Editorial del semanario En Marcha.Edición 1454
La publicidad gubernamental se ha acrecentado ostensiblemente en estas últimas semanas, y el slogan de que vivimos una “revolución ciudadana” es cada vez más repetitivo, al igual que el señalamiento de que se avecina una radicalización del proceso político. A propósito del inicio del nuevo período presidencial, Correa oficializó esos puntos de vista en su discurso del 10 de agosto.
En el país vivimos un período político en el que, fruto de la acción de años de lucha de los trabajadores y el pueblo y de derrotas político electorales de la derecha, se ha abierto una etapa democrática en la que las fuerzas políticas y sociales interesadas en cambiar el país tienen la iniciativa y aplican algunas medidas de orden progresista particularmente en el ámbito político. Sin embargo, tal proceso no tiene la connotación de una revolución social.
El presidente Rafael Correa es partidario de un proceso de tipo constitucionalista. Para él y su movimiento la actual Constitución es la piedra angular de todo el cambio social, sin embargo su práctica choca con sus enunciados, pues, su autoritarismo le ha llevado en varias ocasiones a violentar algunos de los preceptos constitucionales.
A pesar de que ese constitucionalismo lo encubre tras la propuesta de ir al socialismo, lo cierto es que el Estado por el que PAIS aboga se circunscribe a los límites del típico Estado liberal burgués fuerte, eficiente, con control de la economía y del funcionamiento de la sociedad, es decir totalmente alejado de lo que es un auténtico estado socialista que tiene como punto medular la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción, como condición para alcanzar la igualdad social.
Bajo esas consideraciones, la radicalización del proceso político apenas significará la afirmación de la institucionalidad actual, el reforzamiento del actual sistema.
Existe otro elemento característico en el quehacer gubernamental que choca con el discurso oficial: la participación popular en el marco de lo que denominan la “democracia participativa”. Si hay un elemento que desde las esferas gubernamentales no se propicia es la participación popular. Por el contrario, las organizaciones sociales y la protesta popular han sido estigmatizadas como manifestaciones del pasado. Ciertamente se ha dado al pueblo el derecho a sufragar varias ocasiones en estos dos años, pero se niega el derecho de criticar, sugerir propuestas y acciones para que el gobierno las asuma y, más aún, se veta el derecho de cuestionar las raíces de la desigualdad social. Quien pone estos puntos en el tapete, rápidamente es calificado de izquierdista infantil.
