importante lección de la jornada del 16 de octubre: aún en condiciones de un gobierno democrático y progresista, la lucha es necesaria para que se atiendan los derechos; de no haber sido por ella no hubieran conquistado su carné, ni se hubiera frenado la pretensión de los transportistas. Lección válida para todo el pueblo.

miércoles, octubre 22, 2008

Nueva Constitución, nuevos desafíos

Por: Guido Proaño A. / Quincenario Opción

Se abre una nueva etapa en la vida política del país. Durante años nuestro pueblo ha pugnado por cambiar las cosas en esta sociedad que no le entrega otra opción que la resignación ante la pobreza, o al menos en ese estado anímico ha querido sumirlo las clases dominantes. Mas, con la aprobación de la nueva Constitución, el inevitable cambio despeja caminos y la esperanza se apodera de millones de ecuatorianos.

No ha sido fácil llegar a donde estamos, el triunfo electoral del 28 de septiembre fue uno más de los tantos combates que nuestro pueblo ha librado en estas décadas en contra de la explotación oligárquica y la dependencia extranjera. No es posible, y menos aún correcto, desligar el proceso político vivido los años precedentes –en el que las fuerzas populares han cumplido un papel dinámico y dinamizador- de lo que ahora está aconteciendo. Basta hacer memoria para constatar que muchos de los planteamientos contenidos en la nueva Constitución motivaron acciones y movilizaciones populares de diversa índole en todos estos años. No nos esforzamos en resumirlos ahora, porque el olvido u omisión de algunos sería injusto con el esfuerzo de sus actores y el valor que encierran y su contribución para los resultados actuales. Así es la dialéctica.

El resultado es que el pueblo ha conquistado una Constitución que puede preciarse por su contenido progresista. Como tal, no es más que un instrumento jurídico-político que define la naturaleza y características de lo que se aspira sea en Ecuador; marca pautas importantes, trascendentes, por ello la intensidad de la confrontación político-social que ha experimentado el país, y lo continuará haciendo.

Por lo tanto el cambio en sí aún no ha sido conquistado, tomando prestada una expresión popular bastante utilizada podemos afirmar que lo más difícil está por venir. Y así es porque ni la derecha se encuentra aniquilada como para pensar que por ese lado no habrá contradictores, ni existe compromiso pleno con el contenido total de la nueva Constitución en algunos funcionarios gubernamentales, como se observa en el tema de la gratuidad de la educación superior, cuya aplicación pretende ser interpretada por funcionarios de SENPLADES y no aplicada tal como la actual norma manda: “La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”.

Como ese pueden producirse nuevos intentos de “interpretación” que, por el lado que se lo mire, podrían escamotear o al menos disminuir el alcance de algunas conquistas sociales. Ese es un escollo que habrá que superar, pero talvez el más difícil vendrá de mano del obligado proceso de reformulación de normas legales en temas como el minero, petrolero, educativo, laboral, etc. que habrá de ponerlas en correspondencia con los principios que la nueva Carta Magna establece. De hecho, esto reavivará la confrontación político-social cuando los sectores oligárquicos busquen una y mil formas para impedir que dichas normas legales correspondan a lo que dice la Constitución, y los sectores populares –por su lado- combatan tal pretensión y pugnen por cristalizar el cambio.

El país tiene una nueva Constitución, el gobierno tiene un instrumento para construir un nuevo Ecuador, pero solo el movimiento popular tiene la fuerza para su materialización. Con la nueva Constitución el enseñoramiento neoliberal ha recibido un golpe mortal, pero no podemos perder de vista que el poder aún está en manos de la burguesía.

Colombia: Movilización indígena en todo el país

Por: Simone Bruno

El castillo construido sobre una burbuja de popularidad del presidente Uribe parece empezar a caerse. Nunca en los 6 años que lleva el mandatario en la presidencia se habían registrada tantas protestas ni en duración, ni en intensidad, ni en participación. La figura presidencial construida sobre una retórica beligerante ha escondido los temas sociales detrás del “sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas”. Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están explotando agraviados por una crisis económica que golpea muy duro al país.

Desde el 12 de Octubre, el mal llamado día de la raza, que la retórica occidental señala como el día en que América fue descubierta, olvidando que ya estuvo habitada, la protesta Indígena se ha sumado a la de varios sectores sociales ya movilizados. El sector judicial ha terminado ayer un paro de 43 días, algo sin precedentes; los corteros de caña de la región del Valle del Cauca llevan más de un mes ocupando los ingenios, pidiendo dignidad y contratación directa con un salario justo; los transportadores han terminado un largo paro hace pocos días. El sector estudiantil prepara un levantamiento para el día 23 y la Registraduría General empieza hoy un paro indefinido.

