Sandra Ochoa | Cuenca | El UniversoEl Primer Tribunal de Garantías Penales decidió absolver a los dirigentes comunitarios Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Froilán Arpi, de los cargos de obstrucción de vías que fueron imputados tras ser detenidos el pasado 4 de mayo, en medio de una protesta en contra de la Ley de Aguas.
La audiencia se realizó el pasado jueves y duró más de diez horas. Además fue suspendida por pocos minutos debido a una falsa alarma de bomba que se registró en el edificio de la Corte Provincial de Justicia, un piso más arriba donde se realizaba la audiencia.
En los exteriores de la Corte, centenares de personas de las comunidades de Santa Marianita de Girón, Tarqui, Victoria de Portete, entre otras, se apostaron para saber el destino de sus dirigentes.
El pasado 4 de mayo, los dirigentes fueron acusados de sabotaje y terrorismo, con orden de prisión preventiva de la fiscal de lo Penal, Patricia Inga, quien también comenzó con indagaciones previas. Ese delito conllevaba la pena de reclusión de 8 a 12 años.
Dos días después fueron liberados por el Presidente de la Corte Distrital de Justicia, que no encontró pruebas del delito por el que fueron acusados y se cambió la figura del delito a “suspensión de servicios públicos y obstaculización de vías”, indicó Pérez.
Pasadas las 18:00 el Tribunal emitió el fallo a favor de los dirigentes comunitarios y eso desató la algarabía entre los comuneros que acompañaron en los exteriores de la Corte de Justicia.
Pérez Guartambel señaló que “la lucha no ha terminado... nos han absuelto, pero habrá una apelación, pero si es por defender el agua, que se abran las puertas de la cárcel”.
El dirigente señaló además que la Fiscalía no pudo probar la acusación y dijo que continuará luchando en contra de las mineras y defenderá, junto a las comunidades, “hasta las últimas consecuencias el derecho al agua”.
César Seas, activista de los Derechos Humanos, se sumó al respaldo de los campesinos y aseguró que se cometería una falta grave contra los derechos fundamentales si se condenaba a Pérez.
Mientras que Verónica Cevallos, esposa de Pérez Guartambel, acusó al Estado por los daños causados a su cónyuge y que los otros implicados no son delincuentes.
