Las cruces del Centro Histórico de Quito amanecen con carteles rojos en rechazo a los impuestos

La Juventud Revolucionaria del Ecuador (JRE) este 31 de agosto del 2010 se tomó las cruces del centro histórico de la ciudad, como manifestación de rechazo a la implantación de más impuestos por parte del alcalde Augusto Barrera, además hizo un llamado al ‘Quito Rebelde’ para exigir el adecuado desarrollo de la capital del Ecuador, pero sin asaltar el bolsillo de los quiteños mediante más impuestos.

Como en la época de la colonia, en el que los quiteños rebeldes rechazaban la presencia de la corona española y Eugenio Espejo se tomó las cruces de las iglesias de l Centro Histórico de Quito con las primeras banderas rojas de la patria para hacer un llamado a la libertad.

Augusto Barrera retrocede, triunfo parcial de Quito rebelde

Retrocede el alcalde, Augusto Barrera, en el tema de los impuestos contra Quito. Ahora dice que ya no se incluirá la anunciada “tasa” por la contaminación del aire, es decir, el incremento en el precio de los combustibles. Dice que esta medida no irá en el Plan de Movilidad del Municipio, que no pretendía con esta propuesta “generar confrontaciones con diversos sectores, ni que se creen condiciones de desigualdad en la ciudad”.

Qué buenito el señor… Qué sensibilidad. ¡Mentira! El Alcalde se vio obligado a retroceder en su propuesta, debido a la movilización de los barrios y sectores populares en general que, convocados por la Federación de Barrios de Quito, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE) y las fuerzas del Frente Popular, realizaron una importante marcha hacia el municipio el pasado 25 de agosto.

El alcalde ahora dice: “grupos políticos se provechan de una discusión ‘sana’ que inició el Municipio”. ¿Sana, señor alcalde?, ¿sana? Diga la verdad: su Plan neoliberal de Movilidad habría sido aprobado sin mayor problema, si no se filtraba la información y los dirigentes populares como Natasha Rojas, presidenta de la CUBE, no denunciaban inmediatamente, con firmeza y argumentos contundentes, lo que se pretendía hacer.

Ahora Augusto Barrera, Alianza País, y el mismo presidente Rafael Correa, tienen que retroceder, no solo que se vieron obligados a abrir el debate, sino que ahora van reduciendo el nivel de impacto de las medidas. Este es un triunfo parcial de los pueblos de Quito, es un triunfo parcial de las organizaciones populares y de izquierda que se han puesto a la cabeza de la lucha.

Mañana se desarrollará un foro convocado por el Municipio para discutir las propuestas. Es un evento que surge precisamente de la presión popular, pero tratará de ser conducido por el alcalde hacia la legitimación de su propuesta, sin elevación de los combustibles, pero con más impuestos, lo cual sigue dejando intacto el problema.

La consigna sigue siendo: “Quito rebelde contra los impuestos”. “Sí al desarrollo de Quito, sin impuestos”. Quienes vivimos en esta ciudad no retrocederemos en nuestra lucha por impedir que se atente contra nuestros bolsillos, y que vuelva a posarse sobre el Ecuador, la larga y oscura noche neoliberal.

Esta tarde, a partir de las 17h00, vamos todos a las calles a expresarnos en diversos mítines contra el paquetazo de Barrera, Correa y Alianza País. Todos a pitar contra los impuestos.

La Corte Tumbo el Acuerdo

Tomado de: Revista Insurrección 230

Sin ninguna duda, la Corte Constitucional obra en Derecho al encontrar viciado el acuerdo según el cual, los Estados Unidos podían ocupar con sus tropas 7 nuevas bases militares colombianas además de poder usar cuando lo considerara, los aeropuertos internacionales del país.

Ese era el acuerdo aprobado por el entonces presidente Uribe y sus más inmediatos colaboradores.

Tamaño asalto a la ya agonizante soberanía colombiana, que protagonizaba Uribe en una clara escalada guerrerista que tiene propósitos mas allá de las fronteras, razón por la cual varios países del continente con sobrada razón expresaron sus preocupaciones.

Se requiere ser demasiado ingenuo para no entender los objetivos del pentágono y reducir esta maniobra guerrerista a un asunto de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo colombiano” tal como lo presentó el gobierno colombiano.

Era propio del estilo del hoy ex presidente Uribe, saltarse los trámites procedimentales, por su esencia autoritaria y de dictadorzuelo, que en su gobierno contó con funcionarios que lejos de caracterizarse ante hechos tan graves, agacharon la cabeza en esta y otras decisiones de Uribe como acallar las altas Cortes y pretender seguirse reeligiendo con maniobras ilegales y corruptas, asunto que también tumbó la Corte Constitucional.

¿Qué sigue?

Ya se adelantó el presidente Santos a precisar que la decisión de la Corte, no afecta “la cooperación de Estados Unidos con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, así le da tranquilidad a la derecha pro imperialista.

Santos tiene razón; de hecho muchos acuerdos con la potencia del Norte se han hecho en secreto o sin los debidos trámites como el mal llamado “Plan Colombia” que no fue más que la intervención de EE.UU. en la guerra contrainsurgente y más allá de las fronteras, dentro del cual muchos secretos se siguen manteniendo y tienen proyección.

Por lo anterior Santos optará por uno de dos caminos; darle curso a los trámites correspondientes al accidentado acuerdo y revestirse de legalidad, para lo cual cuenta con un Congreso de bolsillo, o ampliar las bondades del Plan Colombia y continuar con “los secretos que requiere la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico que son males que afectan más allá de Colombia y requieren de la ayuda internacional”.

EE.UU. continuará, hostigando, saboteando y tratando de impedir el curso de los pueblos y gobierno de nuestro continente, con dicho acuerdo o sin él, que han tomado distancia o ruptura con la potencia imperialista y para ello necesita afianzar la intervención en los países sobre los que mantiene su tutelaje entre ellos Colombia que se sigue perfilando como el Israel latinoamericano.

Ya hemos dicho que con Santos como presidente, cambian las tácticas y estilos pero se mantienen los objetivos, la estrategia que afianzó Uribe y que recibiera de su antecesor.

Un futuro cierto

La grave realidad de intervención que vive Colombia, solo será superada cuando sus gobiernos no vean en el pueblo y sus organizaciones populares a sus enemigos. Cuando exista una comunidad de intereses entre los gobernantes y los luchadores por la justicia social, la soberanía, la verdadera independencia y la paz.

Eso requiere de los gobernantes un sentido de patria, soberanía y autodeterminación, contrario a la defensa de intereses oligárquicos, que colocan su riqueza y poder político por encima de la dignidad de patria y de nación.

En síntesis los cambios sustanciales en la vida política y social del país, solo serán posibles mediante la lucha popular y revolucionaria donde sea el pueblo y la nación quienes se gobiernen así mismo y no una oligarquía excluyente que solo vela por sus intereses de clase.

Profesores de la Universidad Central del Ecuador desconocen Ley de Educación Superior

Juan Borja V. Presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central , informó que los docentes de ese centro de enseñanza están plenamente de acuerdo con la resolución adoptada por la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, reunida en la ciudad de Guayaquil el 26 de agosto , de desconocer la Ley de Educación superior “aprobada” por el pleno de la Asamblea Legislativa, por no contar con los 63 votos que se requerían para su aprobación legal.

El Asambleísta Eduardo Paredes, no podía votar puesto que el principal Washington Cruz no se había excusado previamente, manifestó Borja, razón por la cual los universitarios desconocen esa Ley y resolvieron pedirle al Presidente Correa la devuelva a la Asamblea para que esta se archive con la finalidad que nuevamente se elabore un proyecto que verdaderamente recoja las aspiraciones de la Academia.

El Presidente de los Docentes agregó que participaran en la jornada de movilización aprobada por las autoridades universitarias y los miembros de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana, ha realizarse en todas las provincias donde existen instituciones de educación superior, el próximo miércoles 8 de septiembre

Fosas comunes en Colombia

Por: Francis R Garcia.

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.

Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente (Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión).

El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 20

05 hasta hoy”.

Ramírez agregó: “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.

La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo y cínicamente agregó: "Había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”.

Reflexión:

Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en el cual el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN. Esto devela el juego malévolo y canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.

Economías de países en América Latina se someten al mercado internacional

Tomado de: La Jornada de México

Nuestros países no caminan al socialismo del siglo XXI y reinventan el neoextractivismo, aseguran en el II Foro Latinoamericano sobre las Industrias Extractivas, realizado en La Paz. Resúmenes y ponencias en la web de la Plataforma Energética

ROSA ROJAS - La Jornada de México

Plataformaenergetica.org (La Paz, 27/08/10).- La economía de las repúblicas americanas es rentista, con una suerte de ADN extractivista, con una inserción sumisa en el mercado internacional que se especializa en perder en la medida que exporta materias primas, aseguró aquí el ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta.

