(Por Lydia Cacho, CIMAC)
Argenpress, 18 de mayo.- La niña de ocho años se propuso salir de su pueblo en El Salvador e ir en busca de su abuela en California, Estados Unidos. Los traficantes de personas, ya con las rutas marcadas, pasaron a la menor de edad hasta el norte de México. Luego de un viaje largo plagado de penurias, tres traficantes se apropiaron de ella, la violaron durante días y hace un mes la niña terminó en el DIF de Chihuahua.
Ella narró en detalle todas las formas de violencia sexual y psicológica a las que fue sometida; los peritajes corroboran su historia. Dos días después, la Procuraduría dio aviso a la embajada salvadoreña y de inmediato Silvia Ruth Peña, encargada de la oficina consular, solicitó el apoyo de México para la repatriación de la menor de edad vía aérea a su pueblo de origen. Para deshacerse del problema.
Por fortuna la abuela de la niña viajó de California a Chihuahua y pidió ayuda a la organización CEDEHM, encabezada por la abogada Luz Estela Castro (quien fuera defensora de Marisela Escobedo y su hija Rubí). De inmediato, Castro y su equipo impidieron legalmente que se repatriara a la niña. Los traficantes estaban de vuelta en el pueblo de El Salvador y podrían acabar con ella.
La abuela demostró que tenía la custodia legal. A pesar de ello el personal del DIF se dedicó a maltratar a la abuela y apenas le permitió ver a su nieta durante 15 minutos dos veces. La niña, desgarrada, quería estar con su familia; por ello había arriesgado su vida.
La abuela y la tía dijeron que no volverían a California sin ella. Decidieron, con su abogada, plantarse frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua (donde está la cruz de clavos por el feminicidio) y allí confrontaron al gobernador César Duarte, quien con desdén aseguró que ése era un problema de incumbencia federal.
La prensa cubrió la historia, las organizaciones de México y California presionaron hasta que el embajador de El Salvador exigió a Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cumpliera con la petición de las abogadas y la abuela.
Invocando los artículos 8.1, 9 y 10 de la Convención de los Derechos del Niño, lograron que se diera visa humanitaria a la niña y que fuese entregada a su abuela. La abuela y la menor de edad fueron a comer con la abogada. La niña sonriente, con la mirada colgada de las pupilas de su abue, se comió un helado de chocolate y comenzó a hacer planes para ir a la escuela. Por fin.
Después de haber perdido trágicamente a su madre, la única familia viva son su tía y su abuela con quienes vivirá en Estados Unidos. Falta ahora que el gobierno norteamericano acepte darle la visa humanitaria, para la cual califica perfectamente, ya que su abuela y tutora legal es ciudadana en ese país.
De los tres violadores sólo se abrió proceso contra un joven de 17 años plenamente identificado. Lo otros dos siguen operando desde El Salvador enganchando niñas, niños y adolescentes que buscan a sus familias en el país de Barack Obama.
Esta historia no es singular por ser la única niña víctima, sino por ser la primera que logra este tipo de visa humanitaria rápida gracias al trabajo colectivo de una organización civil chihuahuense que defiende gratuitamente a mujeres y niñas, por la acertada participación de la prensa local y por la labor conjunta con las organizaciones de Derechos Humanos de California.
Que, de la mano del CEDEHM, lograron forzar al embajador de El Salvador y al comisionado del INM a hacer su trabajo como es debido. Cientos de miles de niñas y niños y adolescentes cruzan fronteras, sufren malos tratos y a veces mueren por ir en busca de un futuro digno. Hoy en día hay más personas que nunca con necesidad de asistencia y protección humanitaria en el mundo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el 2000 había 14 millones de personas con estatus de refugiados, desplazados por guerras y pobreza. Para 2012 pronostican que la cifra se triplicará. México encabeza las estadísticas de países peligrosos para transmigrantes.
Si algo puede y debe hacer Beltrán del Río es sin duda fortalecer estas sinergias, alejarse de la criminalización de las y los migrantes y respetar y reconocer las redes de la sociedad civil que desde hace años hacen este trabajo, a contracorriente de servidores públicos ineficientes y agresivos, entrenados para expulsar números y no para atender y proteger a seres humanos.
