El ordenamiento territorial no se impone, se consulta a los pueblos

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), propuesta elaborada por la SENPLADES, busca en lo fundamental continuar con la aplicación de la política neoliberal a través de los denominaos Gobiernos Autónomos Descentralizados, señaló la Dra. Natasha Rojas, Presidenta Nacional de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador.

Natasha Rojas expresó que el COOTAD permite que Gobiernos Autónomos Descentralizados entreguen a la empresa privada o empresas de economía mixta los servicios públicos con excepción del agua, cobrar obligatoriamente por los servicios públicos que presten caso contrario serán sancionados económicamente con el 5% de sus rentas, lo que significará que municipios como el de Guayaquil y otros continúen con la privatización de los servicios básicos en prejuicio de la población.
La presidenta de los barrios del Ecuador dijo que en el lapso de ocho años se transferirá las competencias de educación y salud violentando flagrantemente el Art. 261 de la Constitución en la que se determinan como competencias exclusivas del gobierno nacional.

Rojas expresó que se crea el Consejo Nacional de Competencia organismo con suprapoderes y sin participación popular, que será el encargado de disponer la transferencia de competencias y de autorizar la intervención de otro nivel de gobierno en la gestión de las competencias que a su criterio no estén siendo ejecutadas bien.

Finalmente señaló que las organizaciones barriales en el país se encuentran preparando diversas acciones frente al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, debe ser producto de la participación popular y no de la imposición.

El espejo de Uribe

Atilio A. Boron

La Cumbre de la UNASUR en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América Latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington.

Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”.

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.

En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales -acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera- constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares. En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser uno de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria ...(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición”.

Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina

Poderes en pugna

Guillermo Navarro Jiménez

La Asamblea Constituyente del Ecuador, en una más de sus utopías por la transformación, dispuso se auditen las concesiones de frecuencias de radio y televisión otorgadas en los últimos 13 años, como mecanismo para crear las condiciones más adecuadas para:

• Tender a la erradicación de las ilegalidades, tráfico de influencias y corrupción presente en los procesos de gestión del espectro;
• Reconocer y explicitar el discrimen que contra los medios comunitarios contiene la legislación del período en análisis;
• Establecer los grados de concentración de la propiedad en los medios de comunicación;
• Disponer de recomendaciones para la estructuración de la Ley de Comunicación que de acuerdo a la Constitución vigente debe aprobarse hasta el mes de octubre del año en curso; y,
• Establecer las participaciones de los grupos y entidades financieras, de los accionistas, directivos y representantes legales en los medios de comunicación.

En esos objetivos ordenó se constituya una Comisión Auditora, la que estaba obligada a entregar un informe en el plazo de 180 días. Comisión conformada por Decreto Ejecutivo Nº 1445 de 20 de noviembre del 2008.

La Comisión de Auditoría, a pesar de que inició sus actividades el 15 de diciembre, esto es un mes más tarde, entregó el informe al Presidente de la República Rafael Correa el 18 de mayo dentro del plazo previsto, así rcomo al Ministro de Coordinación de los Sectores Estratégicos Galo Borja y al Presidente del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) Antonio García, como ordenaba el Decreto Ejecutivo antes mencionado¹. Sólo cabe preguntarse, entonces: ¿Cuáles han sido las modificaciones en la gestión del espectro radioeléctrico y el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador, que permitan apreciar modificaciones de importancia que apunten a la transformación de la situación reinante? La respuesta es simple y contundente: ninguna. Por el contrario, se han consolidado todos los vicios, se ha consagrado la desigualdad, se ha recurrido a todos los artificios, se han dilatado todas las acciones, se ha frustrado el cambio apetecido por todos quienes lucharon y luchan por modificar la insostenible situación presente. Ante ello, contrariamente a lo que hubiese sido nuestro deseo: puntualizar logros, acciones cumplidas y metas alcanzadas, debemos atenernos a precisar las razones para nuestra apreciación negativa expresada a forma de conclusión anticipada.

1. La estrategia del statu quo

Los defensores del statu quo y los usufructuarios de todos los atropellos cometidos por el CONARTEL, incluyeron dentro de su estrategia dos objetivos: el deslegitimar el Informe de la Comisión para, con ello, evitar la aplicación de sus recomendaciones; y, posicionar la tesis sobre una supuesta inejecutabilidad del Informe. Esta estrategia contó con la participación activa, abierta en unos casos o soterrada en otros, de altos funcionarios del poder ejecutivo. Acompañadas, como es obvio, por quienes se saben culpables de todos los desafueros cometidos durante 13 años, puntualizados en forma detallada en el Informe de la Comisión.

Las razones que explican el posicionamiento de los funcionarios públicos del más alto nivel van desde la necesidad de defender intereses específicos en el sector de los medios de comunicación², encubrir sus conductas inconstitucionales, ilegales o antiéticas, o el servilismo propio de quienes han ascendido en la escala burocrática por razones políticas y no por méritos propios.

1. Estrategia para tratar de deslegitimar el Informe

La estrategia formulada desde las más altas esferas del poder ejecutivo para tratar de deslegitimar el Informe operó en dos momentos. En primera instancia, acudieron a los principales del CONARTEL para que se pronuncien sobre el Informe, conscientes de que estos habían sido observados en dicho informe por sus conductas pasadas³. Las “observaciones”, por su inconsistencia constitucional y legal⁴, determinaron que incluso quienes las auspiciaron las descalificaran. Los grandes medios de información, como era previsible, se hicieron eco sobre la sola base de enunciados generales difundidos por los principales de CONARTEL. Este propósito hizo aguas cuando se difundió el contenido del documento que contenía las observaciones a través de Ecuador Inmediato, medio que no sólo cumplió ese cometido sino además sumó su voz a la demanda de su aplicación para juzgar a quienes bien se conoce como usufructuarios de todas las arbitrariedades explicitadas en el Informe. Muchos otros medios asumieron una posición similar, entre los que debemos citar a Ecuadorradio.

Ante ello, los complotados de palacio avanzaron en un segundo paso: entregaron el Informe a FUNDAMEDIOS para que lo haga público, violando lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1445 emitido por el Presidente de la República⁵. El objetivo previsto por los estrategas era evidente: pretendían deslegitimar el informe por acción de FUNDAMEDIOS y de los potenciales implicados. Lo percepción de los estrategas de palacio sobre una potencial parcialización de FUNDAMEDIOS a favor del sector privado fue totalmente equivocada. FUNDAMEDIOS, optó por la juzgar lo más objetivamente posible el informe, concluyendo que salvo pequeños equívocos, era contundente, pertinente y que sus recomendaciones deberían aplicarse. Posición expuesta por voz de sus principales directivos. Esta voz sumada a la de otros sectores y organismos que reclaman el cambio, la trasformación y el ataque a la corrupción imperante en la concesión de frecuencias de radio y televisión, imposibilitaron que los complotados logren su propósito.