El 12 se inició la Minga de los pueblos conmemorando los 516 años de resistencia, las movilizaciones se desarrollan por todo el país y esto ha sido un catalizador de la protesta recibiendo apoyo moral y material nacional e internacional. A la Minga se han sumado la CUT (Central Unitaria de los Trabajadores), la más grande del país, el sector judicial (Asonal Judicial), los corteros de caña, el sector de la educación, sectores campesinos y muchos más. Una vez más los pueblos indígenas colombianos, 102 contando los que no son oficialmente reconocidos, están demostrando ser la consciencia y la fuerza moral de un país que se ha olvidado cómo pelear por sus derechos, emborrachado por la retórica presidencial. Este resultado no es casual, los indígenas colombianos, y más que todo los Nasa, ha venido tejiendo relaciones con otros sectores sociales desde hace años en el intento de encontrar puntos comunes mínimos sobre los cuales construir una serie de acciones comunes para intentar romper las divisiones históricas de los actores sociales colombianos.

Las razones de la lucha

En esto momento, en varios departamentos del país (Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá) miles de indígenas siguen movilizándose pidiendo diálogo con el gobierno sobre 5 puntos fundamentales, que, como ellos dicen, contienen muchos más. (1)

Una de las razones de las movilizaciones es el número de homicidios de indígenas que se ha incrementado mucho en las últimas semanas. Según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia): "Durante los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas en todo el país […] cada 53 horas un indígena es asesinado […] y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales". Solo en los últimos 15 días han sido asesinados 19 indígenas.

Otra razón es el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados con las comunidades. Un ejemplo representativo es el del pueblo Nasa. El 21 de diciembre de 1991, 20 indígenas, incluidos mujeres y niños, fueron masacrados con la complicidad de la fuerza pública en lo que se conoce como la masacre del Nilo. El Estado fue responsable de esta masacre y así lo reconoció internacionalmente y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en materia de justicia, reparación individual y colectiva. El propio ex Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado colombiano a las víctimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa. Hasta hoy estos acuerdos no han sido respetados, mas aun, el actual Gobierno se comprometió, el 13 de septiembre de 2005, a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hasta hoy no se ha cumplido la restitución de 15.000 hectáreas al pueblo Nasa.

Los indígenas se oponen también a una serie de leyes como el Estatuto Rural, el Código de Minas, Leyes y planes de aguas, la ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe, que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”, según la ONIC. Estas leyes se oponen al artículo 120 de la constitución del 1991 que señala: “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”.

En los últimos 6 años, siempre según la ONIC, 53.885 indígenas han tenido que dejar sus tierras y hoy 18 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer porque les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100. Como ellos reiteran: “indígena sin tierra es indígena muerto”.

Estos derechos a la tierra y a la vida están contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, firmada por todos los países latinoamericanos con excepción de Colombia. Hoy los indígenas se movilizan también por su aprobación en este país.

Estas son las razones que están atrás de la gran movilización de los Indígenas que piden un encuentro directo con el presidente Uribe.

Los comunicados de la ONIC traen la siguiente información sobre las acciones: en Tolima, cerca de 2.000 indígenas Pijaos y Nasas marchan entre El Guamo y El Espinal de forma pacífica, al igual que otros 400 indígenas Embera Chamí en Armenia, capital de Quindío. En Caldas, sigue la concentración en el municipio de Riosucio, así como los indígenas en El Chocó mantienen la toma pacífica de la Defensoría del Pueblo en Quibdó. Dentro de la sede de la Defensoría hay más de 300 indígenas Emberá Dóvida y Katios trabajando en comisiones con autoridades regionales en temas como salud, educación o seguridad alimentaria. Afuera, una cantidad similar de indígenas respaldan la toma pacífica.

En el Valle del Cauca, en la vía que conecta a Palmira con Popayán, la Florida y Pradera, en la glorieta del puente de ese lugar, están más de mil indígenas Emberas Chami, Eperaras Siapidaras y Wannan. En Huila, 9 “chivas” que salían desde los resguardos han sido detenidas por las autoridades, luego de requisar a cada uno de los más de 500 indígenas, no los quisieron dejar pasar.

En Guajira: a pesar del invierno y los desastres en muchas de sus rancherías en Manauare y en las mediaciones de Riohacha, los Wayúu se movilizan en la ruta del Sombrero con rumbo a la capital de la Guajira. Los marchantes, desde el viernes, vienen sanando el territorio con cantos, danzas, ceremonias y con la reafirmación de la palabra; los recibirán indígenas Wiwas, estudiantes indígenas y otros sectores. El punto de encuentro es la Universidad de la Guajira.

En Córdoba: miles de indígenas Zenú y Emberas Katios del Alto Sinú y del Alto San Jorge, se unen en esta Minga, por la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, En total, se calcula que alrededor de 40 mil indígenas han salido a carreteras y centros municipales para unirse a la Minga Nacional de Resistencia Indígena.

La María

Los enfrentamientos más duros se han dado en La María-Piendamó (Cauca) en donde 20.000 indígenas de las etnias Guambiana, Nasa, Yanacona, Totoró, Coconuco y Eperara-Siapirara se han tomado la carretera Panamericana entre Cali y Popayan, para llamar la atención nacional.

