Guayaquil 13 de Febrero de 2011
Queridas y queridos compañeros:
Cuando con un grupo de ustedes iniciamos este proyecto político, en Octubre 2005, el País venía de un proceso de grave crisis moral e institucional. Con Febres Cordero se manipuló a su antojo la Función Judicial y se violentaron reiteradamente los derechos humanos. Con Mahuad y la crisis bancaria se vino abajo la credibilidad de los organismos de control y finalmente con Lucio Gutiérrez junto a la corrupción rampante del ejecutivo, se consumó el descrédito total del Congreso y la crisis completa de la Función Judicial.
La Revolución Ciudadana nació del clamor de los ecuatorianos por refundar el Estado. Esta refundación se inició con la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de Montecristi, donde consagramos los principios fundamentales de nuestro proyecto político, tales como la profundización de los derechos y garantías de los ciudadanos, asegurar la división e independencia de las funciones del estado y crear la Función de Transparencia y Control Social, como un instrumento idóneo para que los ciudadanos participen en la designación de las autoridades de la justicia y del control al Estado.
Sin embargo debo decirles que me ha causado mucho estupor e indignación ver cómo en algunas preguntas de la consulta popular se pretende cambiar estos principios y regresar a un pasado que muchos lo creíamos superado.
Ahora los nuevos ideólogos de la Revolución Ciudadana pretenden decirnos que todos los asambleístas de País estábamos equivocados, que ya no es pecado meter la mano en la justicia, que hay que restringir derechos para garantizar la seguridad pública, que los ciudadanos ya no deben elegir a las autoridades de la justicia, que ya no importa que los funcionarios del Estado sean controladores y controlados a la vez y que partes vitales de la Constitución pueden reformarse con simples enmiendas.
Todos ustedes saben que en Montecristi decidimos garantizar la autonomía y la independencia interna y externa de la Función Judicial (Art. 162, Num. 1) y no meter la mano en la justicia nombrando a dedo a sus más altos funcionarios, justamente para no hacer lo que Lucio hizo con la Pichi Corte y Febres Cordero y la partidocracia hicieron con el reparto de las cortes. Acordamos que sea la nueva función de Transparencia y Control Social la que mediante concurso de méritos, participación ciudadana e impugnación pública, lleve adelante este proceso.
En forma absolutamente contradictoria, la cuarta pregunta de la consulta plantea que para acelerar este proceso, se debe quitar esta atribución a la Función de Transparencia y encargar a una comisión de tres delegados de la Función Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia para que asuman las funciones del Consejo de la Judicatura por 18 meses para reorganizar la función judicial. Lo sorprendente además es que el Consejo de Transparencia y Control Social había ya avanzado significativamente en este proceso y hasta los ciudadanos seleccionados ya se habían posesionado.
El tema de la administración de justicia fue un tema bastante debatido en Montecristi, donde se estableció que los jueces se dediquen a su tarea fundamental que es administrar justicia y que no sean parte del organismo que los debe controlar, que es el Consejo de la Judicatura; por ello se acordó que este Consejo esté conformado por nueve ciudadanos altamente calificados y con sufriente experiencia en el área, pero que no sean jueces ni fiscales en ejercicio.
Contradiciendo estos principios, y en flagrante violación al Art. 232 de la Constitución, la quinta pregunta de la consulta plantea reformar la estructura de integración del Consejo de la Judicatura, para que esté conformada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia (juez y controlado), el Fiscal General (controlado), el Defensor Público (controlado), un delegado de la Función Ejecutiva y un delegado de la Asamblea Nacional (fiscalizador).
Además estas dos preguntas violan los Artículos 441 y 442 de la Constitución, ya que implican una reforma a la estructura fundamental de la misma, lo cual no es posible hacerlo por referéndum directo, sino que debe pasar por el necesario debate en la Asamblea Nacional y luego ir a referéndum.
