miércoles, marzo 10, 2010

Lista integración del Consejo de Participación Ciudadana

Luego del concurso de Oposición y Méritos que duró alrededor de seis meses, finalmente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, organismo encargado de operarlo definió la nómina de los siete miembros principales y siete suplentes ganadores para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este resultado se dio en medio de rabiosos cuestionamientos, en unos casos, provenientes de postulantes perdedores, pero, con mayor intensidad y virulencia, provenientes de sectores de la derecha y medios de comunicación a su servicio como Teleamazonas. La razón es simple, dentro de la lista de ganadores, a más de aquellos a los que se les atribuye cercanía con el gobierno, despuntaron dos jóvenes vinculados a las tesis de la izquierda revolucionaria, lo que precisamente les garantizó una trayectoria de liderazgo, participación y vinculación con sectores sociales y un conocimiento diestro de la realidad nacional y marco legal vigente, situación que les permitió salir victoriosos en la calificación de méritos y la prueba de oposición.

En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que forma parte de la Quinta Función del Estado creada por la Constitución de Montecristi, estará integrado por Juana Miranda, David Rosero, Patricia Ordeñana, Luis Pachala, Mónica Banegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera. El orden establecido está determinado por los criterios de alternabilidad de género y la interculturalidad. Es decir, dado que en esta ocasión el primer puntaje lo obtuvo una mujer, el segundo es hombre, la tercera es mujer y, así sucesivamente; pero, además, conforme lo disponen la Constitución y la Ley, dentro de los siete principales debe estar al menos un representante de los indígenas o afrodescendientes o montuvios, en este caso es Luis Pachala que se reivindica como indígena.

La definición de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se concretó luego de las fases de calificación de méritos y prueba de oposición; de la recalificación solicitada por los postulantes; de la impugnación ciudadana y audiencias públicas. En particular, estas dos últimas fases estuvieron marcadas por la agresividad de postulantes como Franklin Moreno (ex socialcristiano) y Cristian Cruz quienes encontraron en la denigración a David Rosero, primer puntuado dentro de los hombres, el camino para intentar el desprestigio del concurso.

Pero, también entró en el juego el socialdemócrata Andrés Páez, quien en una clara interferencia en la Función Electoral prohibida por la Constitución, en primera instancia envió sendas comunicaciones al CNE, reclamando un mejor puntaje para su protegido Cristian Cruz (quien se declaró discapacitado sin serlo) y, luego, se dedicó a recorrer todos los medios de comunicación para calumniar e injuriar a Rosero, sin ocultar que, en el fondo, el cuestionamiento era a la posición ideológica y política de izquierda del joven.

En esta inescrupulosa práctica de calumniar y descalificar públicamente a David Rosero, como no podía ser de otra manera, entró Teleamazonas con el “periodista” Jorge Ortíz, haciendo honor a la línea editorial derechista del canal y al patológico odio de Ortíz a todo lo que huela a izquierda.

Sabido es que Teleamazonas, a título de “periodismo investigativo”, se encarga de echar lodo sobre las fuerzas progresistas y de cambio; en una actitud antiética se permitió difundir profusos rumores y “entrevistas” a Paéz y otros para divulgar una supuesta falsificación de documentos por parte del joven Rosero, sin exhibir prueba alguna. Frente a la contundencia de la documentación original presentada, deberían periodista y canal, como lo disponen las normas de la comunicación social, al menos propiciarle los mismos espacios a quien causó daños morales y políticos, sin perjuicio de acogerse a las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

El concurso y resultado obtenido para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social da muestras que con el nuevo marco constitucional y legal se dificulta la réplica de viejas prácticas oligárquicas al designar a dedo y al amparo de pactos de trastienda a integrantes de los diversos organismos del Estado.