1.2. La supuesta inejecutabilidad del Informe

Frustrada la deslegitimación del Informe, la estrategia para defender el statu quo optó por plantear la inejecutabilidad del mismo. Para ello acudieron a tres elementos: sugerir la conformación de una Comisión Técnico-jurídica, que efectivamente se conformó; a los pronunciamiento del Contralor General del Estado sobre su potestad legal; y a la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Elementos que tuvieron como objetivos dilatar la difusión del Informe, incluir supuestos argumentos jurídicos sobre su ejecución y ratificar la posición de los grandes empresarios de los medios de información. Acciones que lograron su objetivo, como se explica inmediatamente.

1.2.1 La Comisión técnico-jurídica

Altos funcionarios del poder ejecutivo sugirieron al señor Presidente de la República, como lo expresaron públicamente, la conformación de una Comisión Técnico Jurídica, encargada, supuestamente, de diseñar la estrategia legal a seguir para aplicar las recomendaciones del Informe, a pesar de que la Comisión de Auditoría había presentado ya varias alternativas estratégicas. Esta sugerencia aparentemente inocente, contribuyó a las pretensiones de deslegitimar el Informe, puesto que subrepticiamente se sugiero a la opinión pública que estaba encargada de realizar una auditoría del Informe de la Comisión para estudiar su consistencia y, consecuentemente, su procedencia o improcedencia. En esta campaña participaron tanto funcionarios públicos como los medios de información de propiedad de quienes fueron observados en el Informe.

Al interior del gobierno y a pesar de existir un informe preparado por Asesoría Jurídica de la Presidencia que señalaba sólo haber constatado ligeros errores –como fuera comunicado por el Asesor Jurídico de la Presidencia abogado Alexis Mera al Ministro Ricardo Patiño-, los funcionarios de alto nivel que sugirieron la conformación de esa Comisión, avanzaron en su propósito a través de sus abogados, los cuales pretendieron que la única vía legal era la aplicación de la lesividad⁶ establecido en el artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, negando un hecho legal irrefutable: la posibilidad de aplicar el artículo 93 de la ERJAFE el que dispone:

“Extinción de oficio por razones de legitimidad.- Cualquier acto administrativo expedíos por los órganos y entidades sujetas a éste estatuto deberá ser extinguido cuando se encuentre que dicho acto contiene vicios que no pueden ser convalidados o subsanados.

Los actos administrativos surgidos como consecuencia de decisiones de otros poderes públicos con incidencia en las instituciones u órganos sujetos al presente estatuto también deberán ser extinguidos cuando el acto contenga vicios no convalidables o subsanables.

El acto administrativo que declara extinguido un acto administrativo por razones de legitimidad tiene efectos retroactivos”.

Cita a la que sólo vale adicionar que el artículo 94 establece:

“Vicios que impiden la convalidación del acto.- No son susceptibles de convalidación alguna y en consecuencia se considerarán nulos de pleno derecho:

1. (….)
2. Aquellos actos cuyo objeto sea imposible o constituya un delito; y,
3. Aquellos actos cuyos presupuestos fácticos no se adecuen manifiestamente al previsto en la norma legal que se cita como sustento.

Tampoco son susceptibles de convalidación aquellos actos cuyo contenido tenga por objeto satisfacer ilegítimamente un interés particular en contradicción con los fines declarados por el mismo acto, así como los actos que no se encuentren debidamente motivados”

No obstante que en el Informe de la Comisión se concluye que existen evidentes indicios de acciones dolosas, que los presupuestos fácticos no se adecuan a lo previsto en la ley y que satisfacen intereses particulares en contradicción con los fines declarados en el mismo acto, los abogados de quienes sugirieron la conformación de la Comisión, lograron el propósito de convencer al Presidente de la República de que no era jurídicamente viable aplicar las recomendaciones del Informe, como lo advierte el abandono en el discurso presidencial de proponer a la opinión pública el Informe⁷, así como la decisión de no publicarlo que impera hasta el momento, a pesar de haberse aprobado la publicación de 30.000 ejemplares⁸.

2. Pronunciamientos del Contralor General del Estado

El señor Contralor General de la Nación, quien mantiene innegables relaciones familiares con radiodifusores observados en el Informe⁹, públicamente pretende que sólo procede aplicar las recomendaciones contenidas en el Informe Especial de Contraloría preparado para el período comprendido entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de mayo del 2005. Recomendaciones que de acuerdo al informe de cumplimiento elaborado por la propia Contraloría se habrían ya cumplido. Igualmente, señala que ha dispuesto que se realice un examen especial para el período enero del 2006 a diciembre del 2009.

Las declaraciones del señor Contralor coinciden plenamente con las posiciones de los directivos de AER nacional y del ex Presidente del CONARTEL doctor Jorge Yunda, cuando éstos expresaron, en el seno de la Comisión Auditora, que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito. Aseveración que determinaría que habiendo sido ya juzgados por la Contraloría no cabría un nuevo juzgamiento, por lo que la aplicación de las recomendaciones del Informe de la Comisión no deberían aplicarse. Posición que no procede puesto que la Comisión de Auditoría de la Concesión de Frecuencias de radio y Televisión no juzga, su obligación, como la de toda auditoría, no va más allá de determinar si los actos administrativos se atuvieron o no a las normas constitucionales, legales, reglamentarias, normas y procedimientos vigentes. En la carta de presentación del Informe Final de la auditoría efectuada por la Contraloría General del Estado al CONARTEL, el economista Vicente Hidrobo Rueda, Director de Auditoría 1, encargado, respecto a lo antes por nosotros afirmado expresa: “Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Generalmente Aceptadas Aplicables en el Sector Público y Normas Técnicas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza rqazonable que la información y la documentación auditada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y procedimientos aplicables”. Abundando en el borrado del Informe la Contraloría señala como objetivos del examen especial:

“- Determinar la condición del control interno relacionado con los asuntos examinados

• Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas vigentes”

Sólo resta recordar entonces que a confesión de parte relevo de prueba.

El segundo argumento exhibido por el señor Contralor es que, supuestamente el Informe de la Comisión adolecería de errores e imprecisiones. Al respecto y visto que todas sus declaraciones han sido orales y nunca formuladas por escrito detallando los supuesto errores e imprecisiones, vale recordar las sabias palabras del doctor Luis Fradejas Sánchez -ilustre lingüista español-, quien afirmaba que el limitarse a hablar es una opción por la irresponsabilidad de la palabra que se echa al viento. Un alejarse de la responsabilidad de la palabra escrita que compromete. Enseñanza que debería obligar al señor Contralor a asumir la responsabilidad de la palabra escrita y, consecuentemente, precisar los supuestos errores e imprecisiones a las que se refiere en forma ligera, sin prueba alguna que respalde sus expresiones.

Aquí cabe informar que al pronunciamiento del señor Contralor, antecedió una diligente disposición para que se efectúe la auditoría a la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, la misma que concluyó sin ningún señalamiento, puesto que la Comisión manejó, durante todo el período de sus actividades, la suma de 165 dólares. Ni un centavo más. Ante tan adverso resultado el Contralor emitió una segunda disposición para que se efectúe un examen especial, el cual se halla en marcha. Esta y previsibles posiciones futuras se explican por sí solas.

