Editorial del semanario En Marcha
El próximo 10 de agosto se oficializará el inicio del segundo período presidencial de Rafael Correa. En estos treinta años de régimen constitucional es la primera ocasión que un Presidente se postuló y ganó la reelección. Su triunfo se debe a varios factores, de los que pueden destacarse tres: la afirmación entre los trabajadores y los pueblos del Ecuador del anhelo de cambio; la confianza en la gestión gubernamental porque ha cumplido con algunos de los aspectos propuestos en la primera campaña; y, la debilidad de la derecha, arrinconada por la acción popular.
Al votar por Correa nuestro pueblo ratificó su deseo de cerrar el paso a la derecha, de poner fin a los gobiernos neoliberales que estuvieron al servicio de intereses foráneos y de los poderosos grupos económicos criollos. Ratificaron a Correa porque en estos dos años se han aplicado algunos medidas por las que los trabajadores han venido luchando: porque se afectó, por ejemplo, interese de grupos como los Isaías o se legisló una política tributaria que en algo afecta a los que más tienen; porque se levantó la bandera de la soberanía nacional en temas como la invasión colombiana a nuestro territorio, porque sacó de nuestro país a los funcionarios del FMI, puso fin al tratado que entregó la base de Manta al ejército de EEUU o denunció el famoso CIADI que sometía al Ecuador a tribunales internacionales.
En el campo social Correa ha aplicado una política más asistencialista que nada y esa es una deuda. Mantiene y elevó el Bono de Desarrollo, entrega urea subsidiada, regala en algunos lados el “kit agropecuario” y así tiene otros programas similares. Pero, lo cierto es que los problemas sociales se han agravado, el desempleo y subempleo crecieron, la migración continúa, el costo de la vida se incrementa y los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. El asistencialismo no resuelve de manera definitiva los problemas, apenas genera una ilusión temporal.
Tiene también una deuda el gobierno con el movimiento popular organizado. Resulta paradójico que mientras se habla de promover la participación popular se adopten medidas que golpean y limitan esa organización y el derecho a la protesta social. Decretos como el 1701 (que restringe el derecho a la contratación colectiva en el sector público), las leyes que en contra del magisterio ecuatoriano se discuten en la Asamblea, la represión y desprestigio lanzado en contra de los sectores que se oponen a la explotación minera a cielo abierto, la represión desatada sobre los estudiantes secundarios o la campaña de desprestigio a las universidades estatales son demostraciones de un sesgo antidemocrático presente en la gestión gubernamental.
En este nuevo período presidencial Correa debe corregir sus errores y cumplir plenamente con los ofrecimientos de campaña. Pero un cumplimiento cabal, pues, no puede ocurrir que en campaña ofrece no pagar la deuda ilegítima y se la termina renegociando.
Que cumpla con el pueblo es la consigna, y para asegurar que así ocurra nuestro pueblo tiene la fuerza y los instrumentos necesarios. La movilización popular deberá ponerse al orden del día.
El próximo 10 de agosto se oficializará el inicio del segundo período presidencial de Rafael Correa. En estos treinta años de régimen constitucional es la primera ocasión que un Presidente se postuló y ganó la reelección. Su triunfo se debe a varios factores, de los que pueden destacarse tres: la afirmación entre los trabajadores y los pueblos del Ecuador del anhelo de cambio; la confianza en la gestión gubernamental porque ha cumplido con algunos de los aspectos propuestos en la primera campaña; y, la debilidad de la derecha, arrinconada por la acción popular.
Al votar por Correa nuestro pueblo ratificó su deseo de cerrar el paso a la derecha, de poner fin a los gobiernos neoliberales que estuvieron al servicio de intereses foráneos y de los poderosos grupos económicos criollos. Ratificaron a Correa porque en estos dos años se han aplicado algunos medidas por las que los trabajadores han venido luchando: porque se afectó, por ejemplo, interese de grupos como los Isaías o se legisló una política tributaria que en algo afecta a los que más tienen; porque se levantó la bandera de la soberanía nacional en temas como la invasión colombiana a nuestro territorio, porque sacó de nuestro país a los funcionarios del FMI, puso fin al tratado que entregó la base de Manta al ejército de EEUU o denunció el famoso CIADI que sometía al Ecuador a tribunales internacionales.
En el campo social Correa ha aplicado una política más asistencialista que nada y esa es una deuda. Mantiene y elevó el Bono de Desarrollo, entrega urea subsidiada, regala en algunos lados el “kit agropecuario” y así tiene otros programas similares. Pero, lo cierto es que los problemas sociales se han agravado, el desempleo y subempleo crecieron, la migración continúa, el costo de la vida se incrementa y los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. El asistencialismo no resuelve de manera definitiva los problemas, apenas genera una ilusión temporal.
Tiene también una deuda el gobierno con el movimiento popular organizado. Resulta paradójico que mientras se habla de promover la participación popular se adopten medidas que golpean y limitan esa organización y el derecho a la protesta social. Decretos como el 1701 (que restringe el derecho a la contratación colectiva en el sector público), las leyes que en contra del magisterio ecuatoriano se discuten en la Asamblea, la represión y desprestigio lanzado en contra de los sectores que se oponen a la explotación minera a cielo abierto, la represión desatada sobre los estudiantes secundarios o la campaña de desprestigio a las universidades estatales son demostraciones de un sesgo antidemocrático presente en la gestión gubernamental.
En este nuevo período presidencial Correa debe corregir sus errores y cumplir plenamente con los ofrecimientos de campaña. Pero un cumplimiento cabal, pues, no puede ocurrir que en campaña ofrece no pagar la deuda ilegítima y se la termina renegociando.
Que cumpla con el pueblo es la consigna, y para asegurar que así ocurra nuestro pueblo tiene la fuerza y los instrumentos necesarios. La movilización popular deberá ponerse al orden del día.
