Sin ninguna duda, la Corte Constitucional obra en Derecho al encontrar viciado el acuerdo según el cual, los Estados Unidos podían ocupar con sus tropas 7 nuevas bases militares colombianas además de poder usar cuando lo considerara, los aeropuertos internacionales del país.
Ese era el acuerdo aprobado por el entonces presidente Uribe y sus más inmediatos colaboradores.
Tamaño asalto a la ya agonizante soberanía colombiana, que protagonizaba Uribe en una clara escalada guerrerista que tiene propósitos mas allá de las fronteras, razón por la cual varios países del continente con sobrada razón expresaron sus preocupaciones.
Se requiere ser demasiado ingenuo para no entender los objetivos del pentágono y reducir esta maniobra guerrerista a un asunto de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo colombiano” tal como lo presentó el gobierno colombiano.
Era propio del estilo del hoy ex presidente Uribe, saltarse los trámites procedimentales, por su esencia autoritaria y de dictadorzuelo, que en su gobierno contó con funcionarios que lejos de caracterizarse ante hechos tan graves, agacharon la cabeza en esta y otras decisiones de Uribe como acallar las altas Cortes y pretender seguirse reeligiendo con maniobras ilegales y corruptas, asunto que también tumbó la Corte Constitucional.
¿Qué sigue?
Ya se adelantó el presidente Santos a precisar que la decisión de la Corte, no afecta “la cooperación de Estados Unidos con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, así le da tranquilidad a la derecha pro imperialista.
Santos tiene razón; de hecho muchos acuerdos con la potencia del Norte se han hecho en secreto o sin los debidos trámites como el mal llamado “Plan Colombia” que no fue más que la intervención de EE.UU. en la guerra contrainsurgente y más allá de las fronteras, dentro del cual muchos secretos se siguen manteniendo y tienen proyección.
Por lo anterior Santos optará por uno de dos caminos; darle curso a los trámites correspondientes al accidentado acuerdo y revestirse de legalidad, para lo cual cuenta con un Congreso de bolsillo, o ampliar las bondades del Plan Colombia y continuar con “los secretos que requiere la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico que son males que afectan más allá de Colombia y requieren de la ayuda internacional”.
EE.UU. continuará, hostigando, saboteando y tratando de impedir el curso de los pueblos y gobierno de nuestro continente, con dicho acuerdo o sin él, que han tomado distancia o ruptura con la potencia imperialista y para ello necesita afianzar la intervención en los países sobre los que mantiene su tutelaje entre ellos Colombia que se sigue perfilando como el Israel latinoamericano.
Ya hemos dicho que con Santos como presidente, cambian las tácticas y estilos pero se mantienen los objetivos, la estrategia que afianzó Uribe y que recibiera de su antecesor.
Un futuro cierto
La grave realidad de intervención que vive Colombia, solo será superada cuando sus gobiernos no vean en el pueblo y sus organizaciones populares a sus enemigos. Cuando exista una comunidad de intereses entre los gobernantes y los luchadores por la justicia social, la soberanía, la verdadera independencia y la paz.
Eso requiere de los gobernantes un sentido de patria, soberanía y autodeterminación, contrario a la defensa de intereses oligárquicos, que colocan su riqueza y poder político por encima de la dignidad de patria y de nación.
En síntesis los cambios sustanciales en la vida política y social del país, solo serán posibles mediante la lucha popular y revolucionaria donde sea el pueblo y la nación quienes se gobiernen así mismo y no una oligarquía excluyente que solo vela por sus intereses de clase.
