Por: Alfredo Constante
El viejo y consabido argumento de que “no dialoga bajo presión”, le ha llevado al presidente Rafael Correa a extremar su prepotencia y acentuar la represión en contra del descontento y la lucha popular, provocando ya la pérdida de una valiosa vida.
Es que el problema del diálogo con o sin “presión”, en el caso de las organizaciones y sectores sociales, populares y de izquierda, se ha convertido para Correa, en el problema sustancial de su concepción de la “revolución ciudadana”. El diálogo se ha planteado únicamente con aquellos sectores que coinciden o se sujetan a su posición o, son factibles de ser condicionados a la misma.
El supuesto ejercicio de diálogo para Correa (“jamás nos hemos negado a dialogar”, ha señalado), no ha sido un recurso de recepción de inquietudes, planteamientos, posiciones y de búsqueda de alternativas ciertas, que propicien soluciones, sino más bien, uno más de los mecanismos de imposición y justificación de sus propuestas y planteamientos “ciudadanos”. Dialoga para justificar y para imponer y no para resolver los problemas.
Esta concepción y práctica es la que se constata en la grotesca utilización de segmentos y sectores afines y comprometidos con el gobierno, para publicitar el supuesto ejercicio del diálogo.
Cuando los indígenas con
Cuando los trabajadores se movilizan en oposición a la conculcación de los derechos laborales y la contratación colectiva, el gobierno convoca al dialogo, el mismo que enfrenta un proceso diletante y sólo busca legitimar sus acciones.
Cuando los maestros impulsan un valeroso Paro, luego de largos meses de reiterada insistencia en un diálogo franco de las propuestas y necesidades del mejoramiento de la educación, el ministro Raúl Vallejo aparece homenajeando a reducidos segmentos de maestros, como un supuesto de reconocimiento a los méritos del magisterio.
Cuando los estudiantes y más estamentos universitarios se levantan contra un proyecto de Ley de Universidades de contenido anticonstitucional y antidemocrático, el ministro Raúl Patiño aparece reunido con militantes universitarios de PAÍS, que no hacen otra cosa que suscribir íntegramente el proyecto del gobierno, y lo presenta como la realización y la concreción del diálogo con los estudiantes universitarios.
Mientras tanto, el eje principal de la acción del gobierno ha sido y es la imposición autoritaria, arbitraria y represiva de los fundamentos de una reforma reaccionaria del Estado, que plantea el supuesto de la “eficiencia”, sobre la base del desmantelamiento de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores y los distintos sectores sociales.
Autoritarismo y arbitrariedad que se repite y reproduce en las conductas de los funcionarios del gobierno a todo nivel.
Autoritarismo y arbitrariedad con la que se impone una evaluación anticonstitucional al magisterio ecuatoriano, se arremete contra la estabilidad, su organización
Autoritarismo y arbitrariedad expresada en la remoción de rectores de colegios, así como en la práctica atrabiliaria con la que las “nuevas” autoridades de los colegios ordenan hasta el arresto de estudiantes, porque no agachan la cabeza.
Autoritarismo y arbitrariedad con la que se han expedido un sinnúmero de decretos inconstitucionales, como el 1701 que anula el derecho a la contratación colectiva de los trabajadores del sector público; al igual que la forma como cercenó dichos contratos colectivos el ex Ministerio del Trabajo.
Autoritarismo y arbitrariedad con el que la administració n de Fernando Cordero, presidente del Congreso Nacional, se ha propuesto dejar en la calle a más de un centenar de empleados que han cumplido 20 años de trabajo, cual si fueran piezas de recambio, declarándoles “ineficientes”, aún cuando su etapa productiva laboral no ha culminado y, por consiguiente, no alcanzarán el derecho de la jubilación, dado que en las condiciones de crisis del país, a su edad difícilmente podrán acceder a otro empleo. Esta acción es la cruel muestra de cómo concibe la “revolución ciudadana” la supuesta “eficiencia”, atropellando todo sentido social del trabajo y sus derechos; y, este mismo proceso es el que se pretende para todo el sector público y el magisterio.
Autoritarismo y arbitrariedad con la que ha respondido Correa a los desacuerdos con los proyectos de ley de aguas, de universidades, de servicio público, etc., etc., reiterando que con su mayoría en
Éstas y tantas otras muestras de un creciente comportamiento agresivo en contra del movimiento popular organizado, en contra de los dirigentes de las organizaciones sociales y los derechos, conquistados con largos años de lucha, contrasta con el paulatino abandono de sus postulados, respecto de que los problemas del país responden a la concentración de la riqueza, al poder económico de los grandes banqueros, industriales y comerciantes, frente a los cuales ya nada se dice.
Sí, señor Presidente, le mancharon sus manos de sangre del maestro indígena Bosco Wizuma, ese comportamiento autoritario y agresivo contra el pueblo que le dio el triunfo porque propuso el cambio y no porque se haya planteado el objetivo neoliberal de atacar los derechos sociales de los trabajadores, maestros, indígenas, campesinos, estudiantes, etc., etc.
El diálogo que reclaman los diferentes sectores sociales no es el de la sumisión y la complicidad, es el diálogo del respeto y de la dignidad, porque el cambio no es para someter sino para emancipar y dignificar a los pueblos.