¿Lo antes expresado, amerita y explica la posición del Contralor? Creemos que no. La razón de fondo radica en que el Informe de la Comisión señaló que el Informe de Contraloría antes citado, reemplazó la disposición de revocar concesiones contenida en el borrador del informe, por la revisión de las mismas, sin que se haya modificado ni una coma en la argumentación jurídica del borrador y sin que se hay aceptado ninguna prueba de descargo presentadas por los observados en el borrador. Si a ello se agrega que la sugerida revisión de las concesiones no se halla contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión, y que las recomendaciones de un Informe de Contraloría deben atenerse estrictamente a lo estipulado en esa Ley y su Reglamento como lo ordena el derecho público, es evidente que al señor Contralor lo que preocupa es la innegable existencia de indicios de responsabilidad sobre el accionar de la Contraloría. Indicios que indujeron a que altos funcionarios del ejecutivo sugieran se analice el grado de responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios de esa dependencia. Esto explica la posición del señor Contralor, a lo que, por cierto, se suma las relaciones de parentesco antes mencionado.

3. Creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

El 13 de agosto del 2009, mediante Decreto Ejecutivo Nº 813-08-2009, el Presidente de la República creó el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, entidad que asume, entre otras, las funciones de concesionar las frecuencias de radio y televisión.

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 9 el Presidente Correa designó al ingeniero Jorge David Glass Espinel, como Ministro del flamante Ministerio, vinculado familiarmente con el presidente de la Asociación de Canales de Televisión.

Aparte de la regresión teórico-práctica que se deriva de la prevalencia de la tecnocracia sobre la visión sociológica de la Comunicación, de la marcha contra corriente de lo que ocurre en este campo en países vecinos como Colombia, por ejemplo, es previsible que si el ingeniero Glass no supera los vínculos familiares y asume la posición crítica que le caracterizó como comunicador, es previsible que las recomendaciones del Informe de la Comisión no se ejecuten. Entonces el Ecuador contemplará el temporal triunfo de las fuerzas que en los más altos niveles del gobierno luchan por la impunidad, el mantenimiento de la situación vigente y de sus privilegios, así como el olvido de la historia de inconstitucionalidad, ilegalidad y abuso que fuera denunciado en el Informe de la Comisión. El futuro igualmente nos señalará si en la acción del Ministro Glass se circunscribe a los negocios de las telecomunicaciones o a la comunicación como hecho social principal e impostergable.

A superar los inconvenientes citados en el presente acápite podría contribuir la extinción del CONARTEL, por su fusión con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL¹⁰. Ello exigirá que su titular asuma las recomendaciones del Informe de la Comisión, rebase los planteamientos legales de sus asesores legales que reconocen una sola vía como quedó antes explicado y, principalmente, no considere elemento sine qua non para la toma de decisiones el aval del Contralor General de la Nación. Si no opta por la ruta sugerida la historia lo sancionará como uno más de los funcionarios que soterradamente abrogó por el mantenimiento incólume de la ignominia que se registra en la concesión de frecuencias de radio y televisión.

2. La estrategia de las fuerzas por la transformación

La estrategia de las fuerzas que apoyan la transformación en el sector de la comunicación, advertidas de los intereses que existen en el sector y del poder mediático, optaron por dos medidas: elaborar una estrategia político-jurídica que permita avanzar en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión y proceder a la entrega del Informe a la Fiscalía General de la Nación.

1. Las estrategias político-jurídicas

Las reservas que se deben guardar por obvias razones y por la consecuencia que debe mantenerse con quienes plantean, desde el más alto nivel del Ejecutivo, en el presente punto nos limitaremos a enunciar las disposiciones impartidas y las alternativas estratégicas que, lastimosamente, parecen haber sido relegadas por la fuerza del grupo que defiende el statu quo igualmente desde las más altas esferas del poder ejecutivo.

El Presidente de la República, el 18 de mayo del 2009, durante la entrega del Informe de la Comisión, consciente de los problemas políticos que se derivan del Informe así como del poder de los grandes medios de información, dispuso que se constituye un grupo de trabajo bajo la dirección del Ministro Ricardo Patiño, para que elabore la estrategia jurídico política que se considere más adecuada para aplicar las recomendaciones contenidas en el Informe.

En cumplimiento de ese mandato y bajo la dirección del Ministro Patiño se prepararon diversas versiones, las cuales fueron ampliamente discutidas y finalmente aprobadas. Será en este momento en que se inscribe la sugerencia de crear la ya comentada Comisión Técnico Jurídica, instrumento que igualmente concurrió para neutralizar la aplicación de la estrategia político-jurídica adoptada para la transformación.

La concurrencia de todos los elementos utilizados por las fuerzas del statu quo antes referidas, a los que se sumaron las acciones de distracción como las sanciones a TELEAMAZONAS, o la pretendida estructuración por parte del CONARTEL de una Comisión que determine una normativa para los contenidos de los programas televisivos a trasmitirse en evidente e innegable contradicción con el texto de la Constitución vigente, inclinaron, por hoy, la balanza a favor del statu quo, lo que sólo se explica en un gobierno en que la indecisión presidencial para sanear estas disputas desde el punto de vista ideológico político es ya una constante.

A todo lo dicho debemos agregar una realidad incontrovertible: un Presidente o cualquier funcionario de nivel que reacciona ante estímulos es fácil de manipular como lo sabe cualquier asesor o personas entrenadas en mover los hilos de la publicidad. No se diga los actuales entrenados en gobiernos con presidentes de similar personalidad. Quienes también saben que, con ello, el poder real se transfiere a quien hinca las espuelas, como hasta la fecha parece haber sucedido en el campo de las concesiones de frecuencias de radio y televisión.

2. Entrega del Informe de la Comisión a la Fiscalía General de la Nación

El arquitecto Galo Borja, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, en postura que le honra, tanto por el respeto a las normas legales como por su respeto a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1445, ante pedido de la Fiscalía General de la Nación remitió el Informe de la Comisión. Es de esperar que el señor Fiscal General de la Nación demuestre una vez más su probidad e inicie todos los procesos que considere pertinente, si existen en el Informe los indicios que lo permitan. Este pronunciamiento seguramente contribuirá a la sanidad ética de la Nación. Y no sólo ello, servirán también para revelar a los opositores del cambio y castigar a los responsables de todos los procesos dolosos que deban ser juzgados y sancionados.

3. A forma de conclusión

No podemos terminar el texto de esta ponencia sin reconocer que sería un despropósito histórico, negar que el Presidente Rafael Correa confronta al poder mediático. Como también lo sería el no reconocer que ha generado un reordenamiento parcial del poder mediático, en la medida que ha robustecido la presencia del Estado en este esferas en las cuales el neoliberalismo le minimizó. Pero igualmente, sería falaz aseverar que la confrontación y el reordenamiento antes aludido significan por sí mismo y en sus alcances actuales una transformación profunda, estructural, como la que demanda la mayoría del pueblo ecuatoriano.

