Por: Paola Pacheco
Pese a la posición coherente apegada a la norma constitucional de Nina Pacari, Hernando Morales y Alfonso Yúnes, la Corte Constitucional deslegitimada por sus acciones inconsecuentes y antidemocráticas, de manera sumisa y servil dio paso a la consulta popular planteada por Correa. Esta consulta que no ha sido revisada en el marco de lo que establece la Constitución pretende vulnerar los derechos consagrados en ella y que se consiguieron como resultado de la movilización y la lucha popular y no como una dádiva de la que Correa cree ser el dueño y señor de un país al que se le pretende engañar con falsas propagandas sobre esta consulta mañosa y manipuladora.
Consulta Popular, dice el gobierno; una violación inconcebible a la Constitución han dicho tanto la izquierda como la derecha. Con este dilema, pocos entienden las diferencias y los intereses de fondo en cada una de las posturas asumidas en esta nueva coyuntura dirigida por el gobierno que gira en torno a esta consulta.
Tomando en cuenta que la Constitución de Montecristi es una de las más avanzadas en el mundo, porque garantiza los derechos de los pueblos, la participación de las organizaciones sociales y populares quienes son los beneficiarios, ésta determina que por medio de una consulta popular los pueblos sean los decisores sobre temas que en esta última etapa el gobierno supuestamente considera trascendentales.
Por un lado, los sectores democráticos, revolucionarios y de izquierda argumentan que la consulta es una vía legítima de la democracia, el recurso más apropiado para la participación de la sociedad en su conjunto, una forma de democracia directa en la que todos son parte de la toma de decisiones sobre políticas elementales y de interés común. Los sectores de izquierda revolucionaria han dejado muy en claro que el planteamiento de una consulta popular como mecanismo para desarrollar una política de participación popular es adecuado, pues el pueblo se constituye en el mandante de una democracia ideal.
En este plano cabe aclarar que la oposición a la Consulta por parte de los sectores de izquierda precisamente no es al derecho de hacerla, sino a los contenidos que ésta plantea, pues ninguna de sus preguntas recoge los problemas que realmente perjudican al país. El MPD como partido del bloque progresista ha dicho que si se plantea hacer una consulta en este momento es pertinente preguntar sobre si el gobierno aún debe pagar o no la deuda externa, que en algún momento el propio gobierno la catalogó de ilegítima e inmoral; si debe o no nacionalizar los recursos naturales; si estamos de acuerdo o no con las concesiones que se pretenden entregar de los recursos naturales; si debe aplicarse o no mano dura con los empresarios evasores de impuestos, si todas la instituciones educativas deben tener infraestructura del milenio, o si el gobierno debe cumplir con el derecho de garantizar la seguridad social.
Para la izquierda revolucionaria está claro que de pasar esta Consulta Popular, representaría un retroceso en las conquistas alcanzadas por los pueblos del Ecuador, que se movilizaron durante el proceso de elaboración de la nueva Constitución, pues, por ejemplo Correa quiere el manejo total del sistema de justicia para cubrir los actos de corrupción que se han generado en su gobierno a pesar de su falso discurso sobre la “revolución ética”. Esta consulta es también un mecanismo para distraer la atención del pueblo con el propósito de implementar un paquetazo económico, además de continuar y profundizar la criminalización de la lucha social, mediante la persecución y encarcelamiento de los dirigentes sociales y políticos.
Por otro lado, los partidos de la derecha mueven sus fichas al vaivén de sus intereses y de los grupos económicos a los que representan, si bien en la consulta se recogen sus propuestas planteadas en torno al tema de la penalización, el problema se centra en que consultar al pueblo como mecanismo es negado por su propia condición autoritaria e impositiva pues su naturaleza antidemocrática no permite aceptar que la consulta sea el mecanismo adecuado para hacer participación popular.
Si bien en la Constitución se garantiza el derecho al trabajo y a la seguridad social, los empresarios ven un eminente peligro en el hecho de que se consulte sobre la penalización de los empleadores que no afilien al seguro social a sus trabajadores. En la actualidad muchos de los trabajadores aún no son afiliados al seguro social y menos todavía son remunerados de manera justa. Adicional a esto, la derecha ve como un peligro de esta consulta que podría quedarse con pocos espacios en las instituciones de justicia y que éstas queden al servicio únicamente de los intereses del proyecto político del gobierno, que busca consolidarse y copar todos los poderes. Si bien se ha dicho que la consulta no recoge elementos centrales sobre los problemas del país, está claro que la izquierda se opone a la consulta por su intención mañosa, inconstitucional y distractora de lo que es realmente importante; mientras que la derecha se opone porque no mira a la consulta como un mecanismo válido para concretar sus intereses y menos en estas condiciones, además de que varios de sus intereses económicos están en juego.
