Bogotá, diciembre 20 de 2008
La convocatoria gubernamental de sesiones extras del Congreso (a la media noche del martes 16) para aprobar el referendo reeleccionista, dejó al desnudo el papel de celestina del Gobierno que juega el Congreso, así como el juego doble, mentiroso, de un gobernante aferrado al poder con las mañas de tahúres de la política, al extremo de generar más distanciamientos de la reelección del 2010 resguardándose en la tesis del 2014.
La bancada uribista en la Cámara y el Senado, luego de varias citas con el Presidente organizó la trama para ignorar el trámite parlamentario de las leyes y la falta de certificación de la transparencia y topes de las finanzas de la recolección de firmas para el referendo que tiene tan envolatadas las cuentas y ocultas las fuentes del ingreso de cerca de 2 mil millones de pesos al punto que el líder de la iniciativa debió renunciar a la secretaría del partido de Uribe. Esa falta de ética y vergüenza que confirmó el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando ilegal e ilegítima la reelección por el cohecho de Yidis Medina, es la misma corrupción que salta en casi toda licitación, al asignar los canales de televisión, etc.
Al proyecto de referendo le falta superar los micos que le colgará el Senado para consagrar la reelección en el 2010 o el 2014. Pero el retorcido leguleyismo de Uribe y su gabinete no pueden resolver lo que ya muchos uribistas admiten: no cuentan con la maquinaria y el momento político para garantizar los siete millones de votos que exige la Constitución , como no tuvo los votos para ganar el referendo del 2003 cuando el recién elegido Uribe recibió la gran derrota. Además, en tiempos de crisis los dineros del Estado escasean día a día dificultando el clientelismo y el populismo. Tampoco es sencillo demostrar que las inundaciones se deben solo a la lluvia y ocultar la mala infraestructura por la incapacidad y la negligencia de 6 años del ministro del transporte y obras públicas. Sin olvidar que resulta muy injusto gastar millonadas en unas votaciones a favor de Uribe.
La reforma política es otro fraude legal que se cocina con el siniestro objetivo de librar al Gobierno de los efectos de procesos penales por paramilitarismo a funcionarios y congresistas que disminuyen la bancada uribista y cerrar resquicios democráticos. Traslada al 2010 cualquier sanción a los partidos y congresistas ligados a procesos penales por parapolítica que incluyen crímenes de lesa humanidad es una burla a las víctimas de crímenes de Estado, a la justicia y una estafa jurídica que ya toma cuerpo al no aplicar los impedimentos por conflicto de intereses de los herederos de las curules de parapolíticos.
La actual legislatura confirma que el llamado equilibrio y contrapesos entre poderes del Estado está borrándose con el copamiento institucional del autoritarismo uribista con varias acciones durante 6 años de gobierno: inestabilidad de funcionarios medios y de base con la falsa ‘meritocracia’ y a través de ternas para cargos en las altas cortes, el Banco de la República y la Procuraduría. Ahora se agrega la legislación por decreto con las declaratorias de conmoción interior (desde octubre) y la emergencia social (noviembre), así el Congreso va quedando más sujeto al presidencialismo y la economía completamente al servicio del capital monopolista nacional y transnacional, especialmente, para proteger la voracidad del sector financiero que busca ajustar a su amaño la ley que los “regula”.
MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE POPULAR MCP-POLO
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