Igualmente sería irresponsable cerrar de ojos el no denunciar que en el marco del reordenamiento del poder mediático, también se registra una acumulación de poder entre los grupos del cual forman parte personas miembros del círculo más cercano al Presidente Correa. Ruta que debe ser desmontada si no queremos que años luego la oposición señale el desarrollo y consolidación de una burguesía emergente en las filas de Alianza País, como ha ocurrido ya en Venezuela, en donde intelectuales venezolanos de especial valía, advirtieron sobre la emergencia de una burguesía en el entorno del Presidente Chávez, a la cual calificaron como burguesía bolivariana¹¹.

En consecuencia, la encrucijada en la que se encuentra el Presidente Rafael Correa, no es otra que el detener su marcha forzada y limitarse a continuar confrontando y reordenando el poder en forma limitada, o, mantener el paso y avanzar en la transformación.

Cuanto ayudaría a la trasformación que las palabras sabatinas se conviertan en acciones que reflejen fielmente tales pronunciamientos. Que permitan recordar que el Presidente Correa públicamente se refirió al Informe señalando que cuando este se haga público temblará el país de indignación ante tanto atropello. Como ayudaría que el Presidente Correa opte por definir posiciones que le permitan sanear su entorno, desde la perspectiva ideológica y política para que la transformación que el país demanda, avance incontenible, como corresponde en el actual momento histórico del Ecuador.

Economía emblemática del neoliberalismo en América Latina, la primera en entrar en recesión

Orlando Caputo - Graciela Galarce (Tomado de ARGENPRESS.info)

El Banco Central de Chile informa hoy 18 de agosto, que el PIB chileno disminuyó en - 4,5% en el segundo trimestre de 2009, información que aparece sorprendiendo a las apreciaciones de las autoridades económicas del gobierno, quienes permanentemente han engañado a los chilenos con su optimismo, e internacionalmente han instalado las grandes cualidades de la economía chilena.

En anteriores notas nuestras, desde 2008 hemos afirmado que Chile sería una de las economías más afectadas de América Latina, entre otros factores, a los Tratados de Libre Comercio que profundizan la gran apertura de la economía chilena, y con esto, profundizando la especialización de la economía chilena en la exportación de primarios.

Criticando el optimismo del ministro de Hacienda, hemos demostrado que Chile entró en recesión a partir del tercer trimestre de 2008, si la tasa de crecimiento del PIB se mide en relación al trimestre inmediatamente anterior, como se hace en Estados Unidos. Además, hemos señalado que Chile es el primer país de América Latina que entró en recesión. Otros analistas también llegaron a estas conclusiones.

La realidad ha sido tan contundente, que el propio Mercurio, que por un prolongado período de tiempo, también afirmaba la fortaleza de la economía chilena y difundía que Chile sería el país menos afectado de América Latina, reconoció en una reciente Editorial del 8 de agosto, - entre otras cosas- lo siguiente:

“Si el crecimiento se mide como en los países desarrollados -es decir, trimestre a trimestre anualizado, y no en 12 meses-, entonces el segundo trimestre de este año fue el cuarto consecutivo de contracción en la actividad económica, con una baja de sobre cuatro por ciento acumulada durante este período. Cabe notar que esto es incluso superior a la baja de 3,9 por ciento que durante el mismo lapso ha tenido Estados Unidos, epicentro de esta crisis”.

Más adelante la citada Editorial agrega:

“Y es preocupante que Chile, que fue el primer país de Latinoamérica en entrar en recesión, aún no muestre señales claras de reactivación”.

El Mercurio, aunque en forma tardía, confirma los estudios críticos anteriores. Sin embargo, ocultando que los mayores impactos de la crisis en Chile se deben las características estructurales de la economía chilena, fundamentada teóricamente en el neoliberalismo.

En otro párrafo, reconocen el papel fundamental del cobre, que ha evitado que la crisis en Chile sea más profunda de lo profunda que ya es. La mencionada Editorial del Mercurio señala:

“Por otra parte, a pesar de que el precio del cobre cayó desde sus máximos, se ha mantenido en niveles elevados, por lo que, a diferencia de crisis pasadas, en las que los términos de intercambio se desplomaban, en esta oportunidad no ha sido ésa una de las causas relevantes de la recesión interna. A esto se agrega que los recursos acumulados en los años previos han despejado la posibilidad de cualquier problema de escasez de financiamiento externo -también un mal endémico en crisis pasadas”.

Sin embargo, no señalan que Chile fundamentalmente cuenta con los recursos del cobre de las empresas nacionalizadas por Salvador Allende. Las grandes mineras mundiales en Chile controlan más del 70% de la producción de cobre chileno y sus aportes al Estado chileno son mínimos en relación a los aportes de Codelco, y más aún, en relación a las cuantiosas ganancias que envían a sus matrices en países desarrollados.

A continuación, reproducimos nuestros comentarios a la Editorial de El Mercurio del 8 de agosto de 2009, en que cada comentario está limitado a un máximo de 350 palabras:

Primer comentario de Orlando Caputo Leiva:

“En Chile los fuertes impactos de la crisis hasta ahora, y las grandes pérdidas están afectando seriamente el consumo, la inversión y la producción nacional.

La producción nacional, adicionalmente enfrenta una fuerte competencia internacional facilitada por los TLC’s, agravando la recesión económica en Chile, que como lo hemos señalado, se inició a partir del tercer trimestre de 2008.

Chile lleva 36 años de experiencia neoliberal, con una gran apertura unilateral a la circulación de mercancías y de capital, que se ha profundizado por los múltiples TLC’s. En particular los TLC’s Chile-EE UU, Chile-Canadá, Chile-Unión Europea y Chile-China. Lo anterior, lleva a que la transmisión de la crisis mundial se exprese rápida y profundamente en la economía chilena.

Estas apreciaciones cuya evidencia se manifiesta más claramente en una concepción que considere la existencia de la economía mundial, no están presentes en las interpretaciones de los economistas neoliberales del gobierno y del Banco Central. Ellos tienen al igual que el neoliberalismo, como escenario teórico y metodológico de sus reflexiones, la economía nacional y sus relaciones con otros países. Sobre la base de esta concepción nacional, han señalado: primero, que Chile con una buena política económica puede evitar que la crisis se manifieste. Posteriormente, han afirmado que los impactos serán menores que en otros países.

La economía mundial tiene una existencia objetiva que se observa en la creación y recreación de una estructura productiva y de circulación mundial de las mercancías por sobre los países. El neoliberalismo en tanto, y en general las principales escuelas de la ciencia económica, analizan el comercio inter-nacional: finanzas inter -nacionales, destacando la base nacional de las relaciones económicas inter-nacionales. No sólo niegan la dependencia, sino que afirman la independencia de las economías nacionales.

