La perspectiva de que continúe en pie el golpe de Estado en Honduras es la menos probable. En algún momento los golpistas van a dar el paso atrás, pero con auxilio de Washington están buscando una negociación más favorable.
Por ahora el pinochetista Roberto Micheletti se mantiene al frente del gobierno de facto. Y dice respirar aliviado porque el presidente constitucional hizo dos intentos de regreso que no terminaron exitosamente. “Goriletti” no evalúa algo elemental: esa búsqueda de retorno reavivó el apoyo popular de Zelaya porque fue un gesto concreto de no rendición. Y eso deja un capital político que fortalece al depuesto el 28 de julio con un típico golpe latinoamericano, con comandos militares encapuchados que lo tomaron prisionero en su domicilio.
La lógica indica que cada cosa que fortalece al mandatario legal, debilita al usurpador, aún cuando hasta hoy no haya alcanzado para deponerlo y ponerlo tras las rejas, como algún día debe ocurrir.
Micheletti y sus ministros y jefes militares como el general Romeo Vázquez Velázquez, así como los empresarios más concentrados que son parte del putsch, han cometido delitos.El mayor de todos, de traición a la Patria y violación a la Constitución Nacional, lo que ya es mucho decir. Pero también incurrieron en delitos nada desdeñables como crímenes, torturas, secuestros, atentados explosivos y otros derivados de la represión que impera en el país centroamericano.
Con la muerte del maestro de 38 años, Roger Abraham Vallejo, el 1 de agosto, ascendieron a 7 los fallecidos por la represión. El educador había sido baleado el 29 de julio en la cabeza cuando los policías atacaron a manifestantes en el Mercado Zonal Belén, en el norte de Tegucigalpa, luego de un corte de calles a favor de la democracia.
Algunos muertos fueron antes capturados en retenes militares y llevados a otros lugares, donde les asestaron decenas de puñaladas, como ocurrió con el albañil Pedro Magdiel Muñoz Salvador. El modus operandi fue igual que los crímenes cometidos en los ´80 por el Escuadrón 3.16 donde actuaba Billy Joya, actual asesor de seguridad de Micheletti.Otro mártir, como el joven Isis Obed Murillo, fue asesinado por un francotirador militar el día que el avión de Zelaya sobrevolaba el aeropuerto de Toncontín, en su primer intento de vuelta al país.En fin, la octava víctima mortal también pertenecía al gremio del magisterio. Martín Florencio Rivera Barrientos murió de 25 puñaladas el domingo, cuando regresaba del funeral de su colega Vallejo.
A esos muertos hay que añadir, según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh) unos 100 heridos y 2.400 detenidos, una parte por “sedición” y otra por violar el toque de queda.Incluso durante algunas horas han ido presos algunos de los responsables de las tres centrales sindicales y el Frente Nacional contra el Golpe, como los sindicalistas Carlos Reyes y Juan Barahona, y el dirigente campesino Rafael Alegría, que luego fueron liberados.
Un gobierno debilitado
La crónica incompleta de esas represiones deriva en una conclusión política bastante obvia: un gobierno que apela a esos métodos de fuerza no está para nada consolidado.
El 21 de julio Micheletti ordenó la salida en 72 horas de todo el personal de la embajada de Venezuela en Tegucigalpa. Pero el gobierno de Hugo Chávez dijo a su gente que permaneciera en el lugar porque no aceptaba órdenes de una administración ilegal. Y hasta ahora los diplomáticos venezolanos están en su edificio, protegido las 24 horas del día por decenas de manifestantes solidarios que les hacen el aguante. Una situación similar se vive donde está ubicada la Radio Globo, la única que trasmite información veraz antigolpista y que por eso mismo teme ser ocupada por los militares de Vázquez Velázquez o volada por los comandos de Billy Joya.
Además no se trata de una defensa pasiva. Ayer en un acto público el líder campesino Rafael Alegría dijo que los hondureños están agradecidos de Chávez. De Venezuela hemos recibido petróleo barato, tractores y alfabetizadores y programas médicos, añadió.