El también investigador de la Flacso participó en el segundo foro de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, que reunió a una treintena de expertos de países del Cono Sur y México. Ahí apuntó que nuestros países se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza, atados a las demandas del capital y como exportadores de materias primas sujetos a un crecimiento empobrecedor.

Planteó que esto ocurre en países con gobiernos de derecha como en los que tienen gobiernos progresistas, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, lo mismo que en Perú y Colombia, dijo, señalando que en nuestros países no estamos caminando hacia el socialismo del siglo XXI sino reinventando un neoextractivismo.

Mencionó que en Ecuador y Bolivia se hablan del buen vivir y de una relación armónica con la naturaleza, pero están atrapados en el desarrollismo, en medio de una disputa por la distribución de la renta de la explotación de sus recursos naturales no renovables e incluso llegando al extremo de convertir en no renovables algunos que eran renovables, como la pesca, por la sobre explotación.

Citó el caso de Ecuador, donde se están renegociando los contratos petroleros para conseguir 80 por ciento de la renta petrolera, que antes se llevaban las transnacionales, pero ahora entran las empresas petroleras estatales a operar con la misma lógica que las transnacionales, incluso en su relación con las comunidades indígenas.

Los impactos ecológicos son cada vez más graves, indicó y ahora el presidente Rafael Correa se apresta a abrirle la puerta a la gran minería a cielo abierto, lo que está ocurriendo también en otros países donde la renta petrolera se utiliza no para el desarrollo productivo sino para políticas clientelares, creándose una bonocracia sin que haya esfuerzos reales para enfrentar en forma estructural la pobreza.

Además hay fuertes tendencias a la desterritorialización, que es la ausencia del Estado en las zonas petroleras, en la medida en que son las empresas petroleras las que se hacen cargo de la salud, la educación y otros servicios, y cuando las empresas no cumplen y vienen las protestas públicas, entonces aparece el Estado con la represión a los movimientos populares.

Acosta apuntó que el presidente Correa, pero los de otros países también, ahora dicen se acabó el petróleo y qué se va a hacer ahora si no se cuenta con los ingresos de la minería a gran escala. Pero hay otras alternativas para el financiamiento público, como una profunda reforma tributaria o la revisión de la estructura de subsidios que benefician más a los más ricos, citó.

Mencionó que se requiere una transición gradual a una economía post extractivista y de ello dan cuenta los movimientos de resistencia que han surgido en Ecuador, como el indígena, que llevó a la propuesta de Correa de no explotar el petróleo en la zona de Yasuní a cambio de una contribución de corresponsabilidad con el medio ambiente de los países subdesarrollados, que compense lo que el país dejará de percibir al no extraer el petróleo y conservar así una de las áreas con mayor biodiversidad del mundo.

El especialista apuntó que la explotación petrolera de Texaco dejó es su país una deuda ambiental de 27 mil millones de dólares. Contaminación ambiental, enfermedades y pobreza. Y esa lógica no ha cambiado con la intervención de una empresa estatal porque se llega al extremo de inyectar agua dulce en los pozos para la extracción del petróleo, contaminando los mantos acuíferos que abastecen a la población.

La participación es un derecho que el pueblo conquistó

Intervención de Natasha Rojas, presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, ante miembros del Concejo Metropolitano del Municipio de Quito, luego de la marcha del 25 de agosto.

La participación ciudadana, como lo establece la nueva Constitución, rescata que la participación es un derecho de los pueblos, y que los ecuatorianos de forma individual y colectiva tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones de los gobiernos, tanto nacional como provincial y local; que la participación debe ser en la toma de decisiones. Esos conceptos que establece la Constitución, los recogemos las organizaciones sociales y populares de la ciudad de Quito, queremos el desarrollo de esta ciudad y también el bienestar de quienes aquí vivimos.

Conocemos que las medidas que se pretenden implementar desde el Municipio de Quito son de corte neoliberal. En su momento, estas medidas ya fueron aplicadas por los gobiernos de Mahuad y de Bucarám, para supuestamente resolver los problemas de obras.

Aquí estamos los hombres y mujeres que votamos por el actual Alcalde. En ninguna parte del programa de gobierno de Augusto Barrera se plantea tomar medidas de carácter económico que afecten la economía de las familias de esta ciudad. Es ello que queremos expresar la inconformidad de los sectores sociales de la ciudad de Quito. Con las medidas que se pretenden implementar, se va a convertir a Quito en una de las ciudades más caras del Ecuador y de Latinoamérica. Al momento que se eleva la gasolina se elevan todos los artículos de primera necesidad y los productos que consume el pueblo de Quito.

No es cierto que estas medidas afectan solamente al 30% de la población, afectan a todo Quito. Cuando vamos al mercado y nos suben el precio de la gasolina no nos van a decir pues, usted tiene carro, la coliflor cuesta 50 centavos; usted no tiene carro, la coliflor le cuesta 40 centavos. Las medidas y la elevación de los precios es para todos, tampoco en los supermercados habrán estanterías que se establezcan para los que tienen carro y para los que no.

Con la frontalidad y respeto que nos caracteriza, queremos decirle que es una medida de carácter inflacionario que traerá serias repercusiones al pueblo de Quito. Usted conoce el plan integral para el financiamiento de la movilidad que fue presentado, aquí se establece la creación de 27 peajes en la ciudad de Quito, de los cuales solamente 3 tendrán el costo de 25 ctvs., el resto costarán entre 10 y 25 ctvs., además se recomienda que estos valores sean elevados cada 5 años en un 10%. Quienes distribuyen productos de primera necesidad no dirán, esto es solamente para los que tienen carro, sino que esos peajes afectarán a la población de Quito.

Señor Vicealcalde (Jorge Albán) usted nos conoce, creemos en el desarrollo. Nosotros votamos por una propuesta en la que este Municipio debía constituirse en una institución de servicio a la comunidad, eficiente, democrática, participativa, que genere fuentes de empleo, que promueva la seguridad y la reactivación productiva, sin más impuestos ni privatizaciones. Nosotros y ustedes cuestionamos la anterior administración del general Paco Moncayo, que vio en los impuestos o contribuciones especiales de mejora los mecanismos para financiar las obras, rechazamos la creación de la tasa de seguridad porque ahora vemos que la inseguridad sigue.

Jamás estuvimos de acuerdo con la creación de esta tasa para prevenir la contaminación ambiental y tenemos la razón porque la contaminación en la ciudad de Quito continúa, pero lamentablemente estas medidas, que en su momento fueron cuestionadas por la administración municipal actual, hoy pretenden ser implementadas con un elemento más grave, la elevación del precio de la gasolina.

Ustedes nos podrán decir que el COOTAD les permite actuar así, y así es, pero ¿quién aprobó este Código? La propuesta fue elaborada por el presidente Rafael Correa, y enviado a través de la SENPLADES a la Asamblea Nacional, en la que la mayoría gobiernista del movimiento PAIS, con el acuerdo de ciertos sectores de derecha lo aprobó. Nos acordamos que el Alcalde de la ciudad organizó una movilización para apoyar la propuesta del COOTAD, claro que él nunca nos dijo a los dirigentes barriales y a quienes asistieron a esta movilización que esta ley le metería la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano y al pueblo de Quito.

Los sectores populares queremos discutir frente a ustedes un plan integral de movilidad con criterio social, a corto mediano y largo plazo, señalarles la necesidad de que se convoque a instancias de diálogo y debate para plantear propuestas en torno a la movilidad y que sea el pueblo de Quito, las organizaciones sociales y populares quienes participemos en estos espacios y conjuntamente tomemos decisiones en beneficio de la ciudad.

Creemos que esta ciudad es una ciudad de diálogo, pero también es una ciudad de ideas libertarias, que no soportamos el autoritarismo ni la prepotencia. Hacemos un llamado hacia el Municipio de Quito a que mantengamos un debate de altura y propuestas, no un debate en el que se utilice a los medios de comunicación para calumniar a quienes pensamos distinto, porque queremos construir esta ciudad, por eso decimos: el Quito que queremos es un Quito sin impuestos, el Quito que queremos es un Quito de participación. Queremos discutir el tema de movilidad, por ello queremos preparar junto a ustedes una agenda de trabajo que discuta los problemas de la ciudad de manera integral, de todos los sectores que vivimos en la ciudad de Quito, para que participativamente se resuelvan los problemas.