En esta reflexión, afirman adicionalmente, que los shocks externos pueden enfrentarse con políticas económicas. Por esto, el ministro Velasco y el Banco Central, primero señalaron que Chile no entraría en crisis y posteriormente han continuado con optimismo, cuando la crisis ha seguido profundizándose”.

Segundo comentario de Orlando Caputo Leiva

Continuación:

“Esta concepción teórica de manuales de economía, que se sintetiza en Economía Nacional y Resto del Mundo, a pesar de ser economías muy pequeñas, explica las reiteradas afirmaciones del Banco Central y del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quienes señalaron durante todo 2008 y hasta el primer trimestre de 2009, que Chile sería afectado, pero que seguiría creciendo gracias a la política económica aplicada.

En enero de 2009, el Banco Central afirmó que la economía chilena tendría un crecimiento en este año, de entre 2% y 3%.

Andrés Velasco afirmó hasta hace muy poco, que a pesar de la crisis internacional, la economía chilena seguiría creciendo, destacando la importancia de ese crecimiento en el contexto internacional y latinoamericano La recesión fue permanentemente negada y criticaban a los economistas que demostraban que la recesión en Chile estaba presente a partir del segundo semestre de 2008.

También en forma reiterada, la cadena CNN informaba que América Latina sería impactada por la crisis, pero que sin embargo, estaba mejor preparada para enfrentar la crisis que en otros periodos. Entrevistaron a varios expertos de agencias financieras, de países y de gobiernos, quienes en relación a lo anterior, señalaban que había distintos grupos de países según el impacto para enfrentar la crisis. Afirmaban que había un grupo de países, aquellos en que las transformaciones neoliberales habían sido más profundas que serían los menos afectados. Este grupo de países estaría liderado por Chile, que sería el país menos afectado de América Latina

Nouriel Roubini, es uno de los economistas que predijo la crisis mundial, ha señalado en un reciente estudio que 14 países a nivel mundial han enfrentado mejor la crisis. NO menciona a Chile. Menciona China e India y en América Latina menciona a Brasil y Perú.

Según el académico de la Universidad de Nueva York Brasil y Perú se han beneficiado por ser economías relativamente cerradas. Brasil con un sector exportador más diversificado.

Este análisis confirma los comentarios anteriores. Chile es una economía muy abierta y exportadora de primarios. Por eso es muy afectada por la crisis”.

Primer comentario de Graciela Galarce Villavicencio

“Obama, su ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central de Estados Unidos han sido muy objetivos y transparentes. Reconocieron que la crisis en EEUU empezó en diciembre de 2007. Que la crisis mundial ha sido muy profunda. Recientemente han afirmado que se han alejado del abismo. Ayer frente a la disminución de su tasa de desempleo de 9,5% a 9,4% cuando todos esperaban un aumento, Obama ha llamado a la cautela y ha declarado que en los próximos meses el desempleo puede llegar al 10% y más. Obama es un economista con una visión económica e histórica mucho más amplia. Ha señalado que el neoliberalismo extremo debe ser superado.

En Chile, Andrés Velasco siempre comenta las cifras en función de lo que le conviene. En conferencias descalificó a quienes usaban la metodología de Estados Unidos, que mide el crecimiento de la producción en relación al trimestre anterior, demostrando que Chile estaba en crisis desde el tercer trimestre de 2008. Velasco afirmaba que no debía cambiarse el instrumento de medición comparando el trimestre con el trimestre del año anterior, Chile seguía creciendo y creando empleo.

Ahora, con gran soltura afirma frente a la sorpresiva caída de la producción en junio en 4%, que sin embargo, medida en relación al mes anterior, la producción crece un poco y lo mismo replica Michelle Bachelet.

Se pasaron!!! Qué diferencias con la transparencia de Obama”

Segundo comentario de Graciela Galarce Villavicencio

“Las autoridades económicas chilenas desconocen o no recuerdan la historia económica nacional.

Chile, según estudios de la CEPAL, fue el país de América Latina más afectado en la crisis de inicios de los años 80'. El PIB cayó en 14%, la producción industrial en 23% y la desocupación, según CIEPLAN, alcanzó el 30%. Esta crisis ha sido caracterizada como ‘el colapso económico y financiero de 1982 y 1983' por académicos chilenos.

Recordamos que Chile fue también el país más afectado a nivel mundial en la Depresión de los años 30. Aníbal Pinto, en su libro señala:

“Como se sabe, la “Gran Depresión” golpeó a la economía chilena con violencia excepcional, tanto que un famoso y citado informe de la Liga de las Naciones señaló a nuestro país como el más afectado entre todos. Sus exportaciones se redujeron a la mitad de su volumen y a la cuarta parte de su valor; las importaciones disminuyeron un 80 por ciento entre los años culminantes antes y después del colapso”.

Chile fue el país más afectado en las dos crisis señaladas, porque como ahora, era una de las economías más abiertas al comercio exterior y al capital extranjero, que profundiza el carácter primario exportador.

La crisis económica en Chile iba ser tan profunda, que el gobierno ha incremento en forma extraordinaria el gasto estatal en 11 mil millones de dólares, provenientes de los excedentes de los últimos años del cobre nacionalizado por Salvador Allende en 1971. Estos gastos extraordinarios son equivalentes al 8% del PIB chileno.

Dado que este gasto es uno de los componentes del PIB, sin él el PIB de 2009 hubiese caído en 10% o más, incluyendo la caída proyectada y este 8% de incremento del gasto”

Revolución constitucional

Editorial del semanario En Marcha.
Edición 1454

La publicidad gubernamental se ha acrecentado ostensiblemente en estas últimas semanas, y el slogan de que vivimos una “revolución ciudadana” es cada vez más repetitivo, al igual que el señalamiento de que se avecina una radicalización del proceso político. A propósito del inicio del nuevo período presidencial, Correa oficializó esos puntos de vista en su discurso del 10 de agosto.

En el país vivimos un período político en el que, fruto de la acción de años de lucha de los trabajadores y el pueblo y de derrotas político electorales de la derecha, se ha abierto una etapa democrática en la que las fuerzas políticas y sociales interesadas en cambiar el país tienen la iniciativa y aplican algunas medidas de orden progresista particularmente en el ámbito político. Sin embargo, tal proceso no tiene la connotación de una revolución social.

El presidente Rafael Correa es partidario de un proceso de tipo constitucionalista. Para él y su movimiento la actual Constitución es la piedra angular de todo el cambio social, sin embargo su práctica choca con sus enunciados, pues, su autoritarismo le ha llevado en varias ocasiones a violentar algunos de los preceptos constitucionales.

A pesar de que ese constitucionalismo lo encubre tras la propuesta de ir al socialismo, lo cierto es que el Estado por el que PAIS aboga se circunscribe a los límites del típico Estado liberal burgués fuerte, eficiente, con control de la economía y del funcionamiento de la sociedad, es decir totalmente alejado de lo que es un auténtico estado socialista que tiene como punto medular la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción, como condición para alcanzar la igualdad social.

Bajo esas consideraciones, la radicalización del proceso político apenas significará la afirmación de la institucionalidad actual, el reforzamiento del actual sistema.

