Editorial del Semanario En Marcha
Como uno de los sucesos más importantes de estos días se ha destacado la disminución de la popularidad del Presidente Rafael Correa. Los estudios son diversos: coinciden en que esa tendencia está presente, mas no en sus magnitudes; hay alguna empresa que asegura una disminución de 19 puntos en la popularidad del Presidente en los últimos dos meses, es decir, de 59 a 40 %.
El fenómeno es cierto, se percibe en el ambiente. Correa ha bajado en popularidad a consecuencia de la adopción de medidas políticas que contradicen la naturaleza de un proyecto político progresista, y chocan con intereses materiales y derechos políticos de distintos sectores populares como los empleados públicos, los estudiantes, docentes y empleados universitarios, el magisterio nacional. En contra de estos sectores el gobierno quiere imponer leyes y medidas que significan verdaderos retrocesos políticos y por ello el descontento, el rechazo y la protesta.
Aparejado a ello, el gobierno no ha reparado en reprimir con dureza las protestas en rechazo a esas manifestaciones de una política antipopular. En Guayaquil fueron detenidos veintisiete estudiantes universitarios que peleaban en contra de la nueva Ley de Educación Superior, a los que el Intendente de Policía los tildó de delincuentes en clara demostración de que se intenta criminalizar la protesta popular. Un día antes, en la misma ciudad, los maestros también fueron violentamente reprimidos.
Cómo no va a disminuir la popularidad del Presidente si adopta ese tipo de medidas, si además incumple la elevación salarial ofrecida a inicios de año para este semestre; si la corrupción ha llegado a las altas esferas gubernamentales de la mano de Fabricio Correa y el Presidente, paladinamente, dice haber desconocido los enjuagues de su hermano; si el gobierno poco antes del inicio de las cosechas autorizó la importación de maíz y ahora los campesinos tienen enormes dificultades para comercializar su producto; si hay trabajadores y empleados públicos que se encuentran impagos; si se firma un decreto con la Iglesia católica para la evangelización de los pobladores de la amazonía, Esmeraldas y Galápagos, como únicamente lo hicieron en el pasado gobiernos conservadores, si lleva adelante una política petrolera y minera que abre las puertas al capital extranjero.
Mientras un conjunto de medidas son aplicadas en contra de los sectores populares, un ambiente de distensión se observa en la relación con los empresarios y banqueros. Se suponía que el blanco de ataque de la “revolución ciudadana” eran los sectores oligárquicos y privilegiados, pero los dardos se están lanzando en contra de los sectores populares y, de manera particular también, en contra del movimiento social organizado.
Correa sabe que no atraviesa un buen momento y, para recuperar imagen, ha denunciado un hecho cierto: la acción conspiradora de la derecha. Pero tuerce la verdad al decir que tan enemiga de su gobierno es la derecha como la izquierda radical. Un absurdo más que solo puede provocar repudio en un sector que lucha –y lo seguirá haciendo- para que este proceso avance a niveles más altos.
Como uno de los sucesos más importantes de estos días se ha destacado la disminución de la popularidad del Presidente Rafael Correa. Los estudios son diversos: coinciden en que esa tendencia está presente, mas no en sus magnitudes; hay alguna empresa que asegura una disminución de 19 puntos en la popularidad del Presidente en los últimos dos meses, es decir, de 59 a 40 %.
El fenómeno es cierto, se percibe en el ambiente. Correa ha bajado en popularidad a consecuencia de la adopción de medidas políticas que contradicen la naturaleza de un proyecto político progresista, y chocan con intereses materiales y derechos políticos de distintos sectores populares como los empleados públicos, los estudiantes, docentes y empleados universitarios, el magisterio nacional. En contra de estos sectores el gobierno quiere imponer leyes y medidas que significan verdaderos retrocesos políticos y por ello el descontento, el rechazo y la protesta.
Aparejado a ello, el gobierno no ha reparado en reprimir con dureza las protestas en rechazo a esas manifestaciones de una política antipopular. En Guayaquil fueron detenidos veintisiete estudiantes universitarios que peleaban en contra de la nueva Ley de Educación Superior, a los que el Intendente de Policía los tildó de delincuentes en clara demostración de que se intenta criminalizar la protesta popular. Un día antes, en la misma ciudad, los maestros también fueron violentamente reprimidos.
Cómo no va a disminuir la popularidad del Presidente si adopta ese tipo de medidas, si además incumple la elevación salarial ofrecida a inicios de año para este semestre; si la corrupción ha llegado a las altas esferas gubernamentales de la mano de Fabricio Correa y el Presidente, paladinamente, dice haber desconocido los enjuagues de su hermano; si el gobierno poco antes del inicio de las cosechas autorizó la importación de maíz y ahora los campesinos tienen enormes dificultades para comercializar su producto; si hay trabajadores y empleados públicos que se encuentran impagos; si se firma un decreto con la Iglesia católica para la evangelización de los pobladores de la amazonía, Esmeraldas y Galápagos, como únicamente lo hicieron en el pasado gobiernos conservadores, si lleva adelante una política petrolera y minera que abre las puertas al capital extranjero.
Mientras un conjunto de medidas son aplicadas en contra de los sectores populares, un ambiente de distensión se observa en la relación con los empresarios y banqueros. Se suponía que el blanco de ataque de la “revolución ciudadana” eran los sectores oligárquicos y privilegiados, pero los dardos se están lanzando en contra de los sectores populares y, de manera particular también, en contra del movimiento social organizado.
Correa sabe que no atraviesa un buen momento y, para recuperar imagen, ha denunciado un hecho cierto: la acción conspiradora de la derecha. Pero tuerce la verdad al decir que tan enemiga de su gobierno es la derecha como la izquierda radical. Un absurdo más que solo puede provocar repudio en un sector que lucha –y lo seguirá haciendo- para que este proceso avance a niveles más altos.