De vuelta a sus orígenes

Por: Guido Proaño A. Periódico Opción

Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, ha señalado que el Presidente Rafael Correa ha sufrido “una liposucción ideológica del grupo que lo rodea y que mina sus sólidas bases revolucionarias de izquierda”. Seguro que Acosta se equivoca, lo que hoy ocurre con Correa tiene su origen años atrás, cuando, para ganar las elecciones presidenciales, experimentó un implante artificial de izquierdismo que, al pasar del tiempo, va perdiendo su efecto y mostrando la verdadera personalidad política del presidente.

Los tres años y medio de gestión presidencial son tiempo suficiente para descubrir qué se esconde detrás de las palabras –aunque en algunos casos el discurso es elocuente- y, sobre todo, a dónde nos conducen sus acciones.

Los primeros meses de su gestión nos acostumbró a su arenga efusiva y aparentemente antioligárquica, en la que los denominados pelucones se convirtieron en el blanco de ataque. El pueblo se sentía bien con ello, identificado con un personaje con los “pantalones bien puestos” para decir lo que todos sentían. La efusividad del presidente persiste, pero los blancos han variado; ahora, por excepción –o para guardar las apariencias- reprocha a uno que otro pelucón, mientras su artillería pesada la reserva para lanzarla en contra del movimiento popular organizado y los movimientos y partidos de izquierda que efectúan críticas a su gestión. Hace poco, en la sesión especial que la Asamblea Nacional de Venezuela efectuó para conmemorar los 199 años de la firma del Acta de Independencia, Correa manifestó que “el mayor peligro para los socialistas del siglo XXI no son los escuálidos, pitiyanquis o pelucones, porque ellos están derrotados y la gente los identifican como los enemigos de la patria, sino aquellos que toman nuestras propias banderas y con fundamentalismos e infantilismos absurdos le hacen un gran daño a los cambios que necesita nuestra región”. También aseveró que la dirigencia indígena del país es “apologista del primitivismo”. Casi en los mismos términos despectivos se refirió respecto de la izquierda y el movimiento indígena en la Cumbre del Alba efectuada en Otavalo pocos días después.

El programa que el gobierno aplica lo sitúa como partidario de un keynesianismo desarrollista que conduce a una modernización capitalista, beneficiosa para la acumulación de sectores de la burguesía. Acompañando a ello, o como parte del proyecto, cursan medidas para fortalecer un estado liberal-burgués centralizado y autoritario. Una política así se encuentra distante de lo que podría entenderse como una revolución en curso o de un proyecto político de izquierda.

A propósito del debate provocado en el país durante la aprobación de varias leyes en la Asamblea Nacional han quedado al descubierto algunos elementos ideológicos y políticos antidemocráticos y reaccionarios profesados por quienes ahora controlan la administración del Estado. Se ha pretendido, por ejemplo, eliminar conquistas políticas de carácter histórico que, inclusive, tienen connotación internacional, como la autonomía universitaria, o impedir la ejecución plena de todo cuanto implica el carácter plurinacional del país. Todo se resuelve con políticas concentradoras (secretarías dependientes de la Presidencia) que fortalecen al Estado capitalista imperante.

Esta centralización desplaza lo que en teoría constituía un pilar de la denominada “revolución ciudadana”: la participación popular. Ésta nunca ha existido como política promovida desde esferas gubernamentales, y cuando los sectores organizados han buscado exponer sus planteamientos han sido desatendidos y reprimidos. El mesianismo, del cual Rafael Correa cree estar investido, suplanta cualquier posibilidad de participación popular activa en los asuntos del Estado. Pablo Ospina, en un interesante artículo presentado en mayo pasado, devela cómo se mira así mismo el Presidente de la República y para eso cita el libro Ecuador: de Banana Republic a la No República, escrito por Rafael Correa. Reproducimos a Ospina: “El desarrollo económico, nos dice el presidente, a diferencia de lo que creen los fundamentalistas económicos, depende también del ‘capital social’ (la cohesión y confianza públicas), el ‘capital institucional’ (reglas formales predecibles y claras) y el ‘capital cultural’ (valores y reglas informales ancladas en la costumbre). Cuando ellas fallan, y el texto da a entender que en el Ecuador fallan completa y penosamente, queda el liderazgo: ‘Buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural’ (Correa 2009: 195). El libro termina con esa reflexión. Escrito en blanco y negro, queda claro que el presidente en verdad cree que su humilde persona puede ‘suplir’ a los actores sociales”.

De una propuesta y un discurso seudo-izquierdista Correa ha retornado a sus orígenes ideológico-políticos, proceso calificado por la izquierda ecuatoriana como derechización del presidente. Éste siempre alardeó su convicción frente a la doctrina social de la iglesia, conocida también como doctrina social cristiana. Sus promotores siempre han dejado en claro que esa doctrina no se propone poner fin al capitalismo ni tampoco asumir el socialismo como alternativa. Ni lo uno ni lo otro equivale afirmar al primero, al capitalismo, con pequeños cambios que, teóricamente, lo hagan menos pesado para los más pobres, pero, al fin y al cabo, sin eliminar su carácter explotador. Esa convicción política le llevó a Correa a decir que no era ni anticapitalista, ni antiimperialista.

Intervención de Marcelo Rivera Presidente Nacional de la FEUE, en el Consejo Nacional de la FEUE realizado en Universidad Estatal Península de Santa E

Ex – Penal García Moreno. Cárcel # 2

POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PUEBLO…

HASTA LA VIDA!

Compañeros y compañeras:

Estoy plenamente seguro que en su calidad de dirigentes de la FEUE en los todos los niveles conocen y están informados de los detalles de giran alrededor de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en la Asamblea Nacional el pasado 4 de Agosto, por ello, me permito realizar algunas consideraciones sobre este tema, entendiendo que el encierro forzado es un gran obstáculo que nos impide tener una apreciación más objetiva de los acontecimientos, sin embargo, cumplo con mi deber de participar en el debate en mi calidad de militante de la gloriosa y combativa organización de los estudiantes universitarios ecuatorianos.

1. Esta ha sido una dura y ardua batalla que hemos enfrentado en todos los niveles y en todos los terrenos, desde el debate con el movimiento estudiantil, pasando por los espacios de unidad institucionales – gremiales, la ofensiva parlamentaria, y por supuesto, la movilización y lucha en las calles del país. Nuestra posición siempre fue la de presentar la PROPUESTA, acompañada de la PROTESTA, esta última, en varios momentos fue la que determinó lo resultados alcanzados. Logramos desde un inicio denunciar los afanes controladores del régimen y alertar a la población en general sobre el peligro que pendía sobre la universidad con el anteproyecto inicial de la SENPLADES.

Salimos de esta pelea en buenas condiciones, la supimos asumir con valor e iniciativa, a sabiendas de que nos enfrentábamos al poder que utilizó todos los medios a su alcance para aprobar la Ley “a como dé lugar”, entonces una primera idea que debemos establecer es que Supimos mantenernos firmes en la defensa de los principios fundamentales que son la esencia de la universidad, la FEUE queda fortalecida y con una mayor relación con el movimiento estudiantil, se profundizó un proceso de UNIDAD de los sectores que forman parte del Sistema Universitario, contamos con un conocimiento más objetivo de la realidad de la universidad, lo que nos permite desarrollar nuestra propuesta de la Universidad que los estudiantes queremos, la Universidad Democrática, Gratuita, de Calidad y al servicio del pueblo.

2. La LOES se aprueba en medio de dificultades, el país entero evidenció que quienes supuestamente combatían a la partidocracia, utilizaron los mismos métodos corruptos y mañosos que dijeron criticar: compraron votos a cambio de crear universidades, se ofertaron puestos y canonjías, por último, el fraude descarado al principalizar al Asambleísta de PAÍS, para con las justas y de forma dolosa, alcanzar los 63 votos para aprobar la Ley. Lo que demuestra la característica demagógica y la clara actitud corrupta del gobierno de Correa; es necesario apoyar las demandas legales que impulsa el bloque de izquierda de Pachacutik – MPD, para que se investigue y se fiscalice las cuentas de los asambleístas que a último momento vendieron su voto.