Existe otro elemento característico en el quehacer gubernamental que choca con el discurso oficial: la participación popular en el marco de lo que denominan la “democracia participativa”. Si hay un elemento que desde las esferas gubernamentales no se propicia es la participación popular. Por el contrario, las organizaciones sociales y la protesta popular han sido estigmatizadas como manifestaciones del pasado. Ciertamente se ha dado al pueblo el derecho a sufragar varias ocasiones en estos dos años, pero se niega el derecho de criticar, sugerir propuestas y acciones para que el gobierno las asuma y, más aún, se veta el derecho de cuestionar las raíces de la desigualdad social. Quien pone estos puntos en el tapete, rápidamente es calificado de izquierdista infantil.

EEUU admite que golpistas usaron base yanki Palmerola

El gobierno de Estados Unidos confirmó el lunes que la base militar de Soto Cano (Palmerola) en Honduras, sede de un contingente de más de 800 oficiales y soldados norteamericanos, fue utilizada para expulsar de su país al presidente Manuel Zelaya.

El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, afirmó que la nave en la cual viajaba el derrocado jefe de Estado llegó hasta la base de Soto Cano, la cual "pertenece a Honduras. Está dirigida y operada por la Fuerza Aérea hondureña, y ellos deciden sobre su uso".

El miércoles de la semana pasada, al llegar de visita oficial a Brasilia, Zelaya le dijo al presidente de Brasil Luiz Ignacio da Silva, Lula, según trascendió luego, que tras ser secuestrado su vuelo no fue directo hasta San José, sino que tuvo una escala.

En esa escala, de acuerdo con el presidente constitucional, fue hecha en la base militar norteamericana, lo que según Zelaya no tendría sentido alguno en términos de reabastecimiento de combustible, ya que la capital del país vecino queda a 82 kilómetros al norte y cualquier avión militar tiene la autonomía suficiente para cubrir ese tramo.

La Base Aérea "José Enrique Soto Cano" y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, la base militar estadounidense en Honduras, está localizada en Comayagua, antigua capital de Honduras entre las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Dentro de la Base Aérea Coronel "Soto Cano" se encuentra una misión de militares estadounidenses (Fuerza de Tarea Conjunto Bravo), como una base militar de ese país, operada en forma combinada con los hondureños en donde opera la Fuerza Aérea Hondureña y la Academia Militar de Aviación de Honduras.

"En ese momento la Casa Blanca y el Pentágono tenían que saber que había un golpe de Estado en marcha", le dijo Zelaya a Lula.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el jueves que de acuerdo al trazado que tiene la Corporación Centroamericana de Servicio de Navegación Aerea (Cocesna), de los vuelos que salen de Honduras hacia la Región, el día del golpe, el 28 de junio pasado, está confirmado que el vuelo en el cual fue expulsado el presidente Zelaya, tras sus secuestro por parte de los militares, partió de la base militar norteamericana de Soto Cano (Palmerola)

"Palmerola está muy cerca por helicóptero o por avión de Tegucigalpa, a unos 80 kilómetros de distancia. Pero en ese trazado de vuelo, que lo podemos dar a conocer un día de estos, aparece el avión en el que fue expulsado de su país el Presidente Manuel Zelaya, de la base de Soto Cano o Palmerola hacia Costa Rica. Ahí está el trazado, es decir, fue utilizada la base, no hubo ignorancia de los Estados Unidos que ahí se estaba fraguando un golpe", afirmó Ortega.

No obstante, Crowley desechó las acusaciones del presidente de Ortega, de la participación activa de los oficiales norteamericanas en el operativo que significó el golpe de estado contra el Presidente Zelaya.

Al respecto, la autoridad norteamericana precisó que "el personal militar no estuvo involucrado en

el vuelo que transportó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio. Miembros del equipo

Bravo no tenían conocimiento ni colaboraron en las decisiones sobre el aterrizaje, el cargamento de combustible o el despegue".

Perú: ¿Por qué no se investiga de una vez y a fondo la Masacre de Bagua?

Por Bartolomé Clavero*

SERVINDI-Servicios en Comunicación Intercultural (http://www.servindi.org) transmite desde Perú la noticia de la denuncia recién presentada por la Fiscal Adjunta Titular de Chachapoyas, Luz Rojas, ante el Primer Juzgado Penal de Utcubamba contra dos generales; el jefe de la Cuarta División Territorial de la Policía, Javier Uribe Altamirano; el Comando Operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, Luis Elías Muguruza; y quince efectivos de la Policía Nacional por imputación de delito de homicidio calificado en agravio dado el uso desproporcionado de armas de fuego de corto y largo alcance en los sucesos de Bagua de los pasados 5 y 6 de junio.

Es un paso que despierta expectativa puesto que se enfrenta al negacionismo del Gobierno sobre acto ninguno indebido de la policía y a su manipulación de la justicia para evitar que se admitan a trámite este tipo de denuncias.

El escenario oficial con el que esta denuncia contrasta es el del más cerrado negacionismo y la más resuelta manipulación desde el momento mismo en el que ocurrieron los hechos y hasta el día de hoy, dos meses bien largos más tarde. Si alguna voluntad ha mostrado hasta ahora el Gobierno, es la de una absoluta falta de disposición para admitir ninguna investigación imparcial y suficiente. Está a estas alturas claro que nunca se esclarecerá satisfactoriamente lo sucedido pues la indagación a fondo pueden impedirla quienes, según todos los visos, tienen algo que ocultar. ¿Qué otra explicación puede tener el comportamiento mendaz, errático y obstruccionista del Gobierno peruano? ¿No hubiera en otro caso animado la constitución y el funcionamiento de una comisión de investigación dotada de medios suficientes y formada con representación indígena y participación internacional conforme recomienda el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas? Quienes están en la clave de lo ocurrido no pueden ni dejar de mentir ni permitir la búsqueda de la verdad. Tienen sus razones y cuentan con los poderes para hacerlo. No son, como puede verse por la acción de la Fiscalía de Chachapoyas, todo el Estado, pero controlan los resortes principales.

En vez de atender la recomendación del Relator Especial, invitado a una apresurada visita a Bagua por el propio Gobierno del Perú, éste tomó su informe como lo que no era ni podía ni quería ser y esto es como concluyente. Ya está dicho que proponía una comisión de investigación para la que no hay disposición alguna por parte gubernamental. Al tiempo, el Gobierno apoyó una intervención humanitaria de la Defensoría del Pueblo bajo las condiciones luego manifiestas de que no abriese indagaciones sobre atentados de los poderes públicos contra los derechos humanos, lo que significó la renuncia al ejercicio de su genuina función constitucional, y de que presentase sus averiguaciones sobre muertes, lesiones y detenciones como definitivas, lo que hizo pese a ser algo realmente aventurado en las circunstancias producidas por la propia masacre. El mismo Gobierno se encargó de fomentar la situación que hiciera improbable la franqueza o la comparencia ante la Defensoría de quienes tuvieran conocimiento de desapariciones o sospecha de muertes más allá de las reconocidas. A esto de la disuasión vino una política inmediata de persecución unilateral de indígenas partícipes en los sucesos de Bagua o dirigentes de organizaciones involucradas.