Ese debate es importante porque los que interrumpieron el orden constitucional han acusado al gobierno bolivariano de intromisión en los asuntos internos hondureños y de que al deponer al presidente en junio se libraron de “un nuevo Chávez”. El argumento, como se verá, es similar al que usan en Argentina elementos como Mariano Grondona, Marcos Aguinis, Andrés Oppenheimer y otros amigos del Departamento de Estado.
Justamente esos periodistas y escritores están un tanto desorientados porque las necesidades políticas de ese Departamento, para evitar un mal mayor a los intereses de Washington, llevaron a la adopción de medidas que afectan a los golpistas. Los considerados cuatro personajes más influyentes en el putsch han sido privados de las visas para entrada a EE UU. En las oficinas de Hillary Clinton se analiza ahora, con un visible retardo, si también congelarán cuentas bancarias que aquella cúpula tiene en bancos estadounidenses.
Que ningún país conocido del mundo haya reconocido al grupo de Micheletti no ha servido de por sí para que éste se desplome del poder. Pero que lo ha debilitado, eso sin duda.
Tres resultados
No en orden de posibilidades sino de mera enunciación, un primer resultado sería que Micheletti pueda mantenerse en el poder y convocar a elecciones en noviembre, o adelantadas, legalizando lo ilegal e ilegítimo. Esto tiene no más de un 20 por ciento de posibilidades, visto aquel absoluto desprestigio internacional y la creciente resistencia al golpe en lo interno. Para que los usurpadores se queden tendrían que producir varias masacres con miles de muertos, que impongan el terror y paralicen la resistencia por unos años. Pero esa mayor represión hoy probablemente implicaría el inicio de una guerra civil y no un período de estabilidad de los hombres del facto.Corren con mayor grado de realización las otras dos alternativas.
Una sería que EE UU se salga con la suya y que por medio del presidente “tico” Oscar Arias o directamente con el rol de mediador de la señora Clinton, consiga un acuerdo “democrático” insuficiente. Zelaya sería tolerado en su regreso pero sólo como figura decorativa, con un gabinete donde se sienten tanto golpistas como constitucionalistas, para llamar a elecciones sin consulta popular ni reforma a la Constitución ni Asamblea Constituyente.
Obviamente tampoco habría penas para los golpistas sino una amplia “amnistía” y reconciliación bendecida por el cardenal pro-golpe Oscar Rodríguez Maradiaga y todas las iglesias. Micheletti podría ir a alguna función diplomática y el general Vázquez a un bucólito retiro, pero no más.Esta alternativa representa los intereses de Washington, que vería salvada su imagen “democrática” y a la vez se libraría del peligro de un curso político a favor de Venezuela y el ALBA (Alianza Bolivariana de Nuestra América) en América Central.
El gran empresariado nucleado en Aproh (Asamblea por el Progreso de Honduras) y la Asociación Empresarial Hondureña (COHEP) presidida por Amílcar Bulnes, buscan una solución de esa índole. Su preocupación central no es la democracia sino que se normalice el clima de negocios e inversiones. En eso van a coincidir Jorge Canahuati, del rubro farmacéutico, cómplice de Micheletti, y Miguel Facussé, de negocios inmobiliarios, quien hasta marzo decía que el de Zelaya era un “gobierno magnífico”. La tercera opción es la única verdaderamente democrática: retorno y reasunción de Manuel Zelaya, encarcelamiento y juicio a los golpistas cívico-militares, descabezamiento de la oficialidad castrense, realización de la consulta popular y reforma de la Constitución, continuidad de Honduras en el seno del ALBA, cese de la concesión a la base militar estadounidense de Palmerola y conversión de la misma en aeropuerto civil, e investigación del rol cumplido por el embajador de Estados Unidos Hugo Llorens.
Cortar de cuajo ese golpismo puntual sería excelente para que no haya epidemia antidemocrática en la región. Rafael Correa teme que después de Zelaya vayan por él. Evo Morales no descarta que el próximo escenario sea Bolivia. Y los dos pueden estar en lo cierto.
Los hondureños que han muerto y los que han sido heridos y presos, han querido una solución democrática verdadera. Hasta el momento Zelaya se ha mantenido favorable a esta opción. Pero ya se sabe que muchas veces la gente pone los muertos y después las componendas políticas acuerdan cosas diferentes con la excusa de “lo posible”.