El Estado ha enviando el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), declarando que en 10 minutos despejaría la carretera. La resistencia de los Indígenas se ha mantenido por más de 24 horas y después de dos días, en este momento la carretera parece nuevamente tomada.

En la María se generó un enfrentamiento extremamente violento durante el cual se han registrado más de 70 heridos entre los indígenas y dos muertos, uno de los cuales es Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, que ha recibido una bala en la cabeza, que le atravesó de lado a lado.

Lo que ha pasado en este resguardo ha sido de extrema gravedad. La policía nacional, bajo la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe, el gobernador del Cauca Guillermo González Mosquera y el comandante del ESMAD, coronel Jorge Cartagena, ha utilizado armas no convencionales contra la población indígena que se defendía solo con bastones de mando y piedras. La fuerzas policiales, además de gases, machetes y garrotes, han utilizados fusiles de balas y tiros recalzados que son una mezcla de pólvora negra, puntillas, tachuelas y vidrios que, al detonar, generan una descarga de esquirlas. Algunas de estas granadas no convencionales no explotadas han sido entregadas a delegados internacionales que desde el día miércoles están presentes Maria Piendamó.

La comunidad internacional se dio cuenta de la gravedad de los hechos y está acompañando la movilización. Han llegado funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Suiza, Estados Unidos y España y representantes de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, ACNUR, OCHA y UNICEF. Los visitantes han pedido a la fuerza pública no invadir el resguardo de la Maria porque, según la Constitución nacional, las autoridades indígenas son autoridad estatal en sus resguardos. Y los resguardos no pueden ser allanados sin la previa aprobación indígena. La fuerza pública, una vez recuperada la carretera, se infiltraron en el resguardo y quemaron varias viviendas.

Además del ataque a bala, los comuneros indígenas han sido víctimas de una ofensiva mediática vergonzosa.

Ofensiva mediática

Varios medios de comunicación no han hecho más que citar fuentes gubernamentales, sin darse la pena de ir a verificar las noticias, y acusan a las Indígenas de utilizar armas de fuego y de estar infiltrados por la guerrilla de las FARC.

Contra estas mentiras hablan los hechos, los muertos y los heridos indígenas documentados en fotos. El proceso de toma de la carretera es una decisión que viene desde abajo, los comuneros en asamblea proponen a los gobernadores de sus cabildos las acciones a tomar, ellos se reúnen, deciden y reportan a las asambleas, no hay guerrilla, hay las decisiones de un pueblo extremamente consciente que toma decisiones en manera comunitaria.

La criminalización de la protesta es un ejercicio muy practicado en Colombia en donde las FARC se trasforman en la excusa para aplastar los movimientos sociales. Según el Presidente, guerrilleros son los estudiantes, los corteros, los jueces, los indígenas, los profesores, los trasportadores y los campesinos. Si así fuese, su política de seguridad democrática seria un verdadero fracaso, estando todo el país infiltrado por la guerrilla.

Los mismos que acusan de ser guerrilleros a los campesinos son los que están juzgados por crímenes de paramilitarismo, estos si reales, como demuestran los 60 parlamentarios involucrados en el escándalo de la parapolitica, o el mismo ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, que tanto ha atacado los indígenas Nasa. Chaux, luego de haber desempeñado el cargo de gobernador, fue nombrado por el presidente Uribe, embajador en República Dominicana, función a la tuvo que renunciar por sus probadas conexiones con el paramilitarismo.

Mientras terminamos estas notas llegan noticias de una nueva toma de la carretera en la María y nuevos ataques con armas de fuego por parte de la policía y el ejército.

La represión de estos días se está dando en el marco de las más grandes protestas contra el gobierno Uribe, hoy mismo se espera una gran marcha de apoyo a los pueblos Indígenas en la capital Bogotá.

- Simone Bruno es periodista italiano.

Notas
(1) Los 5 puntos se pueden consultar en: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8925
(2) Escuchar los últimos audios difundidos en: http://www.nasaacin.org/audios/octubre_08/17mingareportepescador9am17oct.mp3

Tomado de: ALAI AMLATINA

miércoles, octubre 15, 2008

La derecha no se cruzará de brazos

Editorial del Semanario En Marcha
Edición 1422


La derecha calla. Tras los resultados del referéndum del 28 de septiembre, los principales exponentes políticos de la derecha prácticamente han enmudecido, a excepción del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien no ha perdido oportunidad para tratar de explicar los magros resultados obtenidos por el No en el puerto principal, e insistir que allí “no se cambiará el modelo vigente” y que el resto del país tiene la obligación de respetar el pronunciamiento de los habitantes de dicha ciudad, trasluciendo el sentimiento autónomo-separatista de la oligarquía guayaquileña.


Sociedad Patriótica de los hermanos Gutiérrez, el Prian, la Democracia Cristiana, la RED de León Roldós guardan silencio mientras rumian el efecto de la derrota política. Son lo grandes medios de comunicación los que continúan el cuestionamiento a la efectividad de la Constitución aprobada y publican análisis que procuran minimizar la trascendencia de la victoria política conquistada por el pueblo el pasado 28 de septiembre.