Por otra parte, la pregunta uno, acogiendo la tesis planteada por Nebot y la derecha, plantea eliminar de la Constitución el derecho de una persona acusada de un delito a recuperar su libertad en el plazo de seis meses o un año, dependiendo de la gravedad de la falta, en el caso de que su causa no haya sido juzgada. Este derecho está vigente desde la Constitución del 98. Ahora se pretende trasladar esto a una ley, que nadie sabe como será. La realidad nos dice que el 95% de los casos de caducidad de la prisión preventiva están en la provincia del Guayas y no es por tanto un problema nacional.
En la pregunta dos, la reforma planteada ni siquiera está explícita, sino que se remite a un anexo (Anexo 2) donde se aumenta de 24 a 48 horas el tiempo que una persona puede pasar detenida sin fórmula de juicio.
Estas reformas implican una restricción de derechos constitucionales y de acuerdo al Art. 441 de La Constitución solo puede ser resuelta por una nueva Asamblea Constituyente.
Es evidente compañeros que esto marca un giro de 180 grados en los principios que defendimos en Montecristi, un retroceso significativo en derechos humanos y constituyen una grosera violación a la Constitución que con tanto ardor hemos defendido. ¿Como podemos aceptarlo? ¿Cómo un militante puede aceptar estas incoherencias y quedarse callado?
Creo que el Presidente tiene todo el derecho de consultar al pueblo, y qué bueno que se le consulte, incluso algunas de las 10 preguntas pueden ser pertinentes, pero cualquier consulta debe estar enmarcada dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Por otra parte esta consulta no ha sido previamente discutida en ninguna instancia partidaria de Alianza País. La militancia no ha tenido ninguna posibilidad de expresar su criterio, a pesar de que son temas fundamentales del Plan de Gobierno de Alianza País.
Ustedes conocen de mi total entrega, junto con muchos aguerridos militantes de la ciudad y los cantones, a construir Movimiento País, como un espacio de participación, organización, formación política y movilización, con un estilo totalmente diferente al de los partidos de la derecha, donde se respete y valore el trabajo de la militancia, donde se priorice el diálogo y no la confrontación, donde las decisiones se tomen democráticamente y no por imposición desde las cúpulas, donde la norma sea unir para gobernar y no dividir para reinar. Con mucho orgullo Movimiento País llegó a ser en el 2007 la fuerza política más importante en nuestra provincia.
Sin embargo ustedes saben que desde fines del 2008 en la provincia del Guayas, este modelo de construcción partidaria ha venido siendo erosionado desde arriba, mediante un sistema de reparto de cuotas de poder arbitrario, para luego irrespetar el reglamento y los resultados de las elecciones primarias de enero del 2009, designar de manera muy antojadiza a los candidatos a las elecciones seccionales de Abril de 2009.
Junto con estos hechos, la militancia veía con mucha tristeza y coraje que los cargos públicos eran copados por personas totalmente ajenas a la militancia y en muchos casos provenientes de la derecha y con actitudes contrarias a Movimiento País. Identificarse como militante del movimiento en algunas instituciones públicas era para los compañeros de barrios y cantones casi un pecado.
La última esperanza de cambiar esta situación era la Convención Nacional de Noviembre de 2010. A pesar del amplio debate que precedió a la Convención, ni siquiera se permitió que la militancia se exprese democráticamente sobre la nueva directiva nacional y nuevamente compañeros que habían tenido una trayectoria destacadísima a nivel nacional, que fueron puntales en la construcción del movimiento e incluso en los hechos del 30-S, fueron dejados de lado.
Cuando se anunciaron las preguntas para la consulta, sentí que era la gota que derramó el vaso. Sentí que mi silencio, generado solamente por el aprecio y respeto a queridos compañeros de la militancia, ya no tenía más sentido. Creí que era el momento de recuperar mi derecho a decir mi palabra.
Por ello, queridas compañeras y compañeros y luego de una profunda reflexión, decidí con mucho dolor separarme de Alianza País. En su interior ya no es posible el libre debate de ideas, tampoco es posible abrir un debate constructivo sobre la consulta ni sobre los principios de la Revolución Ciudadana.
No voy a cambiar mi ideología, demostrada por una práctica coherente de 40 años de lucha social y política. Voy a seguir luchando por la verdadera Revolución Ciudadana.