Por otro lado, la “ingenuidad” en algunos casos, y el doble juego en otros, por parte de algunos de nuestros aliados, permitió que en los momentos definitorios de la aprobación de la Ley no actuemos de forma unificada, tanto así, que en un comunicado del CONESUP se manifestó la supuesta complacencia de “TODO” el sistema universitario y sus gremios respecto a la aprobación de la Ley. Horas previas a la votación, el día 4 de agosto, se hizo pública una serie de “acuerdos” y adendums, que según sus impulsores (Enrique Ayala Mora y los Asambleístas del Partido “socialista”) llegaban al 99% de consensos entre la Asamblea y la Universidad Ecuatoriana, sin embargo, lo famosos acuerdos y particularmente el último adendum no fue tratado en el pleno de la Asamblea, es decir, con el típico manoseo de los textos finales, le tomaron el pelo a algunos rectores y autoridades que cayeron en la trampa, el plan fraguado entre el gobierno y los quinta columnistas dirigidos por Ayala Mora daba sus resultados.

3. Es cierto que hay una diferencia entre la propuesta inicial de la SENPLADES y la Ley aprobada, sin duda, la lucha de la FEUE y del de sistema universitario permitió arrinconar a la Comisión de Educación de la Asamblea dirigida por PAÍS, lo que nos permitió introducir varias propuestas en la Ley (FOPEDEUPO, representación de un estudiante en el Consejo de Educación, gratuidad para el propedéutico y las excepcionalidades respectivas, entre otros), no obstante, con la prepotencia que le caracteriza, el Presidente Correa anunció que vetará parcialmente varios artículos de la Ley, habrá que estar atentos de cuáles son los cambios que se realicen desde el ejecutivo, en el propósito de imponer la visión que el gobierno tiene de la universidad, es claro, que no se alcanzará los 84 votos para insistir en la propuesta aprobada por la Asamblea, además, es posible que agoten el tiempo para la discusión del veto presidencial con lo que entraría en vigencia por el ministerio de la Ley, en fin, los entuertos politiqueros continuarán.

La Ley se aprobó y el gobierno cree haber triunfado, por ahora, la LOES entrará en aplicación sumamente debilitada, por lo que debemos ahondar esa condición, de tal forma que en un momento coyuntura! adecuado podamos echar abajo la Ley impuesta por gobierno, habrá que analizar en el camino los mecanismos legales y políticos a ser adoptados. En estos momentos la movilización y la lucha cobran mayor vigencia, en el objetivo de golpear la Ley del Gobierno y continuar denunciando la forma tramposa como fue aprobada la Ley.

Más allá del análisis necesario que habrá que hacer artículo por artículo de la LOES, debemos tener en cuenta el objetivo hacia donde se dirige la Ley del Gobierno, buscan imponer un tipo o modelo de Universidad Meritocrática, Excluyente y Elitista. Basta analizar como en varios artículos de Ley se transforma el DERECHO a la educación superior, en el MÉRITO para el acceso a la educación superior, según la visión del gobierno, LA UNIVERSIDAD NO ES PARA TODOS. ES PARA LOS MÁS APTOS Y ELEGIDOS, en esa línea se introducen varios conceptos que tergiversan totalmente el carácter de la universidad del y para el pueblo:

- Los derechos se convierten en méritos

- Se accede a las becas por méritos y no por estar en una situación deficitaria o de bajos recursos

- Los recursos que el Estado distribuirá a las universidades, será de acuerdo a los criterios de eficiencia, al nivel de sometimiento al plan nacional de desarrollo, y no a la necesidades que requieren las universidades

- Se clasifica a las universidades, habrá universidades de primera, de segunda y tercera

- El ingreso a la universidad ya no será un derecho de todos, será para quienes cumplan con el sistema de admisión guiado por los principios de mérito y capacidad

- Se van a eliminar y depurar las extensiones universitarias que permitían un mayor acceso de los jóvenes que habitan en regiones y localidades apartadas

El gobierno insistirá que la Ley aprobada tienen artículos buenos, pero en el fondo la confrontación que existe es entre la Universidad meritocrática, excluyente y elitista que quiere imponer por la fuerza el régimen, y por otro lado, la Universidad Democrática, Gratuita, de Calidad y para el pueblo que los estudiantes impulsamos.

Los ejes centrales que contienen la Ley de Gobierno y que debemos debatir con el movimiento universitario son los siguientes:

- La ley somete a la Universidad al Gobierno y al Plan Nacional de Desarrollo que apunta al establecimiento de un modelo económico extractivista que beneficia a las transnacionales.

- Se mantienen la inconstitucional Secretaria Nacional de Educación Superior

- El gobierno ejercerá el control a la universidad a través del Consejo de Evaluación y Acreditación, órgano presidido por un delegado del ejecutivo.

- Se crean los Consejos Regionales Consultivos que tendrán poder de decisión en la creación de carreras a nivel local.

- Se mantiene el Examen de habilitación y el Examen para los estudiantes de último año, atentando al derecho adquirido durante la carrera para ejercer la profesión

- Se establece las pasantías sin remuneración y que en algunos casos aumentará el tiempo de duración de la carrera (caso jurisprudencia), se eliminan los títulos intermedios, y la presencia de los gremios de estudiantes, docentes y empleados es excluida de todas las instancias.

- Se debilita el cogobierno, so pretexto de establecer una “mayor democracia” a través de la elección de autoridades mediante el voto universal, se desaparecen los espacios reales de cogobierno (Juntas de Facultad y Escuela)

Compañeros, la lucha no termina con la aprobación y la entrada en vigencia de la LOES, este es un episodio más en la larga lucha por la universidad que los estudiantes anhelamos, por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. Los derechos que nos arrebatan por la fuerza de la imposición, los alcanzaremos con la fuerza de la movilización, nada detendrá la marcha histórica y las transformaciones sociales que obra serán de la juventud y los pueblos organizados.

Seguimos de pie y con la frente en alto!

Viva la FEUE y el movimiento estudiantil universitario!

Patria Nueva y Socialismo. Venceremos!

Marcelo Rivera

PRESIDENTE NACIONAL DE LA FEUE

A 8 meses de injusta detención.

Boletín de Prensa

El Quito que queremos ¡Sin paquetazos lo hacemos!

Quienes vivimos en Quito estamos de acuerdo con el desarrollo de nuestra ciudad, pero no compartimos hacerlo a través de paquetazos de carácter económico – neoliberal cómo el planteado por el Dr. Augusto Barrera militante del Movimiento País, quién no tiene más iniciativa que la que tuvieron en su momento los gobiernos de Mahuad y Bucaram para resolver problemas de orden financiero, señaló Natasha Rojas presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador.

Natasha Rojas expresó que es una propuesta descabellada del Alcalde la elevación del precio de la gasolina, ya que esta medida es inflacionaria lo que provocará que Quito se constituya en la ciudad más cara del Ecuador, afectando la economía de todos quienes vivimos en la capital. Destacó que se construirán 27 peajes dentro y fuera de la ciudad, de los que solamente 3 tendrán el costo de 0.5 centavos y estos serán elevados cada 5 años en un 10%.

La dirigente barrial dijo que la movilización pacífica a efectuarse el día miércoles 25 de agosto a las cuatro de la tarde desde la Caja del Seguro, tiene por finalidad expresarle al Alcalde el desacuerdo de diversos sectores sociales con el paquetazo económico neoliberal planteado y las propuestas alternativas que han sido discutidas en distintos sectores de la ciudad que consiste en la implementación de un PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD CON CRITERIO SOCIAL A CORTO, MEDIANO Y LARGOP PLAZO, para lo que se requiere:

1. Exigir al Gobierno Nacional el financiamiento del Plan Integral de Movilidad;

2. Destinar el 50% de los 877 millones de dólares que ingresarán al municipio producto de la renegociación del contrato de construcción del nuevo Aeropuerto para los proyectos de movilidad;

3. Demandar la transferencia de los 40 millones de dólares que son recaudados por el gobierno nacional producto de la matriculación vehicular de los cuales ingresan al municipio de Quito únicamente 2 millones y medio de dólares.

Finalmente expresó que con la aplicación de estas alternativas ya no será necesario meterle la mano al bolsillo al pueblo de Quito e hizo un llamado al Alcalde a mantener un debate de propuestas y no de calumnias frente a quienes piensan distinto.

RELACIONES PÚBLICAS

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Boletín de Prensa: Campesinos e Indígenas exigen entrega de tierras a la Secretaría de Tierras

Quito, 24 de agosto de 2010

La Asociación de Indígenas Residentes en Quito, bases de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), esta formado por un grupo de campesinas y campesinos venidos de las montañas, de los paramos andinos de

nuestro Ecuador, que se han visto obligados a migrar a la ciudad para poder sobrevivir, la mayoría no tienen tierra y los que tienen, no les alcanza para sobrevivir.