Lo señalado en las primeras líneas no puede ser interpretado como una aceptación de la derecha a la nueva realidad que el país se apresta a vivir. La Constitución aprobada tiene elementos que afectan intereses económicos y políticos de los más poderosos grupos oligárquicos, y estos van a hacer todo lo posible para revertir la situación, para impedir que los cambios planteados se ejecuten a plenitud o “demostrar” la inaplicabilidad de ciertos preceptos constitucionales. Todo para convencer que tenían razón al oponerse a la nueva Constitución y que es mejor mantenerse bajo la férula del dogma neoliberal.


La reafirmación de la tendencia democrática, progresista y de izquierda como la principal fuerza política del país y su cuarta victoria política electoral consecutiva sobre la derecha no significa la rendición de esta última, ni nada por el estilo. El Ecuador es escenario de una aguda confrontación política y de clases que día a día sube de tono, y seguirá así no solo por el afán de los trabajadores y los pueblos del Ecuador por profundizar los cambios, sino también por la respuesta de la derecha y el imperialismo para impedir que esto suceda.


Difícilmente podemos prever todo lo que la burguesía hará, pero es un hecho que radicalizará su política de oposición. Hay, en la arena internacional, comportamientos afines que muestran cómo las clases dominantes articulan proyectos para subvertir los procesos políticos progresistas, como ocurre en Bolivia y Venezuela, en donde la burguesía y el imperialismo acuden al autonomismo provincial o departamental y a la acción de los sectores pequeño burgueses altos. No sería raro que aquí se apele a lo mismo, aunque el triunfo del Sí en todos los cantones del Guayas, salvo en Guayaquil, dificulta esta añeja aspiración de la oligarquía guayaquileña.


La aprobación de la nueva Constitución, como señalábamos en otra oportunidad, no es en sí el cambio esperado, es apenas un instrumento que puede permitir que algunas cosas cambien en el país, pero eso dependerá de la fuerza que el movimiento popular tenga para hacerlas realidad, sobrepasando las barreras que el enemigo ponga en el camino.

jueves, octubre 09, 2008

Estrategia de la derecha para deslegitimar a la Comisión de Legislación y Fiscalización

Por: Guillermo Navarro Jiménez

La derecha ecuatoriana antes del referéndum del 28 de septiembre, optó como instrumento para deslegitimar a todas las acciones que es ineludible emprender para avanzar en la implementació n de los contenidos de la Nueva Constitución , el insistir en que el Régimen de Transición no había sido aprobado en la Consulta Popular que permitió la convocatoria a Asamblea Constituyente.

Luego de la derrota del 28 de septiembre, una vez que el pueblo ecuatoriano aprobó la Nueva Constitución y la aplicación de las normas del Régimen de Transición, el argumento antes mencionado perdió totalmente validez política. Ante ello, la derecha modifica su estrategia y pretende ahora deslegitimar a la Comisión de Legislación y Fiscalización establecido en el artículo 17 del Régimen de Transición, en el claro entendimiento que de deslegitimarla, no podrían cumplirse los mandatos contenidos en el Primera Disposición Transitoria de la Constitución, la que establece en su primer inciso que: “El órgano legislativo (léase Comisión Legislativa y de Fiscalización) , en el plazo máximo de ciento veinte días contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución aprobará la ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley reguladora de la Función Judicial , del Consejo de la Judicatura y la que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. En consecuencia, la estrategia de la derecha es la de imposibilitar se aprueben las leyes que estructuran la nueva institucionalidad del Estado, así como la que sentará las bases del desarrollo de la soberanía alimentaria que seguramente iniciará la concreción de los nuevos objetivos del desarrollo nacional, los objetivos del Buen Vivir, del Sumak kawsay. Ante ello es prudente preguntarse ¿Cuáles son los métodos que utiliza la derecha para lograr ese propósito?

Carlos Vera, el ex comunicador y hoy portavoz de la derecha, al igual que todos los grandes medios de información que responden al poder económico y fáctico, en busca de deslegitimar a la Comisión, acude permanentemente a dos recursos comunicacionales: utilizar la denominación de congresillo en lugar de Comisión Legislativa y de Fiscalización; y, en demandar en todas las entrevistas, que el “congresillo” debe respetar la equidad de género, la cual la supone expresada en el artículo 65 de la Constitución. Analicemos la intencionalidad de ese posicionamiento.

El primero, esto es utilizar el mote de “congresillo”, no exige mucho trabajo para descubrir sus intenciones: hacer uso de un mensaje subliminal, sobre la base de la opinión negativa que el pueblo ecuatoriano mantiene en su subconsciente contra el accionar de congresos pasados. En otros términos, lo que pretende es conformar una opinión pública negativa, a priori, en contra de la Comisión, puesto que la gente podría llegar a la convicción, por la acción de su subconsciente, de que será igual o peor al congreso, dado que se trata de un “congresillo”, esto es una institución incluso de menor condición que un congreso.

