Estos son los Responsables del Holocausto:
Ricardo Martinelli:
Presidente de la República, quien burlándose de los acuerdos de la Mesa Tripartita que derogó la Ley 30 o Ley Chorizo, mantuvo de aquella aberración jurídica lo concerniente a la Impunidad que otorgaba a los policías asesinos lo que posteriormente se transformó en la inconstitucional Ley 74 de 2010. Luego de la Masacre de Bocas del Toro, el pueblo volvió a vivir otro horror por parte de la Policía Nacional. Martinelli sólo en el último año ha concedido indultos a 125 policías, algunos procesados y condenados por delitos graves, como en el caso del asesinato de los hermanos pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez donde la Fiscalía comprobó que los agentes policiales llegaron a sembrar pruebas falsas. También podemos mencionar el crimen de la joven embarazada de 17 años Clarissa Mabelis Urriola asesinada por los policías en una balacera en Pedregal.
La Policía, como en la Inquisición, sentenció a los siete jóvenes a morir en la hoguera, siguiendo instrucciones de Ricardo Martinelli quien una semana antes en la Asamblea Nacional de Diputados dijo, refiriéndose a la delincuencia: “Lo que les espera es el hospital, la cárcel o el cementerio”. Esto lo exclamó en un país donde no existe la pena de muerte.
Después de 2 semanas de los hechos y antes de abandonar nuevamente el país en otro de sus viajes palaciegos, Martinelli rompió su silencio cómplice y pronunció unas breves palabras de fingido lamento por las muertes de estos jóvenes.
El apoyo incondicional de Martinelli a la Policía Nacional, se explica por el hecho de que sabe muy bien que, junto aun reducido grupo de incondicionales suyos, es la única fuerza que puede sostenerlo ante sus planes de prolongarse en el poder y su incapacidad de atender las necesidades de la población como agua, salud, comida, etc. Necesita a la Policía para reprimir al pueblo. Por ello toda la impunidad, prerrogativas, fueros, privilegios y protección que le brinda y su tolerancia frente a los constantes abusos y atropellos de los derechos humanos que comete la Policía. Fomenta la persecución política, el chantaje, la extorsión y el terrorismo judicial contra todo aquel que ose oponerse a sus arbitrariedades, corrupción, autoritarismo y los negociados que ha emprendido desde la Presidencia.
José Raúl Mulino:
Ministro de Seguridad, sobre él recae la responsabilidad de la Policía Nacional. Todos conocemos sus declaraciones contra los obreros del SUNTRACS antes de reprimirlos cuando los llamó “maleantes de mierda”. También se dedicó, junto a la repudiada Ministra de Trabajo, Alma Cortés, a insultar y vilipendiar a los indígenas durante la Masacre de Bocas el Toro. Ha atacado a los periodistas, grupos de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y sectores populares. Se burló de la muerte de la menor Clarissa Urriola al señalar que “ningún hijo muere por salir de la Iglesia”. Prohijó leyes como la Ley Carcelazo, la Ley Pinchazo y la oprobiosa Ley 30. Ha firmado con Martinelli los indultos en favor de la policía. Es el perro de caza de Martinelli y la cabeza visible de las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos y de las garantías fundamentales de los panameños. Ha involucrado al país en el conflicto bélico que vive Colombia y a aliarse con las tenebrosas agencias del sionismo israelí y aplicar los mecanismos de control sobre el pueblo pobre que ese país utiliza en los territorios ocupados de Palestina como el sistema “Pele Police”. Otrora “civilista” ahora se pasea con una pistola al cinto y es uno de los responsables de la remilitarización del país.