Romelio Gualán, presidente de la CNC-EA, sostuvo que las compañeras y compañeros se han visto obligados a emigrar a la capital, todas y todos realizan actividades ajenas a la agricultura (albañilería, servicio doméstico, venta ambulante, etc) y con sus escasos recursos arriendan pedacitos de tierra, para no perder el contacto con sus saberes, la pachamama, el yaku (agua), la tamia (lluvia), el wayra (viento).

El 22 de junio de 2009, los compañeros de la Asociación de indígenas, enviaron una comunicación al presidente de la República Rafael Correa Delgado, en donde Daniel Cusco Presidente de la Asociación, pedía se les ayude entregándoles tierra para trabajarla, planteamiento al cual el Presidente Correa se comprometió.

Luego de trascurrido más de un año, hoy 24 de agosto de 2010 el auditorio del MAGAP fue el punto de encuentro, donde las compañeras y compañeros sostuvieron una reunión con Marco Hurtado, subsecretario de tierras y Reforma Agraria.

Le expusieron la importancia de trabajar la tierra y vivir de ella, el por su lado manifestó los avances alcanzados para entregarles los espacios como parte del "Plan Tierras" que impulsa el gobierno , aclarando que no solo consiste en la entrega de la tierra sino que es un paquete completo que incluiría crédito, asistencia y capacitación.

Por su parte Daniel Cusco y los compañeros campesinos e indígenas se comprometieron a entregar una lista al MAGAP, depurada donde consten únicamente las personas que no tienen tierra y que sean socios activos de la asociación.

Además se resolvió que el 1 de Septiembre un equipo técnico de MAGAP, se reuniría con los compañeros indígenas, en el salón comunal del barrio Lucha de los Pobres, al sur de la ciudad de Quito donde se darán los siguientes pasos para concretar el sueño de tener un pedazo de tierra para trabajarla.

Luis Manosalvas

Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro

Cel: 08-77-51-338

Más impuestos y barreras en Quito

“El subsidio para la gasolina es un subsidio inadecuado” dice el vicealcalde de Quito, Jorge Albán, y bajo ese argumento hace pocos días señaló que el cabildo capitalino busca “eliminarlo en parte” en la ciudad, para financiar un fondo de movilidad de alrededor de $630 millones, con los que se construirían 12 proyectos de vialidad en cinco años. De no ser por el llamado de alerta que al respecto formularan la Federación de Barrios de Quito (FBQ) y la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE) el paquete neoliberal de Barrera y su equipo de concejales, que contempla la elevación de los combustibles, el establecimiento de peajes en varias vías de la ciudad y el castigo con impuestos a la compra de vehículos nuevos y usados, hubiera seguido el trámite silencioso que pretendían darlo hasta su ejecución en los meses venideros.

La denuncia de las organizaciones barriales ha obligado a las autoridades municipales hacer algunas “aclaraciones” y explicaciones, como que no se trata de quitar el subsidio sino de crear una tasa y que los sectores populares no serán afectados.

“Esa elevación del precio de la gasolina a más de antipopular es ilegal –sostiene Natasha Rojas, presidenta de la CUBE- por cuanto su fijación es responsabilidad del gobierno central, de acuerdo a lo que manda el art. 172 de la Ley de Hidrocarburos. El municipio busca ampararse en una ley que no está vigente, el COOTAD, a la que rechazamos porque otorga facultades a los gobiernos seccionales para imponer más impuestos y adoptar medidas como la que ahora ensaya el municipio de Quito”

Queda claro que Barrera no tiene más iniciativa que Bucaram o Mahuad para enfrentar problemas económicos y acude a recetas de índole fondomonetarista. Esta medida, dice la presidenta de la CUBE, no afecta únicamente al 30% de la población como sostiene el alcalde, sino a su totalidad, por los efectos inflacionarios que posee. Tampoco es cierto que se solo sufrirán los bolsillos de quienes más dinero tienen, puesto que de los 415 mil vehículos que circulan en la ciudad, 23 mil cuestan más de 20 mil dólares y 263 mil vehículos cuestan menos de 10 mil dólares, y todos pagarán un nuevo impuesto.

Respecto de los peajes la información que se presenta a la ciudadanía es sesgada. De los 27 peajes que se busca establecer, solo tres costarían 5 ctvs., el resto fluctuará entre 10 y 25 ctvs., que por cierto serán elevados cada cinco años. Además está en carpeta hacer estudios de nuevos peajes en lo que el municipio denomina el “hiper centro” y en el centro histórico. Es decir, en poco tiempo, en toda la ciudad habrá que pagar para circular.

Las organizaciones barriales nos oponemos a ese paquete neoliberal, pero a la vez tenemos propuestas concretas, afirma Natasha Rojas. El municipio debe exigir al gobierno central la transferencia de recursos extra presupuestarios; planteamos que de la renegociación del contrato del nuevo aeropuerto (877 millones de dólares) se destine el 50% para el plan de movilidad; y, que el municipio reciba la totalidad de lo recaudado por matriculación vehicular en el Distrito Metropolitano, pues, ahora de los 40 millones que eso genera, el cabildo apenas recibe 2 millones de dólares.

El Gran Hermano, el caso Fabricio Correa y la sospecha de tongo

Tomado de: El Comercio

Fabricio Correa “tiene toda la libertad de pasearse y decir lo que le da la gana” porque “nadie lo persigue”. ¿Qué quiere decir con eso el periodista Juan Carlos Calderón? Que el caso Fabricio Correa, denunciado por Diario Expreso en junio del 2009, no tuvo real efecto en quienes debían actuar: las autoridades judiciales.

En aquella fecha, Calderón era editor general de Expreso y dirigió la investigación “Fabricio Correa, el holding”, con los periodistas Christian Zurita, María Elena Arellano y Mario Avilés.

La serie, de cinco entregas y que acaba de ganar el premio nacional de periodismo Jorge Mantilla Ortega, convocado por diario EL COMERCIO, reveló que los contratos firmados entre el Estado y el hermano del Presidente habrían generado un prejuicio de USD 80 millones para el Fisco, aunque la Contraloría del Estado estimó que pudieran haber sido unos USD 167 millones.

Nada de lo que denunció Expreso ha sido desmentido. Pero los autores de la investigación, convertida ahora en el libro ‘El Gran Hermano’ (escrito por Calderón y Christian Zurita) temen que las revelaciones periodísticas se diluyan entre los dedos de una justicia que no actúa.

Una cita del libro parece ratificar ese temor: “Desgraciadamente nuestras leyes permiten ese disfraz, esa mascarada para evitar el control. Eso sucede con muchas empresas, con muchos medios' Inclusive los curas compraron bienes del Filanbanco, los pases de los jugadores son comprados con prestanombres. ¿Se sabe quiénes son los dueños de la deuda externa? Se dice que son muchos ecuatorianos. Es un mal general” (página 340).

Son reflexiones de Washington Pesántez, fiscal general de la Nación, en una entrevista con diario El Universo. ¿Cómo interpretar esas palabras en el contexto de un país gobernado por una élite política que se jacta de que han quedado atrás la injusticia, la inequidad, el poder de pocos en perjuicio de muchos?

Calderón y Zurita llegan a esta conclusión: “Con su respuesta a El Universo, el Fiscal pintó un panorama duro de digerir para quienes creían hasta ese momento en el ejercicio ético del poder” (página 341).

Nada nuevo, en realidad: de lo que se ha visto, es lo mismo de siempre con envoltura distinta.

Lo más inquietante del libro, sin embargo, es el planteamiento que acompaña todo el texto como un eje paralelo: “Historia de una simulación”.

El periodista Arturo Torres, editor de Investigación de diario EL COMERCIO y autor del prólogo, lo explica así: “Es paradójico que a un año de haberse conocido los jugosos negocios del hermano del presidente con el Gobierno, no exista un solo sancionado por la violación flagrante de la Ley de Contratación. Es más, el principal protagonista, Fabricio Correa, ahora es un adalid de la lucha anticorrupción, invitado infaltable de algunos medios donde prima la noticia del día'” (pág. 11).

Es el planteamiento más estremecedor del libro y, por tanto, el valor más alto de la investigación: “' está en marcha una estrategia de doble simulación que ha llevado a Fabricio Correa de contratista sorprendido tras una cortina societaria a principal acusador y probable candidato presidencial”, mientras a Rafael Correa lo ha conducido a “simular una fiscalización que ha propiciado hasta hoy la impunidad de su “Hermano Mayor” y cuyas consecuencias son impredecibles para el futuro de la democracia y la libertad en el Ecuador”.

