La nueva Constitución propuesta para su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre recupera -en algunos casos- derechos y garantías políticas que el neoliberalismo los conculcó o los limitó. En otros casos los reconoce por vez primera.
Para la burguesía, la democracia se ha reducido al “derecho” de las personas mayores de 18 años de edad a entregar su voto cada cierto tiempo para elegir a quien, en los hechos, siempre se ha burlado de las aspiraciones populares. Mientras más alejado ha estado el pueblo de los temas políticos, más seguros se han sentido los políticos burgueses para hacer cuanto han querido, siempre en provecho personal o de su grupo.
La nueva Constitución garantiza todas las formas de organización popular (art.97), como expresión de su soberanía para incidir en las decisiones políticas nacionales y para ejercer el control popular sobre todos los niveles del gobierno.
Este aspecto crea condiciones para el desarrollo de la organización popular, a la que los gobiernos neoliberales pusieron una y mil cortapisas para su desarrollo. Pero no solo pusieron cortapisas, también la reprimieron, sobre todo cuando se ha tratado de organizaciones y sectores sociales que han levantado su voz en contra de la explotación e injusticia.
Por ello es importante que la nueva Constitución garantice, junto al derecho a la organización, “el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. En otras palabras, se convierte en garantía constitucional el derecho a la protesta.
En otro campo, impedirá que instancias, como los municipios, actúen encerrados y a espaldas de los pobladores de los barrios, como ocurre en la actualidad, aprobando cuanta ley y ordenanza antipopular han deseado, pues, garantiza la participación social en cabildos populares y otras instancias, que en la actualidad han sido imposibles de acceder. De acuerdo al art. 101, “En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos”. En estas instancias se elaborarán planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; se buscará mejorar la calidad de la inversión pública; se elaborará presupuestos participativos de los gobiernos.
Para su ejercicio funcionarán asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, etc. promovidos por los sectores. Como elemento nuevo “En las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados existirá la silla vacía, que la ocupará un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones” (Art. 102).
Estos, y otros aspectos contenidos en la Constitución, crean condiciones para el desarrollo de la organización y participación política de los trabajadores y los pueblos, por ello la oposición de la derecha a su aprobación.