La política gubernamental de persecución policial y judicial tan sólo de indígenas fue paladina desde el primer momento. Es algo que acusan los propios informes promovidos por el Gobierno. Nadie se toma realmente en serio las declaraciones gubernamentales de que se había dispuesto también la investigación sobre el comportamiento en Bagua de la policía y de otras fuerzas públicas armadas, pues resulta además que el asunto no sólo político, sino incluso penal, no consiste en la identificación y procesamiento tan sólo ni principalmente de quienes, policías o militares, dispararon u ordenaron disparar, sino también de las autoridades civiles que, conforme a sus competencias constitucionales, decidieron el operativo con tales órdenes, lo que apunta al Presidente de la República ante todo.

He ahí donde se sitúa el obstruccionismo de quienes no aceptan la sugerencia de que se proceda a una investigación a fondo con dotación de medios y garantías de imparcialidad. Pretenden que se bastan la Fiscalía y la Justicia peruanas, pero, aparte de que no cuentan ni con bastante confianza ni con medios suficientes para penetrar en el mundo de las comunidades, el mismo ambiente de disuasión creado por la política de persecución compromete su trabajo. ¿Cómo van las comunidades o sus representantes a declarar ni, aún menos, a denunciar la existencia de desaparecidos o desaparacidas cuando, de no estar ya muertos en paradero desconocido, eso automáticamente provocaría su persecución policial como partícipes en los sucesos de Bagua? Este es el mensaje que oficialmente se transmite desde un primer momento y que se mantiene hasta hoy.

Que el Gobierno del Perú reclame confianza en la Justicia peruana resulta escandaloso a la luz de su propio comportamiento. Basta observar cómo la policía intenta manejar relaciones con la Fiscalía y la Justicia. Si, como ya ha ocurrido antes de la denuncia de ahora, la primera pone en duda que los indígenas de Bagua estuvieran armados, como pretendía y pretende el Gobierno, y la segunda no encuentra otros indicios suficientes para proceder contra indígenas acusados por la policía, ésta se encarga de buscar un juzgado lejos de Bagua, en Lima, más comprensivo con la política gubernamental. No valen principios de juzgado natural ni de debido proceso entre otras razones porque para el Gobierno no se trata de juzgar sino de amedrentar, de provocar la huida, la clandestinidad y el silenciamiento de testigos presenciales. Presentarse como testigo de cargo es exponerse a la detención por la policía. En los foros internacionales el Gobierno peruano insiste en que Perú es una democracia con la debida división de poderes, por lo que constituiría una ofensa a su poder judicial recurrir a una investigación internacional. Hay por supuesto quienes, por desinformación o también por complicidad, dan crédito. Baste leer los informes alternativos que acompañan las comparecencias internacionales del Perú para no llamarse a engaño.

Perú también repite en los foros internacionales la cantinela inverosímil de que los indígenas atacaron por incitación y con apoyo del exterior y de que la víctima de la agresión es así el propio Perú. Se ha llegado al despropósito de exigir para el Perú, no para las víctimas, reparaciones en su caso internacionales por el daño que se le habría causado con informaciones que sigue tachando de infundadas y tergiversadas. ¿A qué viene tanta sobreactuación? Es una manera de desviar la atención de todo lo que acreditan las informaciones independientes y los análisis solventes. Como hecho imputable al Gobierno, Bagua es grave por sí sólo, pero más grave resulta si se le sitúa en su contexto, en el contexto de las propias políticas del Gobierno peruano.

Bagua ha sido un desenlace sangriento de la resistencia indígena a las políticas de invasión empresarial de la Amazonía con impulso y respaldo incondicionales de parte del Gobierno, políticas que se habían intensificado en este último par de años con efectos palpables de hacer literalmente imposible la vida a comunidades enteras. El Presidente de la República teorizó esas políticas en términos paladinamente racistas de consideración de la presencia indígena como inutilidad y estorbo para el aprovechamiento de los recursos de la Amazonía. Se encendieron todas las alarmas que el Gobierno ya olímpicamente ignoró, ya hizo algún amago por amortiguar o, mejor dicho, por acallar. La responsabilidad gubernamental por los sucesos de Bagua se pone plenamente de relieve en este contexto de una política de signo, en el fondo, genocida.

Se dan en dicho contexto los dos elementos esenciales del crimen de genocidio para el derecho internacional: la intención de eliminar y el resultado de poner en serio riesgo la subsistencia de grupos étnicos. Ante esta grave acusación, se explica aún mejor la sobreactuación. En medios oficiales peruanos se viene repitiendo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales les ha eximido de dicha imputación, lo que el mismo ni puede hacer ni ha hecho. Lo peor del empecinamiento peruano no es ya el que rehuya con todo ello responsabilidades, sino que lo haga de modo que impide cualquier recapacitación. Si hay conclusiones, son la de que la amenaza de consumación del genocidio sigue cerniéndose sobre la Amazonía peruana y la de que los mecanismos de prevención internacional resultan buenos para poner en evidencia, pero deficientes para ponerse en práctica.

Tampoco parece que en Perú estén la Fiscalía en condiciones y la Justicia en disposición de conducir una indagación a fondo. Difícilmente la denuncia de la Fiscalía de Chachapoyas va a producir rectificación de unas políticas genocidas ni reparación por sus efectos, pero viene al menos a reclamar justicia frente a quienes parecen los más inmediatos responsables de la masacre de Bagua. Es también una llamada de atención sobre lo que queda y aún puede investigarse: la vertiente más grave de las responsabilidades políticas y penales de parte gubernamental.

* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.

Estados Unidos: Racistas agreden marcha de migrantes

El Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos condena la agresión de grupos neonazis cerca de la Alcaldía de East Haven, en su mayoría encapuchados y portando banderas y cartelones racistas insultaban a la comunidad latina y afroamericana que en una marcha pacífica exigía la revisión de la ordenanza local para evitar que la policía actúe como autoridades migratorias, y paren las redadas, detenciones y puntos de chequeo cerca de negocios latinos que buscan intimidar ,arrestar y deportar a los inmigrantes en base a su perfil racial. Y exigimos la libertad inmediata de la compañera Puertorriqueña detenida por la policía durante la marcha por el "delito" de defenderse de la agresión física y de provocación de estos grupos antiinmigrantes.

Es alarmante ver el crecimiento de grupos xenofóbicos alimentados por la política antiinmigrante de ciertas 11-08-2009.....jpgautoridades en el país que muchos llaman la cuna de la libertad. Y se lanza una política de miedo, discriminación, hostigamiento y racismo, en nombre de la seguridad nacional y el combate al terrorismo. Los inmigrantes hemos contribuido con nuestro esfuerzo físico e intelectual al engrandecimiento de los países receptores, no sólo con la fuerza de trabajo sino también con talentos diversos y profesionales en áreas técnicas y científicas que aprovecha este país sin haber invertido un solo centavo en nuestra formación. Para cobrarnos impuestos no nos preguntan si tenemos residencia legal o no, entonces no somos terroristas ni criminales ni una carga para este país, somos trabajadores inmigrantes que pagamos impuestos y aportamos al desarrollo y bienestar del país que residimos.