Gustavo Pérez
Director de la Policía. Aplica la escuela de Noriega que aprendió durante la época que fue el Sub jefe de Unidad Especializada Antiterror (UESAT) al servicio del Dictador. Le fascina el exhibicionismo personal y las fanfarrias de guerra. Instruye a los suyos a que hagan vejámenes sobre la base de que gozan de absoluta protección por parte de Martinelli. Es, junto a Mulino y Didier Degracia, uno de los carniceros de la Masacre de Bocas del Toro. A este último ascendió como responsable de las investigaciones que se realicen contra los policías que cometan faltas o delitos. Todos recordamos cuando Pérez salió en defensa del oficial de la Policía que agredió y amenazó a humildes despachadores de gasolina en un hecho que fue difundido por los medios de comunicación. Es acusado del secuestro de ciudadanos norteamericanos. Convirtió a Matinelli en un nuevo “Herodes”: De los al menos 10 muertos de la Masacre de Bocas del Toro, la mitad son niños; además hubo más de 700 heridos (70 de ellos ciegos total o parcialmente) y cientos de detenidos sobre quienes pesan expedientes amañados; al igual que contra otros 17 dirigentes populares, principalmente de FRENADESO y del SUNTRACS. Cuenta con un equipo de asesores legales y técnicos encubridores, encargados de amañar informes, expedientes, alterar las escenas del crimen, presionar jurados de conciencia, implantar falsas pruebas o contaminarlas en favor de los policías asesinos y violadores de los derechos humanos. De las cárceles se han escapado con uniformes de la policía reconocidos narcotraficantes, sin que hasta la fecha se conozca de ninguna detención al respecto.
Roxana Méndez
Ministra de Gobierno. Ella es responsable del estado en que se encontraba el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen ya que éste se encuentra bajo su jurisdicción. Es Vicealcaldesa, cargo del cual se aparta por las contradicciones que Martinelli mantiene con el alcalde Bosco Vallarino. Es parte de las ONGś de “alta alcurnia” que logran captar millonarios recursos de fundaciones internacionales, del Gobierno y grandes empresarios que exoneran sus “donaciones” de los impuestos que deben pagar al Estado, paradógicamente para ser utilizados en la atención de la niñez desamparada. En noviembre del año pasado, en el evento anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebrado en Ginebra, salió en defensa del Gobierno ante los duros cuestionamientos de diversas naciones por las violaciones de los derechos humanos en Panamá. Allí se comprometió a corregir las faltas en materia de los derechos humanos, dos meses después sabemos los resultados. Su incondicionalidad a Martinelli, a quien acompañó como candidata a Vicepresidenta en el intento fallido de eśte por llegar a la Presidencia en 2004, parece estar por encima de su supuesto trabajo en pro de la niñez.
Iris Cedeño
Directora del Centro de Cumplimiento de Menores. Fue Legisladora suplente de Lenin Sucre en el período 2000 – 2004. También fue Directora del Hospital Nicolás Solano de La Chorrera. Solicitó ese 9 de enero, la intervención de la policía para sofocar la protesta de los reclusos que pedían agua porque no la recibían desde hacía más de 15 días, además de que tenían 24 horas sin comida. En ese Centro los menores están en peores condiciones que los adultos privados de libertad en cárceles como La Joya y La Joyita. Los 7 jóvenes quemados no participaban de la protesta. Algunos de ellos estaban por cumplir sus condenas. Cedeño intentó ocultar pruebas de lo acontecido.
Luis Ortega
Subcomisionado de la Policía Nacional y jefe de Panamá Metro Este, trasladado luego de los horrendos sucesos. Era el oficial de más alto rango presente en el lugar de los hechos durante el Infierno del Centro de Cumplimiento de Menores. Sin embargo, no aparece en el listado de las unidades policiales presentes enviado por el encubridor de Gustavo Pérez al Ministerio Público. En un momento de despiste durante una entrevista televisiva reconoció estar ese día en el Centro de Tocumen. Dicha entrevista fue parte de la gira que realizó a los medios para justificar la barbarie. Es, en sitio, responsable de las órdenes que se impartieron durante la comisión de este crimen de lesa humanidad.
Ernesto Blake
Subteniente de la Policía Nacional. Jefe de la zona perimetral durante aquel infernal 9 de enero. Ante el clamor de ayuda por parte de los jóvenes, es quien les grita “¿Agua, no son hombrecitos? ¡Muéranse!”. Eso fue registrado por los medios de comunicación. Impidió que los bomberos sofocaran el fuego, el cual llegó a alcanzar en algunas partes de la pequeña celda entre los 800 y 1,000 grados centígrados. Ordenó disparar perdigones contra los jóvenes que protestaban. Existen 32 jóvenes heridos en sus rostros, testículos y distintas partes del cuerpo. Dio las instrucciones para que los 2 agentes rasos arrojaran las bombas dentro de la celda. Convirtió a los quemados en antorchas humanas. No conforme con ello, cuando estos, cual zombies, abandonaban la celda, ordenó que les entraran a palos. Los policías les gritaban “niñas”, por estar llorando. Obligó a los quemados, cuya piel les colgaba del cuerpo por las indescriptibles lesiones recibidas, que apenas podían sostenerse por las quemaduras recibidas en más del 70% de su cuerpo, por los perdigones, por los golpes, por el humo y gases lacrimógenos inhalados, que retiraran ellos, moribundos, al único de los jóvenes que no pudo salir de la celda por sus propios pies. El cadáver de este último no pudo ser vestido el día de su entierro. Sin ninguna explicación, fue entregado en una bolsa negra a sus familiares por el avanzado estado de descomposición.
