En junio del 2009, el presidente Correa y la mayoría de la población, que hasta entonces apoyaba al régimen, celebraban por haber obtenido la mayoría de escaños de la Asamblea Nacional. Alianza País se convertía en la primera fuerza política del país y el Presidente Correa tenía el control absoluto del Ejecutivo y Legislativo.
En el desarrollo de las actividades legislativas, a fines del 2009, el bloque gobiernista mostraba sus primeras fisuras, pues su composición no era homogénea ni su unidad compacta, los intereses personales y de grupo salían a flote; las discrepancias se hicieron presentes en la pretensión de aprobar la ley de aguas y en la aprobación de la Ley de Minería en la que fueron sometidos por la presión del primer mandatario, provocó el desprestigio y la pérdida de credibilidad de varios de estos legisladores ante sus bases. Estas mismas contradicciones se presentaron en el juicio político instaurado al Fiscal, Washington Pesantez, hombre fuerte del gobierno y que salió bien librado por su amistad con el primer mandatario.
El desate de estas contradicciones era cuestión de tiempo. Para Alianza País la situación cada vez se complica, las deserciones de sus militantes más nombrados, motivadas por contradicciones políticas han sido motivo de escándalos, uno de los golpes más fuertes fue la separación de Alberto Acosta en la Asamblea Constituyente, del ex ministro Gustavo Larrea y su asesor Ignacio Chauvín, por sus posibles vinculaciones con los hermanos Ostaiza acusados de narcotraficantes. Estos también fundadores del movimiento político,
En la lista se cuenta la expulsión de Fernando González asambleísta por Tungurahua , quien realizó graves acusaciones de corrupción contra el ministerio de obras publicas. En julio del 2010, las contradicciones se hicieron más notorias ya que algunos de los asambleístas tenían criterios distintos al del Presidente Correa en relación a la Ley de Hidrocarburos. Los asambleístas de PAIS fueron obligados a no dar quórum para aproba dicha Ley por vía del Ministerio de la Ley. Posteriormente se dieron reuniones a puerta cerrada con la presencia del Ministro Patiño y de Alexis Mera para convencer del porqué debía aprobarse de esa manera aquel cuerpo legal.
Con el anuncio de la consulta popular, el Presiden Rafael Correa, pretendía convencer a la población que la única manera de entregarle seguridad a la población es adjudicando poderes absolutos al presidente de la República para cambiar las Cortes a su gusto. Sin embargo, esta la fue la gota que derramó el vaso, pues atisbaron que la pretensión del presidente es alcanzar el control total de todas las funciones del Estado.
“Esta vez no presidente” sentenció Gustavo Larrea, ex dirigente de PAIS; el movimiento Ruptura de los 25 salió también, se hizo eco a ese pronunciamiento y confirmó su alejamiento de AP, sumándose a los tres asambleístas que dos días atrás desertaron también de la tienda partidista de Correa; con lo que sentenciaron el fin de la mayoría parlamentaria oficialista.
Betty Amores, uno de los íconos del Movimiento gobiernista; fundamentó su decisión en la falta de debate y democracia dentro del bloque y porque la propuesta de la consulta planteada modifica varios articulados de la Constitución. Con opiniones similares se despidió de Alianza País César Gracia representante AP de Esmeraldas que también añadió su desacuerdo por la intención del mandatario de separar a la Concordia de la provincia de Esmeraldas con otra consulta. Washington Cruz, representante de los migrantes, dio las mismas razones para su separaci[on y confesó que desde hace muchos meses no asiste a las reuniones del bloque oficialista.
El adagio popular dice que tanto va el agua al cántaro que lo rompe; y, la prepotencia y la mentira cansan hasta al más manso y resistente; los militantes que hasta la semana pasada apoyaron el proyecto le dijeron basta de atropellos, de imposiciones y pretensiones de acaparamiento de poder.
Mientras más retrocede en sus posiciones el proyecto inicial de Correa, menos respaldo recibe y el proyecto de Revolución Ciudadana se va avizorando como un fracaso, pues buena parte de las leyes afectan los intereses de la mayoría de los trabajadores y pueblos y afirman la vieja línea de la partidocracia de favorecer los intereses de los poderosos.
