Por instrucciones del Banco Mundial, en este 2010 el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa deberá realizar cambios estructurales en el régimen fiscal, “eficientar” el mercado laboral y liberalizar el comercio, revela un reporte oficial. A cambio, la institución internacional ha autorizado un préstamo de 1 mil 500 millones de dólares (unos 56 mil millones de pesos) al país.
Con este compromiso, a tres años de su ascenso al poder, la administración de Calderón Hinojosa alcanza una deuda con el banco de casi 6 mil millones de dólares. Los compromisos se han concedido mediante 19 proyectos “activos” que tienen que ser saldados en un promedio de 15 años.
Fue el 24 de noviembre de 2009 que el organismo financiero –que encabeza Robert Zoellick desde 2007– anunció a México que lo dotaría de 1 mil 500 millones de dólares, con el proyecto P118070, mismo que tiene como objetivo aplicar “políticas económicas en respuesta a la crisis global”.
Justifica la entrega de recursos por la contracción del 9.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2009, como consecuencia de que “México tiene una economía muy abierta que ha sido sustancialmente afectada por la crisis mundial y la fuerte caída en el comercio internacional”.
El reporte AB5168, del que Contralínea posee copia, indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Ernesto Cordero, será la encargada ejecutar las políticas económicas que “mitiguen” el impacto de la crisis mundial y fortalezcan en un mediano plazo la “recuperación económica y el crecimiento”.
Entre las acciones que deberá realizar la segunda administración del Partido Acción Nacional se encuentran: aumentar en 35 por ciento el número de sucursales bancarias, con sus respectivos servicios financieros; reducir 5.3 por ciento la tarifa en las importaciones de manufacturas e incrementar a 10.3 por ciento el PIB de los ingresos tributarios no petroleros, entre otros.
Hacia la flexibilización laboral “Las políticas laborales constituyen uno de los cinco pilares fundamentales del programa para enfrentar la crisis global, que el presidente Calderón anunció en enero de 2009”, dice el documento del Banco Mundial.
Al respecto, una de las estrategias que el organismo financiero avala para apoyar el desempeño del gobierno mexicano es el Programa de Empleo Temporal, “que ha permitido mejorar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, salarios, productividad, y ha protegido los ingresos de la mano de obra” durante la crisis, indica.
Según el reporte, el gobierno “ha complementado lo anterior con una expansión de otros activos del mercado laboral (en particular la creación de redes de trabajo, servicios de intermediación y programas de formación), así como las políticas pasivas del sector para mantener el nivel de vida de los desempleados”.
Estos argumentos del Banco Mundial “avalan la flexibilización en el mercado laboral, que apunta hacia la precarización de la mano de obra y no incrementa el bienestar de los trabajadores,” dice Valeria Enríquez, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien actualmente desarrolla un proyecto de análisis de transparencia en los préstamos autorizados por este banco al gobierno mexicano.
El estudio Flexibilización laboral, el caso de México, elaborado por Danae Duana Ávila, candidato a doctor en ciencias económicas por el Instituto Politécnico Nacional, explica que las características del mercado de trabajo que prevalecen en el país son: aumento del desempleo, emergencia del “trabajo interno” o de tiempo parcial, decrecimiento del poder adquisitivo, abandono del salario mínimo, nuevas formas de segmentación del mercado de trabajo y fortalecimiento de las actividades informales.
“La flexibilidad o precarización laboral es uno de los métodos que permite a las empresas contar con un mayor margen de control en la administración y en la disponibilidad de recursos humanos, a través de la adecuación de los contratos colectivos y de normas de trabajo acordes con las nuevas necesidades de la planta productiva” (Contralínea 128), expone.
Análisis opuestos al BM
Contrario a los comentarios favorables emitidos por la institución extranjera, el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2009, emitido por la SHCP, muestra una disminución de más de 500 mil plazas laborales en lo que va del año.
Al 30 de septiembre de 2009, indica la dependencia que encabeza Cordero, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 13 millones 900 mil 551 personas, nivel que implicó una disminución anual de 540 mil 213 plazas (3.7 por ciento) y de 162 mil trabajadores con respecto del cierre de 2008.
“Cabe mencionar que en julio-septiembre el empleo formal tuvo un crecimiento de 106 mil 790 personas. Por tipo de contrato, la afiliación permanente observó una reducción anual de 513 mil 177 trabajadores (4.0 por ciento), mientras que la eventual retrocedió en 27 mil 36 personas (1.7 por ciento)”, muestra Hacienda.
Duana Ávila asegura en su estudio que el modelo mexicano de regulación laboral “no opone límites al deterioro de las condiciones de trabajo ni ofrece incentivos para impulsar compromisos con base en la productividad, la capacitación permanente, los salarios altos y tampoco puede haber una resolución de las diferencias favorables a los trabajadores.
“En los últimos gobiernos se ha fomentado la búsqueda de inversiones extranjeras, por esto se buscó conservar la legislación actual, porque favorece la estrategia de competitividad por medio de bajos salarios”.
Política fiscal urgente
La política fiscal y la gestión del gasto público son otros de los objetivos en los que el Banco Mundial interviene, y determina que el gobierno mexicano deberá “realizar un programa de gestión fiscal contracíclica, mejorar los ingresos tributarios no petroleros, y mejorar la gestión del gasto público, en particular, a través de la aprobación y aplicación de una ley fiscal”.
