Los afectados por la investigación son el mayor Eduardo Silva y los capitanes Guido Núñez, Jorge Antonio Adati y Francisco Saavedra.
Según el ministro, hoy mismo “se pondrá en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes el contenido de un informe en el que se describen los niveles posibles de participación de algunos funcionarios”.
El pasado 2 de febrero, el presidente Rafael Correa anunció la expulsión del país de Armando Astorga, agregado de la embajada de EE.UU. en Quito porque envió una carta a la Comandancia General de la Policía en la que informaba que se daba por terminado “un entendimiento de apoyo logístico” de EE.UU. con esa institución.
La finalización del convenio respondió a un relevo en la jefatura del Centro de Operaciones Anticontrabando (COAC), unidad en la que funcionarios de EE.UU. participaban en la selección de altos cargos.
Correa consideró esa carta como una grosería y pidió a la Policía que entregara todos los bienes que la embajada de EE.UU. había donado a la institución, aunque no se refirió a la información que estaba en los ordenadores, que también fue entregada a la embajada.
Ante eso, el jefe del Estado ecuatoriano reclamó a la Policía por haber entregado las computadoras con información clasificada y pidió una investigación al respecto.
“No permitiremos estos abusos”, porque en Ecuador “los días de entreguismo y colonialismo quedaron atrás”, declaró el mandatario en ese momento, quien criticó también el hecho de que la embajada de EE.UU. designara a los miembros de las unidades policiales que financiaba mediante convenios “verbales” de cooperación.
Según informó en la misma rueda de prensa el comandante General de la Policía, Jaime Hurtado, el pasado viernes se determinó iniciar “en el ámbito administrativo el trámite para establecer la conducta profesional” de estos 4 oficiales, que deberá acabar en un plazo de 60 días.
Asimismo, Hurtado informó de que se dispuso que el informe inicial “se remita a los jueces policiales para su conocimiento y trámite legal” y que hoy se hará llegar “a los citados oficiales para que puedan ejercer la legítima defensa”.
Por otra parte, Jalkh indicó que se aprovechará el contexto para responder a la “necesidad de reestructurar la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) que desde hace algún tiempo se venía analizando”, debido a varios informes que señalaban injerencia de EE.UU. en su funcionamiento.
Tomado de LibreRed