Absueltos dirigentes campesinos

Sandra Ochoa | Cuenca | El Universo

El Primer Tribunal de Garantías Penales decidió absolver a los dirigentes comunitarios Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Froilán Arpi, de los cargos de obstrucción de vías que fueron imputados tras ser detenidos el pasado 4 de mayo, en medio de una protesta en contra de la Ley de Aguas.

La audiencia se realizó el pasado jueves y duró más de diez horas. Además fue suspendida por pocos minutos debido a una falsa alarma de bomba que se registró en el edificio de la Corte Provincial de Justicia, un piso más arriba donde se realizaba la audiencia.

En los exteriores de la Corte, centenares de personas de las comunidades de Santa Marianita de Girón, Tarqui, Victoria de Portete, entre otras, se apostaron para saber el destino de sus dirigentes.

El pasado 4 de mayo, los dirigentes fueron acusados de sabotaje y terrorismo, con orden de prisión preventiva de la fiscal de lo Penal, Patricia Inga, quien también comenzó con indagaciones previas. Ese delito conllevaba la pena de reclusión de 8 a 12 años.

Dos días después fueron liberados por el Presidente de la Corte Distrital de Justicia, que no encontró pruebas del delito por el que fueron acusados y se cambió la figura del delito a “suspensión de servicios públicos y obstaculización de vías”, indicó Pérez.

Pasadas las 18:00 el Tribunal emitió el fallo a favor de los dirigentes comunitarios y eso desató la algarabía entre los comuneros que acompañaron en los exteriores de la Corte de Justicia.

Pérez Guartambel señaló que “la lucha no ha terminado... nos han absuelto, pero habrá una apelación, pero si es por defender el agua, que se abran las puertas de la cárcel”.

El dirigente señaló además que la Fiscalía no pudo probar la acusación y dijo que continuará luchando en contra de las mineras y defenderá, junto a las comunidades, “hasta las últimas consecuencias el derecho al agua”.

César Seas, activista de los Derechos Humanos, se sumó al respaldo de los campesinos y aseguró que se cometería una falta grave contra los derechos fundamentales si se condenaba a Pérez.

Mientras que Verónica Cevallos, esposa de Pérez Guartambel, acusó al Estado por los daños causados a su cónyuge y que los otros implicados no son delincuentes.

La Coordinadora Campesina Popular rechaza persecusión judicial de sus dirgentes

Una vez más, la infamia de la persecución como instrumento de intimidación. Este 30 de julio el Juez Juan Uyaguari Brito del Juzgado Cuarto de lo Penal de Méndez provincia de Morona Santiago llamó a pedido del Agente Fiscal Miguel Villamagua del mismo distrito a una nueva Audiencia de Formulación de Cargos e Inicio de la Instrucción Fiscal contra los dirigentes populares Lina Solano, Fernando Mejía , Vicente Zhunio y otras 19 personas, a quienes acusa de un presunto delito de “invasión” de edificios.

Este proceso indagatorio comenzó en la ciudad de Gualaquiza, hace más de dos años, sobre una supuesto hecho ocurrido hace casi cuatro años atrás (noviembre del 2006), la denuncia fue presentada por un individuo de la ciudad de Loja, en diciembre del 2007, identificado como Cuenca Peralta Juan Rafael, denuncia que le hizo en condición de testaferro de la empresa canadiense Corriente Resources-Ecsa-Ecuacorriente-Explorcobres.

Desde esa fecha la Fiscalía de Gualaquiza abrió una indagación del supuesto delito pese a lo descabellado y la total mala fe de dicha denuncia que patrocina la empresa minera. Nadie duda de las presiones tanto gubernamentales y de la propia minera hacia las autoridades judiciales, no en vano es un proceso que dura tantos años. Tan descarado resulta, cuando en la última citación que se pasó para la audiencia, el ex Fiscal Miguel Villamagua (quien también acusó falsamente al compañero Zhunio) incluso manifiesta que pedirá medidas cautelares contra quienes el piensa son sospechosos, la inmoralidad y el compadrazgo de este individuo con los funcionarios de Ecuacorriente todo el mundo conoce en la región sur de Morona Santiago, especialmente en Gualaquiza en donde públicamente cenaba con los de Ecuacorrientes.

Es hora de denunciar a este mal funcionario judicial que tanto daño le hace a la moral pública y al sistema de justicia del país. También muy curioso resultó que el agente fiscal Villamagua faltando dos día para la audiencia de formulación de cargos -por él mismo solicitada al juez penal de Méndez- haya dejado el cargo como fiscal de ese distrito ¿Por qué el funcionario Villamagua no se quedó allí para que sustente su “investigaciones” con las que quiere acusar a los compañeros?

La falacia y la mala fe de Villamagua y junto a su ineptitud (pues casi nada ha hecho en la aportación de pruebas de cargo o descargo de dicho proceso) le llevaron al camino minado de acusar a los compañeros tratando así de favorecer a la minera canadiense. No hay que olvidar que este individuo Villamagua pasó mucho tiempo de fiscal encargado en Gualaquiza (donde comía con la minera), en cuyas manos estaba la indagación, en esa ocasión Villamagua pidió ya una primera vez al Juez Penal de Gualaquiza llame a audiencia de formulación de cargos, esa audiencia fue convocada para el jueves 21 de enero del 2010 en Gualaquiza, la cual no se llevó a cabo por falta de algunos requisitos legales. Pero, la conducta perversa de perseguir a los compañeros de parte de Villamagua y la Fiscalía continuaron, apareció la discusión sobre la “determinación exacta” de donde habrían ocurrido los hechos del supuesto delito, la pregunta obvia es: ¿y por qué la fiscalía no se percató de ello antes, no hay que olvidar que este proceso judicial ya lleva tanto tiempo?

Luego de un “peritaje” la fiscalía de Gualaquiza sentencia que el juicio debe ventilarse en la jurisdicción de Méndez, aquí viene lo curioso, resulta que el titular de la Fiscalía de Méndez era el mismo individuo Villamagua, es decir el mismo acérrimo enemigo de la Coordinadora Campesina Popular CCP. Y como se puede olvidar a este sujeto Villamagua, quien de forma cobarde e inmoral formuló el juicio acusatorio contra el compañero dirigente Vicente Zhunio (juicio sobreseído por la Corte Provincial de Morona Santiago).

Es decir, el agente fiscal Villamagua ya ha llamado a dos audiencias de formulación de cargos contra los compañeros, una que la presentó al Juez Penal Dr. José Vázquez de Gualaquiza y la otra que dejó solicitando (pues dos días antes de la fecha fijada para la audiencia se largo del cargo) al Dr. Uyaguari, Juez Penal de Méndez. La Coordinadora Campesina Popular denuncia estos malévolos procesos judiciales, los cuales son patrocinados y utilizados por las transnacionales y el gobierno con claras intenciones de intimidar y desprestigiar a los dirigentes y personas que se oponen a los proyectos mineros. Estos procesos judiciales cobardes, utilizando el poder judicial, la mentira, el falso testimonio, cuyo objetivo es crear miedo para impedir que el pueblo eleve su voz de protesta contra la injusticia deben ser rechazados de plano por las comunidades y organizaciones populares, estos proceso judiciales son métodos de una burda represión legalizada, y que sólo pueden ser solapados por un gobierno corrupto y unos funcionario inmorales.

La denuncia que hace el abogadillo de pacotilla de Loja al servicio de la minera Ecuacorrientes Juan Rafael Cuenca Peralta es temeraria y miserable, cualquier estudiante de primer año de derecho y cualquier persona con sentido común se daría cuenta de la cizaña y la mala fe con que Cuenca Peralta -prostituido a los intereses de la minera extranjera- sustenta su denuncia, ¿Qué raro que un ciudadano de Loja presente una denuncia en Gualaquiza sobre unos supuestos hechos ocurridos en el 2006? ¿Qué raro que la fiscalía se deje sorprender por una grosera mentira prefabricada y no haya desestimado dicha denuncia, sino más bien ha pedido que se inicie la instrucción del juicio? ¿Qué raro que en todo el proceso indagatorio ninguno de los denunciantes y la fiscalía no haya presentado prueba alguna que demuestre con verdaderos elementos de convicción que los compañeros estén cometiendo los supuestos delitos que se les quiere imputar? ¿Qué raro que no presenten las pruebas materiales de la “invasión”, de la “destrucción”, en donde se muestre a los compañeros cometiendo delitos contra la minera Ecuacorrientes? ¿Qué raro que la fiscalía y los señores de la minera canadiense no presenten pruebas materiales donde Lina Solano, Vicente Zhunio y Fernando Mejía estén cometiendo actos de violencia, convulsión social y pandillaje como temerariamente dice el testaferro Rafael Cuenca Peralta y los testigos asalariados de la minera? BASTA YA DE TANTO CINISMO, De manera frontal exigimos, que en honor a la justicia y a la verdad, la nueva Fiscal de Méndez, la Dra. Fanny Jácome debe DESESTIMAR la burda denuncia contra los compañeros y demás personas, por carecer de veracidad y elementos reales de convicción; la fiscalía debe pedir al Juez IV de Garantías Penales de Méndez el archivo de dicha denuncia.

