Resulta contradictorio que el gobierno de Rafael Correa pretenda resolver a través de la represión el conflicto que mantiene con
La inasistencia de los maestros a las pruebas de evaluación hizo que el gobierno dicte acuerdos y decretos con la única finalidad de contar con instrumentos legales para reprimir a los maestros, toda vez que la ley no puede sancionarlos en los términos anunciados por el Ministerio de Educación. La desesperada respuesta gubernamental le ha llevado a pisotear normas básicas del derecho como el pretender tipificar delitos y sanciones a través de un decreto, cuando solo es posible hacerlo por medio de una ley. Esa ilegalidad se suma al desacato al art. 346 de
El gobierno se ha ido con todo en contra del magisterio, al punto de convocar a una concentración en Guayaquil -que por cierto quedó corta frente a lo que Correa esperaba y la millonaria propaganda invertida- como no lo había hecho en otras ocasiones. Para enfrentar a los banqueros que tienen el dinero de los ecuatorianos en el extranjero, para obligar a la burguesía que pague sus impuestos, para impedir la brutal explotación a niños y adultos en la bananeras de Álvaro Noboa, para enfrentar a los empresarios que se burlan del mandato que puso fin a la tercerización e intermediación laboral Rafael Correa no ha llamado a la movilización popular como mecanismo de presión en contra de estos sectores y de respaldo al proyecto político, pero ahora lo hace en contra de un sector muy importante del movimiento popular, uno de los actores fundamentales en la lucha desatada por el pueblo en contra del neoliberalismo y los gobiernos oligárquicos precedentes.
Un gobierno que reivindica la necesidad de la participación popular no puede desatender el planteamiento de los maestros de concretar un Diálogo Social para el Mejoramiento de
Esa propuesta de