El reporte de la institución bancaria indica que a raíz de la crisis global, las autoridades mexicanas lograron inicialmente aumentar y mantener el nivel de gasto público para soportar la fuerte contracción de la demanda agregada.
Contrario a ello, expone, “la fuerte caída de los ingresos en el sector público que puede atribuirse a una recesión mundial y nacional en la actividad económica no ha sido compensada por una reducción del gasto público total o un aumento en los impuestos, de esa manera, la política fiscal permitiría que los estabilizadores automáticos funcionen”.
A finales de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó al Congreso un paquete fiscal que pretendía incrementar en un 2 por ciento generalizado el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se pretendía un “aumento temporal” al Impuesto Sobre la Renta para los trabajadores de mayores ingresos, del 28 por ciento al 30 por ciento hasta 2012.
Además, de aplicar aumentos diferenciados en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se aplica a cigarrillos, bebidas alcohólicas, juegos y sorteos. La tasa del impuesto a los depósitos en efectivo pasa del 2 al 3 por ciento desde los 15 mil pesos por depósito, y no desde 20 mil pesos, como ocurre actualmente.
Valeria Enríquez, maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, afirma que, con los “préstamos para políticas de desarrollo”, el Banco Mundial “condiciona” al gobierno mexicano a continuar con la política económica neoliberal.
Y es que, expone la investigadora, el organismo se ha convertido en un “gran colchón económico para el gobierno federal. En específico, para la SHCP es un instrumento aliado, flexible hacia el país, cómodo y fácil porque sabe que puede acudir a él para cubrir las partes que le hacen falta”.
Más bancos y menos aranceles
En la política del sector financiero, México se ha destacado en las reformas normativas en 2009 que consisten en: la protección de los consumidores de servicios financieros, la ampliación de los canales para la prestación de los servicios financieros a través de agentes bancarios y la transparencia del mercado, dice el Banco Mundial.
Ante esta situación, el banco “recomienda” al gobierno mexicano incrementar en 35 por ciento los puntos de venta que ofrecen servicios bancarios. Además, aumentar la calidad de la información proporcionada por los intermediarios financieros a los usuarios.
El Banco Mundial también critica al gobierno mexicano, pues dice que pese a las reformas de las políticas comerciales aplicadas desde la década de 1980, existen deficiencias en el régimen comercial y de oportunidades para reducir los costos de negociación.
La operación propuesta por el organismo internacional para “apoyar” al gobierno mexicano consiste en llevar a cabo una reforma global para reducir por etapas los aranceles, aplicados a las importaciones de productos manufacturados. Este plan deberá aplicarse hasta 2013, señala el documento oficial.
Valeria Enríquez, investigadora la asociación civil Fundar, dice que, debido a este tipo de reformas, hay una “preocupación” a nivel internacional por parte de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a revisar los resultados de las operaciones que se llevan a cabo con estos recursos.
Este tipo de préstamos “traen condicionalidades: el gobierno debe modificar ciertas propuestas y no tienen que cumplir políticas de salvaguarda. A su vez, no puede entrar ningún panel de inspección. En los últimos años se han incrementado estos proyectos en más de 50 por ciento, y este último (proyecto) condiciona el paquete fiscal y apunta a la flexibilización laboral para salir de la crisis”.
Los riesgos
El préstamo de 1 mil 500 millones de pesos, dice el reporte del Banco Mundial, servirá ante la posibilidad de una “débil recuperación de la crisis económica actual”, que contempla una “doble caída” en la recesión económica de Estados Unidos, principal socio comercial de México.
Esta situación, advierte, podría conducir a un segundo año de economía mediocre. Para el gobierno puede ser difícil mantener los niveles de gasto en los principales programas sociales y de infraestructura, indica.
“Las condiciones del mercado laboral podrían continuar deteriorándose, incluso durante una incipiente recuperación”, dice el documento. Ante ello, el gobierno podría tener que ampliar o mejorar las medidas de apoyo propuestas, a fin de mitigar el impacto social y económico. Estas acciones podrían hacer frente a las limitaciones fiscales, particularmente en el caso de inmersión en una “doble” recesión.
Jonathan Fox, académico de la Universidad de California, Estados Unidos, explica que los diversos proyectos del Banco Mundial sirven para justificar la transferencia de divisas a las arcas financieras del gobierno: “Con más divisas, la Secretaría de Hacienda resulta fortalecida. Además, las expectativas de los préstamos le sirven para disciplinar a otras dependencias. En este sentido, como buen intermediario, Hacienda resulta el ganador principal en la transacción”.
Hace unos años, comenta, el nivel anual de préstamos del Banco Mundial al gobierno mexicano había bajado mucho, sobre todo en comparación con la década de 1990. Alrededor de 2005, la representante del organismo expresaba su preocupación por la baja demanda del gobierno mexicano por sus servicios, y pronosticaba que dentro de una década el país iba a “graduarse” y ya no tener que pedir prestado.
Sin embargo, con la crisis económica actual, el banco internacional volvió a ser un “socio” muy importante para el gabinete económico del país, argumenta el investigador de la Universidad de California. “No es por casualidad que el Banco Mundial esté priorizando proyectos grandes de desembolso rápido para ayudar a estabilizar la economía en el corto plazo”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el Banco Mundial, a través de Fernanda Zavaleta. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.
Érika Ramírez