La Coordinadora Campesina Popular CCP y sus filiales de la región del austro del país junto a las organizaciones y comunidades fraternas esteremos muy atentos, siguiendo muy de cerca cada paso que tome este perverso proceso judicial, a su vez, hacemos un llamado a los organismos de Derechos Humanos DEMOCRÁTICOS nacionales e internacionales (no de aquellos organismos serviles al gobierno de Correa que se hacen de la vista gorda de los innumerables casos de violaciones de Derechos Humano cuando las victimas pertenecen organizaciones populares que nos son de simpatía) para que denuncien estás cobardes mañoserías judiciales que lesionan los derechos de personas y dirigentes que con su legitima lucha son los verdaderos defensores de los derechos del pueblo.¡

RECHAZAMOS LA PERSECUCIÓN JUDICIAL DE NUESTROS COMAPAÑEROS!

¡ ABAJO LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR !

¡ POR LA UNIDAD Y LUCHA CAMPESINA !

¡ FUERA MINERAS IMPERIALISTAS !

COORDINADORA CAMPESINA POPULAR CCP

El retorno de los cadáveres insepultos

“No son una revolución, sino un trastorno”

Por: Fernando Villavicencio V.

fevillavi@yahoo.es

Dos mil cuatrocientas palmas agitaron el ambiente, cuando el Presidente Rafael Correa, cerró su informe a la nación, pidiendo amnistía para el gerente del neoliberalismo, prófugo de la justicia, Alberto Dahik. Tres años atrás ya lo hizo para su padre espiritual, Gustavo Noboa; simultáneamente, los tribunales de justicia controlados por él, levantaron la orden de prisión contra Jamil Mahuad, responsable del salvataje bancario, hoy profesor de ética económica en EEUU.

Cuando escuché amnistía me acordé de las creativas escenas de la democracia común, perdón, de la delincuencia común: la gresca callejera, el pueblo se arremolina, la policía llega, el cuento, el chisme, mientras a dos cuadras, los capos de la banda están asaltando la joyería.

La oposición boquiabierta y hasta algunos paisistas no salen del asombro, el pueblo anda enchufado al tema, mientras nadie se preocupa de los negociados, de la corrupción que ahoga al sector público y del gran asalto a las joyas de la corona.

Con la llegada de la democracia a inicios de la década de los ochenta, se estrenó la película el retorno de los muertos vivientes, en la cual salían de sus tumbas, olorosos seres descompuestos en busca de alimento; pese al maquillaje y a los efectos especiales, por cada grito de susto, la cinta provocaba un rosario de risas y en algunos casos la compasión del espectador.

Treinta años después, el Presidente Rafael Correa, inspirado en la aludida comedia de terror, con su bronco humor del siglo 21, acuñó la expresión “cadáver insepulto”, al ex Presidente Osvaldo Hurtado, homologando el término a los demás representantes de la denominada “partidocracia”, que han morado desde entonces en la morgue de la democracia, acusados de ser los creadores de la maloliente Teoría Económica Zombie (TEZ), más conocida en los cementerios occidentales como neoliberalismo.

Nadie logró escapar del fuego sentencioso de su verbo: Febres Cordero, Blasco Peñaherrera, Sixto Durán, Alberto Dahik, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, muertos de pelo alto y hasta muertos de medio pelo, todos bien muertos bajaron a la tumba a acompañar a Osvaldo Hurtado.

Cual orden de Thule, la revolución correísta levantó del sepulcro al Ché, para testimoniar el selló definitivo e histórico del sepulcro neoliberal, para que luego el legendario guerrillero, pueda morir por siempre, en paz.

Chávez hizo lo propio con Bolívar, pero se llevó una gran sorpresa al encontrar el cadáver del héroe antiimperialista, cobijado con la bandera del imperio británico.

Del Carchi al Macará, del Pacífico al Curaray, todos los géneros y todas las especies instruidas en las sabias lecciones del “Escolar Ecuatoriano”, festejaron el fin de la prehistoria, el guiño encantado del cambio, la Patria compartida en 14 milloncitos de pan.

Los tecnócratas jóvenes de la teoría zombie, jamás descendieron al mausoleo junto a sus progenitores, permanecieron al frente de los negocios del Estado, mutados en zurdos camaleones; aprendieron rápido “hasta siempre comandante”, siguieron cursos intensivos de socialismo para principiantes, en las escuelas de RIUS, PCE, PSE, MIR y demás cofradías buscapuestos.

Así, mientras duraba el efecto narcótico de la pócima revolucionaria, ellos ejecutaban eficientemente el proceso postergado durante décadas. Solo hay que repasar el manual del CONAM del gobierno de Sixto Durán Ballén, y podrán decir, trabajo cumplido. La diferencia es imperceptible, ahora en vez de “yankee go home”, se dice “chinese wellcome”.

El cuerpo del poder correista, donde se cuecen los grandes negocios: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, aduanas, obra pública y los estelares mandos del Estado, se ha mantenido infestado de correligionarios de la pestífera partidocracia: parientes, amigos, amantes, afectos, socios, accionistas, áulicos y cortesanos del funeral populista y neoliberal de los últimos treinta años: y unos cuantos izquierdosos, decorando el marco teórico y tendiendo alfombra roja al paso de la corte.

El efecto de la morfina populista empieza a ceder, el sepulturero de la partidocracia, muta en profanador de tumbas, liberador de mortajas de los extintos lapidados, que se levantan como lázaros, a mirar, aprender y aplaudir la obra completa, pensada con la diestra y ejecutada con la siniestra, bien hecha, en nombre de todos, con equidad de género y derechos de la naturaleza, sin machismos y musicalizada con sonetos de la nueva trova en tercera edad.

En el siglo diecinueve el valeroso impugnador de tiranos, bogotano y alfarista, José María Vargas Vila, en su obra “La muerte del cóndor” pintó la tragedia de su pueblo en los rostros de los “cadáveres insepultos” eternizados en el ataúd de la historia. Los tiempos pasan pero a veces como que no pasan, se repiten crueles, con otros nombres, pero solemnemente infames, como nos recuerda Vargas Vila a la falaz revolución o regeneración de Núñez en Colombia: “No iluminan como los sabios; pero engañan como los farsantes. No son una revolución, sino un trastorno. Todo lo derriban, y no edifican nada. Es un pillaje, no un gobierno. No saben qué quieren, ni para dónde van. Aquello es: la locura de las medianías, la embriaguez de las nulidades, el desenfreno del crimen. Esta agrupación híbrida, que como un miasma pestilencial, se ha alzado de la corrupción de todos los partidos; esta avalancha de hombres de todos los bandos, que ha caído sobre la República, como esas invasiones de bárbaros, que todos los cuatro puntos del horizonte cayeron un día sobre Roma, ni es un partido, ni tiene bandera, ni obedece a principios, ¿De dónde ha surgido? De abajo, del fondo de todos los partidos. Hombres y tendencias, todo ha brotado de la sombra. Grupo genesíaco, en que todos han salido de la nada no sabiendo quiénes son, de dónde vienen, ni para dónde van.”

Continúa persecución a líderes indígenas en Ecuador, denuncia dirigente shuar

Tomado de: Red de Comunicadores Interculturales

El pasado 5 de Agosto el Presidente del Federación Shuar FICSH, Pepe Luis Acacho, fue llamado a comparecer ante la Fiscalia de Mendez de la provincia de Morona Santiago por la denuncia presentada por el Dr. Navarrete, Subsecretario Juridico del Ministerio de Gobierno del Presidente Correa, por el delito de instigacion para delinquir y por apologia del delito, en el marco del proceso que se sigue por plagio y avigeato en contra de los socios del centro shuar Pupunas de la asociacion Etsa del canton Limon Indanza.