Alertamos a las autoridades sobre las acciones de estos grupos racistas de ultraderecha a los que responsabilizamos de los ataques a la comunidad inmigrante, y llamamos a las organizaciones a decirle al Sr. Presidente Obama que ponga alto a las redadas y deportaciones que destruyen familias llamando al 202 456 1414o al 202 456 1111 o comuníquese por correo electrónico en www.whitehouse.gov

Contactemos a los Congresistas y Exijamos una reforma migratoria urgente llamando al secretario de la Cámara de Representantes al 202 225 7000 o en el internet al sitio web www.Clerk.house.gov

‘Speak softly and carry a big stick…’

Por: Guido Proaño A. / Opción

“Hablar suavemente y llevar un gran garrote, así llegarás lejos”. El proverbio es de África occidental, pero lo asumió el ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt como lema de la política interna y externa del imperialismo yanqui. Barack Obama tiene presente esa máxima y la aplica, combina un discurso “dulcificado” mientras continúa sembrando bases militares y ensaya golpes de Estado en América Latina.

En esta región, los Estados Unidos mantiene diecisiete instalaciones militares como las bases de Tres Esquinas (Colombia), Guantánamo (Cuba), Soto Cano (Honduras); los Puestos de Seguridad en Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz (Aruba), Hato Rey (Curazao). Con la decisión de Álvaro Uribe de entregar siete bases más, los EEUU estarán en capacidad de operar oficialmente desde veinticuatro puntos. A nivel mundial el Pentágono ha regado alrededor de setecientas bases, cada una creada con un pretexto concreto.

Durante todo el siglo pasado, el control, espionaje y las actividades militares dirigidas hacia América Latina y el Caribe las cumplieron desde la base militar Howard (Comando Sur) en Panamá, hasta que debieron trasladarla a Miami Florida, como resultado del acuerdo Carter-Torrijos (1997). Desde el año 2000 el Pentágono aplica un nuevo esquema de control militar a través de los denominados puestos de avanzada de operación, diseñados como centros de ‘movilidad estratégica’ y ‘usos de fuerza decisiva’ en guerras relámpago, con bases y tropas aerotransportadas de despliegue rápido. La base de Manta formó parte de ese proyecto, así como lo es la reactivación de la IV Flota que, desde hace un par de años, navega por las aguas del Caribe y Suramérica.

El nuevo acuerdo militar entre Colombia y EEUU refuerza esa estrategia pero además, en los hechos, implica un reconocimiento del fracaso de la política contrainsurgente aplicada por Álvaro Uribe. Los más de siete mil millones de dólares invertidos en la ejecución del Plan Colombia y del denominado Plan Patriota no han puesto fin al narcotráfico, pretexto con el que se montó un proyecto que, en lo fundamental, se proponía derrotar militarmente a los grupos guerrilleros. Ahora la embestida será mayor.

Pero el papel proyectado para esos puestos militares va más allá de las fronteras colombianas, el ‘big stick’ se prepara en contra de gobiernos que mantienen políticas nacionalistas y progresistas como los de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, y contra los pueblos que luchan por conquistar la liberación social y nacional. Ya se dio un aviso con el golpe de estado a Manuel Zelaya en Honduras, que puede marcar el fin de una política de tolerancia hacia gobiernos como los antes citados.

Así, Uribe continúa cumpliendo a pie juntillas el papel otorgado por el Pentágono en su esfuerzo por asegurar el control y dominio hemisférico, por impedir el desarrollo y consolidación de la corriente democrática, progresista y de izquierda en la región y la incubación y estallido de movimientos y procesos revolucionarios. Alan García de Perú y Felipe Calderón de México se unen a ese esfuerzo, en un frente reaccionario movido por hilos templados desde la Casa Blanca.

Desencanto

Editorial del Semanario En Marcha

Como uno de los sucesos más importantes de estos días se ha destacado la disminución de la popularidad del Presidente Rafael Correa. Los estudios son diversos: coinciden en que esa tendencia está presente, mas no en sus magnitudes; hay alguna empresa que asegura una disminución de 19 puntos en la popularidad del Presidente en los últimos dos meses, es decir, de 59 a 40 %.

El fenómeno es cierto, se percibe en el ambiente. Correa ha bajado en popularidad a consecuencia de la adopción de medidas políticas que contradicen la naturaleza de un proyecto político progresista, y chocan con intereses materiales y derechos políticos de distintos sectores populares como los empleados públicos, los estudiantes, docentes y empleados universitarios, el magisterio nacional. En contra de estos sectores el gobierno quiere imponer leyes y medidas que significan verdaderos retrocesos políticos y por ello el descontento, el rechazo y la protesta.

Aparejado a ello, el gobierno no ha reparado en reprimir con dureza las protestas en rechazo a esas manifestaciones de una política antipopular. En Guayaquil fueron detenidos veintisiete estudiantes universitarios que peleaban en contra de la nueva Ley de Educación Superior, a los que el Intendente de Policía los tildó de delincuentes en clara demostración de que se intenta criminalizar la protesta popular. Un día antes, en la misma ciudad, los maestros también fueron violentamente reprimidos.

Cómo no va a disminuir la popularidad del Presidente si adopta ese tipo de medidas, si además incumple la elevación salarial ofrecida a inicios de año para este semestre; si la corrupción ha llegado a las altas esferas gubernamentales de la mano de Fabricio Correa y el Presidente, paladinamente, dice haber desconocido los enjuagues de su hermano; si el gobierno poco antes del inicio de las cosechas autorizó la importación de maíz y ahora los campesinos tienen enormes dificultades para comercializar su producto; si hay trabajadores y empleados públicos que se encuentran impagos; si se firma un decreto con la Iglesia católica para la evangelización de los pobladores de la amazonía, Esmeraldas y Galápagos, como únicamente lo hicieron en el pasado gobiernos conservadores, si lleva adelante una política petrolera y minera que abre las puertas al capital extranjero.

Mientras un conjunto de medidas son aplicadas en contra de los sectores populares, un ambiente de distensión se observa en la relación con los empresarios y banqueros. Se suponía que el blanco de ataque de la “revolución ciudadana” eran los sectores oligárquicos y privilegiados, pero los dardos se están lanzando en contra de los sectores populares y, de manera particular también, en contra del movimiento social organizado.

Correa sabe que no atraviesa un buen momento y, para recuperar imagen, ha denunciado un hecho cierto: la acción conspiradora de la derecha. Pero tuerce la verdad al decir que tan enemiga de su gobierno es la derecha como la izquierda radical. Un absurdo más que solo puede provocar repudio en un sector que lucha –y lo seguirá haciendo- para que este proceso avance a niveles más altos.