Jorge Escala, Asambleísta del MPD solicitó el enjuiciamiento político al Ministro de Educación, Lic. Raúl Vallejo Corral, por violar expresas disposiciones de la Constitución en el caso de la Ley de Seguridad Social, e incurrir en el delito de desacato, al no reconocer los derechos laborales y la seguridad social de los 13 mil Educadores Populares.
El Ministro de Educación se encuentra en flagrante violación de la Constitución de la República Art. 33, (El Estado garantizará remuneraciones y retribuciones justas), Art. 34 (El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y un deber y responsabilidad primordial del Estado) Art. 326 numeral 3 y 4 (los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración) y Art. 328 (la remuneración será justa con salario digno que cubra las necesidades básicas de las personas), Art. 369 (el seguro general obligatorio se extenderá a toda la población, con independencia de su situación laboral), y Art. 2 de la Ley de Seguridad Social (son sujetos obligados a solicitar la protección del IESS en calidad de afiliados todas las personas que perciben ingresos por la prestación de un servicio físico o intelectual).
Igualmente aseveró que la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 4, del Distrito de Portoviejo, mediante sentencias ordenaron la inmediata afiliación al IESS y el reconocimiento de sus derechos laborales, mismas que hasta la presente fecha no se han cumplido, por parte del Ministro de Educación.
Escala afirmó que inclusive el IESS ha determinado acotaciones por 30 millones de dólares en contra del Ministro de Educación, muchas de ellas ya se han transformado en títulos de crédito y no han concluido precisamente porque el Ministro de Educación se niega a realizar el pago. Por estas flagrantes violaciones se encuentra incurso en el delito de desacato tipificado y sancionado en el Art. 234 del Código Penal.
Finalmente el Asambleísta del MPD señaló que el Ministro debe ser enjuiciado y sancionado civil y penalmente por la violación a los derechos de los Educadores populares y a la Carta Magna que prohíbe todo tipo de precariedad en el trabajo, el derecho a la seguridad social y a un salario digno. Además de conminarle a reparar dichas violaciones que por su negligencia e indolencia están afectando a los Educadores Populares.
El Ministro de Educación se encuentra en flagrante violación de la Constitución de la República Art. 33, (El Estado garantizará remuneraciones y retribuciones justas), Art. 34 (El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y un deber y responsabilidad primordial del Estado) Art. 326 numeral 3 y 4 (los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración) y Art. 328 (la remuneración será justa con salario digno que cubra las necesidades básicas de las personas), Art. 369 (el seguro general obligatorio se extenderá a toda la población, con independencia de su situación laboral), y Art. 2 de la Ley de Seguridad Social (son sujetos obligados a solicitar la protección del IESS en calidad de afiliados todas las personas que perciben ingresos por la prestación de un servicio físico o intelectual).
Igualmente aseveró que la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 4, del Distrito de Portoviejo, mediante sentencias ordenaron la inmediata afiliación al IESS y el reconocimiento de sus derechos laborales, mismas que hasta la presente fecha no se han cumplido, por parte del Ministro de Educación.
Escala afirmó que inclusive el IESS ha determinado acotaciones por 30 millones de dólares en contra del Ministro de Educación, muchas de ellas ya se han transformado en títulos de crédito y no han concluido precisamente porque el Ministro de Educación se niega a realizar el pago. Por estas flagrantes violaciones se encuentra incurso en el delito de desacato tipificado y sancionado en el Art. 234 del Código Penal.
Finalmente el Asambleísta del MPD señaló que el Ministro debe ser enjuiciado y sancionado civil y penalmente por la violación a los derechos de los Educadores populares y a la Carta Magna que prohíbe todo tipo de precariedad en el trabajo, el derecho a la seguridad social y a un salario digno. Además de conminarle a reparar dichas violaciones que por su negligencia e indolencia están afectando a los Educadores Populares.
