Tomado de En Marcha
El Tercer Tribunal de Garantías Penales, presidido por la Dra. Gladys Terán, ha dictado sentencia en el juicio penal seguido en contra de Marcelo Rivera, presidente de la FEUE Nacional, imponiéndole una pena a tres años de prisión correccional y el pago de 298.665 dólares por “daños y perjuicios por la infracción”. Fallo ilegal y con un claro contenido político, pues, durante el proceso que hasta el momento dura once meses no se ha presentado prueba alguna de la acusación planteada en contra de Marcelo; y, por la naturaleza del juicio planteado, evidencia el interés del régimen de crear un precedente para atemorizar a los luchadores populares.
Marcelo es un detenido político, no hay duda de ello. El gobierno públicamente anunció su persecución el 14 de noviembre de 2009 en una de las cadenas sabatina realizadas por Rafael Correa. Un mes después, el 8 de diciembre, el gobierno aprovechó las protestas efectuadas en el interior de la UCE para apresar al presidente nacional de la FEUE y, en complicidad con el rector Edgar Samaniego, iniciar un juicio por terrorismo, que luego fue modificado a agresión terrorista. Para Pablo de la Vega, dirigente del Centro de Derechos Humanos Segundo Montes Mozo, “el caso de Marcelo ha rebasado el ámbito y las competencias del sistema de administración de justicia en el país (y) preocupa el uso político de términos como el de terrorismo, además del uso de un Código Penal anacrónco; nos demuestra también que hasta ahora no hemos sido capaces de construir un verdadero estado social constitucional de derechos y justicia”.
Arturo Quizhpe y María Hamlin, coordinadores en Latinoamérica del Movimiento para la Salud de los Pueblos, afirman al respecto que “convertir a la protesta legítima en crimen es una de las estrategias de los sectores de poder, a la hora de contener las luchas sociales, y minimizar la respuesta a sus demandas. Esta estrategia es aún más efectiva cuando cuenta con el concurso de los medios de comunicación masiva, que se prestan a desacreditar a los actores y minimizar el apoyo de la opinión pública” Y eso es justamente lo que desde hace algún tiempo efectuaron, en unidad de acción los medios burgueses de comunicación y el gobierno, presentando a Marcelo como violentista, agresivo, mediocre, en una práctica conocida como linchamiento mediático, es decir, desfigurando su verdadera personalidad para justificar cualquier acción en su contra.
Detener a Rivera para debilitar el movimiento
Con la detención de Marcelo Rivera el gobierno eliminó la presencia pública de un indiscutible líder estudiantil que encabezaba las importantes movilizaciones estudiantiles que, en ese entonces, se realizaban en contra de la Ley de Educación Superior (LOES), violatoria de principios constitucionales y atentatoria a las conquistas universitarias. Sin embargo no pudo frenar la efervescencia de la juventud universitaria, las protestas continuaron y Marcelo, desde prisión, continuó pronunciándose a favor de una universidad gratuita y para el pueblo. Como continuación de esta política represiva en contra de la FEUE, hace pocos días se ordenó la detención del presidente encargado de la FEUE, Galo Mindiola, por organizar manifestaciones estudiantiles sin autorización de la Intendencia de Guayaquil.
A pesar de la intención de los grandes medios de comunicación por desfigurar la lucha de Marcelo Rivera y silenciar el proceso judicial seguido en su contra, el juicio ha concitado la atención y la solidaridad de organizaciones populares, de derechos humanos, políticas de izquierda del país y a nivel internacional, que han rechazado la intervención del ejecutivo en la función judicial y el proceso de criminalización de la protesta popular que está en curso en el país.
Tras conocerse el fallo, Marcelo Rivera ha manifestado que la lucha por desenmascarar el contenido político del proceso, y su abogado defensor ha anunciado que pedirán la ampliación y aclaración del fallo y, luego, apelarán el dictamen. La lucha por la libertad de Marcelo continúa.
