Por: Francis R Garcia.
En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto del que se tenga noticia en este continente (Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión).
El secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia Jairo Ramírez, quién acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar, hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena exclamó: “Lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 20
05 hasta hoy”.
Ramírez agregó: “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región afirma eran líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones de los mandos medios, presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes. El jefe paramilitar John Jairo Rentería, alias Betún, reveló ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron al menos a 800 personas en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo y cínicamente agregó: "Había que desmembrar a la gente, todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”.
Reflexión:
Esa Audiencia Pública se realizó el mismo día (22-07-2010) en el cual el gobierno colombiano, sospechosamente, solicitó una reunión con carácter de urgencia a la OEA para denunciar la presencia en Venezuela, de miembros de las FARC y el ELN. Esto devela el juego malévolo y canallesco del gobierno colombiano para distraer la atención mundial de lo que la Audiencia revelaría ese día, sobre las masacres y los falsos positivos de Uribe Vélez, hechos que son considerados delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y por los que Uribe tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional al entregar su mandato.
