Se cumplen tres años de ejercicio presidencial de Rafael Correa, o como él lo califica, tres años de “revolución ciudadana”. En una ocasión anterior señalamos que se observan dos momentos diferenciados en su gestión: una primera etapa en la que el gobierno adoptó medidas económicas y políticas ceñidas a la naturaleza del proyecto político por el cual votó el pueblo, lo que alimentó la confianza entre los trabajadores de que este gobierno sí cumpliría con el tan esperado –y a su vez manoseado- cambio; y, una segunda etapa –que está en curso- en la que el viraje a la derecha es evidente y el carácter autoritario y antidemocrático del Presidente Correa marcan el quehacer político.
Funcionarios gubernamentales aseguran que lo más trascendente de estos tres años es la aprobación de la actual Constitución, debido a su carácter progresista y democrático y porque ello permite “la definición de una nueva institucionalidad”. Efectivamente, el país cuenta con una nueva Carta Magna, pero, hablar de una nueva institucionalidad en el sentido de que ésta niega la naturaleza o el carácter de la existente hasta antes de que los asambleístas de Montecristi terminen su trabajo es una estupidez, para utilizar un término recurrente en el discurso del presidente Correa.
La institucionalidad capitalista no ha sido mellada en absoluto durante estos tres años de “revolución ciudadana”; por el contrario la gestión gubernamental, las leyes y decretos dictadas o que están discutiéndose en la Asamblea buscan ya sea facilitar procesos de acumulación capitalista, dinamizar el funcionamiento de la administración estatal en la lógica y propósitos del sistema imperante, impedir y hasta criminalizar el reclamo y la protesta popular.
El proceso político que vive el país, o mejor dicho, el proceso político dirigido desde Carondelet no se diferencia en mucho en cuanto al tratamiento dado por otros gobiernos al movimiento social. Ya no solo se advierte que es un proceso en el que a las masas populares no se las convoca a jugar un papel protagónico, sino que ahora a quienes exigen no torcer el rumbo y dar pasos adelante se los reprime y estigmatiza. El mesianismo autoritario de Correa marca el curso.
No son pocos los ecuatorianos de los sectores populares que miran frustrados sus anhelos y aspiraciones; ciertamente, hay también un importante sector que respalda al gobierno por algunas acciones sociales aplicadas en el marco de una gestión asistencialista que busca, sobre todo, garantizar un nicho electoral para Correa y PAIS. En todo caso el Presidente es afectado por una tendencia a la pérdida de su credibilidad y al aumento del repudio a su conducta autoritaria.
El gobierno se va alejando del proyecto político, por eso la exigencia popular de que se cumpla con el cambio prometido y la lucha de quienes no se marean en el discurso de una “revolución ciudadana” que nada tiene que ver con una auténtica revolución social.