Argenpress, 18 de mayo.- La niña de ocho años se propuso salir de su pueblo en El Salvador e ir en busca de su abuela en California, Estados Unidos. Los traficantes de personas, ya con las rutas marcadas, pasaron a la menor de edad hasta el norte de México. Luego de un viaje largo plagado de penurias, tres traficantes se apropiaron de ella, la violaron durante días y hace un mes la niña terminó en el DIF de Chihuahua.
Ella narró en detalle todas las formas de violencia sexual y psicológica a las que fue sometida; los peritajes corroboran su historia. Dos días después, la Procuraduría dio aviso a la embajada salvadoreña y de inmediato Silvia Ruth Peña, encargada de la oficina consular, solicitó el apoyo de México para la repatriación de la menor de edad vía aérea a su pueblo de origen. Para deshacerse del problema.
Por fortuna la abuela de la niña viajó de California a Chihuahua y pidió ayuda a la organización CEDEHM, encabezada por la abogada Luz Estela Castro (quien fuera defensora de Marisela Escobedo y su hija Rubí). De inmediato, Castro y su equipo impidieron legalmente que se repatriara a la niña. Los traficantes estaban de vuelta en el pueblo de El Salvador y podrían acabar con ella.
La abuela demostró que tenía la custodia legal. A pesar de ello el personal del DIF se dedicó a maltratar a la abuela y apenas le permitió ver a su nieta durante 15 minutos dos veces. La niña, desgarrada, quería estar con su familia; por ello había arriesgado su vida.
La abuela y la tía dijeron que no volverían a California sin ella. Decidieron, con su abogada, plantarse frente a Palacio de Gobierno de Chihuahua (donde está la cruz de clavos por el feminicidio) y allí confrontaron al gobernador César Duarte, quien con desdén aseguró que ése era un problema de incumbencia federal.
La prensa cubrió la historia, las organizaciones de México y California presionaron hasta que el embajador de El Salvador exigió a Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), cumpliera con la petición de las abogadas y la abuela.
Invocando los artículos 8.1, 9 y 10 de la Convención de los Derechos del Niño, lograron que se diera visa humanitaria a la niña y que fuese entregada a su abuela. La abuela y la menor de edad fueron a comer con la abogada. La niña sonriente, con la mirada colgada de las pupilas de su abue, se comió un helado de chocolate y comenzó a hacer planes para ir a la escuela. Por fin.
Después de haber perdido trágicamente a su madre, la única familia viva son su tía y su abuela con quienes vivirá en Estados Unidos. Falta ahora que el gobierno norteamericano acepte darle la visa humanitaria, para la cual califica perfectamente, ya que su abuela y tutora legal es ciudadana en ese país.
De los tres violadores sólo se abrió proceso contra un joven de 17 años plenamente identificado. Lo otros dos siguen operando desde El Salvador enganchando niñas, niños y adolescentes que buscan a sus familias en el país de Barack Obama.
Esta historia no es singular por ser la única niña víctima, sino por ser la primera que logra este tipo de visa humanitaria rápida gracias al trabajo colectivo de una organización civil chihuahuense que defiende gratuitamente a mujeres y niñas, por la acertada participación de la prensa local y por la labor conjunta con las organizaciones de Derechos Humanos de California.
Que, de la mano del CEDEHM, lograron forzar al embajador de El Salvador y al comisionado del INM a hacer su trabajo como es debido. Cientos de miles de niñas y niños y adolescentes cruzan fronteras, sufren malos tratos y a veces mueren por ir en busca de un futuro digno. Hoy en día hay más personas que nunca con necesidad de asistencia y protección humanitaria en el mundo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el 2000 había 14 millones de personas con estatus de refugiados, desplazados por guerras y pobreza. Para 2012 pronostican que la cifra se triplicará. México encabeza las estadísticas de países peligrosos para transmigrantes.
Si algo puede y debe hacer Beltrán del Río es sin duda fortalecer estas sinergias, alejarse de la criminalización de las y los migrantes y respetar y reconocer las redes de la sociedad civil que desde hace años hacen este trabajo, a contracorriente de servidores públicos ineficientes y agresivos, entrenados para expulsar números y no para atender y proteger a seres humanos.
