A dos años de gobierno: Rafael Correa cede terreno a la derecha

Tomado del Semanario En Marcha

Este nuevo período constituye una oportunidad para enderezar su conducta, para inscribirla dentro de la lucha de los pueblos por una nueva sociedad, en ese camino nos encontrará como una fuerza coherente y monolíticamente unida.

Al evaluar los dos años de gobierno de Rafael Correa conviene mirar su gestión dividida en dos etapas, hasta y después del referéndum. Es evidente que la inicial caracterización que lo ubicó como un gobierno antioligárquico, progresista, patriótico y democrático chocan con algunos elementos de su política, pues, las posiciones derechistas de las cuales son portadores algunos de sus cercanos colaboradores, cobran fuerza y desnaturalizan el proyecto de cambio por el cual los pueblos del Ecuador lo respaldaron.

En efecto, durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente hasta el referéndum aprobatorio del nuevo estatuto jurídico del país, la gestión del gobierno se centró en el cumplimiento de algunas acciones orientadas a atender las necesidades fundamentales de la población, así, impulsar la obra pública en materia vial, proyectos hidroeléctricos y de vivienda popular con los cual se generaron fuentes de empleo; estimular el aparato productivo con la concesión de créditos a los pequeños productores como el plan 5, 5, 5; financiar y mejorar el sistema de salud pública; crear doce mil partidas docentes y mejorar el programa de desayuno y uniforme escolar; elevar los sueldos del sector de menores ingresos, entre otras acciones enmarcadas en una política asistencial como el bono de desarrollo y de la vivienda.

Pero, sin duda, uno de los elementos más destacados han sido sus posturas de resistencia a la dominación imperialista y de defensa de la soberanía expresadas en la denuncia definitiva del Convenio para el uso de la Base de Manta por parte del ejército norteamericano; la auditoría de la deuda externa frente a cuyo resultado la calificó de deuda inmoral, ilegítima y corrupta (aunque luego terminó negociándola); la postura soberana adoptada en torno al ataque en Angostura; el apoyo al proceso de integración regional al margen de la tutela yanqui.

Si bien la voluntad política de Correa dio paso a la redacción de mandatos y una Constitución democrática y garantista, con elementos positivos en aras de mejorar la calidad de vida de los pueblos; preservar los recursos naturales a fin de que sirvan para su desarrollo, sin destruir el ambiente y la vida; lo cierto es que en ese proceso, frente a algunos temas ya se evidenciaron posiciones autoritarias y prepotentes como son los casos de la represión en Dayuma y en contra de los mineros artesanales, por ejemplo. También demostró incoherencias cuando con su bloque de asambleístas trató de desarticular el Seguro Social Campesino, pasándolo al Sistema Nacional de Salud o frente a los temas de la educación gratuita hasta el tercer nivel y la jubilación de los maestros a los que se opuso tenazmente y que solo se alcanzaron en base a la presión social de los sectores interesados.

Durante la segunda etapa de este período, Correa ha adoptado medidas con características neoliberales, a través de leyes como la minera, la de empresas públicas, las reformas a la Ley de Escalafón del Magisterio, la de Educación Superior; Decretos como el 1701 o el 1780; medidas como la “evaluación docente” con los cuales afecta y en otros casos elimina los derechos de los trabajadores, maestros , juventud y los pueblos, mientras repite, hasta el cansancio, un discurso para desprestigiarlos, para vender la idea que algunos derechos son privilegios que hay que eliminarlos. Los rasgos represivos y autoritarios, se han profundizado, llegando incluso a adoptar posturas marcadamente antidemocráticas; persigue a quien protesta, considera que todo lo que resuelve y hace es correcto, por ende, nadie puede discrepar y menos protestar. Apunta a destruir las organizaciones gremiales, negarles su carácter de interlocutores y su derecho a la resistencia. Se ha ensañado con los trabajadores, los maestros y los jóvenes estudiantes. Es decir con quienes forman parte de la tendencia de cambio, de la izquierda revolucionaria.

Ante esta realidad, nuestra posición ha ido del apoyo, a un apoyo crítico con movilización social y denuncia. Sin dejar de respaldar sus posiciones patrióticas y progresistas en materia de integración regional al formar parte del Alba y apuntalar la UNASUR; la postura soberana frente a la política de Uribe; la denuncia del CIADI; el reingreso a la OPEP, hoy empujamos una política que privilegia la movilización y lucha social, exigiendo el cumplimiento y la radicalización del proyecto. Este nuevo período constituye una oportunidad para enderezar su conducta, para inscribirla dentro de la lucha de los pueblos por una nueva sociedad, en ese camino nos encontrará como una fuerza coherente y monolíticamente unida.