BRUSELAS / MADRID. “Hace tres semanas, en una estación de metro, policías vestidos de civil empezaron a pedir papeles a todo el que veían con cara de extranjero. Me puse a temblar. Pero no me pidieron documentos a mí, fui la única que se salvó. Llegué sin espíritu a mi casa. Tuve suerte, pero pasé mucho miedo. Debe ser porque mi mamá dice que reza mucho por sus hijas”.
Este es el relato de Marleni Guevara Julca, limeña de 34 años. Llegó hace dos años y cuatro meses con visa de turista a Madrid. Y se quedó. Esta decisión, en el contexto de la crisis económica, la ha convertido en la mala de la película a ojos de un número creciente de españoles que, asustados por el galopante desempleo, ven al inmigrante como el origen de todos sus males.
Durante el tiempo que lleva en Madrid a Marleni nunca le habían pedido papeles. Pero en las últimas semanas se han intensificado las redadas contra inmigrantes ilegales, una situación que no tiene precedentes en España. Esta semana se ha desatado una polémica tras conocerse que el Ministerio del Interior ordenó a las comisarías cumplir con un cupo mínimo de inmigrantes sin papeles detenidos, con los correspondientes premios para los policías diligentes. Los propios agentes han criticado la disposición y han pedido explicaciones ante el defensor del pueblo. Se ha sabido, por ejemplo, que la comisaría del populoso distrito madrileño de Vallecas tenía que detener un mínimo de 35 ilegales cada semana.
El consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, acusó a Alfredo Pérez Rubalcaba: “Está en el mismo Gobierno que hizo la política de papeles para todos, el mismo que sin pedir perdón y sin dar explicaciones ahora organiza redadas en el metro para coger a las personas que vinieron atraídas por ellos y sacarlas del país. Me parece que es algo malvado”.
El hostigamiento y la persecución hacia los inmigrantes se han vuelto pan cotidiano en casi toda la UE. En Francia, el gobierno de Nicolas Sarkozy maneja cuotas anuales mínimas de expulsiones para contentar a los sectores extremos de la población. En el 2008, el Eliseo se enorgulleció de haber devuelto a casa a 29.976 sin papeles, cumpliendo con creces el objetivo de 28.000 expulsiones fijados de antemano. Durante el 2009, las autoridades francesas se han propuesto echar a por lo menos 30.000.
Según las organizaciones de defensa de los indocumentados, las cifras no son honestas porque incluyen a las personas acogidas al retorno voluntario. “Se inflan las cifras para mostrar que se es firme con los ilegales”, explica Brigitte Wieser de la Red Educativa sin Fronteras (RESF). La mano dura con los malos de la película les agrada a las tribunas.
En su desesperación por cumplir con las cuotas de expulsiones, en Francia la policía llegó a entrar en los centros educativos para arrestar a los ilegales en el momento en que iban a recoger a sus niños escolarizados. “Esta practica cesó hace un año, pero se sigue arrestando gente en las inmediaciones de las escuelas”, denuncia Wieser.
La medida más indignante contra los indocumentados toma cuerpo en la Italia de Berlusconi. El Senado aprobó el 5 de febrero un proyecto de ley sobre seguridad que permite a los médicos denunciar a los extranjeros indocumentados a quienes hayan atendido. Médicos Sin Fronteras denunció que con la aprobación de esta nueva ley “se corre el peligro de crear un clima de miedo y de desconfianza que mantendrá alejados a muchos sin papeles de los centros sanitarios”.
El paquete de seguridad también incluye una pena de cárcel de hasta cuatro años para los indocumentados que no obedezcan la orden de expulsión y autoriza a las autoridades a la creación de las llamadas rondas de ciudadanos para controlar la seguridad de las calles. Las medidas son obra de Roberto Maroni, el ministro del Interior de las filas de la fascistoide Liga del Norte, quien el 1 de febrero sostuvo en público: “Para luchar contra la inmigración ilegal y todo el mal que conlleva no hace falta ser bondadosos, sino malos”. Una vez que la Cámara de Diputados ratifique la ley, los ciudadanos italianos podrían arrebatarles a los extranjeros el papel de villanos: azuzados por sus autoridades harán de paramilitares y delatores.
A los sin papeles no les quedará más remedio que ocultarse y vivir atemorizados. Como Marleni en Madrid: solo sale para ir a trabajar a alguna de las cinco casas en donde es empleada. No sale de noche ni en fines de semana. Solo toma el metro si es imprescindible. Y no se fía de nadie, porque los policías, ahora, van de paisano, a cazar clandestinos.
Cárcel para los inmigrantes
Antes de volver contra su voluntad a su país de origen, al indocumentado que cae en una de las redadas que se multiplican por Europa le espera un período de detención en un centro cerrado. Se trata de verdaderas cárceles para sin papeles. En muchas de ellas, lo dice un informe del Parlamento Europeo (PE), las condiciones de retención son “intolerables en cuanto a la higiene, el hacinamiento y el estado de los equipamientos disponibles”.
Ese mismo PE, sin embargo, adoptó, junto con los estados miembros de la UE, una directiva que establece las reglas mínimas que los países del bloque deberán aplicar a partir del 2010 para acelerar las expulsiones de los indocumentados y que permitirá el encierro de los sin papeles en centros especiales por períodos de hasta 18 meses por simple orden administrativa.
España ya se encamina a prolongar de 40 días a 60 días el período máximo de detención de los ilegales: una prueba fehaciente de que las iniciativas de la UE comprometen los derechos de los inmigrantes.
El PE aprobó el jueves una directiva que introduce sanciones penales contra los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales, además de otros castigos como la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas, incluidas las de la UE, por un período de cinco años.
Varias organizaciones de defensa de los sin papeles dudan de que la directiva signifique un verdadero freno a la contratación de personas en situación irregular, pues para muchos empleadores las ganancias que les genera emplear mano de obra flexible y barata —como la de los sin papeles— resulta muy tentador frente a los riesgos mínimos de ser sancionados.
El hecho de que la nueva directiva no establezca un porcentaje mínimo de inspecciones obligatorias que los estados miembros deberán efectuar incluso podría aumentar el número y la gravedad de los abusos.
Fuente: www.migrantesecuador.org