Pepe Acacho acompañado de dirigentes y socios de la Federación Shuar se presentó a las nueve de la mañana con su cedula de identidad ante la Fiscal en compania de sus abogados ante quien indico que se acoge al articulo 76 numeral 7 literal f) de la Constitucion Politica del Ecuador, que en su parte pertinente dice:

“SER ASISTIDO POR UNA TRADUCTORA O TRADUCTOR O INTERPRETE, SINO COMPRENDE O NO HABLA EL IDIOMA EN EL QUE SE SUSTANCIA EL PROCEDIMIENTO”, de igual manera dijo acogerse al Art. 77 numeral 7, EL DERECHO DE TODA PERSONA A LA DEFENSA INCLUYE, literal a) que dice “SER INFORMADO, DE FORMA LIBRE Y DETALLADA EN SU LENGUA PROPIA Y EN LENGUAJE SENCILLO DE LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS FORMULADOS EN SU CONTRA Y DE LA IDENTIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA ACCION Y PROCEDIMIENTO”

Con estos argumentos legales en el marco de la Constitución el denunciado argumento que no entiende que significa instigación para delinquir y apología del delito como tambien que significa plagio y avigeato, por lo que solicito se le traduzca en su idioma para de esa manera proceder a su defensa en su propio idioma, por lo que la Fiscal acogió el pedido y suspendió la indagación.

“Con estas acciones se deja en claro que hay una persecución política a los líderes y dirigentes indígenas especialmente a los shuar que han luchado en defensa de sus territorios y que no han permitido el saqueo de los recursos minerales que se encuentran en territorio shuar”, dijo Acacho.

Se reafirma la impunidad

Hacia la impunidad y favorecimiento del accionar conjunto de militares y paramilitares

El pasado 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia dictó sentencia en el proceso que se adelantaba en contra de 10 militares integrantes del Batallón Vélez de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en razón de la masacre ejecutada el 21 de febrero de 2005 en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En dicha decisión la Juez Catalina Henao Rendón, decidió absolver de toda responsabilidad a los TC Orlando Espinosa Beltrán; MY Jose Fernando Castaño López; Teniente Alejandro Jaramillo Giraldo; SS Ángel María Padilla Petro; C1 Sabarain Cruz Reina; ST Jorge Humberto Milanes Vega; SS Henry Agudelo Guasmayan Ortega; C3 Ricardo Bastidas Candia; ST Edgar García Estupiñán y el Sargento Darío José Brango Agamez.

En relación con la acusación por el delito de actos de barbarie, la Juez valoró que debería considerárseles inocentes, pues en su sentir la teoría de la autoría mediata por conformación de estructuras de poder organizado aplicadas por la comunidad internacional en el caso de los criminales de guerra nazis, de Alberto Fujimori y las juntas militares en Argentina no pueden ser no puede ser aplicadas pues “aunque dicha teoría tuvo su origen en el marco de irregularidades cometidas por agentes del Estado esta judicatura encuentra graves inconvenientes en trasladarla a la situación concreta, como lo demanda el actor popular, ya que aunque el Ejército Nacional tiene una estructura jerárquica en la que opera el principio de mando y subordinación, es una estructura legítima, formalmente regulada en la cual rigen reglas de la obediencia debida, por lo que no puede esperarse, contrario a lo que ocurre en los grupos irregulares, que el mando sea arbitrario, sino todo lo contrario, se trata de una organización que en principio obedece a unos fines constitucionales de protección de la paz, del orden justo y la efectividad de los derechos fundamentales de acuerdo al artículo 2 CN”.

La jurisprudencia nacional e internacional ha ido evolucionando en el sentido de impedir que actos que comprometen los derechos humanos y constituyen crímenes de lesa humanidad, puedan quedar en la impunidad. Es sumamente preocupante que en esta sentencia, las consideraciones partan de hacer un rechazo a la aplicación de teorías construidas en el derecho penal, bajo la consideración que se presume que el Ejército Nacional no actúa arbitrariamente, dejando de lado la existencia de abundante material probatorio que da cuenta del accionar conjunto de militares y paramilitares y que miembros de la Fuerza Pública se deslindaron del ordenamiento jurídico, en una empresa criminal conjunta con paramilitares, en desarrollo de la cual ejecutaron crímenes de lesa humanidad.

Sumado a ello, ha decidido la Juez Segunda absolver a todos los militares del delito de concierto para delinquir argumentando que “no fue demostrado por parte de la Fiscalía General de la Nación la existencia de un acuerdo entre militares y procesados, con proyección de la organización en el tiempo y ánimo de permanencia, tendiente a la comisión de delitos determinados”. Adicionalmente ha precisado que el patrullaje conjunto es anormal, pero no es suficiente “para probar el vínculo”, en donde concluye que militares y paramilitares “señalan de manera concordante que únicamente realizaron diálogos encaminados a la realización de desplazamientos conjuntos, más no a la ejecución de ningún delito”, por lo que en sentir de la Juez “la conducta de concierto para delinquir resulta ser atípica”.

Estas consideraciones resultan ser sumamente preocupantes para el contexto de violaciones a los derechos humanos y la impunidad en Colombia. Considerar que las reuniones previas, contar con guías paramilitares, patrullar conjuntamente y dormir en los mismos lugares no constituye delito, se erige como una invitación a la consolidación de la asociación criminal entre militares y paramilitares. Estas posiciones conceptuales conllevan a la impunidad de estos actos, así como a una impunidad generalizada en la repudiable y necesariamente punible asociación criminal entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares. El dominio del hecho que tenían los militares, quienes conjuntamente operaron en la masacre del 21 de febrero de 2005, es inequívoco.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú en la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori en el Expediente N° AV 19-2001, del siete de abril de 2009. Casos Barrios Altos, La Cantuta y sótanos, concluyó que: “Por tanto, no será indispensable que exista una disposición expresa y que esté contenida en un documento, por la que el nivel superior estratégico ordene directamente el cumplimiento de una función específica al ejecutor inmediato”.

En relación con la responsabilidad atribuible a miembros del Ejército Nacional por la ejecución de la masacre, ha sido rechazado el testimonio del Capitán Guillermo Armando Gordillo, quien confesó su participación en estos hechos y fue condenado por un Juez de la República a 20 años de prisión. En relación con su testimonio considero la Juez Rendón Henao que “pretende incriminar de manera falaz a sus subalternos e inclusive a sus superiores”. Es sumamente inquietante observar como la versión del Capitán Gordillo es válida y suficiente para condenarlo, pero no para analizar la responsabilidad de los hombres que dirigía. Más alarmante es observar como se concluye que “el único miembro del Ejército Nacional que participó en ellas fue el Capitán Gordillo”, con lo cual de tajo la Juez limpia la responsabilidad de quienes acompañaron al capitán, en la ejecución de dicho designio criminal.

La Juez considera que “en el plenario obran suficientes medios de conocimiento para dar por probado sin lugar a dudas que los autores materiales de los hechos fueron un grupo de paramilitares del BLOQUE HEROES DE TOLOVA que se encontraban patrullando conjuntamente en la zona con los pelotones B1 y A1 de la compañía ANZOATEGUI”.

La Juez afirma que “no existe en el proceso absolutamente ninguna evidencia de que el acuerdo que realizaron Ejército y paramilitares se hizo para cometer delito alguno y mucho menos para matar personas indefensas. Al contrario, todo indica que nadie sabía o sospechaba siquiera que se iban a cometer esas atrocidades. Ni los mismos que dieron la orden directa de ejecutarlas y, menos, quienes las ejecutaron sabían previamente que eso iba a suceder”.

Y no menos alarmante resulta ser la afirmación según la cual: “aunque es claro que los militares infringieron su deber de no patrullar con un grupo ilegal, lo cierto es que éstos no conocían ni debían conocer los riesgos de su conducta”.

El conjunto de aspectos aquí citados indican que a pesar de los esfuerzos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso, en la fase de juicio las valoraciones y conclusiones a que se arriba, tienen el propósito e intencionalidad de favorecer a los victimarios.
Desde hace varios años la Comunidad de Paz de San José de Apartado había expresado públicamente sus reservas frente a la administración de justicia en Colombia, dado que venía siendo funcional a la impunidad de graves crímenes contra la humanidad. La sentencia que hoy se conoce se erige como uno de los mayores monumentos a la impunidad, en donde para nada importa el testimonio del Capitán Gordillo y siete (7) paramilitares en relación con el accionar conjunto de militares y paramilitares en el operativo que llevo a la muerte de cuatro niños y niñas y cuatro adultos. Hoy debemos decir nuevamente, que la Comunidad tenía la razón: no existen razones, fundamentos, ni pruebas, que permitan creer en la justicia colombiana.

Esto nos plantea que solo queda la opción de acudir ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional para pedirle que asuma el conocimiento de estos hechos los cuales son claramente un crimen de lesa humanidad, dado que la justicia colombiana no tuvo el interés, ni la voluntad para hacerlo.