La segunda, esto es deslegitimar la Comisión de Legislación y Fiscalización, argumentando que no se ha respetado la equidad de género durante su estructuració n, se basa en un argumento falso pero que puede ser eficiente, cuanto más que en las entrevistas, son muy útiles incluso algunos asambleístas que no se percatan de sus intenciones. Vera y todos los grandes medios sostienen que el artículo 65 obliga a que la Comisión contemple la equidad de género, lo cual no tiene asidero alguno por tres consideraciones:

1. El artículo 65 reza: “El Estado promoverá la representació n paritaria de hombres y mujeres”. Texto del que se infiere que el Estado está obligado a promover, más no a aplicarla a rajatabla. Hecho que también lo demuestra el que se incluye en la promoción a los partidos y movimientos políticos, en los cuales no decide el Estado, por obvias razones;

2. El artículo 65 si bien obliga al Estado a promover “la representació n paritaria de mujeres y hombres”, lo obliga “en los cargos de nominación o designación”, esto es en los cargos que el Estado a través de sus autoridades nombra para el cumplimiento de funciones públicas, como lo señala en forma explícita el mismo artículo. Como es evidente e irrefutable, los Asambleístas no fueron designados, nombrados por el Estado. Lo fueron en votación popular, por lo que se designación corresponde a la ciudadanía y no al Estado, por lo que no corresponde, en este caso, ni siquiera la consideración del artículo 65, peor su aplicación como lo pretende la derecha; y,

3. Por cuanto el artículo 17 del Régimen de Transición en el segundo inciso establece que: “ La Asamblea Constituyente se reunirá cinco días después de proclamados los resultados del referéndum aprobatorio para conformar la Comisión Legislativa y de Fiscalización procurando mantener la proporcionalidad política que tuvo el plenario de la Asamblea Constituyente ”. Texto que señala con claridad meridiana que el único elemento a considerar es la “proporcionalidad política”. Ningún otro.

En consecuencia, “la representació n paritaria de hombres y mujeres”, no es otra cosa que un argumento falso para tratar de deslegitimar a la Comisión Legislativa y de Fiscalización, en lo que se ven apoyados por declaraciones de algunos asambleístas que afirman que este principio deberá aplicarse, a más del concepto representació n geográfica, el cual tampoco procede. Apoya esa tarea de zapa, igualmente el cuasi favor que creen algunos asambleístas realizar cuando “conceden” que también las minorías deberían estar representadas en la Comisión. A lo expresado, debe agregarse que la derecha pretende que, en el peor de los casos, su estrategia permita y justifique “quemar tiempo”, con lo que pretenden lograr que la Comisión no cumpla con los plazos establecidos en la Primera Transitoria , situación que conllevaría una violación del nuevo texto constitucional, con las consecuencias negativas agravantes que ello determina, a más de proporcionar a la derecha nuevos elementos para su oposición política.

Ante todo lo expresado, es necesario insistir en que la derecha: no cesa en su tarea de tratar de oponerse a la aplicación de la Nueva Constitución , que conoce bien cuales son los instrumentos que permitirá la concreción de los postulados de la Nueva Constitución , y, principalmente, que en la derecha milita gente experimentada y conocedora de la letra colorada, por lo que nuestra vigilancia es de especial importancia para descubrir y combatir todos los argumentos y las estrategias políticas de la derecha, como lo es también la cohesión de todos los asambleístas, la formulación de un discurso único, para evitar crear intersticios que podrían ser utilizados en contra del proceso constitucional en marcha.