Un abrazo a todas y todos,
GUSTAVO DARQUEA
Queridas y queridos compañeros:
Cuando con un grupo de ustedes iniciamos este proyecto político, en Octubre 2005, el País venía de un proceso de grave crisis moral e institucional. Con Febres Cordero se manipuló a su antojo la Función Judicial y se violentaron reiteradamente los derechos humanos. Con Mahuad y la crisis bancaria se vino abajo la credibilidad de los organismos de control y finalmente con Lucio Gutiérrez junto a la corrupción rampante del ejecutivo, se consumó el descrédito total del Congreso y la crisis completa de la Función Judicial.
La Revolución Ciudadana nació del clamor de los ecuatorianos por refundar el Estado. Esta refundación se inició con la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de Montecristi, donde consagramos los principios fundamentales de nuestro proyecto político, tales como la profundización de los derechos y garantías de los ciudadanos, asegurar la división e independencia de las funciones del estado y crear la Función de Transparencia y Control Social, como un instrumento idóneo para que los ciudadanos participen en la designación de las autoridades de la justicia y del control al Estado.
Sin embargo debo decirles que me ha causado mucho estupor e indignación ver cómo en algunas preguntas de la consulta popular se pretende cambiar estos principios y regresar a un pasado que muchos lo creíamos superado.
Ahora los nuevos ideólogos de la Revolución Ciudadana pretenden decirnos que todos los asambleístas de País estábamos equivocados, que ya no es pecado meter la mano en la justicia, que hay que restringir derechos para garantizar la seguridad pública, que los ciudadanos ya no deben elegir a las autoridades de la justicia, que ya no importa que los funcionarios del Estado sean controladores y controlados a la vez y que partes vitales de la Constitución pueden reformarse con simples enmiendas.
Todos ustedes saben que en Montecristi decidimos garantizar la autonomía y la independencia interna y externa de la Función Judicial (Art. 162, Num. 1) y no meter la mano en la justicia nombrando a dedo a sus más altos funcionarios, justamente para no hacer lo que Lucio hizo con la Pichi Corte y Febres Cordero y la partidocracia hicieron con el reparto de las cortes. Acordamos que sea la nueva función de Transparencia y Control Social la que mediante concurso de méritos, participación ciudadana e impugnación pública, lleve adelante este proceso.
En forma absolutamente contradictoria, la cuarta pregunta de la consulta plantea que para acelerar este proceso, se debe quitar esta atribución a la Función de Transparencia y encargar a una comisión de tres delegados de la Función Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia para que asuman las funciones del Consejo de la Judicatura por 18 meses para reorganizar la función judicial. Lo sorprendente además es que el Consejo de Transparencia y Control Social había ya avanzado significativamente en este proceso y hasta los ciudadanos seleccionados ya se habían posesionado.
El tema de la administración de justicia fue un tema bastante debatido en Montecristi, donde se estableció que los jueces se dediquen a su tarea fundamental que es administrar justicia y que no sean parte del organismo que los debe controlar, que es el Consejo de la Judicatura; por ello se acordó que este Consejo esté conformado por nueve ciudadanos altamente calificados y con sufriente experiencia en el área, pero que no sean jueces ni fiscales en ejercicio.
Contradiciendo estos principios, y en flagrante violación al Art. 232 de la Constitución, la quinta pregunta de la consulta plantea reformar la estructura de integración del Consejo de la Judicatura, para que esté conformada por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia (juez y controlado), el Fiscal General (controlado), el Defensor Público (controlado), un delegado de la Función Ejecutiva y un delegado de la Asamblea Nacional (fiscalizador).
Además estas dos preguntas violan los Artículos 441 y 442 de la Constitución, ya que implican una reforma a la estructura fundamental de la misma, lo cual no es posible hacerlo por referéndum directo, sino que debe pasar por el necesario debate en la Asamblea Nacional y luego ir a referéndum.