Luz Padilla
Oficial de la Policía Nacional. Estuvo en el lugar de los hechos y junto con el Subcomisionado Luis Ortega, acudió a los medios de comunicación a justificar el Holocausto. Ante las cámaras de televisión, mintieron de forma descarada sobre lo que ocurrió ese trágico día.
¡Justicia!
Estos son los responsables de los abominables hechos que mantienen consternado al pueblo panameño. También lo son los policías, custodios y demás funcionarios que por acción u omisión permitieron uno de los actos más salvajes que registra la historia de Panamá.
Sin embargo, las autoridades sólo se han enfocado en los 2 policías rasos que arrojaron las bombas lacrimógenas dentro de la pequeña celda siguiendo instrucciones de sus superiores. Estos son Joel Rodríguez y Maikol González. A estos se les concedió cuartel por cárcel, buscando convertirlos en chivos expiatorios, pero beneficiándolos con la impunidad que les otorga la Ley 74, la cual según distinguidos juristas no es aplicable en este caso dada la multiciplidad de delitos cometidos.
No hay arrepentimiento por parte de los gobernantes. Martinelli pronunció unas breves palabras en cadena nacional que en verdad constituyen un insulto a los muertos, al dolor de los familiares de las víctimas y del pueblo panameño. Miembros de la Policía y allegados del gobierno, mediante los “call center” envían chats y mensajes, participan de foros y programas radiales, tratando de resaltar los antecedentes delictivos de los jóvenes quemados y los crímenes cometidos por otros menores para justificar así esta atrocidad.
Ninguna sociedad que se considere civilizada y respetuosa de los más elementales derechos humanos podrá justificar actos de esta naturaleza. Ello nos convertiría en seres peores a los criminales que decimos combatir.
No olvidemos además que se tratan de menores de edad, con una vida marcada por la pobreza, la miseria, el abandono, la violencia, la falta de oportunidades y el sufrimiento de traumas de todo tipo. De los 7 quemados, la mayoría estaba a punto de cumplir sus sentencias, por lo cual no participaban de la protesta, pues temían represalias.
Especialistas ya habían advertido del colapso del sistema carcelario juvenil y de la falta de políticas gubernamentales para resolver la situación.
Para estos casos deben existir programas de resocialización que en Panamá están lejos de darse; leyes y penas justas, sin discriminación de ninguna clase; no puede haber un trato para los pobres y otro para los ladrones de cuello blanco o los “cocotudos” como los casos del Ministro de Turismo Saloh Shamah o de Ramón Martinelli que todavía no sabemos en que negocios lavó dinero en Panamá; deben haber tribunales impolutos, combate a la impunidad, a la corrupción, a la pobreza, a la injusticias sociales; medidas que garanticen un clima de paz y seguridad ciudadana, que ataquen las verdaderas causas de la delincuencia; políticas incluyentes y participativas; una democracia real que garantice una vida digna para todos los panameños y el pleno goce de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
El hecho que nos ocupa acontece en medio de la total descomposición y podredumbre moral de las distintas estructuras del Estado, de los partidos políticos, del Ministerio Público penetrado por la corrupción y el narcotráfico.
Tanta crueldad y cinismo merece castigo. El pueblo debe expresar su indignación. Los culpables de este acto tan inhumano deben ser juzgados. El Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, ese monumento a la infamia, al genocidio y la barbarie, debe ser derrumbado y dar paso a un sistema de auténtica rehabilitación para los menores infractores.
Por ello asiste este jueves 27 de enero, a las 4:00 p.m. al Parque Porras, a la Marcha Popular en Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, con destino a la Presidencia de la República.
¡Justicia para las víctimas del Holocausto
en el Centro de Cumplimiento de Menores!
¡Derogación inmediata de la Ley 74 que
otorga impunidad a los polícías asesinos!
¡Sin Luchas no hay Victorias!
¡La Pelea es Peleando!