La crisis del siglo

Por: IGNACIO RAMONET

Los terremotos que sacudieron las Bolsas del mundo durante el pasado "septiembre negro", han precipitado el fin de una era del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se ha tambaleado. Y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser como antes. Regresa el Estado.
El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano. Lo afirma Paul Samuelson, premio Nobel de Economía: "Esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la URSS fue para el comunismo". Se termina el periodo abierto en 1981 con la fórmula de Ronald Reagan: "El Estado no es la solución, es el problema". Durante treinta años, los fundamentalistas del mercado repitieron que éste siempre tenía la razón, que la globalización era sinónimo de felicidad y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. Se equivocaron.
La "edad de oro" de Wall Street se ha acabado. Y también una etapa de exuberancia y despilfarro representada por una aristocracia de banqueros de inversión, "amos del universo" denunciados por Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades (1987). Poseídos por una lógica de rentabilidad a corto plazo. Por la búsqueda de beneficios exorbitantes. Dispuestos a todo para sacar ganancias: ventas a corto abusivas, manipulaciones, invención de instrumentos opacos, titulización de activos, contratos de cobertura de riesgos, hedge funds... La fiebre del provecho fácil se contagió a todo el planeta. Los mercados se sobrecalentaron, alimentados por un exceso de financiación que facilitó el alza de los precios.
La globalización condujo la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea seis veces el montante de la riqueza real mundial. Y, de golpe, esa gigantesca "burbuja" ha reventado.
El desastre es de dimensiones apocalípticas. Más de 200.000 millones de euros se han esfumado. La banca de inversión ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se han desmoronado: Lehman Brothers en bancarrota; Bear Stearns comprado, con la ayuda de la Reserva Federal (Fed), por Morgan Chase; Merril Lynch adquirido por Bank of America; y los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley (en parte comprado por el japonés Mitsubishi UFJ), reconvertidos en simples bancos comerciales.
Toda la cadena de funcionamiento del aparato financiero se ha colapsado. No sólo la banca de inversión, sino los bancos centrales, los sistemas de regulación, los bancos comerciales, las cajas de ahorros, las compañías de seguros, las agencias de calificación de riesgos (Standard&Poors, Moody's, Fitch) y hasta las auditoras contables (Deloitte, Ernst&Young, PwC).
El naufragio no puede sorprender a nadie. El escándalo de las "hipotecas basura" (subprime) era sabido de todos. Igual que el exceso de liquidez orientado a la especulación, y la explosión delirante de los precios de la vivienda. Todo esto ha sido denunciado desde hace tiempo. Sin que nadie se inmutase. Porque el crimen beneficiaba a muchos. Y se siguió afirmando que la empresa privada y el mercado lo arreglaban todo.
La Administración del Presidente George W. Bush ha tenido que renegar de ese principio y recurrir, masivamente, a la intervención del Estado. Las principales entidades de crédito inmobiliario, Fannie Mae y Freddie Mac, han sido nacionalizadas. También lo ha sido el American International Group (AIG), la mayor compañía de seguros del mundo. Y el Secretario del Tesoro, Henry Paulson (ex presidente de la banca Goldman Sachs) ha propuesto un plan de rescate de las acciones "tóxicas" procedentes de las "hipotecas basura" por un valor de unos 500.000 millones de euros, que también adelantará el Estado, o sea los contribuyentes.
Prueba del fracaso del sistema, estas intervenciones del Estado -las mayores, en volumen, de la historia económica- demuestran que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos. Se han autodestruido por su propia voracidad. Además, se confirma una ley del cinismo neoliberal: se privatizan los beneficios pero se socializan las pérdidas. Se hace pagar a los pobres las excentricidades irracionales de los banqueros, y se les amenaza, en caso de que se nieguen a pagar, con empobrecerlos aún más.
Las autoridades norteamericanas acuden al rescate de los banksters ("banquero gangster") a expensas de los ciudadanos. Hace unos meses, el presidente Bush se negó a firmar una ley que ofrecía una cobertura médica a nueve millones de niños pobres por un coste de 4.000 millones de euros. Lo consideró un gasto inútil. Ahora, para salvar a los rufianes de Wall Street nada le parece suficiente. Socialismo para los ricos, y capitalismo salvaje para los pobres.
Este desastre ocurre en un momento de vacío teórico de las izquierdas. Las cuales no tienen "plan B" para sacar provecho del descalabro. En particular las de Europa, agarrotadas por el choque de la crisis. Cuando sería tiempo de refundación y de audacia.
¿Cuánto durará la crisis? "Veinte años si tenemos suerte, o menos de diez si las autoridades actúan con mano firme", vaticina el editorialista neoliberal Martin Wolf (1). Si existiese una lógica política, este contexto debería favorecer la elección del demócrata Barack Obama (si no es asesinado) a la presidencia de Estados Unidos el 4 de noviembre próximo. Es probable que, como Franklin D. Roosevelt en 1930, el joven Presidente lance un nuevo "New Deal" basado en un neokeynesianismo que confirmará el retorno del Estado en la esfera económica. Y aportará por fin mayor justicia social a los ciudadanos. Se irá hacia un nuevo Bretton Woods. La etapa más salvaje e irracional de la globalización neoliberal habrá terminado.

Notas:
(1) Financial Times , Londres, 23 de septiembre de 2008.

Nueva Constitución, un gran paso… pero aún insuficiente

Editorial del semanario En Marcha, edición 1421 9 de octubre de 2008


El pueblo ecuatoriano tiene una nueva Constitución política; se dio así mismo una Carta magna que encierra elementos conceptuales, jurídicos, políticos nuevos de claro contenido progresista, que seguramente le convierten en una de las constituciones más avanzadas del continente. Alumbró con el referéndum del 28 de septiembre y es resultado de un proceso político que va mucho más allá de los ocho meses de labores de la Asamblea Nacional Constituyente, e inclusive de lo que va del gobierno de Rafael Correa.