Por otra parte, la pregunta uno, acogiendo la tesis planteada por Nebot y la derecha, plantea eliminar de la Constitución el derecho de una persona acusada de un delito a recuperar su libertad en el plazo de seis meses o un año, dependiendo de la gravedad de la falta, en el caso de que su causa no haya sido juzgada. Este derecho está vigente desde la Constitución del 98. Ahora se pretende trasladar esto a una ley, que nadie sabe como será. La realidad nos dice que el 95% de los casos de caducidad de la prisión preventiva están en la provincia del Guayas y no es por tanto un problema nacional.
En la pregunta dos, la reforma planteada ni siquiera está explícita, sino que se remite a un anexo (Anexo 2) donde se aumenta de 24 a 48 horas el tiempo que una persona puede pasar detenida sin fórmula de juicio.
Estas reformas implican una restricción de derechos constitucionales y de acuerdo al Art. 441 de La Constitución solo puede ser resuelta por una nueva Asamblea Constituyente.
Es evidente compañeros que esto marca un giro de 180 grados en los principios que defendimos en Montecristi, un retroceso significativo en derechos humanos y constituyen una grosera violación a la Constitución que con tanto ardor hemos defendido. ¿Como podemos aceptarlo? ¿Cómo un militante puede aceptar estas incoherencias y quedarse callado?
Creo que el Presidente tiene todo el derecho de consultar al pueblo, y qué bueno que se le consulte, incluso algunas de las 10 preguntas pueden ser pertinentes, pero cualquier consulta debe estar enmarcada dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Por otra parte esta consulta no ha sido previamente discutida en ninguna instancia partidaria de Alianza País. La militancia no ha tenido ninguna posibilidad de expresar su criterio, a pesar de que son temas fundamentales del Plan de Gobierno de Alianza País.
Ustedes conocen de mi total entrega, junto con muchos aguerridos militantes de la ciudad y los cantones, a construir Movimiento País, como un espacio de participación, organización, formación política y movilización, con un estilo totalmente diferente al de los partidos de la derecha, donde se respete y valore el trabajo de la militancia, donde se priorice el diálogo y no la confrontación, donde las decisiones se tomen democráticamente y no por imposición desde las cúpulas, donde la norma sea unir para gobernar y no dividir para reinar. Con mucho orgullo Movimiento País llegó a ser en el 2007 la fuerza política más importante en nuestra provincia.
Sin embargo ustedes saben que desde fines del 2008 en la provincia del Guayas, este modelo de construcción partidaria ha venido siendo erosionado desde arriba, mediante un sistema de reparto de cuotas de poder arbitrario, para luego irrespetar el reglamento y los resultados de las elecciones primarias de enero del 2009, designar de manera muy antojadiza a los candidatos a las elecciones seccionales de Abril de 2009.
Junto con estos hechos, la militancia veía con mucha tristeza y coraje que los cargos públicos eran copados por personas totalmente ajenas a la militancia y en muchos casos provenientes de la derecha y con actitudes contrarias a Movimiento País. Identificarse como militante del movimiento en algunas instituciones públicas era para los compañeros de barrios y cantones casi un pecado.
La última esperanza de cambiar esta situación era la Convención Nacional de Noviembre de 2010. A pesar del amplio debate que precedió a la Convención, ni siquiera se permitió que la militancia se exprese democráticamente sobre la nueva directiva nacional y nuevamente compañeros que habían tenido una trayectoria destacadísima a nivel nacional, que fueron puntales en la construcción del movimiento e incluso en los hechos del 30-S, fueron dejados de lado.
Cuando se anunciaron las preguntas para la consulta, sentí que era la gota que derramó el vaso. Sentí que mi silencio, generado solamente por el aprecio y respeto a queridos compañeros de la militancia, ya no tenía más sentido. Creí que era el momento de recuperar mi derecho a decir mi palabra.
Por ello, queridas compañeras y compañeros y luego de una profunda reflexión, decidí con mucho dolor separarme de Alianza País. En su interior ya no es posible el libre debate de ideas, tampoco es posible abrir un debate constructivo sobre la consulta ni sobre los principios de la Revolución Ciudadana.
No voy a cambiar mi ideología, demostrada por una práctica coherente de 40 años de lucha social y política. Voy a seguir luchando por la verdadera Revolución Ciudadana.
Un abrazo a todas y todos,
GUSTAVO DARQUEA
