Editorial del Semanario En Marcha
La sabiduría de nuestro pueblo le ha permitido resumir en palabras sencillas el carácter clasista de la justicia, al aseverar que “la ley es para el de poncho”. Las leyes están hechas para precautelar los intereses económicos, políticos y sociales de quienes se encuentran en el poder; la justicia, como concepto aplicable por igual a todos los integrantes de una sociedad clasista tampoco existe, pues responde también a una concepción de clase. Lo que resulta justo y ético para un sector de la sociedad no lo es para otros, basta mirar cómo la burguesía tiene organizadas las relaciones laborales al interior de sus empresas para echar al cesto de basura la visión de la universalidad de la justicia.
Ahora mismo el país tiene varios ejemplos vivos de cómo se “reparte” y se “hace” justicia dependiendo de los actores sociales y políticos de los procesos. Los Isaías, responsables y beneficiarios de una parte del millonario atraco bancario producido hace diez años, ahora resulta que son inocentes de ello y apenas habrían cometido el delito de falsificación de balances. Jueces, conjueces, magistrados, etc., seguramente animados por millonarias coimas fueron retrasando el proceso judicial en unos momentos, hasta llegar al fallo dictado hace pocos días. No está demás recordar que varios banqueros corruptos gozan también de su libertad, disfrutando del dinero robado a miles de ecuatorianos en el malhadado feriado bancario.
En estos días también ha saltado el caso del accidente de tránsito en el que se encuentra involucrada la esposa del Fiscal General. Solícitos, un grupo de fiscales provinciales anunciaron en comunicado público que los testigos del suceso no tenían calidad de tales y que quien manejaba el vehículo era un miembro de la seguridad personal de la involucrada. Sin más se adelantaron a dar su opinión para favorecer a un alto funcionario del Estado.
La “justicia” sí cae con todo su peso para los de “abajo”, para “los de poncho”. Luchadores populares de diversos sectores: del magisterio, estudiantes, del movimiento anti minero, sindicalistas, etc. sufren procesos judiciales impuestos desde las altas esferas o aupadas por estas. En esos casos la “justicia” no se agilita y, más bien, se busca crear precedentes para que no se eleven nuevas voces de protesta. Tal es el caso del juicio por terrorismo, asociación ilícita e intento de asesinato que se sigue en contra de Marcelo Rivera, Luis Centeno y Fernando Agurto, dirigentes estudiantiles que luchan por la democratización y la gratuidad de la educación superior.
Las Cortes de Justicia del país no han dejado de ser corruptas; la facturación de juicios y sentencias es pan de todos los días. No es suficiente pelear por su reorganización –aunque hay que hacerlo-, su carácter cambiará en tanto la estructura económica social del país sufra una transformación radical.