La exigencia de convocar a una Asamblea Constituyente tomó forma y fuerza al calor de las diversas acciones de lucha libradas por nuestro pueblo como los levantamientos populares en contra de gobiernos corruptos, las movilizaciones en defensa de la soberanía, contra el entreguismo de las oligarquías a intereses foráneos, en fin. Pero más aún, mucho del contenido de la nueva Constitución fue, en distinto momento, bandera de combate de diversos sectores sociales. El movimiento obrero ha debido librar una constante resistencia y lucha en contra de la flexibilización laboral, y ahora se ha puesto fin al esclavizante sistema de la tercerización e intermediación laboral; el magisterio y la juventud estudiantil han mantenido una constante exigencia porque presupuestariamente se atienda bien a la educación, encontrando que la mejor fórmula para ello era relacionar el presupuesto de esta actividad con el monto global del Producto Interno Bruto, criterio similar asumido por los trabajadores de la salud en relación a ese ámbito; nació del espíritu patriótico de nuestro pueblo el planteamiento de impedir definitivamente la presencia de ejércitos extranjeros en nuestro territorio, elementos que ahora forman parte de los preceptos constituciones.

Lo anterior apenas recoge algunos ejemplos, pero podríamos hablar de los derechos de la mujer, de los jóvenes, la seguridad alimentaria, la participación popular y un largo etcétera. En definitiva, esta Constitución ha sido concebida y escrita por el pueblo con su acción.

Contar con un instrumento político-jurídico de esa índole es muy importante, constituye una gran victoria para los trabajadores y pueblos del Ecuador, y explica la nueva situación que se vive en el país.

Es importante, pero aún insuficiente. Todo ese articulado no es en sí el cambio por el que nuestro pueblo ha peleado; apenas es el instrumento que delimita los contornos de lo que puede ser el Ecuador de los próximos años… si se lo aplica a plenitud.

Así como la movilización popular desembocó en la instauración de la Asamblea Constituyente, orilló a los asambleístas al recogimiento de varios aspectos que no querían hacerlo y llevó al triunfo del Sí, esa misma movilización debe ser el eje transversal del accionar de las masas para que los preceptos constitucionales, los derechos políticos y sociales, etc. se conviertan en realidad y materialicen la aspiración popular de conquistar la patria nueva.

Los adversarios a ello no tardarán en aparecer, la derecha no dará su brazo a torcer y buscará la forma de impedir que el proceso político avance; inclusive, no faltarán timoratos que, desde la esfera gubernamental y de la tendencia progresista, dubiten en la cabal aplicación de lo que la Constitución establece, a pretexto de no provocar la reacción de la burguesía, o simplemente porque no están de acuerdo con algunos aspectos.

Si nuestro pueblo aspira que se cumpla con el cambio –como efectivamente así lo desea-, debe predisponerse a una constante presión política por sus derechos y en contra de los enemigos de la transformación. No hay que olvidar que son las masas quienes llevan adelante los procesos políticos.

viernes, octubre 03, 2008

Las 25 noticias más censuradas en 2007-2008: El FBI otorga licencias para "tirar a matar"

Por: Matthew Rothschild
Título original: The FBI Deputizes Business

Tomado de ARGENPRESS.info


Más de 23.000 representantes de la industria privada trabajan silenciosamente con el FBI y el departamento de Seguridad de la Patria (DHS, en inglés) para recolectar y proporcionar información sobre las amistades de los estadounidenses. En respuesta, los miembros de este grupo de rápido crecimiento llamado InfraGard reciben advertencias secretas de amenazas terroristas antes que el público y, ocasionalmente, antes que ciertos funcionarios.

"Hay evidencia de que InfraGard puede estar más cerca de un ‘Programa Corporativo de Información Total’ (TIPS, en inglés) que convertiría en los ojos y oídos del FBI a todas las corporaciones del sector privado capaces de manejarlo y dotadas de la capacidad de observar las actividades de millones de clientes individuales”, según un informe de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU, en inglés) titulado "El complejo de vigilancia industrial: Cómo el gobierno estadounidense está reclutando a negocios y a individuos en la construcción de una sociedad de la vigilancia".

InfraGard comenzó en Cleveland hacia 1996 con más de 350 miembros de Fortune 500, cuando el sector privado local cooperó con el FBI para investigar cyber amenazas. “Desde entonces, el FBI lo reprodujo", dijo Phyllis Schneck, presidenta de la junta directiva de la Alianza Nacional de Miembros de InfraGard, y principal motor del crecimiento de InfraGard durante los últimos años.

El director del FBI Roberto Mueller se adhirió a una convención de InfraGard el 9 de agosto de 2005. "Hasta la fecha, hay más de 11.000 miembros de InfraGard", dijo entonces. "En nuestra perspectiva, ascienden a 11.000 contactos, …11.000 socios en nuestra misión de proteger a EEUU". Luego agregó: "lo de ustedes es la primera línea de defensa en el sector privado".

El 9 de mayo de 2007, George Bush proclamó la Directiva Presidencial Nº 51 de Seguridad Nacional titulada "Política de Continuidad Nacional". En ella, instruyó al ministro de Seguridad de la Patria para coordinar con los "dueños del sector privado y los operadores de infraestructura crítica, como los más apropiados, para prever la entrega de servicios esenciales durante una emergencia".

