La denuncia de las organizaciones barriales ha obligado a las autoridades municipales hacer algunas “aclaraciones” y explicaciones, como que no se trata de quitar el subsidio sino de crear una tasa y que los sectores populares no serán afectados.
“Esa elevación del precio de la gasolina a más de antipopular es ilegal –sostiene Natasha Rojas, presidenta de la CUBE- por cuanto su fijación es responsabilidad del gobierno central, de acuerdo a lo que manda el art. 172 de la Ley de Hidrocarburos. El municipio busca ampararse en una ley que no está vigente, el COOTAD, a la que rechazamos porque otorga facultades a los gobiernos seccionales para imponer más impuestos y adoptar medidas como la que ahora ensaya el municipio de Quito”
Queda claro que Barrera no tiene más iniciativa que Bucaram o Mahuad para enfrentar problemas económicos y acude a recetas de índole fondomonetarista. Esta medida, dice la presidenta de la CUBE, no afecta únicamente al 30% de la población como sostiene el alcalde, sino a su totalidad, por los efectos inflacionarios que posee. Tampoco es cierto que se solo sufrirán los bolsillos de quienes más dinero tienen, puesto que de los 415 mil vehículos que circulan en la ciudad, 23 mil cuestan más de 20 mil dólares y 263 mil vehículos cuestan menos de 10 mil dólares, y todos pagarán un nuevo impuesto.
Respecto de los peajes la información que se presenta a la ciudadanía es sesgada. De los 27 peajes que se busca establecer, solo tres costarían 5 ctvs., el resto fluctuará entre 10 y 25 ctvs., que por cierto serán elevados cada cinco años. Además está en carpeta hacer estudios de nuevos peajes en lo que el municipio denomina el “hiper centro” y en el centro histórico. Es decir, en poco tiempo, en toda la ciudad habrá que pagar para circular.