Por: Guido Proaño A. / Periódico Opción
Desde el 14 de septiembre los maestros se encuentran en paro, hace seis años no habían adoptado una medida de esa naturaleza, pero ahora, ante un gobierno que proclama una ‘revolución ciudadana’ han asumido una paralización que engloba a todo el magisterio fiscal del país. Parecería contradictorio, pero no lo es.
El magisterio fue forzado a una medida así porque se cerraron todas las posibilidades de diálogo con las autoridades gubernamentales: el Presidente en varias ocasiones se ha negado a reunirse con la dirigencia de la UNE y el Ministro de Educación no pierde oportunidad para confrontarlos, para mancillar su dignidad. El Presidente Correa en eso da lecciones, hace pocos días en un establecimiento educativo de la ciudad de Guayaquil increpó a maestros que defendían el paro calificándolos de pelafustanes, mediocres y –sorprendentemente- de manera indirecta dijo que eran mantones!
Los maestros quieren que se mejore el sistema educativo, ser partícipes directos en los procesos de definición de las políticas en ese ámbito, quieren tener un salario digno y estabilidad; el gobierno también dice querer mejorarla, pero propone un sistema coercitivo que ubica a los maestros en la condición de reos constantes de tribunales calificadores de sus capacidades, en los que las autoridades centrales se ‘lavan’ las manos para que sea la ‘comunidad’ quien los sancione, en la Asamblea cursa una propuesta de ley que, de ser aprobada, disminuirá el sueldo que ahora perciben los educadores, las doce mil partidas docentes –que con tanta algarabía se promocionan- no han sido creadas todavía, hay miles de educadores populares sin seguridad social… ¡Esa es la revolución educativa¡ ¡Viva la revolución ciudadana!
Los indígenas también están en pie de lucha, anuncian una movilización progresiva en todo el país por el derecho al agua y en contra de la explotación minera a gran escala que destruye el medio ambiente. Denuncian que la Ley de Aguas es privatizadora y tiene un feo tufo neoliberal, el mismo que barniza la Ley Minera que favorece al capital extranjero y con la que quieren quitar las fuentes de trabajo de los pequeños mineros artesanales y propietarios de molinos de beneficio. Por denunciar eso, el Presidente dijo que estaban locos.
En las universidades del país el descontento es general por el contenido de una mediocre Ley de Educación Superior –en este caso el calificativo sí cursa- elaborada por la intelligentia del gobierno agrupada en SENPLADES… bueno así se auto consideran. La ley pone fin a principios básicos como la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el cogobierno y burla el precepto constitucional de la gratuidad de la educación. Ah, por supuesto, el gobierno gastó miles de dólares en varias cadenas nacionales para ‘demostrar’ que quien se oponía a su ley era un estudiante ‘mediocre’. Mintió, pues, el presidente de la FEUE tiene promedio académico muy bueno.
No son los únicos sectores sociales que critican aspectos de la gestión gubernamental, los comerciantes minoristas rechazan la intención de la bancada de PAIS de archivar una ley que los favorece y que ya fue aprobada en primer debate en Montecristi; la Confederación de Barrios ha denunciado que la Ley de Ordenamiento Territorial contiene elementos neoliberales que abren las puertas para la privatización de servicios básicos como el agua; los trabajadores exigen que se derogue el decreto 1701 que acaba con el derecho a la contratación colectiva en el sector público.
Pero qué está pasando en el país, si el grueso de quienes ahora protestan fueron electores de Correa para su elección y re elección presidencial. ¿Cambiaron de política? No, esos sectores no han variado sus puntos de vista, quien sí lo está haciendo es Rafael Correa.
Él ofreció poner fin a la larga noche neoliberal y por eso tuvo el aval popular; hoy, en varios aspectos de su política el neoliberalismo vuelve a mostrar sus narices. Surgen preocupaciones porque se hizo una renegociación de la deuda que deja dudas de quién mismo se benefició en ella; se prometió promover la participación popular, pero ahora es casi un delito estar agremiado; democracia participativa, se dijo, pero el autoritarismo y la prepotencia marcan el día a día de la vida del país.
El descontento no es gratuito, no están locos quienes ahora hacen oír su voz en las calles –aunque así lo crea el Presidente-, es el comportamiento natural de un pueblo que va del desencanto a la protesta. Un pueblo que inclusive ha sabido perdonarlo en estos meses, esperando que se atiendan necesidades básicas como un verdadero salario digno, un pueblo que puso en segundo plano sus aspiraciones materiales mientras se requería conquistar una Constitución para acabar con el andamiaje neoliberal construido por la derecha.
La contradicción entre el movimiento popular organizado y el gobierno toma preeminencia debido a que en este último se está produciendo lo que ha sido calificado como un quiebre a la derecha. Sorprende que en el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ sean los trabajadores, los indígenas, los maestros, la juventud, es decir los sectores populares quienes critiquen políticas gubernamentales en temas trascendentes como el minero, petrolero, laboral, agua, educación y más, mientras la derecha guarda lo que podría calificarse como un cómplice silencio con lo que Correa hace desde Carondelet. Sus críticas se concentran ahora en la Ley de Comunicación. Muy decidor ese comportamiento.
El pueblo no añora el pasado, absurdo pensar de esa manera. El pueblo quiere transformaciones, pero hay cambios … y cambios. El pueblo en las calles dice ¡rectifique!, ¡por ahí NO, presidente! Si hay un actor determinante para el cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales en el escenario político del país es el pueblo, el antecedente para el ascenso de Correa a la presidencia son treinta años de lucha popular en contra del neoliberalismo, en contra de la dependencia, en contra de la derecha oligárquica. Nadie tiene derecho a burlarse de ello.