"Ofrecemos mucho de nuestra capacidad de preparación [a los InfraGard]", dijo Amy Kudwa, portavoz del DHS. "Proporcionamos altavoces, así como presentaciones comunes [con el FBI]. También entrenamos junto con ellos y han participado (a veces por centenares a la vez) en ejercicios nacionales de preparación". Según más de un miembro entrevistado, una ventaja adicional a la calidad de miembro de InfraGard es el permiso de tirar a matar en el evento de ley marcial, sin miedo al procesamiento.

"Conseguimos un fácil acceso a información segura exclusivamente para los miembros de InfraGard", explicó Schneck. "Si usted tuviera que llamar al 1-800-FBI, usted probablemente no se incomodaría", dijo la dirigenta. "Pero si usted conoció a Joe durante el meeting local que con él y se comieron una dona, puede ser que usted llame para dar o conseguir [información]. Quisiéramos que cada uno tuviera un pequeño libro negro".

Jay Stanley, director de educación pública del programa de libertad y tecnología de ACLU, advirtió: "El FBI no debe crear a una clase privilegiada de estadounidenses que consiguen un tratamiento especial. Ante la ley no existe una “clase de negocio”. ¿Si existe información que el FBI puede compartir con 22.000 pesos pesados corporativos, por qué razón no la comparte con el público?, que es justo con quién se supone que debe mantener esa verdadera relación especial. El secreto no es un favor de partido para dárselo sólo a los amigos... Esto distorsiona el trato igualitario, y no almibarado, que debe tener el FBI con las corporaciones que desea atraer a su maquinaria doméstica de vigilancia”.

InfraGard no es de fácil acceso para el público en general. De acuerdo a su sitio web, sus comunicaciones con el FBI y el DHS están fuera del alcance de la Ley de Libertad de Información por estar eximidas como "secretos comerciales". Y cualquier conversación con el público o con los medios debe ser cuidadosamente ensayada.

Actualización de Matt Rothschild

The Progressive emitió un informe de prensa con la historia de InfraGard y ahora he sido entrevistado por Air America, Democracy Now! y otras expresiones de radios alternativas. Pero los grandes medios de información no le han hecho caso a esta historia, a excepción de un pequeño informe del servicio de cable. Pero el FBI no lo ha ignorado. El 15 de febrero publicó su versión en un comunicado de prensa.

El 15 de febrero, el FBI emitió un comunicado de prensa denunciando nuestro artículo. "Las demandas del artículo son patentemente falsas", dijo Shawn Henry, Director Asistente de la División Cyber del FBI. “Los miembros de InfraGard no tienen ningún poder extraordinario y ni un derecho mayor de disparar a matar más que otros civiles".

¿"El derecho no mayor"? ¿Ése es el lenguaje apropiado? Me acordé de un fragmento de mi artículo que contiene una respuesta de Curt Haugen, CEO del S’Curo Group y miembro orgulloso de InfraGard. Cuando le pregunté si los agentes del FBI o de Seguridad de la Patria le habían dicho a miembros de InfraGard que podrían utilizar a discreción la fuerza mortal en una emergencia, él dijo respondió: “Respecto a esto, no mucho puedo yo comentar. Pero como ciudadano privado, usted tiene derecho a utilizar la fuerza si se siente amenazado".

Observé que el FBI no negó que siempre les dijo a los miembros de InfraGard que podrían "tirar a matar." Todo lo que dijo Henry fue que los miembros de InfraGard "tienen derecho no mayor". Y ése es, exactamente, el meollo de mi historia.

El FBI parecía estimar que no di bastante información acerca de mi informante sobre el meeting que cité. "Desafortunadamente, el autor del artículo de Progressive rechazó incluso identificar cuándo o dónde tuvo lugar la pequeña reunión aludida en que se discutieron las aplicaciones de la ley marcial", dijo el comunicado de prensa de Henry. "Si conseguimos esa información, el FBI ciertamente seguirá y clarificará cualquier malentendido posible."

La razón por la que no identifiqué dónde o cuándo ocurrió tal reunión es obvia: No quise revelar cualquier dato que expusiera a mi fuente.

Incidentalmente, el comunicado de prensa omite mencionar, sin embargo, que recibí confirmación sobre las discusiones acerca de la "fuerza letal" de otro miembro de InfraGard, a quien nombré. Reitero cada una de las palabras de mi historia. E invito al Congreso a investigar InfraGard y a examinar los planes que el FBI pueda tener almacenados para épocas de emergencia, no solamente para InfraGard sino para todos nosotros.

Una nota final: Desde que apareció la historia, he recibido varios nuevos datos, incluyendo uno confirmando que le han dado poderes letales a una compañía privada.

Fuente:

The Progressive, February 7, 2008

Título: “Exclusive! The FBI Deputizes Business”

Autor: Matthew Rothschild

Estudiantes investigadores: Chris Armanino y Sarah Maddox

Evaluador académico: Josh Meisel, Ph.D.