Por: Ana Delicado Palacios -- www.eñteñegrafo.com.ec
El poder de los medios de comunicación, una vez más, hace que se reacomoden los políticos ante la foto, se ajusten la corbata, y se observen de reojo por si hay algo fuera de lugar. En el siguiente caso se han removido de sus asientos los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía de España, el cual depende del Ministerio del Interior. Sólo cuando sus quejas han tenido eco en la prensa, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba reacciona. Veremos cómo.
Esta historia no comenzó este lunes, cuando una nota interna destinada a la comisaría de un distrito de Madrid, Villa Vallecas, fue filtrada a la prensa. Hace casi un mes que los sindicatos policiales emitieron una queja a la Comisión del Interior del Congreso. O sea, que la Cámara Baja ya conocía el malestar de la Confederación Española de Policía, por ejemplo, desde la que se declaró: “El cerco sobre la inmigración ilegal se está realizando en virtud de indicaciones de la Administración según les viene mejor o peor llenar los aviones, cuando en 2005 se promovía el papeleo para todos”.
Esto queda reflejado en la orden a la comisaría de Villa Vallecas que ha saltado esta semana a las páginas de los periódicos. En ella se indicaba el número de extranjeros en situación irregular que debían ser detenidos cada semana. En el caso del distrito madrileño, 35. “Si no los hay, se va a buscarlos fuera”.
La nota también recomendaba las nacionalidades más atractivas para el arresto. “Marruecos, prioritario (se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)”. El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, denunciaba que no sólo han aumentado las redadas, sino que se procede a identificar y detener a los padres extranjeros que acuden a recoger a sus hijos al colegio.
El ministro del Interior se ha visto entonces obligado a salir en televisión. “Nuestra prioridad en relación a los inmigrantes ilegales es detener aquellos vinculados a actividades delictivas”. Además de negar las pesquisas en colegios y de evitar preguntas incómodas, se atrevió a hablar de este modo. Es una lástima que nadie osara corregir al lenguaraz. Porque Rubalcaba debería ser más cuidadoso con el lenguaje y no hablar de inmigrantes ilegales, que no es sólo un término peyorativo sino además incorrecto. Una persona no puede ser de por sí ilegal, y un migrante tampoco. En todo caso, su situación puede ser irregular, y esto ni siquiera es un delito, sino una infracción administrativa.
Tanto alboroto ha tenido sus frutos, al menos en lo que a lavado de imagen se refiere. El mismo día en que todo esto ocurría, el Ministerio del Interior emitía a última hora una instrucción, por el que la Policía ya no debe cumplir con determinado número de detenciones a la semana, sino que los arrestos deben limitarse a “objetivos cualitativos, [ojo a la cosificación de quien se habla] atendiendo prioritariamente a la problemática delincuencial”.
Solo queda por saber si los policías podrán explorar otros distritos en busca de nuevos desamparados a los que repatriar.
